Raúl Scalabrini Ortiz.

Introducción

No es posible analizar la política argentina en general, mucho menos las políticas socioeconómicas, sin prestar atención al flujo de los intereses mundiales. Dicho en otras palabras, no se pueden desconocer los factores externos y cómo estos se funden con los internos.
Expresados en dólares constantes de 1973, los precios del petróleo prácticamente se cuadruplicaron después del tercer trimestre del mismo año 2,67 dólares por barril en 1972 a 9,82 dólares en 1974.

Para 1974, el shock de precios petroleros movilizaría como nunca a los sectores públicos y grupos privados que operaban en la política energética mundial. Hasta el año anterior, el precio internacional del crudo estuvo definido por los costos de producción de los yacimientos más eficientes. De allí en más, se tendió a buscar un equivalente a su costo de reposición, que corresponde aproximadamente a los yacimientos más costosos. Consecuentemente, y sobre todo a partir del alza de las tarifas en 1974, la renta diferencial petrolera generó una multiplicación considerable de ganancias para los países productores a bajo costo. Los yacimientos argentinos en producción, no así los aún sin explorar, elevaron proporcionalmente su renta potencial, despertando las apetencias de los grupos de poder internacionales.

Mientras tanto, en la Argentina, los precios elevados y la disponibilidad potencial de petróleo en especial los del Mar Austral alzaron la cresta al punto de máxima amplitud; la ola rompió con todo en 1976, privatizando y desindustrializando cientos, miles de metros cuadrados de soberanía. El golpe no fue petrolero, pero desligar el interés privado internacional hacia el petróleo de la actuación posterior del gobierno golpista, no puede omitirse. Los resultados son más que elocuentes: la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue destinataria de una privatización periférica sin parangón en la historia de las empresas públicas nacionales.

En realidad, YPF fue una de las tantas empresas estatales heridas de muerte (cuando hubo otras que directamente fueron eliminadas de cuajo), pues los golpistas y las fracciones de clase que representaban, tenían un único objetivo: refundar estructuralmente al país, tanto en términos socioeconómicos como políticos. Se dice que la importancia relativa de una revolución se mide por el grado en que la misma afecta a la estructura productiva. Los cambios introducidos en la Argentina a partir de 1976 claramente demuestran que se trató de una revolución oligárquica, antinacional y antipopular, o lo que es igual, una contrarrevolución. Martín Schorr en su trabajo Industria y Nación, señala que "la reforma financiera de 1977 con la arancelaria y el endeudamiento externo, derivados de 1979, interrumpieron el modelo de sustitución de importanciones sobre el que se había estructurado, durante las décadas anteriores, el comportamiento de la economía argentina. Desde allí en adelante no fue la vinculación entre la producción industrial y el Estado el núcleo central del proceso económico, sino la valorización financiera y la salida de capitales al exterior vinculadas a otro tipo de Estado, modificación que derivó en la contracción y en la reestructuración [desindustrialización masiva] de la producción industrial".

Treinta años más tarde, el modelo contrarrevolucionario tambalea herido por varios flancos. El pueblo argentino aguarda ansioso la revolución que le dé muerte eterna.

Roberto Alemann, ex-ministro de Economía de Frondizi, resultaría nuevamente electo para el mismo cargo bajo el gobierno de Galtieri. En sus primeras declaraciones dejaría muy en claro la estrategia oficial respecto a la renta petrolera. En 1981, Ambito Financiero interpreta así el pensamiento del citado funcionario: "la idea básica de Alemann es que cada propietario de la tierra explore y explote el subsuelo al igual que como sucede con el trigo en la superficie. Y de la misma manera sea dueño de comercializar la producción. El petróleo insistía [Alemann] debe ser explotado como el trigo, sin diferencias". Al día siguiente, en otro artículo de igual inspiración "alemannista", el matutino sugería la necesidad de hacer regir el Código Civil y no el de minería, pues el primero, a diferencia del segundo reconocía la propiedad de los particulares sobre el subsuelo; a partir de esa medida, especulaba, se podría conseguir, en pocos años, la perforación de "miles de pozos" que darían lugar a exportaciones adicionales de petróleo equivalentes a mil millones de dólares por año".

