Traslado de dependencias de la armada a Vicente López
Vecinos indignados de Vicente López
Los hechos
Como es de público conocimiento, el 5 de agosto de
2004 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 1412, a
través de la cual se aprobó el Convenio Nº 8/04, suscripto entre el Estado
Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24 de Marzo
de 2004 y cuyo objeto es que el destino del predio sito en la Avenida del
Libertador 8151/8305/8401/8461, donde funcionara el Centro Clandestino de
Detención identificado como "Escuela de Mecánica de la Armada" -ESMA- sea el
"Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos".
Hacia fines de ese mismo año, la Armada Argentina ingresó el Expediente Nº
2150/04 en el Concejo Deliberante de Vicente López, en el cual se solicitaba la
habilitación para construir varios edificios en el hoy Centro Recreativo
Hipólito Bouchard en los que se instalarían varias dependencias de la fuerza que
hasta la fecha funcionan en el mencionado predio de Núñez. El mismo fue tratado
en comisión y rechazado por unanimidad (ver argumentación en versión
taquigráfica que se adjunta) en la polémica sesión del 23 y 24 de diciembre de
2004. Resulta pertinente destacar que dicha sesión se extendió al día 24 por
cuanto los concejales orgánicos al Intendente y sus negocios, se retiraron del
recinto en forma completamente irregular, eludiendo a los vecinos y medios
presentes y regresaron para votar entre las 4.30 y las 7 de la mañana una serie
de escandalosas y resistidas excepciones al Código de Ordenamiento Urbano, entre
las cuales se encontraba la del megacomplejo comercial y de entretenimientos De
Narváez-Carrefour, para el cual –además- se cedía un privilegiado sector de
tierras públicas ubicado sobre la costa en proximidad del límite con la ciudad
de Buenos Aires. Sin embargo, el 4 de agosto de 2005 el Intendente Enrique García firmó con
la Armada Nacional un Acta Acuerdo por la cual:
La Municipalidad de Vicente López habilita a la Armada Argentina para la
construcción de un complejo educativo en el predio del Centro Recreativo
Hipólito Bouchard, delimitado por la Avda. Libertador, las calles Lavalle y
Laprida y la Avda. Costanera. El mismo incluirá edificios para las siguientes
dependencias:
El Liceo Naval Almte. Brown, el Instituto Universitario Naval (ex Escuela de
Guerra Naval), un edificio para alojamiento de oficiales y otro para
suboficiales, hasta ahora en el predio de la ESMA
Instituto Tecnológico Buenos Aires, actualmente en Madero y Corrientes
Servicio de Investigación y Desarrollo, hasta la fecha en Libertador y Laprida,
Vicente López
Capilla y Edificio de Mantenimiento.
El Ministerio de Defensa/Armada Argentina cede en uso a la Municipalidad de V.L.
un sector del mencionado predio para la construcción de un distribuidor de
tránsito "que dé solución a la emergencia vial de la zona", aunque resulta
evidente en su diseño y trazado que el único propósito del mismo es facilitar el
ingreso al complejo De Narváez-Carrefour.
Mediante los expedientes DE 4119-8191/05 y HCD 1381/05, el Departamento
Ejecutivo Municipal pidió al HCD la Homologación del Acta Acuerdo, que era una
indisimulable versión remozada del proyecto de la Armada oportunamente rechazado
por unanimidad. El jueves 4 de noviembre los 20 concejales orgánicos del poder
municipal dieron vuelta aquel voto, habilitando a la Armada Argentina a avanzar
con el proyecto.
POR QUE DECIMOS NO AL TRASLADO DE DEPENDENCIAS DE LA ARMADA QUE FUNCIONARON EN
EL PREDIO DE LA ESMA
Dicen que "no es la ESMA" lo que se traslada a Vicente López. Ciertamente la
institución actualmente denominada Escuela de Suboficiales de la Armada va a
funcionar en Puerto Belgrano, a 28 km. de Bahía Blanca. Sin embargo, cuando se
habla de la ESMA como emblema del Terrorismo de Estado no se puede hacer un
recorte que limite la historia y los significados que ese emblema contiene en
esa dependencia de la fuerza. Aún más, ninguna persona medianamente informada
afirmaría que la conocida imagen de la fachada del edificio de la ESMA sólo se
asocia a un establecimiento educativo formador de suboficiales ¿Por qué?
