Claudio Lozano
Fetera*

No es cierto que la Republica muere ante el denominado 'proyecto de los superpoderes', agoniza hace tiempo por los 14 millones de pobres que tiene nuestro país. Es cierto que al eximir al Poder Ejecutivo del articulo 37 de la Ley de Administración Financiera y del 15 de la ley de Responsabilidad Fiscal, este podrá modificar el destino de los recursos que el Parlamento establezca (Ej.: podrá, si quiere, destinar recursos autorizados para salud hacia otros rubros, por ejemplo, Educación; o podrá también transformar partidas salariales en aportes a una obra de infraestructura; podría incluso asumir gastos sin contrapartida de recursos). Es cierto también que el Proyecto al implicar una delegación permanente de facultades sin objetivos precisos, plantea abiertamente una contradicción con el texto Constitucional que no solo delega en el Parlamento la potestad para decidir sobre el destino de los recursos públicos, sino que además le prohíbe al Congreso Nacional delegar sus facultades sin plazos y objetivos definidos.

Podrá decirse, que el Ejecutivo no ha hecho abuso de las facultades que se le delegaron en el 2004 y el 2005 y que los fondos administrados vía 'superpoderes' no son significativos. Efectivamente, este no ha sido el mecanismo central a la hora de administrar recursos sin control parlamentario.

La estrategia real fue otra. Consistió en presentar presupuestos 'dibujados' con pautas de recaudación deliberadamente bajas y que luego en la realidad, terminaban siendo superadas. Se presupuestaba recaudación por $100, luego se obtenían recursos por $150, y la diferencia se administraba sin discusión. En términos estrictos, este mecanismo permitió administrar $13.400 millones en el 2004; $10.700 millones en el 2005 y casi 9.000 millones este año. Prácticamente $34.000 millones en tres años o, lo que es lo mismo, el 40% del Presupuesto de la Administración Nacional. En todos los casos, estos excedentes presupuestarios se administraron en base a Decretos de Necesidad y Urgencia que se transformaron, así, en verdaderos instrumentos de creación de recursos que el Parlamento jamás autorizo para su gasto. Es interesante observar que el Proyecto de Superpoderes que el Ejecutivo ha puesto en discusión sigue reservándole al Parlamento la facultad de 'fijar el monto total presupuestado'. Casualmente, lo que vía DNU el Ejecutivo violentó en los últimos años. Por cierto, de mantenerse la situación como hasta ahora, o con un régimen donde los DNU adquieran legalidad si el Parlamento no los discute (es decir si la bancada mayoritaria decide no hacerlo), el Ejecutivo obtendría con los DNU y este proyecto el manejo absoluto de la administración Presupuestaria.

Hacerse cargo en profundidad del debate político que este tema plantea implica considerar dos cuestiones:

Que el remanido tema de la transparencia institucional debe ser puesto en línea con lo 'sustancial', es decir, con el destino de los recursos.

Que la posibilidad de que este proyecto no solo exista sino que se apruebe, descansa en el profundo deterioro del sistema político institucional y en particular del Parlamento. Dicho con mas claridad, 'nadie cree que si el Parlamento debate la asignación de recursos públicos, esto mejore la situación'. Este es el problema.

Respecto al primero de los puntos es indispensable aclarar que la mayor parte de los excedentes presupuestarios tuvieron por destino el pago de deuda pública en línea con el objetivo oficial de sostener su estrategia de desendeudamiento. Debe entenderse por lo tanto que el control Parlamentario sirve en tanto y en cuanto hubiese permitido que evaluáramos si era conveniente elevar los pagos por deuda pública en un contexto donde el país tiene 7.500.000 de pibes en situación de pobreza.

Probablemente hubiéramos podido coincidir que en tanto la 'infantilización de la pobreza' pone en cuestión el futuro de la Argentina, 'postergar deuda' para resolver el tema de la niñez hubiese sido una inversión más adecuada.

Corresponde preguntarse por cierto cuantos de los que hoy se 'desgarran las vestiduras' con este proyecto y lo minimizan ubicando el debate en términos electorales (el gobierno con esto busca potenciar sus candidatos), estarían dispuestos a optar por los pibes de nuestro país poniéndole un limite a los acreedores.

Respecto al segundo punto, esta claro que el deterioro institucional es tan profundo que nadie cree que el Parlamento y sus debates mejoren nada. Frente a esto es interesante destacar dos cuestiones. Por un lado, que esta situación debilita la posibilidad de construir un sistema institucional capaz de resistir las presiones de los factores de poder que, una y otra vez, demandan recursos públicos en su favor. Que todo dependa de un sola firma, por más convicción y decisión que tal persona tenga, es sin duda un problema. Alguien podrá decir que el Presidente actual es una 'persona integra', otros podrán argumentar que, aun reconociendo esto, no se pudo impedir que en la primera licitación del nuevo régimen de promoción, una sola empresa se apropiara del 67% de los recursos públicos en juego. En este sentido, cuanta mayor institucionalidad haya (y no solo de la existente sino de las tantas instituciones de participación popular que es necesario promover) más fácil será defender el interés del conjunto ('el interés publico').

El otro elemento en relación a este punto es que esto no se resuelve conformando un 'frente opositor' que frene el proyecto en nombre de una supuesta transparencia que una y otra vez en mancillada por mucho de los que hoy cuestionan pero ayer demandaron poderes iguales o mayores.

El único modo de resolver esta cuestión consiste en eludir el debate cerrado y abstracto basado en el dilema 'oficialismo vs oposición', y proponer un 'compromiso político parlamentario' que convoque al Ejecutivo con dos objetivos muy precisos:

Discutir una ampliación presupuestaria que incluya los excedentes de recaudación correspondientes al año 2006 (cerca de $9.000 millones).

Comprometernos a que esos recursos sean invertidos en políticas de promoción y atención de la niñez pobre de nuestro país.

Superar falsas discusiones y debatir el país que hay que hacer es el imperativo de la etapa. ¡Nuestros pibes urgen!

* Claudio Lozano es Diputado de la Nación e Integrante de la Mesa Nacional de la CTA.