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Argentina: La lucha continúa
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Juan José Álvarez: Responsable político y autor intelectual de la Masacre de Avellaneda
Prontuario de Juan José Álvarez, quien, el 26 de junio de 2002, se
desempeñaba como Secretario de Seguridad Interior de la Nación.
Por ANRed, Argentina Arde y Prensa de Frente.
Por ANRed - L
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ANRed, Argentina Arde y Prensa de Frente, en junio de 2005, elaboraron los prontuarios de los autores intelectuales de la Masacre de Avellaneda Los mismos fueron realizados cuando el juicio ya estaba en marcha. Las condenas que recibieron los autores materiales han sido sólo una parte de la justicia buscada. Por eso, a un año de la publicación, consideramos necesario recordar quiénes son los responsables políticos de los asesinatos de Darío y Maxi y de los 33 heridos con balas de plomo. 
Juan José Álvarez: Responsable político y autor intelectual de la Masacre de Avellaneda 1. ¿CUÁL ES SU RESPONSABILIDAD EN LA MASACRE DE AVELLANEDA? 26/6/2002: Secretario de Seguridad Interior de la Nación Álvarez fue, durante las semanas previas, una figura clave en la preparación de la estrategia represiva y en la gestación del clima que la justificaría ante la opinión pública. A pesar de su imagen legalista, días antes había definido la dureza del gobierno respecto a la protesta como una "decisión política". Luego de la represión, en nombre del gobierno, asumió públicamente la justificación de los crímenes y fue el encargado de difundir ante los medios la versión oficial de los hechos. 2. LA PREVIA AL 26  Juan José
Álvarez fue el ideólogo de la unificación del accionar de las cuatro fuerzas
de seguridad: decidido a "controlar" la protesta y "combatir la
inseguridad", impulsó la participación de las fuerzas armadas en tareas de
represión interna y la incorporación de la Policía Bonaerense en el esquema
de coordinación. Así, como se vio el 26 de junio, Prefectura y Gendarmería
Nacional complementaron a las policías Federal y Bonaerense en la ejecución
material de la "represión aleccionadora". El montaje
de este operativo fue el resultado de una decisión política del Gobierno
Nacional y no de un "triunfo de la línea dura" del PJ, menos de los
"excesos" de algunos policías descarrilados. Así lo demuestra la serie de
reuniones que, durante las semanas previas, mantuvieron miembros del
gabinete con altos mandos de las fuerzas de seguridad y las declaraciones
hechas a los medios por esos días. Oficiando de intermediario y portavoz de
las decisiones de gobierno, Álvarez participó en casi todos estos encuentros
que sentaron las bases para la planificación, justificación y puesta en
marcha del plan integral en torno a la masacre de Avellaneda: El 7 de
junio Álvarez ya había anunciado que el gobierno estaba "decidido a impedir"
las protestas que cortaban los accesos a la ciudad. "Cuando se le
preguntó si el gobierno actuaría con mano dura para controlar los piquetes,
Álvarez sostuvo que no se trataba de dureza o blandura, sino de una decisión
política. 'A la ciudad no se la puede bloquear. Habrá operativos conjuntos
de las fuerzas de seguridad para hacer frente a este tema'" (Agencia DyN,
7/06/02). El 18 de
junio, luego de una reunión entre el jefe de Gabinete Atanasof, Álvarez,
jefes de las cuatro fuerzas y representantes del poder judicial, la Agencia
Infosic publicó: "En los encuentros se debatió cuál será la actitud de la
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal, y la cobertura a
su acción que tendrá la justicia, a través de los jueces y los fiscales
federales en las próximas acciones de piqueteros que preocupan al gobierno.
Las conclusiones deberán estar acordadas antes del jueves (sic), cuando los
grupos piqueteros preparan interrumpir el tránsito en los accesos
estratégicos a la Capital Federal, sitiando virtualmente la metrópoli".
