El golpe de ECONÓMICO del 2 DE ABRIL de 1976 puso en marcha la reestructuración más significativa y traumática del orden económico y social de la historia argentina, cuyo impacto atravesó la re-apertura democrática y . En una visión sintética, la dictadura militar implementó el punto de inflexión desde una sociedad industrial hacia otra basada en la valorización financiera del capital. Este punto de inflexión se registró al momento de mayor desarrollo expuesto por un sociedad de pleno empleo, con un mercado de trabajo funcionando como el principal instrumento de integración social, en donde la población asalariada participaba del 50% del ingreso social y era motorizada por un proceso que encontraba su centro de gravedad en la actividad industrial, traccionada por medio de una amplia participación de las pymes nacionales y que se evidenció en sus dos décadas anteriores (50 y 60) con un ritmo de crecimiento del producto industrial por encima del incremento del PIB.

Este modelo de desarrollo, encuentra su último correlato de consolidación de política pública de Estado durante el mandato del Sr. José Ber Gelbard, como Ministro de Economía del último gobierno de Perón y MÁXIMO DIRIGENTE HISTÓRICO DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL ECONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA(CGE). Esta gestión se respaldó –y puede reflejarse en sus objetivos- sobre la implementación de las siguientes principales leyes, que estructuraron el eje de su política económica, en torno a la defensa y promoción del trabajo y de la industria nacional y el control sobre los capitales externos: Regulación sobre inversiones extranjeras y sobre los representantes de empresas externas, Promoción industrial, Creación de la Corporación para el desarrollo Pymes, Creación de la Corporación de Empresas Nacionales, Creación del Instituto Nacional de la Vivienda, Ley de Promoción Minera. Fomento Agrario y Uso de las tierras aptas para la explotación agropecuaria, Regulación de la comercialización de granos y carnes, Impuesto a la renta potencial de la tierra, Represión Penal para defraudaciones fiscales, Regionalización de los directorios del Banco Nación y BANADE, Nacionalización de bancos y depósitos bancarios para la orientación productiva del crédito financiero, entre las medidas de mayor relevancia.

La abrupta interrupción de este modelo social y económico, basado en la sustitución de importaciones, registra una fecha clave: el 2 de abril de 1976. En ese día el Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, dirigió el mensaje a todo el país, a través de la Cadena Nacional de Radio y Televisión, anunciando las bases fundamentales del programa económico aprobado por la Junta Militar y denominado como "Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina". Ese es el día en donde se decreta el genocidio económico que la dictadura militar aplicará sobre el pueblo argentino y la INTERVENCIÓN,POSTERIOR CIERRE Y PERSECUCIÓN DE LOS DE DIRIGENTES DE LA CGE.. En efecto, la política económica de la dictadura militar fue parte de un conjunto de acciones políticas, sociales y represivas que se sostuvieron y retroalimentaron entre sí. En esencia, el plan de Martínez de Hoz tuvo un carácter fundacional, desde la perspectiva histórica, en la aplicación de las medidas de cuño neoconservador, inspiradas en el modelo neoliberal de fundamentalismo del mercado, proveniente de la teoría económica. No obstante cualquier fundamento, la unidad de concepción y de objetivos del plan se orientó a revertir el proceso de industrialización y a desarticular el entramado social que lo sustentaba, a fin de conformar una nueva estructura de poder económico.

En la práctica, se aplicó una política de apertura asimétrica al exterior, la liberalización de los mercados – en especial, el financiero- y se inició el ciclo obsesivo del ajuste fiscal. Así, las primeras medidas dispuestas por las autoridades económicas resultan claramente ilustrativas de la intencionalidad y la profundidad de los cambios perseguidos: congelamiento salarial, supresión del sistema de control de precios e incremento del tipo de cambio. La conjunción de estas medidas tuvo un efecto inmediato, el salario real registró una pérdida de un tercio de su poder adquisitivo, inaugurando un ciclo de retracción de la demanda interna, cuya persistencia temporal se erigió en uno de los efectos estructurales –en términos de herencia- mas persistentes que la dictadura militar depositó sobre la sociedad argentina.

El otro pilar de la política de la dictadura se encuentra en la apertura de la economía. Como en otros campos, no se trató de una "apertura indiscriminada" sino, muy por el contrario, de una liberalización discriminatoria y asimétrica. Mientras, la protección a muchos sectores, sobre todo los menos oligopolizados, caía abruptamente; las protecciones arancelarias y las paraarancelarias de otros se mantuvieron o reestablecieron; y al mismo tiempo, los derechos de exportación se redujeron hasta desaparecer. En síntesis, se protegió al capital concentrado y se desarticularon los instrumentos de defensa de las ramas más intensivas en el uso de mano de obra, conocimiento tecnológicos y en ingeniería con amplia concurrencia de las pymes nacionales, profesionales y obreros calificados de la industria: todos ellos actores centrales de la alianza económica y social que sustentaron el proceso económico de posguerra.