Esta estrategia desnacionalizadora, que se profundizó con Alfonsín para luego concretarse con Menem, venía implícita en el proyecto económico del equipo de Martínez de Hoz. Si bien nunca fue planteada con tanta claridad, por entonces ya traslucían algunos de los objetivos esenciales. Se imponía aumentar la extracción de petróleo a partir del sector privado, y en condiciones que permitiesen trasladar a éste la renta petrolera hasta entonces detentada en buena medida por el Estado a través de YPF. Más adelante veremos por qué motivo no les fue posible aplicar estas medidas de la manera en que hubieran querido.

Los golpistas del 76, representantes de los grupos privados internacionales, estaban resueltos a encabezar la estrategia de desnacionalización. La tarea no era sencilla; la barrera estatal no debía ser subestimada, pero sí vencida cuanto antes. Jorge Schvarzer, sintetiza así la estrategia antinacional de Martínez de Hoz: "el equipo económico tuvo que enfrentarse con la burocracia estatal, encontrar una vía para suprimir la resistencia de YPF, apoyar el crecimiento del sector petrolero privado, de manera de prepararlo para asumir las funciones deseadas, y asegurar la explotación de las áreas designadas[...]".

Jorge Bustamante, un miembro de segunda línea en el equipo económico del 76 (debido a su juventud), reconoció que la estrategia llevada a cabo consistió en limitar el crecimiento de YPF, pero se quejó que dicho objetivo no fue acompañado de una decisión política de alto nivel de correlativa privatización. Estas manifestaciones, insólitas sin duda, revisten especial interés puesto que aluden a la política económica aplicada sobre YPF, particularmente entre 1976 y 1981. Como el lector deducirá, los objetivos centrales de la política petrolera no consistían en aumentar la producción de petróleo, mejorar la eficiencia sectorial, incrementar la tarea de exploración, explotación, etcétera, sino que por el contrario estaban destinados a perjudicar todas estas cuestiones. La prioridad era, en síntesis, desmantelar YPF, principal escollo para el equipo económico de la dictadura.

Desde 1922, año de su creación, la empresa petrolera argentina había demostrado capacidad para resistir políticas orientadas en su contra, originadas dentro y fuera de la gestión pública. Por tanto, uno de los prerrequisitos para estimular el desarrollo de la actividad privada debía centrarse en limitar el crecimiento y la presencia de YPF.

La interrelación entre ejército e YPF había sido no sólo producto del legado de Mosconi y Baldrich, sino en realidad, la consecuencia directa del activo rol del ejército en el desarrollo industrial argentino. El sector de las Fuerzas Armadas ligado históricamente a la industria nacional era el mayor escollo para emprender la tarea expropiadora. Y entonces comenzaron. Primera acción concreta de saboteo: la sustitución de militares al mando de la empresa.

Dos interventores militares, uno en marzo y otro en abril, fueron nombrados para ocupar la presidencia de YPF. Durante 1976, los enfrentamientos entre el gobierno y los interventores llegaron a trascender los medios de difusión. Hacia fines de año, el presidente de YPF suspendió pagos del impuesto a los combustibles a la Secretaría de Hacienda, la que los reclamó inmediatamente. La causa, expuesta por él mismo, obedecía a que YPF registraba serios problemas presupuestarios por las bajas tarifas reales que se le estaban imponiendo. Ante la falta de respuestas a anteriores advertencias y reclamos desde los órganos de conducción de la política económica, la empresa se vio obligada a retener el dinero derivado de los impuestos. Apuntaba así a proteger su capacidad económica, desprotegida desde el ministerio de economía.

En 1977, luego de un año de infructuosas experiencias con presidentes militares en YPF, en general bastante reacios al plan saboteador, Martínez de Hoz por fin impuso a un civil en el primera función: Raúl Ondarts.

