Argentina: La lucha continúa

Siempre igual a sí mismo, Néstor Kirchner dio otra vuelta de tuerca a su política de "monumentalización" de los derechos humanos. Después de sus cruces verbales con militares retirados cómplices del terrorismo de Estado, después de la conversión en feriado del 24 de marzo y del intento de copamiento de la movilización popular, ahora impulsa la construcción de un monumento de homenaje a las víctimas del bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, prolegómeno inmediato de la revolución fusiladora de tres meses más tarde. La "monumentalización" no alcanza, claro, para reinstalar los derechos de quienes están sometidos a la miseria y la exclusión, para los reprimidos y procesados por luchar o para quienes exigen justicia plena por los crímenes cometidos por fuerzas del Estado en los últimos años.

El jueves pasado, en la Casa Rosada, Kirchner recibió a Liliana Bacalja, hija de uno de los muertos por el bombardeo de los aviadores navales que intentaban terminar con la vida y el gobierno de Perón, quien le mostró el proyecto de monumento de la artista plástica Nora Patrich. Junto con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, Kirchner se comprometió a impulsar la realización del monumento sobre el costado de la Plaza de Mayo que da a la calle Hipólito Irigoyen, allí donde el bombardeo resultó más feroz.

Nadie puede cuestionar seriamente la justicia de un homenaje a las 372 víctimas fatales registradas de ese ataque asesino. El problema es que el anuncio sucedió en muy pocos días las crecientes versiones según las cuales el ministerio del Interior habría decidido impedir este 26 de junio el corte del Puente Pueyrredón cuando se cumplan cuatro años de la Masacre de Avellaneda en la que el diseño represivo del gobierno de Eduardo Alberto Duhalde asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Sería el primer año en el que se impida a los familiares, organizaciones sociales y miles de trabajadores desocupados, ocupados y estudiantes recordar a Darío y a Maxi y exigir justicia.

Y mientras el presidente habla de otro monumento, los detenidos en Las Heras siguen en las mismas condiciones, los más de 5 mil procesados por protagonizar distintas expresiones de la protesta social tienen todavía sobre su cabeza la amenaza de la cárcel y la Justicia continúa haciendo la vista gorda sobre cientos de casos de gatillo fácil policial.

Ni hablar de la continuidad de una política económica que mantiene a cerca de la mitad de la población bajo el nivel de pobreza, que pone un corset a los aumentos salariales y que pacta el cajoneo incluso de las más tibias reformas a las leyes laborales precarizadoras para mantener las superganancias de los grandes grupos empresarios.

Con una buena cuota de cinismo, habrá quienes digan que con esta política de derechos humanos a Kirchner le va bien. Pero la memoria popular es bastante más que el recurso de encerrarla en hitos monumentales para fortalecer proyectos electorales. 

Fuente: lafogata.org