La muerte de Walter Bulacio y la masacre de Ingeniero Budge fueron los casos paradigmáticos para que la sociedad tomara conciencia de lo que significa el control de la policía y el objetivo político de esa represión, y, al menos una parte de ella pusiera esa conciencia en lucha. El caso Bulacio definió el debate de si la represión policial "preventiva" producía violación a los derechos humanos, y generó un movimiento social antirrepresivo que sigue hoy insistiendo en que la lucha por los DDHH no se reduce a reclamar juicio y castigo para los responsables del genocidio de la dictadura, sino que en "democracia" también se conculcan los derechos humanos.

Hace 15 años, sobre todo los jóvenes -principales víctimas de la policía- salieron a las calles a protestar y exigir justicia. Mucha agua corrió bajo el puente, sin que la respuesta del estado -cualquiera sea su gobierno- cambiara: El estado mantiene y solventa su aparato represivo y sostiene su impunidad bajo cualquier circunstancia, aun cuando ese mismo estado haya sido condenado internacionalmente por violar los convenios que sus propios representantes firmaron.

El viernes salimos nuevamente a las calles. Desde Congreso a Plaza de Mayo, como entonces, con muchos pibes, algunos enrolados en colegios secundarios, otros en agrupaciones sociales, la mayoría por su cuenta. Casi un millar de personas marchamos junto a la abuela y hermana de Walter, los demás familiares de víctimas del gatillo fácil que largamente superaban la centena, la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, Repique, HIJOS regional Oeste, los colegios Nicolás Avellaneda, Urquiza, Julio Cortázar, Normal 5, Liceo 12, la Escuela de Música de Avellaneda, la agrupación Norberto Blanco, el Movimiento 29 de Mayo, la agrupación Socialismo Libertario, Area Queer, MIDO, y la Comisión Interna de los trabajadores del Garrahan, además de una gran cantidad de compañeros y compañeras no encuadrados en organizaciones, y los compañeros del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata que junto a los familiares de Sergio Alí viajaron especialmente para estar presentes.

Destacamos las adhesiones recibidas de Irma Leites (Plenaria Memoria y Justicia de Uruguay), del compañero Chacho Berrozpe (uno de los presos políticos de este gobierno) y de la APDH Rosario. 

El lunes 26 diferentes organizaciones sociales y de desocupados se congregaron en la Plaza de la Independencia en la capital tucumana. Era la continuidad del plan de lucha que hace unas semanas había unido distintas zonas del sur y este tucumano con San Miguel en una marcha de más de 100 km. Llevaban como consigna la insuficiencia de los $ 150 del subsidio que no alcanza para comer cuando los precios aumentan diariamente.

Al mediodía pretendieron ser escuchados por el gobernador Alperovich, radical y kirchnerista a la vez, que en vez de atenderlos, los recibió a palazos y gases. Una mujer de 70 años, Rosario Elsa Rodríguez, denunció que mujeres policías la arrojaron al suelo, donde comenzaron a propinarle patadas. "Tomaron sus armas y apuntaron contra nosotros", añadió.

En la represión las fuerzas de seguridad tucumanas detuvieron a cinco personas, entre ellas una nena, Daniela Díaz, de 13 años. Ante ello los manifestantes tuvieron que dirigirse a la comisaría 1ª  donde reclamaron por la libertad de sus compañeros. La excusa para justificar las detenciones las dió el jefe policial: los arrestados incurrieron en el delito de "contravención" (¿?).

MARCHA DE CARREROS

Màs de 200 cartoneros con sus carros se congregaron frente al edificio de la Municipalidad de Lomas de Zamora el miercoles 26 de abril exigiendo que se derogue una ordenanza que prohíbe la libre circulación de sus carros y para que esa norma sea reemplazada por una que garantice mejoras en sus condiciones laborales.

Se concentraron en el Barrio La Loma y desde allí partieron hasta el centro de Lomas. La ordenanza que data de la época de la dictadura militar y prohíbe la circulación de vehículos de tracción a sangre, lo cual entra en contradicción con la actividad de los carreros en el distrito.

