Argentina: La lucha continúa

Por ANRed - L
 
ANRed, Argentina Arde y Prensa de Frente, en junio de 2005, elaboraron los prontuarios de los autores intelectuales de la Masacre de Avellaneda
Los mismos fueron realizados cuando el juicio ya estaba en marcha.
Las condenas que recibieron los autores materiales han sido sólo una parte de la justicia buscada.
Por eso, a un año de la publicación, consideramos necesario recordar quiénes son los responsables políticos de los asesinatos de Darío y Maxi y de los 33 heridos con balas de plomo.

 
Eduardo Duhalde: Responsable político y autor intelectual de la Masacre de Avellaneda

1. LOS PRIMEROS MESES DE DUHALDE
El período que se inauguró con el 19 y 20 de diciembre de 2001 marcó una profunda crisis de gobernabilidad de los sectores dominantes de la Argentina y significó la consolidación de una nueva correlación de fuerzas con los sectores populares. Desde su asunción en enero de 2003, el gobierno de Duhalde pretendió abortar el progresivo crecimiento de la movilización social y, en este sentido, la Masacre de Avellaneda no fue un caso de represión aislado. Por el contrario, forma parte de una estrategia represiva sistemática que combinada con una campaña mediática de demonización de los movimientos tuvo como fin la desarticulación de los sectores en lucha.
Basta recordar algunos de los hechos que tuvieron lugar en los primeros meses del gobierno:
 Cacerolazo del 25 de enero de 2002: cuando el grueso de los manifestantes se estaba desconcentrando la policía arremetió con las motos y sobrevino una andanada de balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo 68 detenciones. Al ser consultado sobre lo sucedido Juan José Álvarez contestó que "hubo excesos".
 Madrugada del 6 de febrero de 2002: el MTD de Esteban Echeverría mantenía cortada la ruta 205 a la altura del Jagüel. En este momento Jorge 'Batata' Bogado, puntero del intendente de Ezeiza Alejandro Granados, "pasó" el control policial y atravesó el piquete en su Ford Falcón. Hugo Javier Barrionuevo se acercó a increparlo y Bogado sacó su 9 mm y efectuó dos disparos, uno de ellos impactó en el cuello de Javier, quién cayó al suelo herido de muerte.
 Abril de 2002: en un corte frente a la municipalidad de Lanús, un policía del servicio penitenciario disparó contra Juan Arredondo, militante del MTD Aníbal Verón de esa localidad.
Si bien en todos estos casos las explicaciones oficiales apelaron a la teoría del "loco suelto", claramente éstos fueron signos de autoritarismo del gobierno que se reflejaron en las acciones criminales de grupos de choque.
 En junio de 2002 estos signos tomaron su forma más acabada y sistemática: la decisión de evitar los cortes y manifestaciones se postuló explícitamente como política de Estado y se plasmó en una estrategia represiva ideada y coordinada desde el gobierno. Fue el entonces secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez, quien diseñó con ese objetivo el accionar unificado de las cuatro fuerzas de seguridad: Gendarmería, Prefectura, Policía Bonaerense y Federal. La jornada de lucha planificada por los movimientos de desocupados para el 26 de junio fue el escenario en el que se montó esta actuación conjunta por primera vez.
La responsabilidad en los hechos ocurridos en Avellaneda va entonces mucho más allá de quienes apretaron el gatillo. La decisión de asumir una represión "aleccionadora" que prefigurase una imagen de gobierno fuerte ante la debilidad que le atribuía el FMI y que era demandada tanto desde el poder económico como desde su propia estructura, estuvo en primer plano desde que Duhalde llegó a la Casa Rosada.

