Argentina: La lucha continúa
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Conservadores ponen de blanco a D'Elía, Argibay y piqueteros
Emilio Marín
La Arena
Se nota que la derecha política y mediática ha comenzado a calentar motores con
vista a la marcha organizada por el empresario Juan Carlos Blumberg a Plaza de
Mayo para el 31 de agosto. La movida es supuestamente para reclamar por la
inseguridad pero en los hechos exigirá que el gobierno la termine con "eso" de
los derechos humanos. El ingeniero, tras el rictus de padre del dolor, se está
probando las pilchas de candidato a gobernador bonaerense por el partido de
Mauricio Macri o una convergencia de fuerzas derechistas de "gente como uno".
El vocero oficioso de esa campaña es el diario "La Nación", que quiere hacer
pensar a los argentinos que los mayores desafíos a la libertad en este momento
son el subsecretario de Tierras para el Hábitat, Luis D'Elía, y la miembro de la
Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay.
El primero sería culpable de haber cortado unos alambrados en los campos
correntinos del estadounidense Douglas Tompkins. Ese hecho quiere ser ubicado
por ese medio y Ricardo López Murphy como el símbolo de la inexistencia de
seguridad jurídica para los inversores nacionales y sobre todo extranjeros.
"Gaceta Ganadera" es consecuente en la defensa de los intereses de los ganaderos
y terratenientes. Y Tompkins lo es pues atesora cerca de 300.000 hectáreas en
diversas propiedades adquiridas en nuestro país al socaire de la
extranjerización de la economía de las últimas décadas.
El problema de muchas familias humildes cercadas por alambradas y tranqueras
instaladas por la empresa de Tompkins en el paraje correntino de Yahaveré, que
cerraron los caminos comunales utilizadas por aquéllas, no importó un bledo a
los voceros de la oligarquía.
Esos campesinos pobres habían pedido ayuda a D'Elía y la diputada nacional
Araceli Méndez en una zona de importancia estratégica por su cercanía a los
esteros del Iberá. En rigor era la libertad de esta gente la que estaba
secuestrada por el latifundista extranjero pero al establisment no le importó
ese sufrimiento. Ya lo dijo en su momento Carlos Menem: "pobres hubo siempre".
La gran preocupación de la Sociedad Rural es que, además de cortar un alambrado,
los protagonistas del suceso han adelantado que presentarán un proyecto de ley
para expropiar ese latifundio. ¿Qué horror, no?
El diario mencionado tiene al funcionario kirchnerista en la mira desde que era
piquetero y tomó en junio de 2004 la comisaría de la Boca en rechazo al
asesinato del militante de la FTV, Martín Cisneros. Esa ocupación pacífica fue
presentada como el insurreccional asalto del Palacio de Invierno.
Tiren contra Argibay
Esa parece ser la orientación de los sectores más conservadores, que están de
punta contra Carmen Argibay por haber opinado que la joven discapacitada
bonaerense violada tenía derecho a interrumpir el embarazo, tal como marca la
ley. La integrante del alto tribunal cuestionó también a la jueza de primera
instancia, Inés Siro, que había denegado esa intervención en un hospital público
de La Plata.
Las legisladoras Diana Conti y Graciela Rosso han iniciado los trámites del
juicio político a Siro, cuyas trabas al derecho de la muchacha de edad mental de
8 años fueron parte del palo en la rueda hasta que finalmente, por transcurso
del tiempo, el Comité Etico del hospital desaconsejó el aborto.
Un editorial de "La Nación" de ayer, titulado "Imprudentes declaraciones", atacó
a Argibay diciendo que lo suyo fue "penoso" y prueba de supuesta "intemperancia
ideológica y desborde institucional". Tampoco se salvaron las dos diputadas,
acusadas de "no respetar los derechos humanos del ser más indefenso".
Así las cosas, parecería que los defensores de la vida son los recalcitrantes
que se oponen a la interrupción del embarazo fruto de una violación, pese a que
tal instancia está prevista en el artículo 82, inciso 2 del Código Penal.