- Porque ha quedado ampliamente demostrado en el Juicio a las Juntas, no sólo la
participación en el Terrorismo de Estado de las tres Fuerzas Armadas y el resto
de las llamadas Fuerzas de Seguridad, sino su involucramiento institucional,
desde el momento en que la mayoría de los campos de concentración-exterminio se
ubicó en dependencias de dichos organismos de seguridad, controlados y operados
por su personal. Bien vale recordar que también hubo militares y conscriptos que
no toleraron ser parte de esa maquinaria de muerte y adoptaron posiciones que
fueron desde el retiro de la fuerza de pertenencia hasta la denuncia que también
algunos llegaron a pagar con su vida.
- Porque en el G.T.3.3.2, el campo de concentración más conocido -no el único-
de la Armada Argentina, si bien hubo un grupo central de oficiales y
suboficiales encargados de hacerlo funcionar, se buscó una extensa participación
y compromiso personal del conjunto en la política institucional. En la
ESMA, todos los oficiales participaron por los menos seis meses en los llamados
grupos de tareas.
- Porque lo antedicho se manifiesta en la decisión de los gobiernos Nacional y
de la Ciudad de Buenos Aires –a instancias de los organismos de Derechos
Humanos- de trasladar todas las dependencias alojadas en el predio de
Núñez -y no sólo la ESMA- por considerarlas "símbolos del horror" en razón de lo
expuesto en el punto anterior.
Ahora bien, si la Marina aplicó en forma directa la desaparición y el campo de
concentración-exterminio como la modalidad represiva del poder desde su
estructura y siguiendo la cadena jerárquica de mandos, es institucionalmente
responsable de esos crímenes de lesa humanidad tanto como de dar cuenta del
destino corrido por los miles de desaparecidos, así como de los niños
apropiados, a manos de sus grupos de tareas. En consecuencia, es su deber
supremo facilitar toda la información relativa a la represión ilegal para
imputar y condenar a los culpables de dichos crímenes. Sin embargo, durante los
30 años transcurridos desde el Golpe Militar de 1976, la Armada sólo ha ofrecido
a la sociedad un tibio reconocimiento de conveniencia pero nunca ha aportado el
más mínimo dato en dirección a conocer la verdad acerca de las decisiones que en
aquellos años adoptó sobre la vida de los secuestrados y, en consecuencia, dar
lugar a la Justicia.
La condena social se ha expresado como reacción a ese silencio encubridor. Y no
es Vicente López el primer lugar donde se manifiesta. ¿Cuántas situaciones en
las que diferentes grupos y personas han repudiado la presencia de represores
fuera de las dependencias militares se han registrado? El argumento de que "el
horror queda en el lugar donde fuera perpetrado" es, por lo tanto, insostenible.
El horror está asociado a la institución y nadie puede torcer los cauces de la
memoria por decreto.
Aún desde esta perspectiva, las Fuerzas de Seguridad siguen siendo organismos
del Estado y no es ni siquiera materia de debate su disolución. Por lo tanto,
deberán funcionar en lugares asignados para sus fines específicos, lugares que
no faltarán en un país caracterizado por la baja relación superficie/habitante,
sin tener que circunscribirse a centros poblados que se sienten violentados por
la presencia de dependencias militares que recuerdan la noche más oscura de
nuestra historia reciente. Si se considera que no se puede ejercer la memoria en
el mismo predio donde éstas funcionan, no se entiende por qué sí se puede
imponer esa misma presencia 500 metros más allá a quienes viven sin estar
tampoco exentos de memoria.
Se habla de modificación de los planes de estudio de sus establecimientos
educativos. Sólo basta con verificar que en materia educativa la modificación se
reduce a una mera adecuación a la Ley Federal de Educación. ¿Significará esta
medida algún paso en dirección a la transformación de fondo de las instituciones
militares y la formación que ofrecen a la sociedad civil?
También se habla de "integración". ¿Qué significa esta condición sin verdad y
efectiva justicia? ¿"Borrón y cuenta nueva"? Si esta fuera "otra Marina" ¿no
sería esperable que sus integrantes lo demuestren exigiendo formal y
públicamente que se entreguen los archivos que contienen el detalle de lo
ocurrido con cada uno de los hombres, mujeres y niños cuyo destino de muerte o
apropiación decidieron los oficiales de esa institución?
