Caso AMIA ¡No a la prescripción!

Entrevista a Laura Ginsberg
Lo que somos

Dirigente de Apemia, Laura Ginsberg, es entrevistada por la revista "Propuesta", se refiere al estado de la causa y sus consecuencias para la política argentina y para el movimiento popular.
Asimismo, hace un llamado a debatir este tema y superar el bloqueo informativo que mantiene oculto el hecho de la próxima prescripción y archivo de la causa AMIA .
El gobierno Kirchner, que reconoció ante organismos internacionales que el "encubridor agravado" de este atentado criminal es el mismo Estado nacional, oculta su intención de hacer prescribir la causa en nombre de "la legalidad y del derecho", para dar un duro golpe a los que luchamos contra la impunidad. Para ello cuenta con la complicidad de otros Estados, de los grandes medios de comunicación, de las direcciones de la colectividad judía y algunos organismos de derechos humanos.
La entrevista es parte de la campaña unitaria que ponemos en marcha desde APEMIA junto a organizaciones políticas, estudiantiles, sociales y de derechos humanos, con la consigna "NO A LA PRESCRIPCIÓN", para que no quede impune el mayor crimen político que hemos sufrido los argentinos desde el retorno de la democracia.
Lo invitamos a impulsar esta campaña, difundir entre sus amigos el texto adjunto (la entrevista) y sumarse al debate.
Cordialmente. APEMIA
Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA

"LA LUCHA CONTRA LA PRESCRIPCIÓN DE LA CAUSA AMIA ES CLAVE PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD"

- ¿Cómo se llega a la situación actual con la amenaza de que en julio de este año prescriba la causa?
Se llega después de 12 años de impunidad en la masacre de nuestros familiares en la AMIA; impunidad que se fue construyendo desde el mismo día del atentado. Pocas horas después de la explosión, Carlos Ruckauf, por entonces Ministro del Interior, hacía declaraciones en Estados Unidos después de haber mantenido reuniones con el FBI, afirmando que la AMIA había sido volada por una camioneta Traffic y que la responsabilidad era de Irán. Fue el antecedente de la "semiplena prueba iraní" que 24 hs. después sostenía Menem. La directiva venía directamente del FBI. Si a ésto le agregamos el hecho que el Estado argentino sabía que el ataque iba a ocurrir pues había tenido advertencias previas del espía brasileño Wilson Dos Santos y de otros países como, por ejemplo, Chile, y no hizo nada para evitarlo, se puede empezar a comprender el por qué de 12 años de encubrimiento, sin ningún culpable, y con una causa al borde de la prescripción.
Desde APEMIA pensamos que el Estado argentino está implicado, no sólo en el "encubrimiento agravado" del que participaron los tres poderes del Estado –y del que se hicieron responsables ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un año-, sino también en el acto criminal mismo.
El Poder Ejecutivo, puso sus fuerzas de seguridad e inteligencia al servicio de la comisión y del posterior encubrimiento del ataque, mientras acusó alternativamente a Irán y/o Siria, incluso hasta hoy en día, sin tener una sola prueba en su contra. Sigue siendo el encargado de articular y perpetrar el encubrimiento, que hoy se refleja en el ocultamiento tanto de los archivos secretos como de la prescripción misma. Por eso decimos que el ataque a la AMIA es un crimen de terrorismo de Estado perpetrado bajo un régimen constitucional.
El Poder Legislativo colaboró con la participación de diputados y senadores en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los atentados, con el único fin de preservar al ex juez Galeano en todas las irregularidades y delitos que cometió.
Entretanto, el Poder Judicial cumplió y continúa cumpliendo con las instrucciones del Ejecutivo. Negoció platas con los imputados, ocultó y destruyó pruebas, las hizo aparecer y volver a "desaparecer", amenazó testigos, limitó las declaraciones de los espías de la SIDE para (explícitamente) no inculpar a servicios secretos extranjeros a lo largo de un juicio oral fraudulento, entre otras cosas. Es más: el mismo fiscal del juicio oral, que también había acompañado a Galeano durante la instrucción, es hoy el titular de la Fiscalía Especial AMIA, Alberto Nisman. Trabaja para imponer la responsabilidad iraní en el ataque. Lo hace a pedido de Kirchner, la DAIA/AMIA y el Comité Judío Americano.
El resultado que explica esta interacción macabra está a la vista: no hay un solo procesado o condenado por la voladura de la AMIA.
Facilitaron la libertad de Telleldín y la exculpación de la maldita policía. Y después de reconocerse como "encubridor agravado", no hay un solo funcionario de Estado responsable por tamaño encubrimiento, ni procesado ni preso.
En estas condiciones se llega a los 12 años, plazo en el cual prescriben las denominadas "causas complejas". Y de manera deliberada, el gobierno de Kirchner, la dirección judía local, algunos organismos de derechos humanos y los medios de comunicación masivos hacen un silencio brutal para ocultar la prescripción que se viene. Es la coronación de la "vergüenza nacional" que Kirchner, hace 3 años, prometió combatir.

