En estos momentos la situación de los hospitales públicos dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en situación de colapso, provocado sobre todo por la conjunción del aumento de demanda por parte de la población y la falta de recursos humanos, insumos y equipamientos.

Aumento de la demanda

A partir de la crisis de los años 2001 y 2002, se registró un importante aumento en la demanda de atención hospitalaria puesto que gran parte de la población, por efectos de la desocupación, se vio privada de obra social, mientras que grandes sectores ya no pudieron pagar su prepaga. En consecuencia, desde entonces se atienden en el hospital público aproximadamente 1 millón de consultas por año.

Desde mediados de los años '90 los diversos gobiernos tuvieron como política el achicamiento del sistema público de salud, reduciendo la planta permanente y tercerizando servicios tales como lavandería, limpieza, seguridad, cocina, diagnóstico por imagen, etc. Actualmente, en la misma dirección, se están derivando pacientes psiquiátricos a clínicas privadas.

Falta de recursos

Desde los '90, el hospital público y demás establecimientos del sistema público de salud vienen sufriendo un progresivo desmantelamiento, que se manifiesta en distintas áreas.

Por un lado, el desmantelamiento edilicio, donde los arreglos que se efectúan no alcanzan a cubrir el desgaste en edificios en muchos casos vetustos y obsoletos (Hospitales Borda, Moyano, Muñiz, Tobar García, Casa Cuna, la caída de la cielítica en el quirófano del hospital Álvarez; ausencia de dispositivos de salud mental como "casas de medio camino" para la externación de los pacientes; etc.).

En cuanto a los insumos, periódicamente los hospitales se encuentran con déficit de medicamentos para pacientes ambulatorios.

Con respecto a equipamiento, la aparatología de los hospitales públicos es en general insuficiente, y mucha de la que existe obsoleta, lo que produce importantes demoras en la realización de los estudios.

Recursos humanos

En los últimos días hemos comprobado que los medios masivos se hicieron eco de los reclamos efectuados por los trabajadores de la salud de la ciudad acerca de las dificultades que encuentran para atender adecuadamente la demanda de los pacientes. Es así como tomó estado público que en la Casa Cuna, por ejemplo, hay sólo una enfermera para veinticinco pacientes, cuando cabe recordar que las convenciones internacionales indican que no debe haber más de seis enfermos por cada enfermera; que el fin de semana última se cerraron en el hospital Santojanni más de setenta camas por falta de personal; en el hospital Piñero hay dos salas cerradas desde hace más de dos años; en los hospitales neuropsiquiátricos la mayor parte de los pabellones está inutilizado; y hay demora quirúrgica programada en todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, en algunos casos de hasta dos y tres años, debida fundamentalmente a la falta de personal (enfermeras y anestesiólogos principalmente).

Hace años que no hay nombramientos de personal para los hospitales, ni aun para cubrir los cargos vacantes por jubilaciones, fallecimientos, renuncias, etcétera, de modo que ni siquiera se mantiene la cantidad de personal que existía hace veinte años, con menor población y menos demanda de atención hospitalaria. También es cada vez menor el número de camas.

Al no existir nombramientos, muchas veces los puestos se cubren con jefaturas a cargo, guardias fraccionadas en cinco días o la buena voluntad de los profesionales comprometidos con la demanda.

Para tratar de cubrir parcialmente el déficit de personal, en vez de realizar concursos y nombramientos, el Gobierno de la ciudad optó por cubrir algunos cargos con beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, quienes por sólo $150 mensuales realizan tareas equivalentes al personal de planta.

Asimismo, el hospital público está sostenido por un significativo número de técnicos y de profesionales que no reciben ningún tipo de retribución. A modo de ejemplo, el grupo de trabajo del Servicio de Salud Mental del Hospital Álvarez, que atiende a más de 600 víctimas de Cromañón, cuenta con diez profesionales, de los cuales sólo uno está nombrado, y por lo tanto rentado, mientras que el resto trabaja ad honorem, a la espera de su correspondiente nombramiento.

En el mismo sentido, el área de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 1800 profesionales rentados y 1400 que se desempeñan ad honorem, muchos de los cuales llevan hasta doce años en esta situación.

En lo que respecta a los anestesiólogos, el déficit es muy importante, dado que estos profesionales prefieren trabajar en el sector privado, donde las retribuciones superan a los magros salarios que, como todos los trabajadores de la salud, perciben en el sector público. La situación es tan alarmante que, de producirse hoy en la ciudad una emergencia a nivel quirúrgico, no podría cubrirse por no contar el plantel sanitario con suficientes anestesiólogos. Se dan incluso casos en los que las guardias no disponen de estos profesionales, por lo cual deben trasladarse pacientes, o anestesiólogos, de un hospital a otro, para poder realizar una intervención quirúrgica.

Asimismo, son de dominio público las grandes demoras en la atención en consultorios externos: los casos emblemáticos son los de salud mental, donde esas demoras llegan hasta los tres meses para solicitar un turno.

Algunas propuestas

Para empezar a solucionar este complejo estado de cosas, los trabajadores de los hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclaman:

· Efectivizar los nombramientos ya efectuados (algunos están demorados desde hace cinco años).

· Realizar todos los nombramientos necesarios para cubrir la demanda de enfermería y paramédicos, técnicos, administrativos, médicos, profesionales, y otros trabajadores de la salud.

· Producir el inmediato pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados: contratados, jefas y jefes de hogar, concurrentes, pasantes, becarios, contratos de empleo público, y otros.

· Otorgar un aumento salarial inicial equivalente a la canasta familiar.

· Terminar con los pagos en negro.

· Establecer el 82% móvil en las jubilaciones de todos los trabajadores.

· Terminar con la política de tercerización en el hospital público.

· Cumplir efectivamente con la Ley Básica de Salud (Nº 153) y la Ley de Salud Mental (Nº 448).

La tan proclamada defensa del hospital público y gratuito no puede realizarse si no se cuenta para ello con su recurso más importante, que es el recurso humano. A lo largo de estos últimos años, la salud de los habitantes de la ciudad sólo ha podido sostenerse gracias al esfuerzo, dedicación y empeño de los trabajadores del sector. El reconocimiento y la jerarquización de éstos, a través de salarios y condiciones laborales dignas, se traducirá sin duda en una salud pública mejor y más inclusiva.