Los problemas energéticos constituyen hoy temas recurrentes, a saber:

a) la fragilidad del sistema eléctrico o su alerta rojo, donde el consumo se acerca peligrosamente a la capacidad teórica de un sistema casi colapsado en los irracionales tres segmentos en que fue estructurado por la Ley N º 24.065: generación, transporte y distribución, donde la primera no es considerada un servicio público, sino de interés público, librada a las decisiones del mercado;

b) las interrupciones constantes de energía eléctrica, especialmente en el interior y en el Gran Buenos Aires, que por la forma de producirse asumen el carácter de programados pero no anunciados y menos reconocidos, cuidando especialmente CAMMESA que no se produzcan en lugares o zonas de las que se informa en los medios capitalinos, como por ejemplo, la C.A. de Bs. As, San Isidro, Vicente López, La Plata y centro de Avellaneda y Quilmes;

c) la falta de gasoil, justamente en la época en que el agro más lo requiere, circunstancia que ha disparado su precio en negro, sin que el Gobierno haya recurrido a liberar limitadamente la importación, pero sin acordarse, por ejemplo, de eliminar definitivamente los patentamientos de automóviles gasoleros destinados a particulares (volver a la política vigente hasta 1989: todo el gasoil para el campo y el transporte) y exigir a las refinadoras que, dentro de los límites técnicos de las refinerías, bajen la producción de naftas e incrementen la de gasoil, o más drásticamente, determinar que la actividad es un servicio público, que la obligación de prestarlo depende de las refinadoras y que las utilidades de las empresas no se miden producto por producto, por lo que pueden importar gasoil a pérdida si obtienen beneficios extraordinarios con las exportaciones y las ventas internas a precios internacionales, como los productos petroquímicos y los fertilizantes, por ejemplo;

d) los cortes de gas a las usinas, industrias o comercios, donde ha aplicado distintos conceptos valorativos de dudosa justicia; así tenemos que a las usinas -actividad privada no considerada servicio público, a la que mediante el extraño funcionamiento del Mercado Mayorista Eléctrico se la benefició con sobreutilidades destinadas a nuevas inversiones en generación que jamás se concretaron. Asimismo se la provee de fueloil y gasoil a costa del Estado, mientras que a los industriales y comerciantes, en virtud de lo dispuesto por los Decretos Nº 180 y 181 del 2004, se los ha dejado en manos del oligopolio productor, donde ocho petroleras multinacionales encabezadas por Repsol-YPF producen el 92 % de la oferta y tienen libertad para vender al precio que les resulte más favorable (no hay más precio regulado o de servicio público). Es decir, que mientras a las usinas se les corta, por el gran volumen que consumen, y se las subsidia, a los demás usuarios cautivos -con excepción de los domésticos- se les corta de acuerdo al precio que pueden pagar. Está de más decir, que muchísimas PYMES no están en condiciones económicas para aceptar los precios que se les piden, ni técnicas, que les permitan utilizar combustibles alternativos; y

e) los acuerdos con Bolivia y su repercusión en las exportaciones a Chile, que es el tema que trataremos a continuación.

Dentro de su política auténticamente nacional, plagada de sensatez y racionalidad, Bolivia ha nacionalizado sus hidrocarburos con el fin de volcar las riquezas que ellos generan en beneficio de su pueblo; en palabras de Hipólito Yrigoyen, se ha apropiado 'de una de sus grandes riquezas nativas'. Mediante la conversión de las obsoletas y corruptas concesiones en contratos de explotación, ha recuperado la decisión sobre cuándo se debe producir y sobre el destino y precio de esa producción, privilegiando el mercado interno para usos como combustible familiar e industrial y materia prima e insumo industrial, y finalmente para exportar. Como esa política no puede asentarse sobre bases mentirosas, ha encarado una auditoría independiente de sus reservas, desechando las declaraciones juradas de las petroleras.

La negociación con Argentina les ha sido ampliamente favorable, a saber:

a) los volúmenes están supeditados a sus necesidades internas;

b) el precio ha sido sustancialmente mejorado y está sujeto a revisión en los próximos meses;

c) la rebaja concedida de U$S 0,50 por MMBTU, está compensada por la construcción, en las cercanías de la frontera común, de una planta separadora destinada a que los gases más ricos y de uso industrial (etano, propano y butano) queden en Bolivia, enviándose a la Argentina solamente el metano; en otras palabras, con una rebaja del presente, Bolivia ganó para el futuro;

d) ha impuesto a la Argentina la intervención de ENARSA, en reemplazo de las petroleras privadas anteriormente actuantes, que son en su casi totalidad las mismas con las que se están reconvirtiendo sus contratos, pero que, con la aquiescencia del Gobierno argentino, siguen manejando omnipotentemente la política hidrocarburífera de nuestro país. Recordemos que ENARSA sólo había servido para entregar a Repsol-YPF y a Petrobrás, por 50 años y mediante contratos secretos, gran parte de la plataforma marina de los argentinos. Por la información que poseemos, han quedado pendientes el mantenimiento de la triangulación que el Gobierno Argentino permite a Repsol-YPF, Petrobrás, Pan American, Total y las restantes, mediante la cual se sigue exportando gas a Chile, interfiriendo en las decisiones soberanas de la hermana Bolivia; por otra parte, habrá que esperar el resultado de la auditoría de reservas encarada por Bolivia para analizar su relación con el Gran Gasoducto del Sur que nacería en Venezuela, lo que implica la factibilidad del proyectado Gasoducto del NEA.