El proyecto que se presentará es el resultado de una asamblea de cartoneros celebrada el martes de la semana pasada y fue elaborado por los doctores Sergio Smietniansky y León Zimerman, abogados de CORREPI. A grandes rasgos, propone garantizar la libre circulación de los carros de los cartoneros, la atención veterinaria de sus caballos y la colocación de volquetes para mantener limpias las calles de la ciudad. 

El trabajo de los carreros es la evidencia de la emergencia laboral a que se ve sometida gran parte de los pobres de la zona sur, por lo que, para los políticos la única respuesta es la prohibición, la represión y mayor marginalidad. Nuestro compañero Zimerman polemizó con el municipio al sostener que "lo que en realidad le molesta al intendente -Jorge Rossi- no son los cartoneros sino la visualización de la pobreza, porque la aparición de este ejército de cartoneros afea el centro de Lomas, aunque sean consecuencia de la política económica que los mismos funcionarios aplican".

El domingo en el Barrio La Loma del Cuartel Noveno, CORREPI realizó junto a la Unión de Carreros de Lomas de Zamora un pequeño acto en conmemoración del Día del Trabajador. Después de compartir un almuerzo sencillo, hicieron uso de la palabra compañeros de la Unión de Carreros,  Suteba-Lomas y CORREPI.

Sin tequila, tabaco y ron, como diría Thalía, pero con la impronta del gobierno derechista de Vicente Fox. Todo comenzó en la siderurgia Lázaro Cardenas del estado de Michoacán. Allí se disputaba la elección interna del secretariado del gremio. Como iba a ganar un trabajador alejado de los espurios intereses de la secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es lo mismo que los intereses de los propietarios de las minas, el gobierno federal envió a las fuerzas policiales federales a imponer el orden.

Ante la intervención federal, hubo protestas de los trabajadores y sin miramientos, represión. Consecuencia, asesinaron a dos trabajadores mineros.

No se podía esperar otra cosa de un gobierno como el mexicano que junto al colombiano ha sido el mejor aliado de Bush en el continente. Como no puede extrañar que la represión es la última carta que tienen los poderosos para acallar a los que luchan.

Hay un juez en General Pico, La Pampa, el Dr. Julio Rogelio Fernández, que tiene una particular mirada sobre varios temas. Ha tenido repercusión pública a raíz de un par de fallos sobre delitos contra la integridad sexual. En uno de ellos argumentó que el uso de armas en la violación podía considerarse un atenuante, mientras que en otro afirmaba que los hematomas en las piernas de la víctima podían ser considerados normales por la fogocidad del encuentro.

Otro fallo del también polémico Fernández fue la nulidad del procesamiento del segundo jefe de la Unidad Regional II de Policía por coimas a capitalistas de la quiniela clandestina. Según Férnandez y los otros camaristas que lo siguieron, la declaración de los quinieleros estaba viciada pues estaban cometiendo una infracción.

Este año, el Dr. Julio Rogelio Fernández detenta la presidencia de la Cámara Criminal de Gral. Pico y entre otras medidas, dispuso que se impida el ingreso a los debates orales y públicos y el acceso a cualquier tipo de información que allí se genere a la periodista Claudia Giacobbe, que cubre temas judiciales para un diario local, y que hizo trascender aquellos fallos.

Parece ser que los empleados nunca acataron la orden del Dr. Fernández por lo que la periodista no se había enterado de la "medida". Sin embargo, el 12 de abril, cuando estaba, junto a otros colegas, cubriendo un debate oral y público fue expulsada del recinto. Después de intentar explicaciones del mismo juez y otros funcionarios judiciales, se le informó que se la excluía porque "no estaba acreditada". Lo cierto es que ningún periodista está acreditado ni existe sistema alguno para hacerlo.

En declaraciones a otro medio, el juez sostuvo que la periodista no tenía habilitación e idoneidad para su trabajo, cosa que se da de patadas con el título profesional que Claudia Giacobbe ostenta, junto a su experiencia en temas judiciales. Lo cierto es que debió formular la denuncia por abuso de autoridad y por violentar su legítimo derecho a trabajar.

Se ve que el juez Fernández no quiere que la prensa libre ponga en el aire sus pensamientos cavernícolas y retrógrados.

