Emilio Marín
La Arena

El juicio a los matadores directos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki tuvo el retardo habitual de casos donde está implicado personal del Estado, pues recién comenzó en mayo de 2005. Pero al fin el Tribunal Oral nº 7 de Lomas de Zamora terminó condenando a cadena perpetua a los dos policías que tiraron del gatillo contra los piqueteros del MTD "Aníbal Verón".

El comisario Alfredo Fanchiotti, el falso héroe de aquella jornada invernal de 2002, y su chofer, el cabo Alejandro Acosta, recibieron su merecido. Fanchiotti era jefe del Comando de Patrullas de Avellaneda y máximo responsable del operativo de la Policía Bonaerense para detener a sangre y fuego al movimiento piquetero, que a su vez quería cortar el Puente Pueyrredón.

Decimos falso héroe porque fue uno de los asesinos disparando su escopeta 12.70 pero juró que sus hombres sólo habían utilizado balas de goma y que los agresores habían sido los piqueteros provistos con armas de fuego. La iba de víctima de rozamiento de un proyectil en la oreja cuando en verdad había sido una desocupada quien lo golpeó con un palo después que el perverso comisario hubo dado la orden de reprimir.

"La Nación" supo desde el primer momento lo que había ocurrido pues su reportero había sacado fotos en el momento de las muertes en la Estación Avellaneda. Pero igual presentó a Fanchiotti como una víctima al día siguiente: "el relato fue difundido por el jefe del operativo, que tenía una herida en el ojo izquierdo. Un piquetero lo golpeó salvajemente por la espalda mientras hacía declaraciones a la prensa en el hospital Fiorito, adonde habían sido trasladadas las víctimas".

Sólo a veces la mentira oficial tiene patas cortas. Esa vez la versión del comisario y sus defensores duró veinticuatro horas. La condena judicial recién llegó el 9 de enero de 2006 pero fue contundente: veinticinco años de prisión para el jefe, formado en la escuela de Ramón Camps, y su chofer.

Si ese juicio tardó más de la cuenta, el que debería realizarse contra los responsables políticos de la matanza avanza como un cangrejo. La abogada Claudia Bracamonte, representante de Mabel Ruiz, mamá de Maximiliano Kosteki, denunció esta semana que la instrucción está parada. La parte que se refiere a las autoridades nacionales sospechadas de haber preparado el plan represivo de 2002, está a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Miguel Angel Osorio.

Pero en cuatro años transcurridos no se conocen avances investigativos. Ni siquiera se ha citado a declarar a personajes como Eduardo Duhalde, que por entonces mandaba en la Casa Rosada, el secretario de Seguridad Juan José Alvarez, el ministro del Interior Jorge Matzkin, el ministro de Justicia Jorge Vanossi y los jefes y subjefes de la Side, Carlos Soria y Oscar Rodríguez, entre otros ex funcionarios. Obviamente la justicia provincial tampoco diligenció citaciones para Felipe Solá y otros implicados.

Se dirá que la pregunta es de mal pensados, pero la hago igual: ¿será que se está buscando la prescripción de la causa?

Después de los trágicos sucesos, Duhalde acortó seis meses su interinato y hasta 2005 gozó de la confianza de su sucesor Néstor Kirchner, quien lo designó como presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur.

El hombre que dio las órdenes de represión en el aciago junio de 2002 y montó el dispositivo de las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería y Prefectura, quedó blindado por ese cargo regional.

Su impunidad se vio adelgazada por el hecho de haber enfrentado electoralmente al kirchnerismo en octubre de 2005, topetazo del que salió maltrecho pues la lista de su esposa Hilda Chiche perdió por 25 puntos y se le desgranó el hasta entonces férreo poder bonaerense.

Esa debilidad política favorece que por fin alguna citación judicial le llegue al ex gobernador de Buenos Aires que supo calificar a su tropa patas negras como "la mejor Policía del mundo". Por ahora el hombre que siempre cultivó el perfil "federal" está imitando a los líderes unitarios que durante el rosismo se exiliaban en Montevideo.

Un mes antes de la represión sobre el Puente, una reunión de gobernadores justicialistas en Santa Rosa sirvió para que Duhalde y los mandatarios de su mismo palo acordaran endurecer la represión hacia los cortes de rutas.

Esa decisión fue comunicada por el jefe de gabinete Alfredo Atanasof, quien lo reiteró el día antes de la tragedia, e instrumentada por un plan concebido por "Juanjo" Alvarez en Seguridad Interior.

Producidas las dos muertes y la balacera, que provocó unos 90 heridos, la mitad de ellos de balas de plomo, esos funcionarios y el ministro Matzkin fueron los encargados de dar la versión oficial. Todo habría sido obra de "una organización, un grupo decidido a provocar el caos, la violencia y la muerte", según Atanasof.

El pampeano acotó que dichas acciones piqueteras "constituyen un plan de lucha organizado y sistemático, que puede llegar a amenazar y reemplazar la fórmula de consenso que la mayoría de los argentinos hemos elegido porque hay otros que prefieren el lenguaje de la violencia".

Esos funcionarios estaban acusando a los piqueteros de promover la violencia de ese mediodía. Y peor aún, de haberla impulsado movidos por un afán de asaltar el poder político.

Las fuentes oficialistas, para intoxicar aún más a la opinión pública, también afirmaron que las muertes se habían producido por enfrentamientos entre las agrupaciones de desocupados. Así completaban la demonización de las víctimas, fallecidas a manos de sus compañeros (cualquier parecido con explicaciones dadas por el genocida Jorge R. Videla sobre los desaparecidos, no es mera coincidencia).

Así como su jefe político se acomodó en el Mercosur, la mayor parte de los ministros y funcionarios sospechados de la masacre se refugió en el Parlamento.

Alvarez entró como diputado por el duhaldismo y permaneció fiel, mientras otros emigraban como aliados del kirchnerismo. El ex secretario de Seguridad Interior es vicepresidente de la Comisión de Legislación General, secretario de la Comisión de Juicio Político y vocal de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Antes de recalar allí fue premiado por Kirchner y Duhalde como Secretario de Seguridad porteño tras la tragedia de Cromañón, como si fuera un experto en solucionar problemas en vez de crearlos.

Atanasof es de los que saltó el charco hacia el oficialismo. Integra cuatro comisiones, una muy contradictoria con su performance de 2002: Legislación del Trabajo. Su última iniciativa, del 22 de junio de este año, fue un Proyecto de Declaración sobre el Yacimiento Paleontológico de Pehuen Co, motivado en su preocupación por "la destrucción de huellas fósiles originales de megaterio".

Vanossi fue el encargado de denunciar el 27 de junio de 2002 el supuesto complot piquetero ante el Procurador General de la Nación. Escribió: "los sucesos de los últimos días indican una escalada de acciones violentas que parten de la alteración del orden público, continúan con la pérdida de vidas humanas, graves destrozos materiales y amenazan -incluso- con el derrocamiento de los poderes constituidos".

El hombre se recicló como macrista y hoy preside el bloque de Compromiso para el Cambio en Diputados, siendo secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y vocal de la Comisión de Justicia.