Tucumán: Tras años de olvido, la Constitución contemplará los derechos de 21 mil indígenas

Primera Fuente

Fue una reivindicación histórica que no podía esperar más tiempo. Los derechos de los habitantes originarios de la provincia tendrán rango constitucional y fue, dentro de tantas reformas tendientes a la concentración del poder por parte de las autoridades de turno, de lo más rescatable que dejó el proceso reformista.

Así, por unanimidad, los convencionales sancionaron la inclusión en la nueva Carta Magna de la Sección XI, Capítulo Derecho de Comunidades Aborígenes. A través del artículo 136 se garantizaron los derechos de los pueblos autóctonos de la siguiente manera: "La Provincia reconoce la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad, las instituciones, y garantiza la educación bilingüe e intercultural y el desarrollo económico, político, cultural y social de los pueblos indígenas que habitan en el territorio provincial teniendo en cuenta la especial importancia que para estos pueblos reviste la relación con su Pachamama".

La Carta Magna también reconoció la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, reguló la entrega de otros latifundios que sean aptos y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas podrá ser enajenable, transmisible ni receptible de gravámenes ni embargos. Así mismo, se dictarán leyes para cumplimiento de estos artículos. Todo esto fue aclamado por un grupo de representantes de comunidades indígenas que estuvieron presentes en el recinto.

Se calcula que en Tucumán son más de 21 mil las personas que integran el pueblo de habitantes originarios. Ellos forman parte de dos pueblos los Lules y Diaguitas con 5 y 14 comunidades diferentes cada uno.

"Esto que se consiguió es un logro ya que Tucumán se convertirá en un estado pluricultural. Hace dos años que venimos trabajando para conseguir esto. Sin embargo nos hubiese gustado que se contemple la medicina tradicional de estas comunidades y que se avance en mecanismos judiciales que garanticen una acción directa para el cumplimiento de estos derechos", expresó Darío Abdala, de la agrupación Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

Junto a este proyecto surgido de la comisión de políticas Especiales, presidido por Silvia Rojkes de Temkin, salieron otros dos dictámenes, también sancionados, que estipulan el rango constitucional a los derechos de los consumidores y usuarios y las enfades que los agrupan y lineamientos en torno a la figura de la intervención federal.

En la sesión, en la que estuvieron ausentes los representantes del Polo Obrero, la UCR y el ASI, se otorgó jerarquía constitucional al Tribunal de Cuentas y a la Defensoría del Pueblo. Se resolvió que los actuales vocales del Tribunal de Cuentas gocen de inamovilidad y de las prerrogativas, remuneraciones e incompatibilidades de los miembros de la Corte Suprema. Serán inamovibles y permanecerán en sus cargos mientras dura su buena conducta. Estos funcionarios serán designados por el PE con acuerdo de la Legislatura por mayoría absoluta y removidos por juicio político.

En tanto, se aprobó que para ser designado Defensor del Pueblo se debe reunir las mismas condiciones que para ser elegido legislador. El ombudsman gozará de iguales inmunidades y prerrogativas que los parlamentarios. Su mandato será de 5 años y podrá ser designado en forma consecutiva por otro período más. Sólo será removido mediante un juicio político.

Por otra parte, la totalidad de los convencionales aprobó la aplicación de la enmienda constitucional como mecanismo para modificar la Carta Magna. La enmienda no tendrá límites temáticos, como se preveía en un primer momento, y tras su sanción deberá ser avalada a partir de un referéndum. Se sancionó también que la nueva Constitución no podrá ser modificada tras dos años a partir de su sanción definitiva.