Si bien el flamante presidente pensaba trasladar a la actividad privada parte de las tareas del ente estatal, sostenía debía hacerse a largo plazo. La inicua tarea no fluía con la naturalidad deseada. Ondarts defendió YPF en numerosas oportunidades, una de las cuales, quizás por su repercusión pública, fue notablemente gráfica sobre los designios del gobierno. Denunciaba que la empresa "debe vender petróleo a Shell y ESSO a 46 dólares la tonelada cuando nosotros lo pagamos a los contratistas a 50 dólares". Falleció en un misterioso accidente de avión en noviembre de 1979 y fue reemplazado por el vicepresidente. Las relaciones entre la empresa y el gobierno no variaron a pesar del cambio.

Después de analizar la política petrolera global del Proceso, podrán advertirse las dificultades que encontraron los golpistas para colocar a un miembro de su entorno en la conducción de YPF. Una vez instalado creían, resultaría sencillo contener el desarrollo e ir limando el alcance de la empresa estatal. Sobre la marcha, aunque desde el comienzo, los resultados probaron que este camino resultaría insuficiente. La concreción de sus planes tenía que encararse conjuntamente con otras maniobras saboteadoras.

En el memorando enviado al FMI en junio de 1976, se reitera el objetivo de "incrementar las tarifas del sector público, habiendo una mención expresa sobre el precio del petróleo, el cual sería aumentado y, en el futuro, se lo ajustará para mantenerlo a un nivel realista". El secretario de Energía, ingeniero Zubarán, afirmaba que el precio local tiene que "alcanzar al internacional, y que se encuentra sólo a 20% de dicho valor". Dos meses después, anunciará un programa para llevar los precios del petróleo crudo a un 75% de los internacionales para fines de 1977.

Ahora bien, ¿en qué consistía la trampa? Estas declaraciones de intención sobre el precio del petróleo contrastaron abiertamente con la tendencia seguida por las tarifas de combustibles y los ingresos de YPF como valor de retención. Para el trienio 1973-1975 el precio al público era de 139,6 pesos, y el valor de retención 123. Para el trienio siguiente fueron de 115,2 y 101,3 respectivamente. Entre 1979 y 1980, continuaron la baja hasta llegar a 96,0 pesos (precio al público) y 84,8 pesos el valor de retención.

Como señalamos al principio del capítulo, el shock petrolero de comienzos de década incrementó notablemente los precios de crudo. La respuesta peronista fue proporcional al traducir el aumento a los precios de los combustibles, llevándolos hasta casi un 65% por encima de los del trienio anterior. Sin embargo, después del golpe, esta política no se mantiene, sino que se revierte. Entre 1976 y 1980, el precio promedio del combustible disminuyó progresivamente. Mientras que el internacional aumentaba el precio de los combustibles bajaba, incluso a niveles inferiores a los que se cobraba en 1960. En consecuencia, el valor de retención de la empresa también se vería depreciado. Por ejemplo, a pesar del aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, entre 1979 y 1980, YPF percibió por cada litro de combustible vendido, un 15% menos que en 1960. El objetivo de semejante política económica era más que ostensible. Los precios al público se mantenían bajos de tal manera de afectar los ingresos unitarios de YPF. Esta restricción económica se constituyó en la principal limitación de la actividad de la estatal, al reducir tanto su capacidad operativa como su rol en el negocio petrolero. Si bien la "batalla por las tarifas" probaba ser una eficiente arma de desmantelamiento, no vendría sola. La desvirtuación de los precios sería el complemento perfecto.

Schvarzer señala que, "a fin de incentivar a los empresarios, el precio pagado por el petróleo a los contratistas tendió a moverse en forma independiente de los costos de extracción registrados por YPF. En general, se buscó igualar los precios pagados con los internacionales que, como se sabe, incluyen un elevado valor por la llamada "renta minera", especialmente durante la última década[...]". Dicho de otra manera, el ritmo de los precios del petróleo obtenido por los contratistas no se ajustaba a la evolución de los costos internos sino a la política tarifaria fijada por la OPEP.