Es la sana alegría de la gran familia policial. No lo entienden Arslanián y compañía. Siempre se acusó a las viejas camadas de bonaerenses de "amargos", como lo canta en la bailanta Flor de Piedra. Esta Buenos Aires 2, en cambio, es alegre, dicharachera, divertida, hasta jodona.

Parece que un grupito de la valiente "muchachada de la bonaerense" abordó un micro en Mar del Plata para regresar a la ciudad de las diagonales. Venían de hacer un curso, de esos que el ministro dice que diferencian esta policía de la "maldita". Volviendo de la ciudad feliz, contagiados por el ritmo festivo de la ciudad balnearia, los oficiales –hombres y mujeres uniformados– empezaron a hablar fuerte, cantar, bailar, tomar alcohol y fumar. Incluso, algunos testigos habrían manifestado que varios jóvenes fumaron marihuana, hicieron aprestos de strip tease y hasta mantuvieron relaciones sexuales en el colectivo.

Lo realmente jodido es que se pusieron a jugar con sus reglamentarias y por casualidad no ocurrió que entre tanto alcohol y estimulantes no le terminaran pegando un tiro a alguno de los choferes que tuvieron que llamarles la atención o al resto del pasaje que, claro, no se sumó a la juerga policial.

Si así hubiera ocurrido, a esta altura tendríamos noticias de algún intento de robo dentro de un ómnibus de larga distancia y de la valiente acción de la muchachada bonaerense que, previo un gutural ¡Alto Policia! lograra abortar el ilícito, no sin antes repeler la cobarde agresión del o de los cacos en cuestión. Y fiscales, jueces y periodistas hubieran comprado la versión de la cana.

CORREPI participó del acto unitario en Plaza de Mayo, al que aportamos nuestra bandera reclamando la libertad a los presos políticos, la amnistía a los luchadores y el cese de la represión. Estuvimos junto a Apel, CeproDH, Liberpueblo y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre representando el segmento de organismos que sube al palco con los trabajadores y el pueblo, no con el gobierno que nos reprime. Luego se sucedieron los estudiantes secundarios y universitarios, los protagonistas de las luchas obreras, los compañeros de las fábricas sin patrón, los movimientos de trabajadores desocupados, los partidos políticos. Finalmente fue leido el documento conjunto que denunció con claridad la política del gobierno nacional que profundiza la dependencia.

Este 1º de Mayo llega en la Argentina en el marco de una durísima escalada represiva contra los que luchan por la reivindicación de sus derechos sociales y económicos, y como pocas veces antes se verifica que el gobierno, sin dejar de emplear herramientas de control social como el gatillo fácil, la tortura o las detenciones arbitrarias, aumenta la represión directa a las movilizaciones populares, a las luchas sindicales o estudiantiles. De allí la importancia de que todas las organizaciones populares desarrollen un programa antirrepresivo, y, como hoy en la Plaza de Mayo, la defensa de los compañeros represaliados y el reclamo por la libertad de los presos políticos ocupe un lugar central en todos los ámbitos.

Jueves 4 de mayo, 19:00, charla debate en el centro social Olga Vásquez, calle 60 entre 10 y 11, La Plata, sobre "Estado y DDHH", con Adriana Calvo de la AEDD, la periodista Liliana Dauness y un compañero de CORREPI.

Sábado 6 de Mayo a las 21:00, FESTIVAL SOLIDARIO "CHAU POZO" en el Centro Cultural Comunitario "LA TOMA", entrada $ 2.- 

Lunes 8 de Mayo, 17:00, en Mar del Plata, Marcha previa al juicio oral contra el policía Cañete, asesino de Sergio Alí, convocada por el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata.

Lunes 15 y martes 16, en Mar del Plata, juicio oral y público por el homicidio de Sergio Alí a manos del policía Cañete.

Domingo 28 de Mayo a las 17:00, Marcha a 19 años de la Masacre de Ingeniero Budge. Concentramos frente a la Iglesia San Francisco de Paula, Bariloche y Azamor, Ingeniero Budge, para realizar la tradicional marcha de antorchas hasta el lugar de la masacre (Figueredo y Guamini).