Como si estos motivos no fueran suficientes, las condiciones bochornosas y el
costo social de este traslado enrarecen aún más la atmósfera que lo rodea:
El predio del Centro Recreativo Hipólito Bouchard fue asignado a la Armada en
época de la última dictadura, de igual modo que otros inmuebles en los que aún
hoy funcionan el Centro Naval, el Círculo Militar, la Prefectura y otros centros
de esparcimiento, vinculados o no a las fuerzas de seguridad. La mayor parte de
la superficie ocupada por estos establecimientos corresponde a terrenos ganados
al río con rellenos ilegales y, por lo tanto, ubicados entre la línea de ribera
y la costa, es decir se trata de tierras de dominio público, que por su
naturaleza son inalienables e imprescriptibles, según lo establece el Código
Civil. Sin embargo, el Centro Bouchard cuenta con una escritura emitida en época
de la dictadura y denunciada por su dudosa validez, habida cuenta de que no
puede escriturarse un bien que no es comercializable. Hace muchos años que
diversas organizaciones comunitarias locales reclaman la devolución de las
tierras usurpadas para el uso público y la recuperación de necesarios espacios
verdes.
La cesión del sector donde se construirá el distribuidor de tránsito beneficia
sin disimulo a los de siempre, en este caso el empresario menemista De Narváez y
el hipermercado de capital foráneo Carrefour, desarrolladores de un
emprendimiento privado de dimensiones poco comunes y ya bendecido con
privilegios inconcebibles. Hablamos de un shopping de 400 locales comerciales,
centro de entretenimientos, casino (expresamente prohibido en el COU vigente),
estadio para 12000 personas y hotel 5 estrellas. Todo esto sin evaluaciones de
impacto ambiental ni consulta pública ni previsiones de infraestructura y con el
argumento de siempre: la creación de puestos de trabajo y un supuesto "progreso"
que los argentinos conocemos muy bien. Y esta obra vial, que el Presidente
Kirchner anunció con el Intendente García en un acto en el club Platense poco
antes de las elecciones, será costeada con $400 millones por el Estado Nacional.
Aplaudimos las medidas en materia de Derechos Humanos de esta gestión pero
reclamamos coherencia. No queremos la memoria de los bronces en los cementerios,
la queremos proyectada en un presente de plena vigencia de los derechos civiles
y políticos pero también económicos, sociales y ambientales.
Entonces cabe preguntarse:
¿Por qué se "premia" a la Armada otorgándole el mejor lugar del conurbano
que debería ser un espacio verde público para trasladar las dependencias de la
ex ESMA?
¿Por qué la legítima necesidad de desalojar las dependencias de la Armada del
predio de Núñez se convierte en justificativo para desestimar el análisis acerca
del destino de las mismas y las negociaciones que implica su traslado?
¿Por qué la Comisión Bipartita tiene que funcionar con un ojo tapado y el
Secretario de Derechos Humanos declara que el organismo a su cargo no tiene
competencia en estos asuntos?
¿Por qué se favorecen desembozadamente los hechos de corrupción y los negocios
faraónicos de quienes han concentrado el poder económico en todos estos años?
¿Es ésta la manera de honrar la memoria de los miles de desaparecidos militantes
políticos, sociales, cristianos, dirigentes gremiales y trabajadores
comprometidos, estudiantes, exponentes de todas las profesiones, oficios y
ocupaciones, e inclusive conscriptos y militares que se resistieron a formar
parte del aparato represivo-desaparecedor?
¿Es éste el resultado de tantos años de lucha de las Madres, Abuelas,
Familiares, Ex-detenidos, Hijos, Organismos y la sociedad civil que poco a poco
se ha ido sumando al reclamo de memoria, verdad y justicia?
Vecinos Indignados de Vicente López, un espacio plural que –si bien no es un
organismo de Derechos Humanos- trabaja en la defensa de los mismos en toda su
extensión, se dirige a todas las organizaciones que han sostenido esta lucha
durante décadas para reflexionar sobre estas cuestiones y buscar
responsablemente una alternativa justa que permita desalojar cuanto antes el
predio de la ex ESMA, sin renunciar a los principios medulares de nuestra
memoria.
Febrero de 2005
VECINOS INDIGNADOS DE VICENTE LOPEZ vecinosindignados@yahoo.com.ar
Prensa:
4791-8231
(15) 5505-7024
Reuniones: Martes 20 hs.
Centro Cultural Tiempos Modernos
Aristóbulo del Valle y Caseros
