Argentina: La lucha continúa
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Impunidad sin fin: la verdadera política de derechos humanos de K
Mientras que el presidente Néstor Kirchner exige mayor
celeridad en los juicios a los represores, los familiares de desaparecidos
luchan por desbancar al juez de la mayor causa de terrorismo de Estado de Santa
Fé porque es hijo de un funcionario de la dictadura.
María Marinas
Red Eco - Santa Fé
Familiares de desaparecidos presentaron ayer jueves, ante el Tribunal Federal
Nº 4 de Rosario, un pedido de recusación por falta de imparcialidad del juez
Germán Sutter Schneider, hijo de un Ministro de la última dictadura militar y
posible implicado en la causa.
El Juez Schneider fue designado como subrogante por el Consejo de la
Magistratura en septiembre de 2005.
En la causa "Feced, Agustín y otros, sobre homicidio, violación y tortura,
expediente Nº 47.913 y sus acumulados" se investiga a los responsables del
terrorismo de Estado en el II Cuerpo del Ejército. Agustín Feced, fue ex
comandante mayor de Gendarmería, interventor de la policía rosarina entre abril
de 1976 y mayo de 1978 y está imputado de 270 delitos de lesa humanidad.
Feced fue, además, un cuadro surgido e impulsado desde la instalación de la
Doctrina de Seguridad Nacional y un protegido de los principales empresarios de
la región. Los 49 cuerpos que componen la causa federal 47.913, la llamada
"causa Feced", contienen listas de detenidos y desaparecidos entre los años 1976
y 1979.
Eduardo Sutter Schneider estuvo al frente del Ministerio de Gobierno desde
febrero hasta diciembre de 1983, como tal fue el superior responsable de la
policía de la provincia de Santa Fé y dispuso la infraestructura, la logística y
el personal para la represión.
Si este funcionario de la dictadura no está imputado es "por esa prolongación de
la dormidera judicial en la que se han sumido los señores jueces sin salir del
sopor de las anuladas leyes de impunidad", asegura el escrito presentado por la
querella.
Por otra parte, como responsable de la cartera de Educación, desde mayo de 1981
a febrero de 1982, el represor "cumplió con las órdenes supresoras de la
libertad de enseñar y aprender, a fuerza de tildar de ‘delincuente terrorista' a
todos aquellos que no se atuvieran a las reglas dictatoriales, que respondían
(...) al principio de sancionar el ‘exceso de pensamiento' que, según este
ministro, había traído estas desviaciones", señala el documento.
La recusación se sustenta en el artículo 18 de la Constitución Nacional y
diversos tratados (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros) que "consagran la
garantía de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial".
El escrito afirma que no se puede superar el vínculo afectivo con un miembro
jerárquico de la última dictadura. Así es que "si nos rechazan el pedido,
apelaremos a la Corte Suprema de Justicia", aseguró a Red Eco Alicia Bernal,
hija del militante desaparecido Rubén Fernando Messiez.
Fuente: lafogata.org