Argentina: La lucha continúa

Daniel Badenes

 "Quienes estaban acompañando, en principio, habrían actuado conforme a las reglamentaciones. Los excesos vendrían de parte de estas personas", declaró el jueves por la tarde el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Fernando Díaz en alusión al subprefecto Martín Marcos y al oficial Diego Démola, de la Unidad Penal Nº 45 de Melchor Romero, que fueron desplazados de sus cargos luego del feroz ataque que comandaron contra un interno indefenso, Fabián Sampietro, militante del colectivo de comunicación popular Radio La Cantora.
Ese retorno a un léxico propio de la dictadura resulta bastante coherente: las cárceles bonaerenses siguen siendo, como entonces, un ámbito ajeno a la dignidad humana, y allí son moneda corriente las vejaciones a los presos, en abrumadora mayoría jóvenes pobres, recluidos por delitos menores y sin condena firme.
Pero no son excesos los de aquellos que no reconocen límites. Y lejos de registrarlos están agentes penitenciarios que atacaron a Sampietro. "Lo han destrozado. Lo balearon por la espalda. Le han pegado itakazos en la cabeza y en todos lados. Tiene las manos dormidas. Para humillarlo le han metido los dedos en el culo, es decir, hasta lo han violado", relata la coordinadora de La Cantora, Azucena Racosta: "Y el jefe de la Unidad 45, Duarte, lo amenazó diciendo `la pulseada te la vamos a ganar nosotros´", agrega, interpretando esa expresión como una referencia al informe publicado en la última edición de la revista La Pulseada, que se ocupó de la historia de Sampietro, la labor del grupo que integra en defensa de los derechos de los presos, y la causa armada por la que está privado de su libertad desde octubre del 2005, convertido en un "rehén del Servicio Penitenciario".
En ese sentido, otro integrante de La Cantora, Fabián Viegas, remarca que su compañero "ni siquiera tendría que estar preso en este momento. Fabián está con una causa armada. Y aún en esa causa, está morigerado de la pena y tendría que poder estar en libertad. Es una situación terriblemente injusta".
"Mucho discurso de los derechos humanos pero las cárceles siguen siendo campos de concentración donde se hiere, se mata, se viola y se desaparece gente", expresó Racosta en la mañana a la radio Estación Sur, mientras su compañero de militancia estaba "todavía dentro de ese campo" y no había recibido atención médica, salvo la de una psiquiatra, "porque parece que ser defensor de los derechos humanos tiene mucho que ver con estar loco".
El miércoles, el colectivo La Cantora había difundido un alarmante comunicado donde preguntaba por el paradero de Sampietro, luego de que fuera sacado de la Unidad neuropsiquiátrica Nº 34 de Melchor Romero, donde estaba recluido hace meses, pese a no ser un paciente psiquiátrico. El texto, titulado "¡Devuelvan a Sampietro vivo y en libertad!", denunciaba que "a raíz de la lucha contra las condiciones de detención de los internos que libró Sampietro en esa Unidad, en la noche de ayer fue trasladado", en tanto "luego de retirar a Fabián de la Unidad 34, los penitenciarios realizaron  una violenta requisa en el pabellón de buzones (de castigo), allí rompieron todo lo que tenían a su paso. Les sacaron a los pacientes sus calentadores, sus radios, sus encendedores, bajo la amenaza de que ya no estaba Sampietro para defenderlos". Y ahora se sabe, por fuentes confiables, que varios de esos presos enfermos fueron "apretados" para que "se cuiden" de lo que pudieran declarar.
Tras ser retirado de allí, Fabián Sampietro, conocido por sus denuncias de violaciones a los derechos humanos y corrupción en el SPB, fue llevado a la Unidad 45 de Melchor Romero. Precisamente de allí había sido salido antes de llegar a la 34, pues las autoridades penitenciarias entendían que su vida corría peligro. "A él lo habían sacado de la Unidad 45 por hacer una redistribución de la comida que había dentro del penal. Sacó de la cocina y la distribuyó a los internos...", recuerda Rodrigo Pomares, abogado del Centro de Atención a la Víctima de la Provincia de Buenos Aires e integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ): "no sé cual es el motivo para que vuelva ahí. De hecho existían comunicaciones en las cuales el director del penal manifestaba a gente del Ministerio de Justicia que no lo querían de vuelta".