3. DURANTE LA REPRESIÓN El 26 de
junio, antes de que se desatase la represión, Álvarez mantuvo permanente
comunicación con los jefes de la Federal, quienes le iban informando las
novedades sobre los distintos puntos de acceso de la Capital donde estaban
anunciados piquetes. Durante aquellas horas, recibió información y dio
órdenes. Así lo
demuestra lo ocurrido en Puente Alsina: "Ni corte total ni parcial. Tengo
órdenes de despejar la zona, en cinco minutos procedo", declaró Darío
Fridman, jefe de Prefectura. Allí no hubo intimación judicial alguna, las
órdenes sólo pudieron salir de la Secretaría de Seguridad. De esta instancia
del Poder Ejecutivo depende directamente la Prefectura. Éste y otros hechos
similares quedaron ocultos por la gravedad de lo ocurrido en el Puente
Pueyrredón. 4. EN LOS DÍAS POSTERIORES Luego de la
represión y de los asesinatos de Darío y Maxi, Álvarez fue el encargado de
presentar los informes de los mandos de las distintas fuerzas actuantes. Lo
hizo en un encuentro reservado que mantuvo, horas después de la Masacre, con
el presidente Duhalde, el jefe de Gabinete Atanasof y el titular de la SIDE
Soria. Resolvieron allí que Álvarez sería el encargado de dar la conferencia
de prensa por la noche acompañado por miembros de las fuerzas se seguridad,
haciendo propia así la versión de estas últimas: "La policía sólo utilizó
postas de goma y fue agredida con palos y armas de fuego", tal como lo
había declarado Fanchiotti en la sede de la Delegación Departamental de
Inteligencia (DDI) de Avellaneda, a las 16 horas, junto al jefe de la
Departamental Lomas, Felix Vega y el jefe de Prefectura, Juan Falco. Comenzó a
circular así la teoría de las "balas piqueteras": "Los piqueteros se
mataron entre ellos". Fue Álvarez el encargado, en nombre del gobierno,
de asumir públicamente la justificación de los crímenes. A las 21.30 del
mismo 26, en la conferencia de prensa realizada en la quinta de Olivos,
argumentó ante los medios: "Los que manifestaron son otros (respecto a
los cortes anteriores). Esta vez lo han hecho de una manera absolutamente
violenta e irracional. Hubo personas dentro de la manifestación que pedían
el auxilio de las fuerzas policiales porque veían correr peligro su propia
integridad (...) hubo una clara intención de confrontar". Durante esa
conferencia y en los días siguientes Álvarez insistió en mencionar - cada
vez que pudo- la existencia de armas de fuego entre los manifestantes. No le
importó que la policía no hubiera secuestrado ni un sólo arma a pesar de las
160 detenciones y que ningún efectivo hubiera sido herido por los disparos.
"Se han visto agresiones con una honda, con escopetas, armas y bombas
molotov". La existencia de organizaciones de desocupados que se volcaban
a la lucha armada y atentaban contra las instituciones se convirtió así en
la arquitectura argumental sobre la que pretendieron explicar las muertes y
justificar la ofensiva legal contra las organizaciones por medio de la
"Causa Complot". Hacia el final de la conferencia, cometió un fallido
sugerente. Refiriéndose a la denuncia del chofer al que le habían incendiado
el colectivo en la Avenida Mitre al 1300, a trece cuadras del puente y
cuando ya no quedaban manifestantes, lo hizo en estos términos: "como ha
denunciado un chofer de colectivos, lo ha bajado el mismo personal que
estaba con escopetas". Álvarez no hizo más que confirmar así lo que
cualquiera que estuvo en Avellaneda aquella tarde sabía: que portando
escopetas, armas de fuego e itakas, el 26 de junio sólo hubo personal
policial. Coherente
con este discurso y basado en los informes de inteligencia elaborados por la
SIDE sobre el accionar de los movimientos de desocupados, el jueves 27
Álvarez, junto al ministro de Justicia Jorge Vanossi y el ministro del
Interior Jorge Matzkin, preparó el discurso con que este último argumentaría
más tarde ante los medios la presentación de la Causa Complot: "Las
acciones que dejaron el trágico saldo de dos muertes, constituyen un plan de
lucha organizado y sistemático que puede llegar a amenazar y reemplazar la
fórmula de consenso (...) el gobierno tiene elementos que permiten suponer
que estamos frente a acciones concertadas (...) se hará llegar a la justicia
los antecedentes que se han reunido". El "peligro subversivo"
justificaba la represión y la criminalización de la protesta social. El gobierno
comenzó a quedar expuesto desde la noche del 27, a partir de la aparición de
las fotografías y la presión popular. La Causa, supuesto resguardo de las
instituciones democráticas, quedó en segundo plano y fue rápidamente
abandonada. Álvarez ni siquiera llegó a brindar testimonio y no aportó nada
que le diera sustento a sus denuncias y acusaciones mediáticas. Tan sólo dos semanas después, el 10 de julio, Álvarez fue ascendido a ministro de Seguridad y Justicia. Comenzaba la estrategia de recomposición del duhaldismo luego de la Masacre. El desplazamiento de ministro de Justicia Jorge Vanossi dio lugar a la unificación de ambos ministerios y a la nueva designación. Lejos de ser cuestionado, Álvarez consolidó su imagen desligándose de toda su responsabilidad en lo sucedido: su ascenso fue interpretado como un "triunfo de la línea garantista" al interior del PJ. Con él Duhalde privilegiaba "la política de contención del conflicto social llevada adelante por Álvarez, a dos semanas de que el método opuesto culminara con el asesinato de dos jóvenes" (Clarín, 11/7/02). La Masacre había sido, según Clarín, un exceso de los "duros" que Álvarez venía a remendar. |
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