En Argentina desde el año 1997 hasta ahora, la justicia de menores ha aplicado al menos 14 sentencias de reclusión y prisión perpetua a adolescentes.

"Nos desvela, nos atemoriza cierta prensa, cierta mano dura que reclama silencio, cárceles, institutos. Y nunca las rejas son suficientes, jamás alcanzaran las penas, siempre serán poco los castigos; el grito se extiende, continúa, reaparece hoy en una esquina y mañana en otra, como si quisiera poblar con su desgarrada humanidad ese caos, esa tierra de nadie donde nosotros hemos decidido no estar." (Alberto Morlachetti)

En Argentina desde el año 1997 hasta ahora, la justicia de menores ha aplicado al menos 14 sentencias de reclusión y prisión perpetua a adolescentes. Estas penas están en contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país y que tiene carácter de constitucional. Argentina es el único país de Latinoamérica en aplicar este tipo de sentencias.

La legislación en materia de justicia de menores registra un atraso con respecto a la "Doctrina de la Protección Integral de los Derechos del Niño" que abarca la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

Otros países de América Latina cuentan con instrumentos legales que conciben la privación de la libertad como recurso excepcional y con límites para su aplicación: Brasil (3 años); Perú (3 años); Guatemala (6 años); Honduras (8 años); Nicaragua (6 años); Bolivia (5 años); República Dominicana (5 años); Venezuela (5 años); El Salvador (7 años); Costa Rica (15 años); Panamá (7 años); Chile (5 años).

Muchos de los jóvenes que se encuentran en prisión en estas condiciones en su mayoría estuvieron bajo la "tutela" de la justicia de menores en institutos donde se suponía serian "resocializados". Todos ellos transitaron por la nefasta "Ley de Patronatos" y por decretos de la dictadura militar. Estos 14 casos se distribuyen entre la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz y Santa Fe.

Lucas Matías Mendoza, Cesar Alberto Mendoza y Claudio David Núñez fueron condenados en el 1999 por el Tribunal Oral de Menores N° 1, con pena de prisión y reclusión perpetua por hechos cometidos antes de los 18 años. Esta fue la primera vez que un tribunal de menores, daba la pena máxima que prevé el Código Penal Argentino por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Las familias de estos jóvenes comenzaron una campaña de denuncia por estas condenas ilegitimas reclamando una conmutación de penas.

Nora Pulido es integrante del Colectivo de Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia y expone el contexto en el que deben vivir los menores que están en situación de riesgo. (entrevista realizada en Abril de 2005)

¿ La judicialización de la pobreza más códigos represivos como el de la ciudad de Buenos Aires y otras provincias incide en la judicialización de los menores y finalmente conducirlos al delito?

Absolutamente. La mayoría de los presos que están en las cárceles en la provincia de Buenos Aires por lo menos han pasado por institutos de menores. Entonces judicializar la pobreza, a los chicos que están en situación de desamparo, no es que lleve a todos al delito tampoco las cosas son uno más uno dos. Hay muchas alternativas que se abren aunque sean vida difíciles, vidas castigadas hay una cantidad de posibilidades que tienen los seres humanos aun en situaciones tan difíciles. No quiero decir que todos los chicos judicializados terminan en el delito, pero sí podemos decir que todos los chicos que están en el delito fueron judicializados y eso es una verdad. El estado que dice protegerlos mediante la judicialización los envía al delito o los encierra en cárceles, aunque hay otra posibilidad el gatillo fácil. Casos como los de los chicos de zona norte (Buenos Aires) muertos por una agencia de seguridad dirigida por "Hugo Beto" esos chicos estaban judicializados. El estado en vez de protegerlos los somete a múltiples torturas que terminan con la muerte en manos de agentes estatales como es la policía. Nada de esto –la baja de imputabilidad- que lo muestra mediáticamente como una solución en realidad es una hipocresía. Son políticas represivas no una solución.