- ¿Cuál es la actitud de la DAIA y la AMIA? Y qué plantea APEMIA?

Nada de todo ésto hubiera sido posible sin el apoyo internacional de otros Estados, como Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, y sin la complicidad nacional de la dirección judía local de DAIA/AMIA
Las políticas de las direcciones de DAIA/AMIA y de la Embajada de Israel siempre han acompañado las políticas oficiales, buscando orientarlas en una proyección internacional "antiterrorista" que salvara la participación del Estado nacional en este crimen. Vale decir que son, al menos, co-responsables en el encubrimiento del papel del Estado argentino en el ataque. Su papel no fue menor: negaron que el Estado fuera la conexión local del atentado y facilitaron las maniobras de los tres poderes con Telleldín. O sea, militaron en contra de los reclamos de los familiares. Ahora siguen agitando contra el régimen iraní, esta vez de la mano de Cristina Kirchner.
Después de 12 años de fracasos sistemáticos de aquellos que debían esclarecer el atentado… Kirchner promueve la prescripción de la causa AMIA y estas organizaciones mantienen la boca cerrada. Es la coronación de la impunidad como política de Estado… Y después nos hablan de "vergüenza nacional".
Desde APEMIA nos ocupamos en lanzar una campaña unitaria con las organizaciones políticas, estudiantiles y sociales, con la consigna "NO A LA PRESCRIPCIÓN", para que no quede impune el mayor crimen político que hemos sufrido los argentinos desde el retorno de la democracia. Creemos que es necesario exigir la apertura de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Independiente para que investigue la responsabilidad del Estado en este crimen.
- Con respecto a esta situación, ¿cuál es el mensaje de APEMIA para la sociedad y en primer lugar el movimiento popular, político, de derechos humanos, obrero y estudiantil?
La masacre de la AMIA es un hito de la impunidad nacional y es una causa testigo de la criminalidad política del Estado. El "encubrimiento agravado" no significa otra cosa que el encubrimiento del aparato criminal del Estado, el mismo que secuestró, torturó y desapareció 30.000 estudiantes y trabajadores, que arrebató niños, que reprimió y asesinó luchadores sociales e instauró la era de la criminalidad policíaca.
No es sólo un tema de los judíos, como los distintos gobiernos y la dirección de la comunidad judía quisieron presentarlo. A inicios de la década del '90, la Argentina se convirtió en un laboratorio de preparación de las políticas de lucha contra el terrorismo internacional implementadas durante todos estos años. Por eso la complicidad de los Estados amigos y la participación directa del Estado argentino en estos crímenes de terrorismo de Estado.
Después de la Embajada y la AMIA, hubieron otros crímenes de terrorismo de Estado: la voladura de la Fábrica Militar de Río III y, a su manera, los muertos del 19 y 20 de diciembre y los asesinatos de Kosteki y Santillán.
La lucha contra la prescripción de la causa AMIA y por el esclarecimiento y el castigo a todos los culpables es clave en la lucha contra la impunidad en la Argentina. Esperamos que las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos debatan este tema y se sumen a esta campaña por el "No a la prescripción". Instalemos el debate sobre este tema y organicemos una Comisión contra la prescripción

CONTINUIDAD Y ENCUBRIMIENTO

- Desde el atentado han pasado varios gobiernos: ¿hubo cambios de uno al otro en cuanto a la causa, sobre todo respecto de Kirchner, que cultiva una imagen de defensor de los derechos humanos?
Pasaron varios gobiernos…. Pese a ello, ha habido una continuidad política y de encubrimiento de las responsabilidades criminales del Estado.
Primero –con Menem- le pagaron a Telleldín. Y con la Alianza sancionaron una ley del arrepentido a la medida de los acusados, para facilitarles la libertad. Hasta los diputados la llamaron "Ley Telleldín". Llegaron al colmo de firmar un decreto, que luego se transformó en ley, para convertir a los imputados en testigos de "identidad reservada". A pesar de una orden judicial, Duhalde prohibió a los espías declarar en el juicio oral. Kirchner lo permitió, pero antes negoció con los jueces los límites de esas declaraciones. Entre los dos, firmaron una veintena de decretos que mantienen cerrados los archivos y limitaron a los jueces en sus facultades para interrogar a los espías de la SIDE durante el juicio.
Este es el resultado del "compromiso K" con el tema AMIA.
Kirchner fue el encargado de liquidar el juicio oral liberando a todos (2004), de acordar una "solución amistosa" ante la CIDH para que el Estado no fuera condenado ni siquiera por "encubrimiento agravado" (2005), y ahora impulsa la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional para ocultar aún más los secretos de Estado, con la excusa de la causa AMIA (2006). Este gobierno terminó de preparar el terreno sembrado por los gobiernos anteriores buscando, con la prescripción, poner un punto final en la causa AMIA.
A diferencia de los gobiernos anteriores, cuenta con un mayor compromiso de algunos organismos de derechos humanos que, como el CELS, reivindican la "legalidad vigente" de este repodrido estado de derecho, aún cuando con ella facilitan la prescripción.