A poco de iniciarse la liberalización asimétrica del mercado de bienes se instrumentó la reforma financiera. Sus piezas clave fueron la desregulación de los flujos internacionales de capital, la liberalización de la tasa de interés combinada con la garantía estatal de los depósitos, el traspaso a las entidades financieras de la asignación del crédito, la obligatoriedad para el sector público de financiarse en los mercados privados. Esta reforma ejerció una influencia decisiva en el desenvolvimiento de la economía, con impactos irreversibles en la estructura social argentina. En síntesis, se erigió el modelo de valorización financiera que trasladó el centro de gravedad de generación de la riqueza social desde el ámbito de la producción a las actividades de especulación financiera, la cual habilitó un sendero de endeudamiento externo, fuga de capitales y transferencia de ingresos de los sectores más desprotegidos hacia los sectores de poder, inédito en la historia económica argentina (tres mecanismos claves de redistribución: estatización de deuda externa, compra de bienes y servicios del Estado, promoción de radicación industrial) .

Esta estrategia consolidó, en un extremo de la estructura socio-económica, a un sector asalariado y pymes nacionales con una reducida y escasa participación en el ingreso social –que se refleja en una nueva matriz de profunda redistribución regresiva del ingreso- y con un notable deterioro de sus condiciones de laborales y, en el otro, a una fracción de los sectores dominantes que, a partir de una estructura empresarial de tipo conglomeral, incrementó sustancialmente el control sobre los distintos mercados y, esencialmente, sobre la propia dinámica económico-político-social. la expansión del capital concentrado; la pérdida de autonomía del Estado respecto del poder económico y la desarticulación de las fuerzas sociales que podían oponérsele, crearon las ataduras que pasarían a disciplinar a los posteriores gobiernos democráticos; entre los cuales encontraron al gobierno de Menem durante la década del 90 una garantía de consolidación y perfeccionamiento de la estrategia económica de la dictadura militar.

En efecto, y ahora bajo la garantía del voto popular, la década del 90 fue el período en donde se completaron muchas de las asignaturas pendientes de la última dictadura militar vía ejecución de privatizaciones, apertura y desregulación asimétrica, precarización del mercado laboral, pulverización de la seguridad social y perfeccionamiento de la liberación financiera con impacto permanente y creciente de endeudamiento externo.

Eje de cierre. El colapso de esta política, que atravesó 30 años de nuestra historia y que nos deja como herencia sustancial a 15 millones de compatriotas sometidos al flagelo de la pobreza, nos enfrenta a la obligación de aprovechar esta nueva oportunidad para recomponer y ubicar los valores del trabajo, la producción, la inversión productiva y la integración social en el sitial que nunca se debió abandonar.

Algunas dimensiones del genocidio económico del neoliberalismo en Argentina

Entre 1974 y 1994 desaparecieron 20.000 fábricas . Entre las ramas más perjudicadas se encuentran la metalmecánica, textil-indumentaria, bienes de capital y línea blanca-electrodomésticos
Entre 1974 y 1994 se destruyeron 400.000 puestos de trabajo directos de la industria lo que equivale a más de 2.000.000 de empleos destruidos en el mercado de trabajo
Al 2001 el poder adquisitivo del salario medio es 50% inferior al registrado en 1974
El PIB Industrial pasó de explicar el 30% del PIB en 1974 a pesar sólo el 15,4% en 2001
En 1983 el PIB industrial era el 85% del registrado una década atrás, en 1974. Esto implica destrucción física de los medios de producción – similar a lo ocurrido en sociedades sometidas a procesos bélicos o grandes catástrofes naturales. En argentina se implementó un plan neoliberal
En 1975 la deuda externa ascendía a los 8.000 millones de dólares; en 1982 alcanza los 44.000 millones de dólares; en 2001 se acercó a los 180.000 millones de dólares
En 1982 se necesitaban 6.000 unidades monetarias para comprar lo que en 1975 requería una sola unidad monetaria
En 1956 las primeras 100 empresas industriales explicaban el 18% del valor agregado industrial; en 1998 explicaban el 47% del PIB industrial
En 1975 la facturación de empresas industriales extranjeras explicaba el 18% de las ventas industriales; en 1998 daban cuenta del 62%
Además de la privatización de servicios públicos, en los 90 se transfirieron al sector privado las compañías públicas que operaban en el sector manufacturero: Altos Hornos Zapla, Complejo de Fabricaciones Militares, Polo petroquímico de Bahía Blanca, SOMISA y las instalaciones industriales de YPF, entre las principales.
En 1974 los hogares pobres en argentina alcanzaban al 3,4% del total de hogares, en 2002 superaban el 50%
En 1974 los desocupados eran el 3,4% (también) de la población económicamente activa; en octubre de 1996 alcanzaron el 17,3%
En el GBA en 1974 la desocupación era menor que la del total del país – alcanzaba a 2,5% de la PEA- en 1996 se ubicaba cercana al 19% y la subocupación por encima del 20%
En 1974 el 10% de población con mayores ingresos percibía 9 veces más que el 10% de población con menores ingresos. En 2001 esa relación ascendió a 38 veces.
 
POR ESO DESDE CGE DECIMOS A ESTOS PLANES DE DESTRUCCIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO NACIONAL:
 
                                                           NUNCA MÁS
 
                        Marcelo Fernández                                                         Jorge Crivisqui
                          Presidente                                                                          Secretario