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Argentina: La lucha continúa
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Impuestos y confiscación del salario *
Rechazar la tributación del trabajo asalariado
Eduardo Lucita
(Integrante del colectivo Economistas de Izquierda-EDI)
La muerte del oficial Sayago, que los trabajadores no buscaron y que deberá ser
investigada hasta el final, así como la represión desatada a continuación, no
pueden ocultar el doble contenido del conflicto petrolero.
Por un lado es una lucha contra el encuadramiento sindical y las despóticas
condiciones laborales que se derivan de la política de terciarizar tareas. Esta
es una practica de las grandes compañías que por lo general crean sus propias
empresas subsidirias lo que les facilita la categorización de los
trabajadores de esas empresas en actividades y sindicatos con escalas salariales
menores y altísimos niveles de precariedad.
La lucha por revertir esta condición de superexplotación –que implica el
reencuadramiento sindical en función de la rama efectiva en la cual trabajan;
incorporación a convenios colectivos con mejores escalas salariales y mejores
condiciones de trabajo- está recorriendo todas las zonas petroleras del país,
pero no es exclusiva de esta actividad.
También los concesionarios ferroviarios o las telefónicas o Metrovías en
subterráneos, convocan a empresas –que muchas veces son creadas a tal efecto-
para terciarizar tareas. Con el tiempo en todas ellas se desarrollan conflictos
por el reencuadramiento y contra la precarización, que no sin esfuerzo se vienen
resolviendo a favor de los trabajadores.
La combinación de baja estructura salarial, extensas jornadas y condiciones de
trabajo cercanas a las de principios de siglo, que caracteriza el régimen
laboral de estas empresas, constituye una contribución nada desdeñable a las
fabulosas ganancias que año a año contabilizan las grandes compañías.
Por otro lado la lucha de los petroleros de Las Heras está orientada a
subir el piso del "mínimo no imponible" a partir del cual los trabajadores
tributan impuesto a las ganancias.
Con el actual nivel paga este impuesto casi el 6% del total de la fuerza de
trabajo y alrededor del 17% de los que están en relación de dependencia.
Esta situación tiene su origen en la modificación del gobierno de De La
Rúa que rebajó los mínimos no imponibles como mecanismo para recaudar dinero
rápido para las arcas estatales que estaban exhaustas, y que tanto el gobierno
de Duhalde como el actual del Presidente Kirchner mantienen sin actualizar. En
estas condiciones cada aumento conseguido, aunque no supere la inflación, hace
que cada vez más trabajadores paguen este impuesto. (1)
Incluso se da el caso de trabajadores que luego de fuertes luchas lograron
aumentos importantes pero, por el pago del impuesto, el salario de bolsillo es
menor que el que percibían antes del aumento. Lo que constituye una verdadera
confiscación del salario. (2)
Para los petroleros la situación se ve agravada porque por zona desfavorable
perciben salarios mas elevados que la media, pero lo que el bendito mínimo no
imponible no mide es que en esas zonas el costo de vida es muy superior al
promedio del país y que en la desolación de la estepa patagónica son mucho más
desfavorables las condiciones en que viven y reproducen su existencia las
familias obreras.
Sin embargo es necesario señalar que la actual política tributaria esconde
una cuestión ideológica de fondo, que es el criterio que impone la tributación
del trabajo asalariado. Criterio que equipara el excedente del salario que
supera cierto nivel -1835 pesos en la actualidad- a la ganancia empresaria,
aunque las alícuotas de tributación resulten diferentes.
Claro está que la concepción que preside esta política no es otra que la de
maximizar el superávit fiscal –ya sea por incrementar ingresos de recaudación
sencilla o reducir gastos, sea por congelamiento de salarios estatales o por
reducción –en moneda constante- del gasto social.
El superávit extraordinario así conseguido se orienta casi con exclusividad al
pago de la deuda, a incrementar las reservas o a constituir un llamado Fondo
Anticíclico, y es muy poco lo que se deriva a paliar la situación social.
Las organizaciones obreras deben rechazar de plano esta concepción que
naturaliza la tributación del trabajo asalariado. De hecho los petroleros de Las
Heras plantean "Elevación del mínimo no imponible o eliminación directa para los
trabajadores del impuesto a las ganancias". (3)
Incluso extremando el análisis, la reivindicación de elevar el mínimo no
imponible, o establecer excenciones al pago del impuesto, siguiendo un
razonamiento de corte progresista que propugna que si el capital tiene
excenciones porqué no también el trabajo, es caer en la trampa ideológica de
equiparar la ganancia del capital con la retribución por la explotación del
trabajo asalariado.
