Nos han repetido hasta el hartazgo que el aumento de penas solucionaría la situación de "inseguridad" que vive la sociedad Argentina. Las políticas judiciales implementadas desde la aparición de Juan Carlos Blumberg no han hecho otra cosa que agudizar la situación carcelaria. El sistema judicial no desconoce que el aumento de penas es sólo una respuesta marquetinera al pedido de seguridad de un sector de la sociedad. Sólo el 2 % de la delincuencia llega a recibir penas y el 90% de la población carcelaria, al menos en la provincia de Buenos Aires, no tiene sentencias y de ese porcentaje el 25 % termina en absoluciones.

Esta crisis carcelaria que parece los medios masivos, han descubierto luego del sangriento motín de Córdoba con 8 muertos y 35 heridos, muestra a las claras lo que sucede detrás de los muros de las penitenciarias. Todavía resuena en los medios la masacre perpetrada en el penal de Coronda, que dejó como saldo 14 reclusos muertos. La crisis carcelaria es denunciada desde hace más de un año por la Comisión Provincial por la Memoria. El titular de la comisión, Adolfo Pérez Esquivel, expresó: "la situación de muerte, tortura y abusos contra detenidos empeora cada vez más" calificando a las cárceles como "campos de concentración". En las cárceles bonaerenses a febrero de 2005 ya se registraban 37 muertes violentas, quintuplicando las muertes del años anterior.

En septiembre de 2004 fue publicada una denuncia por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, donde reclusos del cárcel de Rió Cuarto, Córdoba, relatan la situación desesperante en la que se encuentran. "Hoy tenemos la posibilidad de dirigirnos por medio de la presente gracias a un celador con buenos sentimientos que nos sacó estas líneas a la calle y que agradecidos estamos por poder expresarnos hacia la sociedad, de nuestros sufrimientos, pesares y tortura. Nos encontramos privados de libertad alojados en el pabellón N° (...) de la Unidad Penitenciaria N° 6, con asiento en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba.). Sentimos la imperiosa necesidad de que alguien nos escuche y ustedes son el medio idóneo para llegar a la sociedad y los derechos humanos que en tantas oportunidades hemos reclamado y hasta el día de hoy brillan por su ausencia dejándonos un vacío y confusión como si ellos quizás fueran partícipes y cómplices del mismo sistema.

No encontramos otra explicación a la ausencia de esta institución en nuestras vidas. Si alguna vez lo han hecho habrá sido a las cómodas oficinas donde se encuentran nuestros verdugos donde la limpieza, orden y cordialidad, hacen suponer que adentro es todo una armonía. Verdaderamente muchos de nosotros nos estamos arriesgando a ser trasladados a otros establecimientos penitenciarios, por contarles a ustedes y a nuestra sociedad, los tormentos que nos toca vivir, y que en puntos seguidos pasamos a detallar". Leer denuncia completa

El servicio Penitenciario Federal en Números

Según informes suministrados por el Servicio Penitenciario Federal en el año 2004 se registraron 43 muertes desglosadas de la siguiente forma: ocho ahorcamientos, una quemadura, dos lesiones punzo cortantes, una por politraumatismo, una por intoxicación medicamentosa, cinco se desconoce la causa, once de VIH-SIDA y trece de diferentes patologías. Es necesario recalcar que en los casos de VIH-SIDA en los últimos años, con el avance producido en la ciencia, el promedio de vida siendo portador de esta enfermedad es muy alto, siempre y cuando el enfermo obtenga una buena atención y buena alimentación. En el caso de las demás patologías, es sabido que muchas de esas causas son enfermedades curables pero al no ser correctamente tratadas, pueden producir la muerte, aunque el Servicio Penitenciario Federal se abstiene de especificar cuales son esas patologías.

La evolución de la población penal en el ámbito del servicio Penitenciario Federal al 2004, registra dos importantes picos, uno se produce en el año 1979 plena dictadura militar y el siguiente, en el año 2001 disparándose y duplicando en un 100 % los internos al año 2004.

