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Argentina: La lucha continúa
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Civiles y militares involucrados en la costa atlántica por crímenes de la década del setenta.
Mar del Plata,ubicada en la Provincia de Buenos Aires,Argentina, fue
bautizada como la "Perla del Atlántico". Costa, playas, edificios del primer
mundo,millones de personas disfru tando del ocio.Pocos imaginan que es una de
las ciudades más castigadas por la represión. Quizás bajo las arenas de sus
playas descansen los restos de muchos jóvenes. Civiles y militares en una
conjunción poco veces vista operaron en la década del 70 para obtener ese
resultado. En diálogo con ELORTIBA, el juez Roberto Atilio Falcone
reflexiona sobre estos hechos.
El Ortiba
Pasado el tiempo del Juicio a las Juntas Militares innumerables dificultades ha
encontra do la sociedad argentina para poder reconstruir su pasado en base a la
verdad y a la justicia.
Las leyes de obediencia debida y punto final, sumadas a los indultos de fines de
la déca da del 80 dictados por el presidente Carlos Menem beneficiando a cerca
de 1200 personas , oscu recieron el panorama de esta tragedia argentina, cuyos
coletazos pueden apreciarse aún en este presente.
La sensación de impotencia causada por la imposibilidad del juzgamiento de
cientos de oficiales y suboficiales de fuerzas armadas y de seguridad, así como
de civiles responsables de actos delictivos cometidos con la excusa de una
guerra contra la subversión, provocaba creciente desanimo en los familiares de
las víctimas, mientras solitarios organismos de derechos humanos libraban una
tenaz lucha por encontrar el mecanismo adecuado para destrabar la situación.
En 1995 Carmen Aguiar de Lapacó con el patrocinio del CELS, solicitó ante la
Cámara Federal de Capital Federal se investigue el destino final de su hija o de
sus restos, invocando el derecho a la verdad, al duelo y al respeto por los
cuerpos. La Cámara libró un primer oficio al Estado Mayor del Ejército, con
obvio resultado negativo: no había dato alguno que aportar.
El siguiente paso judicial tampoco tuvo eco: la Corte Suprema de Justicia
rechazó el re curso interpuesto y entonces la peticionante acudió a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Por el dictamen de la Comisión –febrero del
2000- el gobierno argentino se compro- metió garantizar el derecho a la verdad y
a gestionar la normativa adecuada para que las Cáma- ras Federales tengan
competencia exclusiva en la materia.
Dos años atrás la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata junto
a otros organismos de derechos humanos se presentó ante la Cámara Federal de esa
ciudad, pidién dole investigue las desapariciones ocurridas en su ámbito. El
cuerpo judicial resolvió investigar no sólo el destino final de las personas,
sino todas las circunstancias de su desaparición. Así se abrió un proceso que
involucra a más de 2000 hechos ocurridos en la zona.
El ejemplo se extendió rápidamente por todo el territorio nacional. Se abrieron
los llama dos JUICIOS POR LA VERDAD y Mar del Plata comenzó también su proceso
por el impulso de una red de organizaciones sociales y del propio Colegio de
Abogados de la ciudad (no casualmente la causa lleva el nombre de "Colegio de
Abogados y otros s/desaparición forzada de personas") . El Tribunal Oral
Federal (TOF) fue el órgano judicial encargado llevar adelante esta tarea.
En estos procesos se recogieron testimonios que posibilitaron el conocimiento de
los deta lles de un sinnúmero de casos no tratados anteriormente. El cruzamiento
de datos permitió ir avanzando en la búsqueda de personas, abriéndose un
panorama insospechado en el tema.
El trabajo realizado tanto por la Cámara Federal de La Plata como por los
Juzgados Fede rales de dicha ciudad ha sido enorme. En base a los estudios
realizados por la APDH y en espe cial por la Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos se pudo establecer el funcionamiento de centros clandestinos como
"La Cacha", "Arana" ,"Comisaría Quinta " "Brigada de Investiga- ciones" entre
otros , identificando a quienes sufrieron cautiverio y asesinatos en dichos
lugares.