"Incrementar los precios de YPF significa, ni más ni menos, trasladar una parte del ahorro disponible de la actividad privada al desarrollo de YPF ", esto, dicho por Bustamante. Realmente, no hay más para agregar. El equipo de Martínez de Hoz aumentaba el precio del crudo para estimular la actividad privada; al mismo tiempo, se preocupaba por no elevar el precio de YPF para limitar su desarrollo. Como si esto resultara poco, en el mismo período YPF sería obligada a endeudarse en las peores condiciones.

El gobierno de facto y su inefable ministro de Economía, lograron tender y concretar una hábil campaña de endeudamiento progresivo de las empresas energéticas públicas a fin de allanar el camino para su definitiva privatización. Como corolario de este plan de transferencia del patrimonio público a manos de capitalistas extranjeros, en abril de 1982 los funcionarios de equipo de Obras Públicas del Proceso anunciarían la profunda necesidad de privatizarlas. La misma excusa empleó Carlos Menem para terminar de privatizar, eso sí, a precios muy inferiores a los reales, producto de los pasivos ingeniosamente generados una década atrás.

Sucintamente, el mecanismo del endeudamiento fue el siguiente: mientras que el equipo económico negaba un aumento de tarifas a las empresas públicas, las obligaba a pedir créditos en el extranjero, aún cuando no los necesitaban. Al arribar los dólares del exterior al Banco Central, el Ministerio de Economía dio la orden de, primero, no entregarlos a la empresas estatales que los pidieron, sino darles sólo los pesos correspondientes al cambio oficial (el que era artificialmente menor que el cambio "libre", o sea el del "mercado". Segundo, el Banco Central podía luego retener esos dólares en sus arcas (o bien depositarlos en un banco extranjero); y tercero venderlos en el "mercado", estimulando la bicicleta cambiaria y la preservación de la "tablita cambiaria". Las pericias determinaron que YPF fue obligada a endeudarse de esa manera en 6000 millones de dólares. Paralelamente, consecuencia de los bajos salarios relativos sufriría una persistente fuga de profesionales, con el desmembramiento de secciones y oficinas enteras. Liso y llano sabotaje.

Por último, conjuntamente con la "batalla por las tarifas", la desnaturalización de los precios y el endeudamiento, los propulsores de la privatización debían estimular directamente el crecimiento del sector que encarnaban, verdadero lei motiv de la cuestión. Como YPF era amplio dominador, favorecer el desenvolvimiento privado en las mentes colonialistas iba íntimamente ligado a desfavorecer el estatal. El año del golpe, el secretario de Energía anunció que se llamaría a licitación para buscar y producir petróleo, dando preferencia a aquellas empresas extranjeras que estuvieran dispuestas a asociarse con empresas locales. En total, alrededor de una veintena de grupos empresarios ingresaron a la actividad petrolera local o se consolidaron en ella. No obstante, lo denigrante del asunto no estaría dado por la simple licitación e insano empuje del sector, sino que, paralelamente a ello, YPF le transfirió a los privados parte de sus actividades incluyendo yacimientos propios en plena producción, además de abandonar la explotación de zonas bajo su dominio para pasar a explorar regiones de bajo potencial petrolero o mayor riesgo.

El área petrolera fue sin dudas la más acosada por las políticas privatistas. Aunque la privatización no pudo ser total, sí fue parcial. A ésta última se la suele denominar "privatización periférica", y supone el traspaso de sólo algunas actividades al sector privado. Consecuentemente YPF, quizás como ninguna otra empresa estatal de las de mayor volumen, fue privatizada "periféricamente".

Entre julio de 1976 y junio de 1980 YPF realizó 37 licitaciones para ceder áreas petroleras. En cifras absolutas, el sector privado saltó de una extracción de 5,9 millones de toneladas de petróleo en 1976 a casi 11 millones en 1980, año en el que su participación alcanzó un 40% de la producción total. La actividad de YPF en lo que se refiere a la extracción de petróleo permaneció constante durante cinco años; todo el incremento fue tomado por el sector privado. Ahora bien, esto no significa que los empresarios particulares hubieran desarrollado la explotación. En realidad era YPF quien invertía.