El militante no sólo regresó sino que fue recibido de la peor forma: el miércoles cerca de las 20 horas le propinaron golpes, vejámenes y hasta balazos para intentar, una vez más, amedrentar su militancia contra la corrupción y las lesiones a la dignidad humana cometidas diariamente por agentes del Servicio. Según un comunicado de La Cantora, además, "luego de tales violaciones, nuestro compañero fue atado con cadenas a una cama y no recibió atención médica, así paso la noche".
La difusión pública que tuvo la situación generó conmoción y finalmente el jueves por la tarde el agredido fue llevado al Hospital San Martín. Luego habría sido trasladado a la unidad-hospital Nº 22, "en teoría con un compromiso de estar bajo cuidados extremos", sostiene Pomares y se sobreentiende que siempre queda un margen de dudas.
Un hecho inédito fue que los tres jueces que integran la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia –Horacio Daniel Piombo, Benjamín Ramón Sal Llargués y Carlos Ángel Natiello– fueron a ver a Sampietro al penal. Ellos son quienes tienen en sus manos resolver el agotamiento de la pena que le cabe al militante de La Cantora.
Por otra parte, la denuncia por lo ocurrido quedó a cargo del fiscal Marcelo Romero, cuya presencia en el penal habría sido ordenada por la propia Procuradora General, aunque no actuó con el rigor esperado. "A mi modo de ver hay diligencias que se tendrían que haber hecho y no se hicieron", evalúa Pomares y ejemplifica: "Había que tomarle declaraciones a todas las personas. No tanto a él, que puede pasar a resguardo a otra unidad: a la gente que estuvo al lado de él y que vio todo esto. Esas personas van a quedar en la 45, y no es muy propicio que pasen estos días antes de declarar en la misma unidad donde pasó todo". Además, agrega el abogado del CIAJ, el fiscal "tampoco tomó otras medidas. No sé si lo habrá hecho con posterioridad, pero no nos consta que haya una medida que es de rigor: secuestrar los libros de registros del Servicio, y las escopetas para ver de cuál salió el disparo...".
Aún así, el Gobierno provincial se vio obligado a encontrar al menos algunos chivos expiatorios: por la tarde, el ministro Eduardo Di Rocco puso en disponibilidad preventiva a dos de los responsables; y Díaz se presentó como querellante en una causa penal. Sin embargo, no se habrían tomado medidas contra el jefe máximo de la Unidad, Raúl Duarte, a quien Sampietro identifica como el agresor que vociferó "la pulseada te la vamos a ganar nosotros". En su último comunicado, el colectivo La Cantora señala que "el Prefecto Duarte (alias Chino), tiene antecedentes de asesinato bajo su investidura. Años atrás asesinó a un interno de apellido Ferreira en la Unidad 29 de un balazo con una pistola 22".
Por otro lado, la responsabilidad de los jefes de ese penal se limita a los hechos sucedidos allí. No son ellos los responsables de su traslado a ese lugar, que nunca debió haber ocurrido. Nada parece avanzar en ese plano.
En los últimos tiempos, distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado y la Justicia ha probado aberraciones sucedidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense, desde la aplicación de torturas con picana eléctrica hasta operaciones de inteligencia extra-muros de carácter ilegal, pasando por el atroz hacinamiento de miles de jóvenes sin condena. Simples excesos, dirían el titular del SPB Fernando Díaz y el ministro Eduardo Di Rocco, que no parecen tener en mente la posibilidad de renunciar.
"Desde la cantora decimos que los internos e internas de las unidades penitenciarias no pueden continuar en manos de torturadores. El tratamiento de estas personas debe estar a cargo de civiles, profesionales y gente de bien que aporten a los privados/das de la libertad las herramientas que estos necesitan para optar por la vida", insisten desde el grupo donde Sampietro milita defendiendo sus derechos, algo que el Servicio Penitenciario, herencia de la dictadura, no acepta ni perdona.-
 
Fuente: lafogata.org