Argentina: La lucha continúa

Prof. Juan Carlos Sánchez

Mientras la Avenida Rivadavia se teñía del dolor sostenido por los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de una tragedia previsible, el juicio político al suspendido Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, se aprestaba a dar los últimos pasos procesales para la delimitación de la responsabilidad política entre el paso incesante de los testigos de la acusación y de la defensa para concluír en los alegatos.
 
Dentro de un proceso en el cual se comenzaron a advertir algunas de las responsabilidades, junto a las especulaciones políticas, la justicia intentaba tomar cuerpo para aliviar el sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos con la finalidad de permitir su definitivo descanso, luego de una batalla de 14 meses.
 
Sin embargo, desde la estrategia del plebiscito, que claramente indicó la intención de prorrogar la asunción de responsabilidades, más allá de las asumidas por el ex-Secretario de Justicia y Seguridad, Dr. Juan Carlos López y la ex- Subsecretaria de Control Comunal, Lic. Fabiana Fiszbin, se advierte su continuidad durante todo el proceso, el cual fue matizado por las marchas, visitas y actos organizados por el ibarrismo con la finalidad de deslucir un mecanismo constitucional que intenta esclarecer el grado de responsabilidad de un Jefe de Gobierno que sigue insistiendo, en forma grave, con la analogía de un golpe, cuando apenas faltan 22 días para un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976.
 
Si bien los grupos de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes de Cromagnon están surcadas por un dolor incesante, el que fue intentado de acallar de mil y una maneras por todos los medios posibles, ellos tienen el legítimo derecho de expresar su opinión más allá de los cuestionamientos de una clase política que solamente mira sus intereses en lugar del interés general. Aunque pudiera parecer excesivo, el dolor provocado por la pérdida supera a la racionalidad que muchos pretenden y es lo que no se comprende desde vastos sectores de la sociedad civil y de los políticos que intentan, nuevamente, deslegitimar un instituto previsto por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
 
En el medio, tal como hemos expresado desde esta misma columna, las pulseadas políticas son evidentes y las chicanas están a la orden del día, tanto desde el ibarrismo, que ha conseguido el aval kirchnerista, como del macrismo. Sin embargo, muy en el fondo de la cuestión, subyace el temor del castigo y por ende, se alienta la impunidad para seguir transitando el derrotero al que han acostumbrado a la ciudadanía, mediante el chicaneo constante durante el proceso llevado a cabo en la Sala Juzgadora y la virtual campaña electoral iniciada por el ibarrismo, convocando a representantes de la cultura, a organizaciones no gubernamentales y, con las palabras mágicas de "amigo Aníbal" pronunciadas por el Presidente Kirchner, a la militancia ibarrista y kirchnerista.
 
Entre la política, la justicia y el dolor, un nuevo acto, un nuevo mitin político sacudirá a la Plaza de Mayo mientras la Sala Juzgadora estudia los alegatos presentados por los fiscales, Diputados Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Roberto Devoto y por la defensa, con el concurso de los Dres. Julio Strassera y Fernando Castejón, junto al resto de los testimonios y del informe de la Comisión Investigadora.
 
Nuevamente, el colorido de una campaña electoral sin elecciones va de la mano del apoyo de organizaciones no gubernamentales, tales como Asociación Civil Igualdad de Derechos, Fundación Mujeres en Igualdad, Asociación Amanecer, Asociación Mutual Mujeres de Buenos Aires, Asociación Civil Proyecto Asistir como asimismo las que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos o realizan tareas de asistencia social, tales como la Casita de Sebastián Bordón, Asociación por la Fuerza de Ezequiel Demonty y la Coordinadora de Villas y Núcleos Habitacionales, entre otras.
 
Sin embargo, dicho apoyo no es gratuito pues la gestión ibarrista las ha incluído en la lista de los generosos subsidios que se otorgan a través de los diferentes programas que se ejecutan desde el Ejecutivo porteño, pudiendo destacarse la Resolución Nº 1.899 - SDSOC - 2005 (Secretaría de Desarrollo Social) del 29 de diciembre pasado en donde, por ejemplo, una de las organizaciones nombradas percibió $ 18.800. Sin contar ello, con el apoyo permanente a los Centros de Jubilados mediante los subsidios de Fortalecimiento Institucional y a las organizaciones que se ocupan de las personas con discapacidad, como la Fundación Par, que es auspiciada por JPMorgan Chase, American Express, Banco Galicia, Fundación Telefónica y la Fundación Bunge y Born, entre otras organizaciones y empresas, la que recibiera un subsidio de $ 6.000 de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 1913 - SDSOC - 2005, en la misma fecha, junto a otras entidades tales como la Fundación Centro de Investigación y Asesoramiento en Psicología (CIAP), beneficiaria de la norma nombrada anteriormente por $ 76.720.
 
Y más allá del acto de contrición del Dr. Ibarra durante su alegato del día martes 28, aún teniendo en cuenta los beneficios sociales que pueden producir estos aportes estatales que hemos mencionado, nos encontramos ante la existencia de un toma y daca, del condicionamiento hacia las entidades con el deliberado fin de sustentar sus ambiciones políticas y de sustraerse a sus responsabilidades políticas, las que se están juzgando en la Legislatura porteña.
 
No se trata de hablar de manipulación política unilateral cuando, en realidad, ha existido tanto desde el ibarrismo como desde el macrismo y una izquierda vacilante, sin convicciones firmes, ante la finalización de este juicio político. Se trata de buscar las verdaderas responsabilidades, algo que no hubiese ocurrido, sin dudas, si el ibarrismo tuviese mayoría en el cuerpo legislativo y que no ha acontecido en el caso de la Provincia de Buenos Aires ante la tragedia del Penal de Magdalena, debido a la preeminencia de los dos bloques justicialistas, el felipista y el duhaldista, que debiese llevar a dar sólidas explicaciones al Gobernador Solá.
 
Una vez más, entre la política, la justicia y el dolor se intenta deslegitimar a un mecanismo constitucional que permite la remoción de sus cargos a quienes incumplen con sus responsabilidades. Pero no es casual. Cunde el pánico entre una clase política que no da respuestas, que sigue alejada de las verdaderas necesidades de las grandes mayorías y de quienes más lo necesitan, como las personas con discapacidad.
 
Y se vuelve a cumplir lo que expresa Gaetano Mosca en su obra "La Clase Política": "Todas las clases políticas tienen la tendencia a volverse hereditarias, si no de derecho, al menos de hecho". Es lo que viene aconteciendo desde 1983, de la mano de la impunidad y de una ciudadanía que no participa, ni la dejan participar, mientras quienes están atrapados por el dolor, la pobreza y la indigencia siguen buscando ese nuevo camino que los lleve a la Justicia, la que los constituya en ciudadanos de primera y no, como simples espectadores de un espectáculo tan bochornoso.          

Fuente: lafogata.org