Cárceles por ciento

La población carcelaria en todo el país se ha incrementado en un 700 por ciento, dato arrojado por el ultimo censos de penitenciario nacional, aunque estos datos son los procesados del 2003, sirven para apreciar la crisis carcelaria y la falta de políticas en este sentido. De las personas alojadas en cárceles de todo el país, sólo el 39 por ciento cuentan con una condena, el resto se encuentra procesado o en tramite de instrucción del juicio. El 88 por ciento de la población carcelaria nunca participo de un programa educativo y la mayoría de los detenidos o sea el 79 por ciento, cuenta sólo con educación primaria y menos del 4 por ciento tiene educación secundaria.

Cuando la inocencia es encarcelada

El pasado 4 de abril se conoció el caso de cuatro jóvenes, Roger Acuña, Claudio Luna, Martín Acuña y Carlos Varela estuvieron casi cuatro años presos por un crimen que no cometieron. El lunes 4 por fin se hizo justicia, el juzgado oral de la Matanza los absolvió de culpa y cargo del doble homicidio del que fueron falsamente acusados. Durante el juicio oral, según el tribunal y el propio fiscal de juicio, Eduardo Campanella, surgieron muchas evidencias de que las pruebas reunidas eran falsas y se contradecían.

Cuando se estaba investigando el doble homicidio un policía declaró asegurando que la noche del 20 de noviembre de 2000, escuchó unos tiros, se dio vuelta y vio a tres corriendo y los reconoció. Pero en la rueda de presos no pudo reconocerlos y durante el juicio el tribunal le preguntó si los reconocía respondió que no. Roger, Claudio, Martín y Carlos estuvieron presos por la declaración del policía. Pero la detención de estos jóvenes no pudo mantenerse por tanto tiempo por la sola declaración de un policía, sino que fue necesaria la complicidad de un fiscal y de un juez. El caso de estos cuatro inocentes no el único que se produce en el sistema judicial y policial necesitado de mostrar estadísticas para complacer a Juan Carlos Blumberg, sus seguidores y a los medios masivos, implacables cultores de la inseguridad y la mano dura.

Observando las cárceles

Graciela Dubrez del Observatorio Internacional de Cárceles de la Argentina dependiente del observatorio de Francia que cuenta con estatus consultivo de Naciones Unidas, revela la situación carcelaria Argentina.

¿Alguna vez les fue impedido el ingreso a algún penal?
GD:- Alguna vez, algún funcionario de turno intento poner alguna excusa para que nosotros no ingresáramos, pero fue disuadido por el peso que tiene la organización en el exterior.

¿Cuál es la realidad del servicio penitenciario?
GD:- El servicio penitenciario esta muy mal, en un doble sentido. El servicio penitenciario, como trabajo como agente penitenciario la pasan muy mal, porque tiene un régimen para-militar. Esto es así porque la ley orgánica del servicio penitenciario federal y el de las provincia, excepto el de San Luis, data del año 1978 de la época más brutal de la dictadura militar y porque su instrucción es la de una fuerza militar. Los que ingresan ahí recibe instrucción que ya no se hace en los mismos comandos de ejercito. Nosotros hemos recibido denuncias de aspirantes al servicio por malos tratos. En la situación especifica del trabajo hay un agente penitenciario que controla un pabellón sobre-hacinado de 500 o 400 personas. Esto visto del lado del sistema.

Visto del lado de los internos la situación es de una violación sistemática de los derechos humanos. Hay hacinamiento en las comisarías y cárceles de todo el país. Hay falta de alimentos. ay falta de medicamentos. Hay malos tratos entre internos los llamados ajustes de cuentas muchas veces motivados e incentivados por los mismos penitenciarios. Prima la ley del más fuerte y se hacen dueños de un pabellón, organizan bandas sin que se les mueva ni una pestaña a las autoridades. Este gobierno como los anteriores no tiene ni han tenido una política criminal atendiendo a los derechos humanos. El actual gobierno todo lo que hace es una actuación mediática apagando incendios, nos han dicho que no tiene ingerencias en las provincias como si las provincias como sino estuvieran sometidas al orden federal de la constitución y los pactos internacionales. La Argentina afronta una cantidad importante de juicios en la comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de derechos en los casos de institutos de menores y servicio penitenciarios. Los funcionarios viajan, hacen gastos del erario publico es decir de todos nosotros para defender posturas inaceptable. No hay ningún cambio sobretodo porque no se ha puesto en el área gente competente que entienda esta problemática ay no hay una decisión política que defienda los derechos humanos.

