Argentina: La lucha continúa

Leonardo Venini
APM

Todo parece indicar que los ganadores serían otra vez los capitales privados y que el Estado y la sociedad seguirán esperando. Sin embargo, en la región aparecieron modelos alternativos.
Luego de las repercusiones políticas y económicas que trajo y que traerá la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia, las especulaciones y desmentidas sobre una supuesta re-nacionalización de la petrolera más importante del país (Repsol-YPF) se venden como pan caliente.
La semana pasada, la prensa nacional hizo públicas las declaraciones del presidente de la española Repsol-YPF Antonio Brufau, quien manifestó la decisión de la compañía de vender parte del capital de la corporación (se habla de una cantidad que ronda el 20 por ciento del paquete accionario). Fue justo un día después de que el gobierno desmintiera la versión no confirmada sobre su intención de re-estatizar la empresa.
El rumor corrió rápido en el ambiente bursátil lo que provocó una leve caída en la cotización de las acciones de la petrolera. No obstante, persisten murmullos acerca de las intenciones del presidente Néstor Kirchner de asociar el Estado con el consorcio petrolero y de hacer esos anuncios durante el acto que el gobierno tiene previsto realizar el próximo 25 de mayo, en conmemoración de la fecha patria de los argentinos.
En fuentes allegadas al gobierno se dice que esa inversión estaría condicionada a una pronta recuperación de las reservas federales luego de la cancelación de la deuda pública con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la actualidad, el Estado argentino posee 1.000 acciones (representan el 0,000254 por ciento del total), la firma española Repsol controla el 99,4 por ciento, mientras que el 0,959746 restante está distribuido en pequeños inversores privados. Pese a la evidente imposibilidad del Estado de tener peso en las decisiones de la asamblea de accionistas, el director de la compañía Ernesto Dardis, se encarga de animar el debate.
En una de las editoriales del último número del semanario económico "Fortuna", el directivo intentó ahuyentar fantasmas ante el eventual ingreso de nuevos consorcios extranjeros en la empresa, refiriéndose a rumores de que las petroleras British Petroleum, Chevreon y ENI querían desembarcar en Repsol-YPF.
Conmovido porque el Estado podría ejercer control sobre estos movimientos accionarios de procedencia extranjera (misma cualidad que comparte la actual firma dueña de casi la totalidad de las acciones), Dardis dijo "mientras el Estado argentino conserve al menos una acción Clase A de YPF (Repsol-YPF) se requiere de su voto afirmativo para fusionar YPF con otra u otras sociedades", según dispone la legislación argentina (Ley 24.474). Sin embargo, la confusión se da en dos planos, el legal y el político, ambos relacionados.
La nota da a entender que el Estado nacional posee un instrumento parecido a la llamada "Acción de oro", la cuál permite a los Estados que la poseen ejercer cierta potestad de participar en las decisiones centrales de las empresas privatizadas.
Lo seguro es que los argentinos carecen de una herramienta semejante. Es decir, nos falta eso mismo que el presidente boliviano Evo Morales ha recuperado: el control del comercio de sus recursos energéticos.
Una cosa es poder de veto sobre una fusión societaria y otra muy distinta es gozar de la "acción de oro" y con ello tener control sobre a quiénes se les vende el petróleo y a qué precios.
Argentina registra un crecimiento económico de aproximadamente el 8 por ciento anual, lo que implica un aumento creciente de de energía, tanto para el sector agroexportador (el más importante en cuánto a volumen comercial) como para el incipiente despertar industrial.
Ante ese escenario, este país no cuenta con herramientas políticas a la vista como para garantizar las previsibles necesidades de abastecimiento en el mercado interno, mientras que los pronósticos sobre el agotamiento de reservas es alarmante.
A menos, claro, que Argentina no se resigne (como hasta ahora) a utilizar sus recursos energéticos como si fuesen un "commodittie" más (como la soja, producción de monocultivo que al decir de técnicos especializados provoca severas consecuencias en el medio ambiente).
Claro que las multinacionales sí lo harán, ya que su objetivo es tener máximas ganancias en el contexto favorable de precios internacionales record, que rondan los76 dólares por barril de crudo.
Durante la reunión del viernes pasado entre el Kirchner y el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el sudamericano le pidió que ejerza su influencia para Repsol invierta en la exploración de nuevos pozos petroleros en Argentina. Lo que llama la atención es que un presidente apele al gobierno de otro país para que éste ayuda a cumplir con las leyes del primero (Ley de Hidrocarburos de Argentina).
En opinión del periodista argentino Raúl Dellatorre (publicada el pasado domingo 7 de mayo en el diario Pagina12 y citando a Gustavo Calleja, miembro del Grupo Moreno (movimiento por la recuperación de los recursos naturales), algunos de los instrumentos legales más importantes con que cuenta el Estado para regular la actividad petrolera serían la fijación de precios en todas las etapas (de extracción y procesamiento), en virtud de la Ley de Abastecimiento; revertir las concesiones de explotación que no se ajusten estrictamente a lo señalado en la Ley de Hidrocarburos (la 17319) y suspender las exportaciones de gas y petróleo. Agreguemos a esta lista, que los contratos establecen niveles de inversiones en exploración que no han sido cumplidos por Repsol-YPF.
El gobierno no aclara que una nacionalización de los hidrocarburos declarada por las autoridades federales sería inconstitucional, ya que luego de la reforma de la Carta Magna en 1994, los recursos naturales pasaron a dominio de las provincias.
Hasta ahora, las propuestas gubernamental parecen apuntar más al fortalecimiento de los capitales privados que a la recuperación de ingerencia por parte del Estado. Asimismo, suena a indulgente con la empresa en materia impositiva. El Congreso tratará esta semana un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que ofrece exenciones del Impuesto a las Ganancias para promocionar la exploración de nuevos pozos. La prebenda llama la atención, teniendo en cuenta que Repsol-YPF es el principal contribuyente al fisco en el rubro con un 12 por ciento del total.
En cambio si lo que se quiere es participar de la renta petrolera la solución es simple: un aumento en las retenciones a la exportación haría más justo el reparto. La actual renta extraordinaria -la diferencia entre el volumen de utilidades "normal" (que contemple el retorno de inversiones y los costos locales) y las ingresos siderales -producto de la coyuntura del precio internacional del crudo-, no debe seguir siendo entregada a los capitales privados.
Más provechoso sería que la renta extraordinaria financie el desarrollo y el bienestar de quienes son dueños de los hidrocarburos: los habitantes del la Nación. En ese sentido, se podría seguir el ejemplo de Venezuela y Bolivia (a partir de la nacionalización), quienes distribuyen la renta petrolera en un 82 y un 87 por ciento para el Estado respectivamente. Actualmente, el Estado argentino sólo retiene el 38 por ciento. Este sería un escenario de utilidades normales para las transnacionales, cercano a los parámetros de beneficios que se logran en el mundo desarrollado.
El autor de esta nota es alumno del Seminario "Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos" que actualmente dicta la Agencia Periodística del MERCOSUR (APM) en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP  

Fuente: lafogata.org