Hay un estado que judicializa y no respeta los derechos de los menores y hay un estado representando en algunas instituciones que son conscientes de la situación en las cárceles, del hacinamiento de la situación de los institutos de menores etc. ¿ Cómo se hace para unificar este estado?

Es una pregunta interesante. Es la misma visión que tenemos nosotros. Creo que el estado y la política, porque los que mueven el estado en la conducción son políticos, o sea es una conducción política y tienen poder de decisión. Yo creo que el problema es que no hay vocación para tomar las medidas necesarias. El estado está fragmentado, pero yo creo en la decisión política, no creo ni en los empresarios, ni en los militares, creo en la política; pero los políticos no están a la altura de las circunstancias, ellos saben que se puede tomar una decisión política y se puede incidir para modificar esto, pero lo veo difícil. Me parece obsceno que altísimos funcionarios cuando vas a hablar de este tema te hablen de Blumberg. Yo creo que se pueden tomar decisiones uniformes, si hubiera una decisión política.

Lucas perdió la visión de un ojo por una catarata, producto de un golpe, y como no fue correctamente tratado perdió la visión completa. El servicio penitenciario envía a los internos con largas condenas -como la de Lucas- a los peores pabellones y les niega beneficios como estudios, trabajo y esparcimiento. Su mamá; Marta Olguín, trata de explicar como es la vida de Lucas y de su familia dentro de un penal. (Entrevista realizada en Abril de 2005)

Marta Olguín (MO) :- Mi hijo fue condenado a prisión perpetua cuando tenía 16 años.

¿En qué lugar esta detenido?

(MO) Está detenido en Devoto

¿Cuál es la condición de detención?

(MO) Él estuvo muy mal hasta hace un par de meses, porque estaba en un pabellón que le llaman la villa. En ese lugar hay varios muertos por día, siempre tenés que estar atento. Siempre tienen que estar alertas. Ahora lo pasaron a un pabellón donde esta un poco mejor pero siempre le niegan la posibilidad de hacer cosas. Lucas está pidiendo poder trabajar, que le den visitas especiales. Las visitas son controladas no cualquiera puede ir a visitarlos aunque él lo pida. Mis primas no pueden visitarlos porque no son parientes directas. Él se siente más preso de lo que está. Me dijo que esta cansado de ver cemento aparte con su problema de vista, todo eso lo tiene muy mal. Él sabe que estamos luchando por su libertad y eso le da esperanzas, cree que en un año o dos puede salir aunque a veces se cansa y baja los brazos.

¿Cómo es la alimentación en Devoto?

(MO) Supuestamente el gobierno le da el alimento que le corresponde. Supuestamente digo porque si no le llevamos comida no come. Tenemos que llevarle pan, carne etc. Lo peor es la forma en que te requisan las cosas. Yo entiendo que pasan cosas que no deben pasar, pero si fuera gente especializada saben como es la cosa.

¿Cómo es la requisa personal?

(MO) La requisa es terrible. Como mamá trato de verlos desde otro punto de vista, mi madre llora desde que llega hasta que se va. Una vez la hicieron bajarse la ropa interior y hacer flexiones, mi mamá es una mujer de 75 años. Yo sé que mi hijo cometió un delito, pero la familia no. Para ingresar al penal tenés que pelarte en la puerta por un lugar, porque el tiempo que perdés es menos tiempo de visita. Una vez le llevé huevos duros a mi hijo y no me los dejaron entrar. Nadie me supo explicar porque, pero mi hijo se quedó sin comer huevos.

El pasado 5 de Agosto Lucas, se ausentó de la Colonia Penal Nº19 del Servicio Penitenciario Federal donde cumplía su décimo año de condena. Lucas se hallaba alojado en un pabellón de máxima seguridad del penal de Devoto, hace aproximadamente cuatro meses fue trasladado por resolución judicial a la Colonia Penal de Ezeiza, en una acción que lo acercaba al régimen de salidas transitorias. Su caso, junto con otros, fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien instó al Estado Argentino a iniciar un proceso de solución amistosa, sin alcanzarse solución alguna hasta el momento.