2. DUHALDE EN LA PREVIA AL 26
EL GOBIERNO DENUNCIA LA EXISTENCIA DE AGENTES PROVOCADORES DEL CAOS CONTRARIOS AL SISTEMA
Días antes de la represión el presidente Duhalde declaró públicamente: "en momentos de confusión (los bloqueos) se podían admitir, pero ahora no hay que agravar los problemas sociales con acciones violentas. Hay que ir poniendo orden, los intentos de aislar a la Capital (con cortes de ruta y piquetes) no pueden pasar más". De esta manera identificó la continuidad de la protesta social con la violencia, al tiempo que denunciaba la existencia de "agentes provocadores del caos".
UNA SEMANA ANTES DEL 26 DE JUNIO: ÚLTIMAS REUNIONES PARA DEFINIR EL OPERATIVO REPRESIVO. ANTECEDENTE DE LA MASACRE
Durante las semanas previas, el presidente Duhalde impulsó la realización de cinco encuentros en los que participaron miembros del gabinete, distintas fuerzas de seguridad provincial y federal, las Fuerzas Armadas, los servicios de Inteligencia del Estado, hombres clave de la justicia y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En esas reuniones el gobierno instruyó a todos los organismos y funcionarios involucrados acerca de la decisión política adoptada respecto a la represión del conflicto social. En una de ellas, con el acuerdo de integrar a la Policía Bonaerense en el esquema de coordinación de las fuerzas federales de seguridad, quedaron sentadas las condiciones para el primer operativo conjunto de las cuatro fuerzas represivas que se pondría en marcha una semana después, el miércoles 26 de junio.
"El gobierno nacional, la justicia y las fuerzas de seguridad avanzaron hoy en la definición de las directivas que deberán acatar jueces, fiscales y efectivos uniformados para prevenir y dispersar protestas como los piquetes y otras acciones que interrumpan el tránsito en vías estratégicas, informan fuentes oficiales (...) en los encuentros se debatió cuál será la actitud de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal, y la cobertura a su acción que tendrá la justicia, a través de los jueces y los fiscales federales en las próximas acciones de piqueteros que preocupan al gobierno. Las conclusiones deberán estar acordadas antes del jueves (sic) cuando los grupos piqueteros preparan interrumpir el tránsito en los accesos estratégicos a la Capital Federal, sitiando virtualmente la metrópoli" (Agencia Infosic 18/06/2002).

3. DUHALDE DURANTE LA REPRESIÓN
EN AVELLANEDA EL PLAN REPRESIVO ESTABA EN MARCHA Y EN NUEVA YORK, TAMBIÉN
La actitud del presidente Duhalde y del Secretario de Seguridad Álvarez ante la represión que se desarrollaba en Avellaneda no fue precisamente de sorpresa o alarma. Sabían de antemano lo que sucedería y durante toda la tarde siguieron las imágenes y estuvieron pendientes del modo en que evolucionaban los acontecimientos.
Mientras en el Puente Pueyrredón se desataba una feroz cacería, en Nueva York el ministro de Economía Roberto Lavagna mantenía una serie de reuniones con banqueros norteamericanos buscando alguna señal que le permitiera informarle al Presidente que el acuerdo con el FMI estaba más cerca. Por lo tanto, la atención también estaba puesta en las noticias que estaban por llegar desde la sede del poder económico.