¿Cuál es la situación carcelaria en el resto del país?
GD :- No se que decir, si es peor que me saquen un ojo o me corten una oreja. La situación es dramática, es de colapso institucional.

¿Por qué hay un alto número de personas que son procesadas y habitan con personas que ya están condenadas?
GD:- Esta mezcla de condenados en situación de prisión preventiva tiene que ver con que nuestra justicia es clasista, a la cárcel van los pobres. Hay un colapso en la administración de justicias se han multiplicados las fiscalias pero no los defensores y no puede haber un juicio sin defensor. Los defensores oficiales que menos causas tiene están alrededor de las 5.000. En esta situación hacemos como que administramos justicia, la prueba es la absolución de los cuatro jóvenes en La Matanza. ¿Como se les retribuye a estos jóvenes que estuvieron cuatro años presos siendo inocentes?

¿ La política de mano dura y el aumento de penas tiene que ver con este colapso en las cárceles?
GD:- La franja conservadora con bastantes rasgos autoritarios de la Argentina y también de Estados Unidos tiene una mirada bastante ingenua. Creen que maltratando, torturando otros se van a llenar de temor y no van a cometer delitos. El problema aquí es la diferencia social cuando la brecha entre ricos y pobres es tan grande es inevitable que se aumente la tasa de delito. La sociedad no tiene que buscar la venganza, creer en la justicia es creer en una forma de reparación no de punición. Nadie aprende con la punición esta científicamente probado que esto lo único que genera es resentimiento. Y si esa persona no puede volver a cometer un delito ese resentimiento se desplaza a sus familiares y el grupo social de pertenencia.

Hace pocos días se dio a conocer una denuncia de un grupo de mujeres detenidas en Ezeiza que fueron compulsivamente trasladas a La Pampa ¿Estos traslados arbitrarios que rompen los lazos familiares son posibles?
GD :- Estos traslados son posibles porque hace un mes que el servicio penitenciario federal se maneja solo. Entre otras cosas porque el Ministro de Justicias, Dr. Rosatti, dice a todos los medios que va a volver a su provincia para ser candidato a gobernador. Y por eso no se siente autorizado a nombrara a alguien como Secretario de política penitenciaria, pero dejo a cargo a la vice-ministra la señora María José Rodríguez que parece no entiende mucha de la cosa, los traslados arbitrarios son una violación a los derechos humanos violando todas las convenciones firmadas por la Argentina. Entonces el servicio penitenciarios hace lo que quiere como es una fuerza de seguridad no visible al común de la población entonces se permite cometer estos atropellos.

¿Hay alguna norma que proteja a las personas privadas de su libertad para que no se cometan estas arbitrariedades?
GD:- Por supuestos, al nivel federal hay un juez de ejecución de la pena que es quien debe seguir los pasos progresivamente, pero que ocurre falta nombrar jueces de ejecución de la pena. Hay uno que esta siendo cuestionado ahora con un iuri de enjuiciamiento por in conducta, Hay algunos que fallecieron y no nombraron a nadie en su reemplazo y el que esta se encuentra desbordado de causa y acosado por una fiscalia que cree que todo lo que tiene que hacer el juez de ejecución de la pena es ratificar los informes de la fiscalia. El juez de la ejecución de la pena actual es un juez de criterio libre, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de la ley y tiene su criterio formado. Lo que sucede es que esta desborado por la situación, no se puede generar figura jurídica y después no cubrir las expectativas. Si el trabajo que tiene que hacer cinco o diez personas la hace una sola es imposible que esa figura cometa su cabal cometido.

