Argentina: La lucha continúa

Organizaciones sociales que viajaron a Las Heras para marchar en solidaridad con los trabajadores petroleros en lucha, informan que se vive un clima de persecución en el pueblo por parte del Grupo de Operaciones Especiales de la policía de Santa Cruz. Denuncian además que comenzaron detenciones a vecinos que no son petroleros. Uno de los detenidos sería Alexis Pérez, un trabajador gomero del pueblo, mientras que otros dos habrían sido detenidos cuando fueron a denunciar apremios ilegales para que se autoincriminen.
También denunciaron sucesivos allanamientos en las casas del pueblo.
Según informaciones de la agencia Red Acción Luis Guineo, dirigente petrolero, denuncia principalmente el clima generado en el pueblo por la presencia de la Gendarmería: "no podemos andar mucho por ahí porque andan buscando gente, acá cerca de la plaza está todo cercado".
Medio millar de personas marcharon el último jueves, 23, desde el sindicato petrolero hacia la plaza central de Las Heras, exigiendo el retiro de la Gendarmería y el cese de la persecusión a la población y los trabajadores.
Entre las organizaciones que se movilizaron estaban los obreros de Zanón y organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados.
Jerónimo Altschuler, de la UTP en el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), manifestó desde Las Heras que "éstos son momentos decisivos porque la burocracia y los empresarios no respetan los acuerdos en incorporar a compañeros de UOCRA al convenio de los petroleros, hay 40 compañeros que fueron echados, que están sin tareas y para los delegados esto es una provocación".
Hace unos días, el Cuerpo de Delegados de los trabajadores petroleros denunció que a diferencia de lo que declaran autoridades nacionales, "la Gendarmería realiza operativos en los yacimientos impidiendo la realización de asambleas de trabajadores, lo cual constituye la aplicación de un Estado de Sitio no declarado, pero ejercido en forma conjunta por el gobierno nacional y provincial".
También denunciaron que la "Gendarmería y fuerzas provinciales conjuntamente patrullan los campos portando armas de fuego, algo que en forma especifica esta terminantemente prohibido por las normas de seguridad". Las organizaciones y los delegados exigen la restitución de los derechos constitucionales, la prohibición del acceso de seguridad a los yacimientos y el cese de las requisas y controles sobre los trabajadores y la población.  

Fuente: lafogata.org