La política seguida por nuestro Gobierno, de trasladar a Chile -mediante el mecanismo de los derechos de exportación similar a los aplicados para administrar el precio en surtidor de los combustibles líquidos- el mayor costo de las importaciones de Bolivia, en una ecuación igualadora donde sólo aparece la comisión de ENARSA (anunciada por el Ministro De Vido incluso con valores aproximados y tendiente a no gravar a los consumidores locales) y las diferencias con esos anuncios, surgidas de la Resolución definitiva del Ministerio de Economía, generó una destemplada respuesta del Gobierno chileno. Kirchner, aparece a su vez como defensor de acuerdos, en el caso de Chile y también en el de España, en los cuales nuestro país sacrifica sus recursos estratégicos, no renovables y escasos, sin que los argentinos nos enteremos sobre los beneficios que nos tocan.

Cualesquiera sean los razonamientos con que se aborde el tema, no caben dudas que los gobiernos ponen los intereses de las multinacionales del petróleo por sobre los de sus compatriotas. Además, el grueso de los argentinos ha descubierto que los precios de venta a Chile eran mucho más bajos que los valores solidarios a que nos vendía Bolivia: en MMBTU, U$S 1,40 vs. U$S 3,30, aproximadamente. También nos hemos anoticiado que los envíos de gas natural a Chile a precios de regalo se transformaban en valiosos productos elaborados, como el metanol, que era exportado a EEUU y Canadá por la empresa Methanex, por valores aproximados a U$S 400 millones anuales. Existe un gasoducto recientemente inaugurado, así como las respectivas autorizaciones de exportación firmadas por la Secretaría de Energía.

Sobre el tema, cabe preguntarse si estas ventas externas no tendrán algo que ver con la demorada ampliación del Gasoducto del Sur, la cual se está licitando en estos días; es decir, con tres años de atraso que corresponden a la gestión K.

Importa señalar que en el derecho internacional existen diversos convenios, siendo los principales los protocolos y los acuerdos; los primeros, tienen una validez menor, e incluso discutible dentro de nuestro régimen constitucional. En ningún caso puede el Poder Ejecutivo firmarlos si contradicen las leyes vigentes y, menos aún, ponerlos en vigencia. Aparecen como los simples decretos con los que el PE trata de eludir o invadir la esfera de poder del Congreso. En nuestra Constitución, los acuerdos, una vez aprobados por el Congreso, se transforman en leyes de nivel superior al de las demás leyes, en todo aquello aceptado por el Legislativo. Existen casos ignominiosos que jamás han sido enviados al Parlamento, como el firmado por el Presidente Menem sobre la explotación del petróleo en Malvinas.

En el caso de Chile, existen varios protocolos que hasta la fecha han sido ignorados por el Congreso, de los cuales el más importante es el de 1991 que trata especialmente sobre las ventas de gas entre ambos países; interesa acotar que se hace la salvedad del abastecimiento prioritario del mercado interno del que exporta.

En base a esos protocolos, multinacionales privadas del petróleo y la energía actuantes en los dos países, han firmado contratos de ventas con destino a Chile, con precios fijos y/o ajustables, generalmente muy bajos, lo que induce a pensar en un pago menor de regalías, con volúmenes básicos sobre los que giran las autorizaciones y excedentes ilimitados y, obviamente, con serias penalidades en caso de incumplimientos. Casi con seguridad, actualmente estarían excedidos los volúmenes básicos.

La Ley de Hidrocarburos determina que se deben cumplir cuatro condiciones para que la Secretaría de Energía autorice esas exportaciones: 1) que estemos autoabastecidos, 2) que existan reservas suficientes, 3) que se trate de excedentes, y 4) que los precios resulten convenientes.

Ninguna de las cuatro exigencias se cumple en nuestro caso, pues no se puede sostener que estamos autoabastecidos cuando el 37 % de los habitantes no accede a las redes de gas natural, estando condenado a adquirir GLP o kerosene que se venden a precios internacionales, que les significan más de un 700% de diferencia; es decir, al contrario de la época de Gas del Estado, el sustituto es inalcanzable y no comparable. El horizonte de reservas es angustiosamente bajo y está en caída, por lo cual se potencia la falta del autoabastecimiento interno. Es irrisorio que se trate de excedentes, tanto por su volumen como por las exigencias constitucionales y legales de preservar las reservas para ampliar el horizonte y la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Si bien el gas no tiene un precio spot de aceptación universal como el petróleo, al existir compras a Bolivia, cualquier exportación debe, por lo menos, no ser inferior al precio pagado por las importaciones, cosa que no sucede en este caso. Las exigencias del Ministro De Vido a los chilenos son totalmente insuficientes, además de erróneas.

En base a lo señalado en el párrafo anterior, ninguna de las autorizaciones otorgadas por la SE es legalmente valedera y hace pasibles a los respectivos Secretarios del Estado de las penas por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya sea por autorizar o por seguir permitiendo la continuidad de un ilícito. Resulta incomprensible que la SE no sepa que la exportaciones vía Tierra del Fuego -recientemente aumentadas con la producción de los yacimientos de la Total, Carina y Aries- están destinadas a elaborar productos destinados a exportaciones a los EEUU y Canadá.

La Constitución Nacional establece la obligatoriedad de explotar los recursos naturales con racionalidad; la sobreexigencia extractiva a que son sometidos los yacimientos para fabricar las exportaciones a Chile, no puede calificarse de racional; el ejemplo es Loma de La Lata, donde Repsol-YPF se vio obligada, a raíz de la denuncia del Ministro de Energía de Bolivia y ante el silencio de las autoridades argentinas, a reconocer la hiperexplotación a que sometió al yacimiento. También señala que su explotación debe contemplar los requerimientos de los argentinos del futuro, cosa que está muy lejos de respetarse.