¿ Cuál es la situación en las cárceles con las necesidades básicas?
GD .- Pasan hambre, los internos pasan hambre. La corrupción del sistema penitenciario siempre se baso que con muchos detenidos les daban un cupo para alimentos, ellos les daban la mitad y la otra mitad se la quedaban. Antes era compensado con la alimentación que los familiares les llevaban pero ahora con la crisis económica eso es casi imposible. Los traslados arbitrarios. El hacinamiento. El desborde para las visitas que a veces no son más que de quince minutos y esto es porque los penitenciarios no pueden con la gran cantidad de visitas que hay rodeando los penales. La miseria de esta franja de la sociedad hace que los familiares de los internos puedan cada dos o tres meses juntar el dinero para ir a los penales. Por otro lado atendiendo a los alaridos de algunos vecinos por la cercanía de los penales entonces ahora están fuera de las zonas urbanizadas, en lugares inaccesibles y muchas veces se necesitan hasta tres transportes para llegar a ellos deja al descubierto que el sistema no puede cubrir las necesidades básicas de la población detenida.

Se los afecta con una doble condena prisiones preventivas largas, primero los detienen y después vamos a averiguar si hay elementos suficientes para armar un juicio. Por otro lado tenemos hambre, enfermedad aislamiento y después pretendemos que salgan ciudadanos respetuosos de la ley e idóneos para insertarse en la cadena productiva. Recibimos la denuncia de una persona detenida en Marcos Paz que nos dijo llorando que tenia hambre, esa es la peor manera de matar a una persona.

¿Cuál es la situación de los Institutos de Menores?
GD :- La situación es similar. En el superior tribunal de La Plata se reunieron un grupo de organizaciones de derechos humanos convocadas por el Ministro de la Corte en disidencia porque la procuradora Falbo siguiendo la idea del procurado De la cruz fallecido recientemente impugno la Ley N° 13.298 que le daría a la provincia de Buenos Aires un ley de protección del niño, niña y adolescente que despenalizaría la pobreza. Porque ser niño pobre es factible de ir a para detrás de las rejas con el pretexto de la protección de su infancia. Entendemos hay que hay padres abandonicos, padres perversos que hay gente que organiza la mendicidad y sabemos que eso es un delito. Naciones Unidas tiene una convención de los derechos del niño, niña y adolescente y que nosotros debemos atender o denuncias a la convención pero no podemos seguir siendo hipócritas.

Estos niños pueden tener alternativas, no en hogares sustitutos como la cadena de hogares del padre Grassi, que ahora no enteramos que era un perverso que violaba niños. Podría ser hogares alternativos co-parentales o de vecinos. La sabiduría de antiguos campesinos nuestros ayudo mucho sin leyes, cuando había un niño en desamparo alguien lo tomaba y era el niño de crianza de muchas familias. Lo que sucede es que hay intereses económicos de algunos grupos que utilizan como pretexto la piedad, la solidaridad viven muy bien por los subsidios que reciben del gobierno y muchos de esos grupos son de la iglesia.

¿ Cuanto tiene que ver la política de mano dura con el desborde del sistema carcelario?
GD: - Mucho tiene que ver la política criminal y las 288 modificaciones al código penal y sus anexos si bien muchos viene de la época del proceso en la década del 90 se unifico la política de la mano dura con el gatillo fácil. Esta política viene muy promocionada desde Estados Unidos. La restricciones de la progresividad de la pena es decir la sumatoria de condenas, es decir a mi me detienen por robo a mano armada y por unos breves minutos retuve a unas personas que estaban en el medio entonces suman varios delitos entonces una pena de cinco años termina siendo de quince. Esto se ve claramente con la reforma que se hizo propuesta por Blumberg -que es asesorado por el Dr. Durrier un abogado vinculado a la ultima dictadura militar – es la implementación del modelo Estadounidense. El modelo norteamericano es un fiasco, negociar con el fiscal la pena en un juicio abreviado es renunciar al principio de inocencia. Se presta a corrupciones con jueces y fiscales, disminuye la eficacia de la defensa y se presta para todo tipo de violencia dentro de la justicia y en todo el entorno judicial. Este sistema en partes garantistas con otra parte del sistema norteamericano permite la violación sistemática de los derechos humanos.

Hay que entender que prevenir un delito es hacer justicia social, es dar más presupuesto a la educación, dar más presupuesto a la vivienda; dejar de lado ese concepto neoliberal que la vivienda es un gasto que el estado no recupera. En la ciudad de Buenos Aires se están haciendo obras faraónicas de ampliación de avenidas y por otro lado hay 3.500 niños y niñas deambulando por la ciudad y a cambio sólo se les da un carnet para que cartonee con libertad y que la policía no lo moleste.