"Repudiamos la privatización de las empresas energéticas de nuestros países.
Sostenemos que las empresas privadas son ajenas y contrarias a la prestación
delservicio público de energía. La búsqueda de ganancias las impulsa a ofrecer
un servicio caro, ineficaz y excluyente, a no invertir en el necesario
mantenimiento de instalaciones y equipos, en la capacitación de sus trabajadores
ni en medidas de seguridad e higiene (...)Sostenemos que las empresas de energía
deben ser de carácter público porque garantizan a los países la soberanía sobre
los recursos energéticos." (Declaración Final del Segundo Foro
Latinoamericano de Trabajadores de la Energía, México DF, mayo 2006.)
Pasada más de una década del festival de privatizaciones que primó en los años
’90, la conclusión técnica-económica-social es inapelable: no solo ha sido un
verdadero saqueo y depredación de nuestros recursos naturales y medio ambiente,
así como del capital social acumulado durante generaciones, sino que desde el
punto de vista de los servicios y prestaciones a brindar ha concluido en un
absoluto fracaso.
Ferrocarriles, Aguas, Correos, Aerolíneas… son ejemplos más que emblemáticos de
este saqueo y fracaso, sin embargo por dos aspectos confluentes son los
hidrocarburos los que están en el centro del debate por estos días.
Por un lado la nacionalización de sus reservas petroleras y la reformulación de
los contratos decidida por el Gobierno de Bolivia el pasado 1º de mayo,
que dio nuevo impulso al ritmo de los cambios que se prefiguran en esta región
de nuestra América latina, ha impactado fuertemente en el país.
Es que Argentina, que fuera pionera en crear una empresa estatal que tuviera el
control de todas las etapas de la actividad hidrocarburífera, ha quedado ahora
como unico país en el mundo que mantiene totalmente privatizada la explotación
de los hidrocarburos –producción, transporte, distribución- siendo además uno de
los países que menor porcentaje se apropia de la renta petrolera. (1)
Por otro lado la anunciada inminencia de una crisis energética en nuestro país.
Resultado de la explosiva combinación de incremento de la demanda energética que
acompaña al ciclo expansivo de la economía y caída en la extracción de petróleo
y estancamiento en la de gas.
No es ajeno a esta situación el incumplimiento contractual de las empresas
petroleras que no realizaron las inversiones necesarias en exploración y
perforación de nuevos pozos para mantener y ampliar nuestras reservas
hidrocarburíferas.
Por el contrario las reservas comprobadas de petróleo y gas han caído en
porcentajes del orden del 50 y 40 % respectivamente (2). Todo esto en el
contexto de un mercado petrolero mundial cada vez más complejo y militarizado.
(3)
Es claro que mirado desde el balance energético global del país es necesario
agregar la falta de decisión política para ampliar la represa hidroeléctrica de
Yaciretá; el retraso en la adjudicación de las licitaciones de las dos centrales
térmicas previstas o la más que demorada finalización de las obras de la central
atómica Atucha II, así como la ausencia de obras para ampliar la capacidad de
transporte de gas.
Todo funciona pero no hay capacidad de respuesta para superar emergencias.
Depende de que no haya sequía y que Yaciretá tenga agua; que Atucha funcione más
o menos bien; que no tengamos condiciones climáticas extremas en verano; que no
se caiga ninguna torre…
La conclusión es obvia, ha sido señalada por diversos organismos especializados
y está en todos los periódicos: la oferta energética no acompaña a la demanda,
ergo: el sistema eléctrico funciona al límite de su capacidad y ha perdido el
margen técnico del 20% de reserva necesario para afrontar cualquier eventualidad
(5).
Para completar el cuadro el gobierno continúa con la más que decabellada
política de exportar hidrocarburos, con el agravante que las empresas petroleras
están autorizadas a ingresar al país solo el 30% de las divisas generadas por
esas exportaciones.
De continuar el actual modelo energético, basado en la desregulación,
dejando la iniciativa en manos de las grandes corporaciones petroleras, más la
ausencia de planificación estatal, en menos de una década el país se deberá
importar combustibles, pero ya no para atender emergencias, como sucedió en el
2005 y como es posible prever para el año en curso (4), sino como una política
permanente.
Nuestro país, que durante décadas se autoabasteció de estos recursos
estratégicos, habrá perdido definitivamente su soberanía energética.
Acuerdos y controversias
La señalada combinación de un nuevo contexto internacional en la región, donde
petróleo y gas están jugando un papel decisivo por estos días, y las
dificultades para mantener el autoabastecimiento, han hecho aflorar y extenderse
por todo el país las preocupaciones en este campo, cuyas implicancias van mucho
más allá de la actividad específica.
Un conjunto de agrupaciones sociales y políticas así como intelectuales y
personalidades de la cultura (6) comienzan a manifestar su interés y a enunciar
sus propuestas, que en general se orientan por definir un Un nuevo proyecto
energético, diferente al modelo actualmente en vigencia, que responda a las
necesidades reales del país sin desvincularse, por el contrario integrándose, al
nuevo contexto latinoamericano.
Por supuesto que hay distintas vertientes ideológicas y por lo tanto las
propuestas no necesariamente quieren decir lo mismo.
Por ejemplo ¿cual es el alcance y contenidos de la nacionalización de los
hidrocarburos para cada uno de estos agrupamientos? ¿qué hacer con ENARSA:
liquidarla o transformarla en sociedad del Estado? ¿qué con los contratos
firmados por ella para la exploración de nuestra plataforma submarina?