La tarea del fiscal Félix Crous permitió identificar a todos los represores
actuantes en la Comisaría Quinta de La Plata, elaborándose el listado de todas
las personas que habían pasado por allí, entre ellos los marplatenses Rubén
Santiago Starita,Silvia Muñoz,Juan Carlos Aba chian,etc. La sentencia del Juez
Arnaldo Corazza contra los responsables fue confirmada por la Sala III de la
Cámara Federal de La Plata, procesándose a los represores Miguel Etchecolatz,
Reinaldo Tavernero, Rodolfo Campos y otros por los delitos cometidos en la dicha
dependencia policial. También se encuentran detenidos y en similares condiciones
el sacerdote Wernich, el médico Bergez y varios policías más.
Las recientes investigaciones sobre el Centro Clandestino de Detención "Proto
Banco" que funcionó en la zona entre 1974 y 1976 establecieron que por allí
también habían pasado per sonas secuestradas en Mar del Plata ,como Gladys Noemí
García, Gregorio Nachman y Nora Es- ter Román Guerrero ,entre otras..
A su vez la labor de la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas
del Mi nisterio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ha dado resultados
excelentes, contándose en su sitio web con la nómina del personal policial que
prestara servicios en diversas comisarias de provincia, datos estos de
invalorable utilidad.
Ante todo ello, el panorama en Mar del Plata es distinto. Sumamente distinto.
Roberto Atilio Falcone, es unos de los Jueces que componen el Tribunal
Oral Federal de Mar del Plata. Se recibió de abogado en octubre de 1977 en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y ejerció la
profesión en la especialidad penal hasta el 14 de marzo de 1994 fecha en la que
asumió la función de juez de Cámara. Actualmente a más de sus tareas judiciales,
se desempeña también como profesor Titular ordinario en la Cátedra de Derecho
Procesal Penal de dicha Casa de Estudios, cátedra a la que accedió por concurso
de oposición y antecedentes. Sobre el tema sus opiniones merecen mas que una
reflexión.
"El Juicio por la Verdad que se lleva adelante ante el TOF. – nos dice -comenzó
en octubre de 2000. Distintas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos,
la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Colegio de Abogados y más de
sesenta entidades solicitaron la apertura de un proceso tendiente a averiguar lo
ocurrido durante el terrorismo de Estado. Concretamente se pedía que se
identificara a los autores de delitos de lesa humanidad, se averiguara las
circunstancias en que se produjeron las desapariciones forzadas de personas,
dónde estuvieron alojadas, cómo fueron sus últimos momentos, se tratara de
identificar los lugares donde yacen sus cuerpos. Todo ello encontraba fundamento
en derechos reconocidos por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que
garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva.
En casos de terrorismo de estado, este derecho a la tutela judicial implica
la averiguación de todo lo concerniente a la desaparición forzada de personas
como reparación moral de las víctimas, además también, como garantía de no
repetición y de reprobación de tales prácticas aberrantes.
Ni bien se nos presentó la demanda bajo la forma de un amparo, entendimos que
debíamos darle curso. No obstante la Cámara Federal nos planteó una declinatoria
de jurisdicción porque entendía que ella era la competente para juzgar tales
casos.
Lo curioso es que desde el año 1995 tramitaba en Mar del Plata la causa 11203
caratulada "Turón de Toledo María S/ Habeas Corpus", S/ Dcia por Desaparición
Forzada de Personas en la que se recibieron en los cinco años de su tramitación
sólo seis testimonios, en algunos de los cuales ni siquiera se permitió la
entrada de los abogados de los organismos de Derechos Humanos. En definitiva en
Mar del Plata no se había hecho nada sobre este tema.
Ratificamos nuestra competencia y la Cámara Federal retiró la cuestión
iniciándose de este modo la tramitación del histórico proceso.