Claro está que este es un debate ideológico que en nada busca empañar o
desplazar la actual lucha de los trabajadores por elevar el mínimo no imponible
o conseguir excenciones. Incluso debiera plantearse también la elevación del
mínimo no imponible en el caso del impuesto a los Bienes Personales, porque con
el límite actual – 103.000 pesos, también congelado desde 1999- todo trabajador
propietario de una pequeña vivienda debiera pagarlo.
Estas son reivindicaciones inmediatas pero es necesario que las organizaciones
obreras tengan en claro el sentido último del cuestionamiento al momento de
debatir una nueva y progresiva política tributaria para el país.
Visto desde esta perspectiva el conflicto petrolero tiene una dimensión que
supera las reivindicaciones que le dieran origen, porque tiene el valor de que
ha puesto en debate el
Carácter regresivo de la política impositiva del país y ha instalado la
necesidad de una reforma tributaria profunda.
Al calor de esta confrontación se han conocido estudios que muestran que los
trabajadores aportan, por distintos mecanismos contributivos nacionales,
provinciales y comunales, el 50% de la recaudación impositiva del país. Este
dato adquiere mayor significación si se tiene en cuenta que período a período se
baten records de recaudación y que la presión tributaria es la más elevada en
muchos años, alcanzando casi un 27% del PBI. La contrapartida es que la
participación de los trabajadores en la renta nacional es de apenas un 25%.
(4)
Una reforma tributaria progresiva debe dar vuelta como una media la actual
orientación de la carga fiscal, haciendo que tributen efectivamente los que más
tienen. Desgravando al trabajo asalariado (5), reduciendo el IVA a los artículos
de primera necesidad, incrementando las alícuotas del impuesto a las ganancias
extraordinarias, gravando a las transacciones financieras hoy exentas, revisando
las excenciones que disfrutan las grandes empresas y sobre todo gravando a la
riqueza, elevando las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales.
Porque de lo que se trata es de terminar con esta política tributaria regresiva
piedra angular de un modelo económico que promueve el crecimiento de la economía
pero acentúa la desigualdad social, la concentración de la riqueza y la
expansión de la pobreza.
Buenos Aires, febrero 2006.
* Agradezco los comentarios que sobre la versión original me hiciera el colega
Guillermo Gigliani, aunque es solo mía la responsabilidad del texto final.
Notas
1) Hasta hace un año atrás el impuesto a las ganancias era pagado por 300.000
trabajadores, pero ahora con los aumentos salariales de este año son 600.000 los
que se ven afectados.
2) El periodista Ismael Bermúdez en el diario Clarín del 16.02.06 hace un
análisis comparativo de un salario de 1999 ajustado por inflación al 2006. Los
resultados muestran que el trabajador casado con dos hijos no tributaba en
1999, en tanto que en 2006, con igual salario real, el impacto del tributo era
de 5.62% del salario.
Para el trabajador soltero el impacto era de 0.74% en 1999 y del 7.43% en 2006.
3) Puede argumentarse que en el Estado del Bienestar, especialmente en los
países donde más se ha desarrollado, norte de Europa, Canadá,
los impuestos son muy altos, incluso los asalariados tributan tasas muy altas.
Pero en esos países el salario neto se compone del salario disponible (salario
percibido menos impuestos) más las prestaciones sociales que ofrece el gobierno.
En muchos países el salario social (educación, seguridad social, jubilación y
otras prestaciones) es también muy elevado y puede verse como una contrapartida
del impuesto al salario. Pero esta no es ni remotamente la situación en el país,
y no parece que pueda serlo en muchos años.
4) ver Diario Clarín, ediciones del 7 y 16/02/06.
5) Aquí hay que establecer un límite porque en caso contrario quedarían también
desgravados los elevados montos que perciben los funcionarios y ejecutivos, que
debiera determinarse hasta que nivel se considera salario y que son
participación en las ganancias u otros conceptos de ingresos personales. Y
debiera discutirse si deben tributar por 4ta. Categoría o con gravámenes más
ligados a la ganancia del capital.
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