En una nueva conmemoración del 25 de Mayo, el gobierno apostó todas sus fichas a una demostración de fuerza en la cual comprometió al aparato del partido justicialista, junto a sindicalistas de la CGT y organizaciones sociales oficialistas. La misma intención de disputarle las calles a las organizaciones sociales y de la izquierda se expresó ayer en un exagerado despliegue de gendarmes frente a la estación Avellaneda, rebautizada Darío y Maxi en un nuevo acto en reclamo de justicia para los responsables políticos de la masacre del 26 de junio de 2002.

El 25 fue una vidriera de la composición de los sectores que apoyan al gobierno. Sindicatos de la CGT, intendentes del conurbano bonaerense, gobernadores y ex-piqueteros devenidos oficialistas garantizaron el grueso de la concurrencia a Plaza de Mayo. A pesar de los artistas de gran popularidad, el acto no contó con la asistencia espontánea que cabría esperar.

Durante la semana previa desde Balcarce 50 se venían manejando algunas cifras. Los Fernández, habían anticipado una concurrencia de más de cien mil personas. Los intendentes peronistas del conurbano bonaerense habían garantizado a fuerza de transporte automotor y viandas, cinco mil personas cada uno. A esto se sumaba la asegurada confluencia de las columnas de la CGT burocracia sindical. En cambio, la convocatoria real, mucho más modesta, probablemente le resulte insuficiente para asegurarse el control de las calles que tanto parece desvelarlo. Por su parte, los medios reprodujeron la versión oficial o la acotaron con cautela.

Sólo un día después, el 26 de mayo, una abrumadora presencia represiva en Avellaneda recibió a los manifestantes que se convocaron para reclamar justicia por Darío y Maxi y castigo para todos los responsables políticos de la masacre de junio de 2002. La desmedida presencia de gendarmes pertrechados al máximo y acompañados de hidrantes, es un claro mensaje hacia aquellos que no se enmarcan en el consenso del que hace gala Kirchner.

A pesar de las repetidas menciones por parte del gobierno al genocidio militar de la década del '70 y su acercamiento a algunas organizaciones de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, no parece demostrar voluntad alguna de garantizar los mismos con respecto a sucesos más recientes como la brutal represión de diciembre de 2001 y la masacre de Avellaneda o los hechos -acaecidos bajo su mandato- de Legislatura, Haedo y Las Heras.

El próximo 26 de junio se cumplen cuatro años del operativo ordenado por el presidente Eduardo Duhalde y se realizará una multitudinaria movilización piquetera, jornadas culturales y el corte del Puente Pueyrredón. Los piqueteros exigen justicia para Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados cuando una fuerza conjunta de prefectura, gendarmería y policía provincial y federal reprimió salvajemente la manifestación social. La falta de trabajo y las miserias del asistencialismo gubernamental que reparte insultantes planes de 150 pesos, causas por las que se protestaba entonces, son las mismas que empujan a las calles también hoy a los trabajadores desocupados.