¿Que hacer con Repsol-YPF: anular la privatización, o hacer valer "la Acción de
Oro" recuperando el Estado poder de decisión en la principal compañía
petrolera del país? ¿las concesiones petroleras y gasíferas adjudicadas a
distintas empresas deben anularse o renegociarse los contratos? ¿hay que
reconstruir la vieja empresa petrolera nacional, o formular un modelo
político-jurídico-organizacional que funcione en la orbita estatal pero bajo
formas de dominio público, con criterios democráticos de control y gestión por
parte de sus técnicos, trabajadores y consumidores y participación comunitaria
en las esferas regionales?
Estas son solo algunas de las cuestiones a resolver en el marco de
preocupaciones e intereses comunes que tal vez, dada la envergadura de los
intereses en juego y la importancia para el futuro de la Nación, puedan superar
la fragmentación existente.
De hecho que un número más que importante de organizaciones sociales y políticas
y personalidades hayan encontrado las necesarias coincidencias para realizar un
acto unitario este 20 de junio bajo el lema "Petróleo y Gas – ¡Nacionalización
Ya!" es un dato más que alentador y prometedor.
Hay en que apoyarse: muchas de las acciones privatizadoras tienen vicios
jurídicos importantes que hacen factible su impugnación. Por ejemplo:
La Ley 23.696/90 que transformó a YPF en Sociedad Anónima y vulneró las leyes
sancionadas a mediados de los ’60 que establecían el dominio nacional y la
gestión estatal de los hidrocarburos.
Los criterios de valuación de YPF que no acudieron a la tasación de organismos
oficiales como exige la legislación vigente y se basaron en la tasación de
instituciones extranjeras (6); la extensión de las concesiones otorgadas hasta
con más de 15 años de anticipación a su vencimiento original (caso Loma de la
Lata y otras). La concentración en pocas compañías de estas concesiones,
desconociendo los límites que fija para ello la legislación vigente.
La subdivisión del dominio jurisdiccional del subsuelo asignándoselo a las
provincias, cuando esto debiera haber sido realizado una vez sancionada la nueva
Ley de hidrocarburos tal cual lo estipula la Ley de Privatización de YPF, cuyo
plazo de 5 años esta vencido.
La venta dolosa a Repsol de las acciones de YPF correspondientes a los
trabajadores (causa penal 8568/99).
En suma que hay razones políticas, económicas, jurídicas y sociales que hacen al
interés de la Nación para nacionalizar nuestros recursos energéticos, para
constituir una Empresa nacional integrada y recuperar la renta petrolera, para
anular las concesiones y establecer una auditoría que determine el nivel real de
reservas hidrocarburíferas del país, para sancionar los ilícitos y sus
responsables.
Son solo algunas medidas, insuficientes pero las primeras para avanzar en la
recuperación del dominio soberano sobre nuestros recursos naturales y poder
planificar un proyecto energético de mediano y largo plazo, que deberá plasmarse
en un necesario Proyecto de Ley, que responda las reales necesidades del país,
que no son otras que las necesidades del conjunto de las clases populares, en el
marco de una autentica integración latinoamericana.
Buenos Aires, junio 20 de 2006
* Integrante de EDI-Economistas de Izquierda, miembro del Comité Editor de la
Revista Cuadernos del Sur, integra la Autoconvocatoria por la nacionalización
del petróleo, el gas y los recursos energéticos.
Notas
(1) En Argentina el Estado se apropia de solo el 36% de la renta petrolera (12%
de regalías a las provincias –que se calcula según declaraciones de las empresas
petroleras- más las retenciones a las exportaciones), mientras que Venezuela lo
hace del 87%; Ecuador del 50% y ahora Bolivia del 82% en los grandes pozos y del
50% en los menores.
Por otra parte países tan diferentes como Kuwait y Arabia Saudita, o Libia y
Nigeria, o Venezuela, Brasil y México mantienen empresas estatales, aun cuando
algunas contemplen la incorporación de capitales privados. ( ver el informe de
Pablo Vasco en Alternativa Socialista nº 429).
(2) Ver Informes del Grupo MORENO, artículos de Marcelo García del NPEL en
ANUARIO EDI publicación de los Economistas de Izquierda, Nº 1 y 2, abril 2005 y
2006. También informes de la consultora MS –Overwiev nº 741 y 752.
(3) ver suplemento Economía & Negocios del diario La Nación del 14.06.06
(4) En el horizonte cercano una nueva y costosa importación de combustibles para
suplir la carencia de gas está planteada. ( ver Clarín del 11.06.06),
(5) En el 2005 se importaron 1,2 millones de ton. de fuel oil y 200.000 ton. de
gasoil, para este año se estima incrementar estas importaciones en un 20%. ( ver
Clarín del 4.06.06).
(6)Al grupo "MORENO", que lleva años batallando por la recuperación del papel
del Estado en el campo energético; a "Oro Negro"; a la Co.Ce.Pa; a los llamados
muchas veces en soledad de trabajadores y técnicos petroleros, ex ypefianos de
las áreas privatizadas como Tartagal y Mosconi, y de colectivos en actividad
como los de Caleta Olivia, o la "Federación de Trabajadores de la Energía"
(FETERA adherida a la CTA) comienzan a sumarse otros agrupamientos de
conformación mas reciente, como el "Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano" (NPEL)
nacido en Comodoro Rivadavia y con contactos en diversas zonas del país y de
Latinoamérica que ha impulsado la "Multisectorial por el Petróleo" en el sur; el
"Grupo Petróleo" o la "Autoconvocatoria por la Nacionalización del Petróleo, el
Gas y todos los Recursos Energéticos", integrado por un conjunto de
organizaciones sociales y políticas y personalidades de diversa procedencia.
(7) Las acciones de YPF fueron vendidas a 19 dólares según la tasación de Merryl
Linch y el First Nacional Bank of Boston, cuando el precio real, según todos los
estudios locales, era de 36 dólares.