Con la irrupción del gobierno militar en 1976, se inaugura el verdadero proceso de vaciamiento de YPF que culminará con su destrucción por la administración menemista. Las acciones de las empresas petroleras Astra y Pérez Companc aumentarían un 150%, 5 días después del "histórico" discurso del 30 de julio de 1976, fecha en que el economista golpista anunciaba "si queremos llegar al autoabastecimiento de petróleo, el precio que pague YPF a los futuros contratistas deberá estar de acuerdo con el precio internacional de crudo".

A continuación, procederemos a enumerar las principales argucias administrativas, políticas y económicas tendientes al debilitamiento general de YPF. Punto por punto, las verdaderas causas de la ineficiencia y posterior decadencia de la estatal petrolera argentina.

- Se cedió a la actividad privada yacimientos de petróleo que YPF explotaba por administración con toda la infraestructura montada, con el agravante que se pagaron precios muy superiores a sus costos de producción. Como resultado de esta política, entre 1977 y 1982 se transfirieron a la actividad privada un total de 25 yacimientos de YPF en explotación, varios de los cuales eran altamente eficientes. Por ejemplo, sólo en el primer llamado a licitación pública, se obligó a YPF a transferir a empresas privadas, sin cargo alguno, 9 yacimientos en explotación. A uno de ellos, denominado 25 de Mayo El Medanito, transferido a las empresas Bridas y Pérez Companc, le correspondía 2.845 m3 diarios, es decir un nivel anual de 1.038.425 metros cúbicos.

- De un endeudamiento de sólo 350 millones de dólares a fines de 1975, se pasó a 1322 millones al 31 de diciembre de 1978, alcanzando los 4644 millones a principios de 1983. Los egresos entre 1977 y 1978 se cuadruplicaron.

- El esfuerzo de perforación de pozos de exploración de máximo riesgo minero, recayó prácticamente en su totalidad en YPF, ya que en el período 1977-1985 perforó 942 pozos nuevos (el 98,1% del total) frente a sólo 18 realizados por los contratistas.

- Entre 1975 y 1981 la participación de YPF en el crudo elaborado descendió del 75% al 69%, en tanto la Shell y ESSO aumentaban su participación en 3 y 2 puntos, respectivamente.

- YPF tuvo que revender parte del petróleo que extraía a las refinadoras ESSO y Shell a precios fuertemente subsidiados, las más de las veces, al mismo precio con el que adquiría el petróleo a algunos contratistas. Sirvan tres ejemplos categóricos: en enero de 1981, compraba petróleo a varios de sus contratistas hasta 128 dólares por metro cúbico y debía venderlo a las empresas extranjeras antes mencionadas a 101. Y como en 1982, al transferir a las mismas 8,8 millones de m3, la diferencia entre el precio internacional (200 u$s) y el interno (51u$s) daba un valor de 149 u$s/m3, de haberse vendido ese crudo al precio internacional YPF hubiese percibido 1.311 millones de dólares más por año. Finalmente, en 1983, mediante la Resolución MOSP N° 50/83 YPF debió entregar su petróleo a Shell y ESSO a 51 u$s/m3. En pocas palabras: se obligaba a YPF a vender su propio crudo a las refinadoras a precio de pérdida.

- En 1976 el Dr. Bustos Fernández, entonces vicepresidente de Pérez Companc, firmaba con YPF seis de los contratos de explotación de yacimientos en producción de YPF. En 1982, cuando se renegociaban Fernández asumió como presidente. Como este, decenas de casos similares.

- Se le impedía a YPF exportar excedentes al prohibírsele el permiso correspondiente. Esto provocó la pérdida de energía en muchos yacimientos e incluso la duplicación innecesaria de la extracción.

- Se le dio a YPF una parte ínfima del precio de venta de las naftas que se vendían en el mercado, permitiéndose a su vez, la expansión del mercado de comercialización a favor de sus competidoras. La participación de YPF descendía, por ejemplo en nafta común, de 65,2% en 1978 a 58,4% en 1981.