4. DUHALDE DESPUÉS DE LA REPRESIÓN
REUNIONES PRIVADAS ENTRE LOS RESPONSABLES PARA CONFECCIONAR LA TEORÍA DEL COMPLOT: EL PELIGRO SUBVERSIVO
Durante la tarde del 26 Duhalde mantuvo un encuentro reservado con el Jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, el titular de la SIDE Carlos Soria y Juan José Álvarez. Basándose en informes de la SIDE aportados por Soria sobre el accionar de los movimientos, en este encuentro comenzaron a confeccionar el discurso que darían públicamente sobre lo ocurrido en Avellaneda y con el que pretenderían dar sustento a la teoría complot. Ésta se convirtió en la arquitectura argumental sobre la cual intentaron criminalizar la existencia de los movimientos de desocupados para así explicar las muertes y justificar la ofensiva. El gobierno inventó "balas piqueteras" para demostrar la presencia de organizaciones volcadas a la lucha armada. "La policía sólo utilizó postas de goma y fue agredida con palos y armas de fuego", fue una de las primeras declaraciones del comisario inspector Fanchiotti y la versión de los hechos que el gobierno reiteraría constantemente.
La presencia de un "plan de lucha organizado tendiente a amenazar la fórmula de consenso que la mayoría de los argentinos eligieron", la puesta en práctica de una "táctica de lucha urbana con la utilización de bombas molotov y palos con puntas", por mencionar sólo algunos de los dichos oficiales, constituyeron parte de las mentiras y estigmatizaciones de la protesta elaboradas por el gobierno quien reinventaba así un nuevo "enemigo subversivo".
Fue necesario para el gobierno difundir estas declaraciones para luego reconocer que lo que estaba en marcha era un "cambio de estrategia" oficial respecto de las fuerzas de seguridad en las protestas piqueteras y que por eso se había decidido un operativo conjunto de las cuatro fuerzas de seguridad. "Se hará llegar a la justicia los antecedentes que se han reunido", reveló el ministro del Interior Matzkin en referencia a la presentación de la "Causa Complot" pretendiendo justificar la cacería.
DENUNCIA CONTRA PIQUETEROS: 17 DELITOS. VIOLACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. REFUERZO A LA TEORIA DEL COMPLOT
El día 27 el presidente Duhalde, a través de su ministro de Justicia Jorge Vanossi, presentó una denuncia contra los manifestantes por cometer delitos que violaban la "Ley de Defensa de la Democracia": asociación ilícita y banda, intimidación pública, apología del crimen, alteración del orden y del libre ejercicio de las facultades o la deposición de algunos de los poderes públicos, sedición, atribución de derechos del pueblo e impedimento de la ejecución de las leyes y usurpación con clandestinidad, entre otros cargos.
Esta presentación judicial encuadraba en la teoría de que los hechos del 26 reflejaban la existencia de "complot" para derrocar al gobierno de Duhalde y "atentar contra los poderes constituidos de la República".
LAS FOTOGRAFÍAS Y LA MOVILIZACIÓN POPULAR HACEN QUE LAS VERSIONES OFICIALES COMIENCEN A DECLINAR
Durante los días posteriores al 26 miembros del gabinete nacional, legisladores, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá y los mandos de las fuerzas represivas, se dedicaron a mentir sobre los sucedido, protegiendo por un lado a los autores materiales e impidiendo, por otro, el esclarecimiento respecto a los responsables políticos y autores intelectuales de la Masacre. Cuando la reacción popular y la aparición pública de las fotos hicieron insostenible la estrategia del gobierno de cargar las culpas por la represión y las muertes sobre los manifestantes, no les quedó más alternativa que desandar un paso y limitarse a encubrir y enturbiar la investigación sobre los hechos.
La movilización popular del 3 de Julio demostró la fuerza y capacidad de organización existente en el campo popular y puso límites a las versiones del gobierno. Pero lo ocurrido demuestra cómo todos los recursos del Estado fueron manipulados al antojo y en beneficio del poder político de turno.
Existió una planificación general que necesitó amparase en el falso discurso del complot para justificar la represión contra la lucha popular. En Fanchiotti y sus honores recayó la responsabilidad operativa de la masacre; el comisario mayor Vega, un protegido político del presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, le asignó la misión. El subsecretario de Inteligencia y amigo personal del Presidente, Oscar Rodríguez, fue el nexo entre la Casa Rosada y la "maldita policía". El entonces secretario de seguridad Álvarez garantizó el brutal operativo conjunto de las fuerzas de represión interna sobre el cual montar los fusilamientos. Voceros del poder económico, a través de los medios de comunicación, agitaron y justificaron la represión y las muertes. Fue el presidente Duhalde quien encabezó la decisión de llevar a cabo una represión "aleccionadora" para demostrar la fortaleza del gobierno ante su estructura política y los organismos internacionales y asimismo desarticular la lucha social. Esta acción represiva dio como resultado el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y 33 heridos de balas de plomo.

5. JUNIO 2002 / ABRIL 2003: LA REPRESIÓN INDIRECTA COMO RESPUESTA A LA REACCIÓN POPULAR
La represión del 26 marcó un quiebre. Hasta ese momento el gobierno de Duhalde había intentado sembrar el consenso para la legitimación de su 'mano dura'. Pero la respuesta de unidad del campo popular, que conformó un frente antirrepresivo de hecho, lo obligó a adelantar las elecciones y a cambiar de táctica. A partir de allí se agudizó una metodología represiva 'invisible' o de baja intensidad, ejecutada por punteros del PJ, matones a sueldo o patotas policiales, que consistió en secuestros, amenazas y golpes a militantes de organizaciones de base. También se pretendió garantizar el control social con el amedrentamiento de los sectores empobrecidos militarizando las calles y, a partir del fantasma de la inseguridad, con la creación de enemigos potenciales a través de campañas mediáticas de acción psicológica. El objeto de esta violencia institucional 'por abajo' fue frenar el desarrollo interno y territorial de las organizaciones populares y garantizar el orden social imperante en el marco de un clima social de movilización masiva.

Fuente: lafogata.org