Los enemigos de la vida son los que se oponen a ese derecho y también rechazan
la educación sexual, la ley de reproducción responsable, el uso del
preservativo, la ligadura de trompas y vasectomía, el aborto como un recurso de
última instancia según el derecho de la mujer, etc.
El promotor de la campaña para que la mencionada joven no pudiera interrumpir su
embarazo fue el ingeniero Ricardo De la Torre, rector de la Universidad Católica
de La Plata y ex subsecretario de Educación durante la última dictadura militar.
¿Y éstos son los próceres que nos van a impartir lecciones de vida? Si son los
amigos del extinto arzobispo Domingo Plaza y Héctor Aguer, del fallecido general
Ramón Camps y del enjuiciado comisario Miguel Etchecolatz, verdaderos neonazis.
Los verdaderos violadores
Los violadores en serio de los derechos más elementales están en parte
identificados, al menos el sector que más tiene sus manos tintas en sangre y
vísceras de los 30.000 desaparecidos.
El ex dictador Jorge R. Videla, por ejemplo, deberá pronto ir a juicio por la
causa "plan Cóndor" que coordinó la represión ilegal de las dictaduras del Cono
Sur con anuencia de la CIA norteamericana. Si el juez acepta el pedido del
fiscal actuante, aquél genocida y otros trece procesados tendrán que responder
por esos crímenes.
No son los únicos. Del informe entregado por la secretaría de Derechos Humanos
de la Nación a la ONU a principios de mes surge que hay 959 causas en curso y
211 represores detenidos. Hasta ahora la Cámara de Casación Penal demoró los
trámites hacia las audiencias orales y públicas, acogiendo y haciendo tiempo con
todas las chicanas presentadas por Florencio Varela y demás defensores de los
genocidas.
Muchos organismos de derechos humanos se preguntan si no habrá llegado el
momento que el gobierno nacional, con apoyo parlamentario y de la ciudadanía,
deba forzar cambios en dicha Cámara. Ya lo hizo al comienzo de su gestión con
varios integrantes de la Corte Suprema y ahora parece que el método de limpieza
se hace necesario en Casación Penal.
De una forma u otra, con lentitud o no (hasta el presidente de la Nación pidió
celeridad), es probable que varios represores tengan su juicio y condena, tras
lo cual es de esperar que vayan a establecimientos penitenciarios comunes, como
cualquier reo.
Claro que eso no termina con las violaciones a los derechos humanos. Es que
además de los numerosos casos de "gatillo fácil" policial -la semana pasada la
Correpi presentó en el Bauen Hotel su denuncia sobre el crecimiento particular
de estos delitos- está el otro tipo de violación a esos mismos derechos,
perpetrado por los círculos más poderosos de las clases dominantes.
Si Tompkins, Luciano Benneton, Eduardo Elztain y otros terratenientes acaparan
centenares de miles de hectáreas de tierras, eso va en desmedro de los derechos
elementales de los pobladores correntinos mencionados, los indígenas de Chaco en
huelga de hambre hace semanas, los mapuches de Chubut, los wichís de Salta y
tantos otros argentinos de a pie.
Que el 10 por ciento más rico de los argentinos gane 36 veces lo que percibe el
10 por ciento más pobre, es otra muestra patente de violación de los derechos
humanos. Es que lo acumulado en una punta del espectro es lo que le falta al
otro extremo y buena parte del resto de la sociedad.
Justamente ayer el Banco Central informó que los bancos ganaron en el primer
semestre del año 1.800 millones de pesos, tanto como en todo el año pasado, con
balances florecientes del Macro-Bansud, el Río, el Francés y otras entidades. La
"Patria Financiera" fue y es la gran máquina de triturar los derechos de los
argentinos, y no sólo de sus ahorristas. Pero, como era previsible, de estas
violaciones no hablan los medios que patrocinan la marcha de Blumberg.