Antes de continuar, debo manifestarle que hemos tenido contratiempos de todo
tipo en la tramitación de este proceso, denuncias, amenazas, campañas de
difamación y lo peor, la Cámara Nacional de Casación Penal al juzgar una
apelación interpuesta por la Armada contra una medida cautelar, de oficio, es
decir sin que nadie lo planteara nos revocó la competencia. Sin embargo llevado
el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los abogados de los
Organismos de Derechos Humanos por unanimidad nos devolvió la competencia y la
sustanciación del juicio.
¿En consecuencia Usted advierte un panorama distinto en el avance de las
causas con relación a la Ciudad de La Plata?
Lo ocurrido en Mar del Plata es muy diferente. En especial porque allí la Cámara
Federal se comprometió activamente en la investigación de lo obrado durante el
terrorismo de Estado. Los jueces Schiffrin y Reboredo abrieron investigaciones
exhaustivas en las cuales se produjeron detenciones, se sugirieron hipótesis que
luego los jueces federales se encargaron de investigar. La actividad procesal
llevada a cabo en ese fuero ha sido incesante. Aquí por el contrario todo se
hizo muy lento. Las causas que actualmente se tramitan son investigaciones
abiertas por el Tribunal Oral, en las cuales, en algunas oportunidades
dispusimos detenciones, pero que continúan en trámite con bastante lentitud.
Mi experiencia personal indica que existen muchas declaraciones
testimoniales efectuadas entre 1980 y 1984 en los Juzgados de Primera Instancia
de Mar del Plata y que se hace dificultoso ubicarlas. ¿El Tribunal tuvo los
mismos inconvenientes en reunir esas declaraciones?.
En Mar del Plata el Juicio por la Verdad ha implicado para los jueces que lo
llevamos adelante un gran sacrificio personal. Cuando aparecieron civiles
vinculados al terrorismo de Estado surgieron campañas de difamación orquestadas
desde un semanario cuyos sostenes económicos aparecían mencionados en el juicio.
Más aun, en la misma justicia federal de Mar del Plata durante el año 1975
trabajaban comandos operativos de la C.N.U., personajes siniestros que
estuvieron presos por el asesinato de la estudiante marplatense Silvia Filler,
razón por la cual imagínese que no hemos podido localizar ninguno de los
expedientes que debieron sustanciarse con motivo de los asesinatos cometidos por
dicha organización en Mar del Plata, donde actuaba en complicidad con la Triple
A y fuerzas policiales.
Para que la gente tenga una idea, no Ud. que ha sido víctima del terrorismo de
Estado, y vivido en aquella época en la ciudad; le cuento que el día 21 de marzo
de 1975 en represalia por el asesinato de Ernesto Piantoni, quien era el jefe de
la C.N.U. local, se asesinan a cinco personas, Pacho Elizagaray integrante de la
JUP, sus primos, los hermanos Videla, el padre de éstos que salió a defenderlos
del ataque armado, y el médico Bernardo Goldember. Los asesinatos de la C.N.U.
Triple A siguieron durante todo ese año 1975; el 9 de mayo fue secuestrada "Coca
Maggi", decana de Humanidades –su cadáver en avanzado estado de descomposición
fue encontrado el 23 de marzo de 1976 a instancias de un llamado anónimo-,
también fueron asesinados Daniel Gasparri; fue fusilado en el campo municipal de
deportes el padre de Eduardo Soarez quien estaba detenido en la seccional 2da de
policía local. El señor Soarez fue secuestrado de su domicilio luego de un
intento frustrado de liberación de su hijo en el que muriera un oficial
montonero y otro de la seccional 2da de policía. Soarez fue conducido por un
joven de treinta años, visto por su esposa, a quien jamás se la convocó a
testimoniar en la justicia federal, la que repito tenía trabajando a muchas
personas de la C.N.U. (*)
Como Ud. verá lo ocurrido en Mar del Plata es muy diferente a lo que sucedió en
La Plata. Creo que en ningún juicio han salido tantos nombres de civiles como en
el tramitado en Mar del Plata. Sobre todo en relación a "La noche de las
corbatas".Por eso es que cuesta ubicar expedientes. Algunos aparecen sustraídos
y hasta han desaparecido las hojas de seguimiento del libro de Entrada de
causas.
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