- Se la obligó por decreto a no cubrir los puestos técnicos vacantes, y como contraparte, a incluir en su planta permanente al personal de empresas cerradas (caso de General Motors). Asimismo, se le impuso la designación, en tareas directivas, a funcionarios de compañías de la competencia o ligados a ella.

- Se le imponía que mantuviera los salarios de sus cuadros técnicos lo más bajos posibles, provocando un verdadero éxodo de profesionales a las empresas privadas emergentes.

- Se le impedía la compra de insumos esenciales obligándola a la contratación de servicios.

- La permanente campaña de acción psicológica y deformación de la verdad. El 13 de diciembre de 1972, el entonces Administrador de YPF, General Omar Actis, hizo público uno de los datos fundamentales de la explotación del petróleo, al mencionar que el costo total para producir cada metro cúbico de petróleo fue (en 1971) de 4,18 dólares. Sin embargo este valiosísimo dato sobre el costo interno de YPF para producir cada metro cúbico de petróleo fue totalmente ocultado por los distintos medios de difusión, que dieron un resumen de la exposición de Actis, pero sin mencionar el citado costo interno. Obviamente que la omisión no era producto de un desliz periodístico: la difusión de las cifras reales hubiera dejado sin sustento a los contratistas que explotaban petróleo para YPF, a los que se les pagaba valores mucho más altos para realizar el mismo trabajo. Resumiendo, la campaña psicológica estaba orientada a ligar el precio del petróleo internacional con los costos de producción, hecho que carece de validez tanto a nivel mundial como nacional. La vinculación entre precios y costos no presenta una dinámica proporcional. Otra muestra de la ligazón medios de prensa-intereses antinacionales: en 1982, en un artículo aparecido en La Nación, un director de la empresa contratista de YPF, CADIPSA, indicaba que en 1976 YPF invita a empresas argentinas a ofertar en licitaciones de áreas que consideraba marginales por su pequeño tamaño, estado o porque su puesta en marcha implicaba inversiones que no quería realizar. De ninguna manera se trataba de áreas marginales: el conjunto de los 9 yacimientos licitados ese mismo año producían más de 150% promedio de petróleo que los restantes yacimientos que aún conservaba YPF. Además, en todos los casos se entregaron yacimientos en plena producción y con toda la infraestructura montada.

- En 1981, YPF le vendió a Shell un total de 3.472.900 m3 de petróleo. Si solamente YPF hubiera cobrado el 60% del precio internacional del petróleo, es decir 132 dólares por metro cúbico, hubiese percibido 270 millones de dólares más de lo que realmente cobró. ¿Por qué las autoridades económicas otorgaban a una empresa británica semejante privilegio económico en contra de los intereses de la Nación?

- Los precios y tarifas percibidas por las empresas energéticas públicas sufrieron un franco deterioro. En el caso de YPF, se observó una baja progresiva desde 1974 hasta 1978, año en el que experimenta un ligero aumento, para continuar cayendo aún más desde 1979 hasta 1982.

- Irregularidades en la adjudicación de los contratos y su renegociación. Era frecuente la aparición de contratos de perforación, terminación y reparación de pozos, a precios muy superiores a los costos que por igual tarea realizaba YPF e incluso con marcadas deficiencias técnicas. Además, favorecían notoriamente a las empresas privadas en caso de conflictos entre partes. La excusa para facilitar este tipo de contratos era la falta de equipos para cumplir con los planes de trabajo. Lo concreto, y esto se comprobó en numerosas oportunidades, era que cuando las compañías necesitaban "hacer caja" para el cumplimiento de sus obligaciones financieras, obligaban a YPF a través de órdenes emanadas de la Secretaría de Energía para agregar planes adicionales de perforación por contrato, sistemas de "llave en mano", pozos intermedios, etc., lo que terminaba trastocando los planes originalmente previstos. Esto provocaría en YPF un exceso de producción que en muchas oportunidades, por falta de depósitos adecuados, se la colocaba en tierra con las consecuentes pérdidas por evaporación.