Marcela Valente
IPS

Es un funcionario acusado de malversar caudales públicos. Tras dos años de trámites, la justicia federal de Argentina derivó el caso al fuero militar. El episodio habría pasado inadvertido si el imputado no fuera el jefe del Estado Mayor General del Ejército.

La causa comenzó con una presentación de la Oficina Anticorrupción en 2004, en la que se acusaba al actual comandante en jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, de administrar bienes públicos de manera fraudulenta cuando se desempeñó al frente de la Brigada Mecanizada de Río Gallegos, la capital de la austral provincia de Santa Cruz.

El juez federal Gerardo Caamaño, de la ciudad de Río Gallegos, ordenó diversas medidas de prueba y convocó a declarar a Bendini y a otros imputados.

Empero, de manera sorpresiva y luego de dos años de trámites en busca de esclarecer el caso, el magistrado se declaró incompetente este mes y derivó la causa a la justicia militar. La decisión es cuestionada por fiscales y opositores al gobierno de Néstor Kirchner.

El caso aparece como detonante del debate sobre el destino del Código Militar, que ha sido utilizado en democracia también para juzgar e incluso destituir a uniformados que denunciaron las violaciones de los derechos humanos cometidas por la última dictadura (1976-1983).

Durante su misión en Santa Cruz, Bendini mantuvo una estrecha relación con Kirchner, quien gobernó esa provincia por tres periodos consecutivos desde 1991, lo cual abonó el camino para el ascenso del militar al máximo cargo de la fuerza en 2003.

En su tarea como jefe del Ejército ha mostrado una subordinación intachable al poder civil, una actitud militar que estuvo ausente en buena parte del siglo XX, y ha sido crítico de sus pares que actuaron durante la dictadura, responsables, entre otros crímenes, de la desaparición de 30.000 personas según organizaciones humanitarias.

En 2004 protagonizó un hito en la historia castrense argentina al cumplir la orden de Kirchner y descolgar de la galería de rectores del Colegio Militar un retrato del ex general Jorge Videla, unos de los principales cabecillas de esa dictadura.

Sin embargo, su desempeño como administrador en la brigada de Río Gallegos entre 2002 y 2003 llamó la atención de los encargados del control de la gestión en la función pública, tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Según la denuncia tramitada por la Oficina, en esos años Bendini abrió una cuenta bancaria a su nombre, en la que depositó y movilizó fondos estatales por al menos 500.000 pesos (unos 165.000 dólares actuales). La gestión financiera se hizo sin permiso del Tesoro Nacional.

En la misma causa están acusados otros seis militares de la misma brigada y la esposa de uno de ellos, supuesta beneficiaria de algunas de las operaciones comerciales realizadas con esos fondos. La mujer tiene un taller de diseño de joyas y Bendini habría gastado el equivalente a unos 15.000 dólares en copras de ese tipo de bienes.

También los investigadores indican la adquisición de vajilla, perfumes y artículos de iluminación no compatibles con la ornamentación austera de guarniciones militares. Según la denuncia, 25 por ciento de los gastos no tienen documentación de respaldo y, sobre el resto del dinero movilizado, buena parte se destinó a gastos suntuarios.

Martín Montero, director de investigaciones de la Oficina Anticorrupción, declaró a IPS que el organismo "no es parte querellante" sino que se limitó a presentar la denuncia. "No sería prudente que opine sobre un proceso en el que esa repartición no está interviniendo directamente", justificó.

En cambio, la decisión del juez Caamaño fue cuestionada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que trabaja junto con la Oficina desde la Procuración General de la Nación.

También fue criticada por el fiscal federal de la causa, Miguel Segovia, y por diputados que pidieron el juicio político del magistrado.

El titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, consideró las excusas del juez "inaceptables y basadas en argumentos inverosímiles".

Garrido había señalando "innumerables desprolijidades, inconsistencias y adulteraciones" del Ejército para "enmarañar los documentos y encubrir maniobras ilegítimas".

Por su parte, Segovia apeló la resolución ante la Cámara Federal de Río Gallegos, que deberá resolver en mayo si confirma el pase a la justicia militar o si devuelve el expediente a Caamaño.

El fiscal del caso argumentó que entre los acusados hay una mujer que es civil y no podría ser sometida a proceso por un tribunal militar.

Pero sobre todo, el fiscal señaló que, por su ubicación jerárquica en la cúspide de la pirámide castrense, Bendini, el principal acusado, puede ser juzgado por un tribunal integrado por subordinados suyos, un hecho que podría favorecer su absolución.

En diálogo con IPS, el diputado Adrián Pérez se manifestó convencido de que Bendini "es absolutamente responsable" de los delitos que se le imputan y que resulta "escandaloso" que el juez pretenda su desvinculación del caso.

Pérez, legislador del opositor partido Afirmación para una República Igualitaria, es uno de los que pidió el juicio político al magistrado federal por esta decisión.

"Estamos frente a un delito común, y la Corte Suprema de Justicia ya sentó jurisprudencia. Estos delitos, aun si son cometidos por militares, deben ser sometidos a la justicia civil", remarcó Pérez, para quien el Código Militar debe aplicarse a una serie restringida de conductas.

Precisamente, Raúl Zaffaroni, uno de los miembros de la Corte Suprema, fue convocado por la estatal Universidad de Buenos Aires para elaborar una propuesta al Ministerio de Defensa sobre el destino del Código Militar.

Zaffaroni admitió que analiza recomendar la derogación del código castrense, que data de mediados del siglo XX, pues entiende que "no está adaptado a la realidad democrática" y hay un compromiso de renovación de su letra asumido por Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La idea de Zaffaroni es incorporar los delitos perpetrados por militares al Código Penal y dejar el fuero castrense sólo para sancionar inconductas internas en las Fuerzas Armadas.