Por ANRed - L

Un obrero de la construcción murió el jueves al mediodía mientras trabajaba en una cooperativa de vivienda del barrio San Atilio, ubicado en la localidad de José C. Paz. Más de 800 trabajadores de la cooperativa rodearon el cuerpo para evitar que la policía lo retire y oculte las verdaderas causas de su muerte. Luego de realizar la denuncia ante las cámaras de Canal 13, el cuerpo fue retirado. Un grupo de sus compañeros escoltó la camioneta en la que era trasladado hasta la Avenida Saavedra Lamas, donde cortaron la ruta exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo.

Según sus compañeros, Walter Gimenez, de 36 años de edad, con dos hijos, murió a causa de las condiciones precarias de trabajo a las que diariamente están sometidos en las 120 cooperativas de trabajo en el Barrio San Atilio: ausencia de cobertura médica por accidente de trabajo, ningún tipo de seguro social, ropa y elementos adecuados, trabajo a destajo y bajo amenaza de despido, sueldos menores a los pactados por contrato, entre otras.

Gimenez, luego de recibir una descarga eléctrica de una mezcladora, fue asistido por sus compañeros quienes denunciaron que la ambulancia tardó media hora en llegar al lugar, sin los elementos necesarios y con un médico ginecólogo a cargo.

Según declararon a los cronistas de la radio comunitaria FM Tinkunaco 107.3 Mhz., que se encuentra frente al complejo habitacional en construcción, la de Gimenez es la cuarta muerte de un trabajador producto de la inexistencia de condiciones de seguridad para realizar sus labores.

La precariedad, carta diaria para los obreros.

El complejo habitacional donde se produjo el hecho es el mismo que visitó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, junto al presidente Néstor Kirchner, durante su estadía en el país en el mes de marzo. Las viviendas, ubicadas en el Barrio San Atilio en José C. Paz, se construyen a través de 120 cooperativas de trabajo, cuya figura es un mero formalismo. Los propios trabajadores denunciaron que en el contrato que firman para ingresar a las mismas incluye el derecho a la autogestión del financiamiento y los materiales suministrados por el Estado. Sin embargo, son los punteros del intendente Mario Ishii quienes manejan los recursos, imponen las condiciones de trabajo, y determinan el valor real de los salarios.

Quienes son contratados en las cooperativas, acuerdan recibir a cambio de su trabajo $600 mensuales. Quienes previamente poseen algún plan de empleo, les permiten mantenerlo. En este caso, el total del salario rondaría los $750. Sin embargo, los trabajadores denunciaron que a sus bolsillos sólo llegan $500.

Las cooperativas de la construcción en José C. Paz son parte integrante del Plan Federal de Viviendas, presentadas por el gobierno nacional como una alternativa a los planes trabajar, y otra manera de entender las políticas sociales. En la práctica, es el propio Estado que emplea a los obreros de la construcción en negro, sin ningún tipo de aporte y seguridad en el trabajo.