La energía no es un problema de especialistas, de técnicos, de profesionales; es un problema de todos. La cuestión de la energía es estratégica, hace a la planificación del modelo de salud, de educación y de industrialización que se proponga. Ningún gobierno puede planificar una economía para el pueblo si no tiene la energía en sus manos.

La dirigencia política nacional en su gran mayoría y el sindicalismo empresarial, facilitaron en nuestro país la venta, el remate, la entrega a manos de las multinacionales de los recursos económicos, en especial los energéticos, del Estado Nacional. No se debería borrar de la memoria la maniobra de apelar a un diputrucho en la votación de la privatización de YPF. Y en la condena histórica debería aparecer en los manuales de la traición el festejo de los diputados peronistas y liberales cuando celebraban, con la misma algarabía que se aplica a un triunfo deportivo, el quiebre parlamentario con el que conseguían las leyes por las que se extranjerizaba el patrimonio nacional.

Ocultos en el Caballo de Troya de que el Estado era inservible, se habilitó un mecanismo a través del cual se produce la extracción más salvaje de los recursos y de la rentabilidad energética de nuestro país. La caída del Estado se produjo con algunas consignas muy claras y contundentes: Privatización, Desregulación, Flexibilización laboral. Esto posibilitó el traspaso de poder y de recursos de la Nación a las empresas privadas, cobijadas bajo el manto eufemístico del Mercado. ¿De qué convencieron a doña Rosa? Le dijeron que el Mercado desregulado garantizaría una distribución equitativa de la riqueza, con salud y educación para todos; objetivo imposible de alcanzar si se seguía manteniendo un Estado gigantesco y omnipresente.

El Mercado, aunque lo presenten como anónimo, tiene nombres propios y ganadores netos en esta puja que dejó a millones de argentinos debajo de la línea de pobreza, y de la indigencia. Esta política, basada en la desregulación, dejó todo en manos del dios mercado (empresas multinacionales, transnacionales) convirtió a los usuarios en 'clientes', a los trabajadores en 'desocupados' (parias en su propio país) y a la energía en una 'mercancía'. Un negocio que contradice y tergiversa los verdaderos valores de la energía como bien social y derecho humano universal. Esta política tiene agravantes. Las empresas no han invertido en los sistemas energéticos nacionales, condición imprescindible para dar continuidad y seguridad a los mismos; (la posibilidad del colapso energético, en nuestro país, se debe fundamentalmente a esta razón).

Las ganancias multimillonarias obtenidas (extracción de la riqueza argentina) se han remitido a sus casas matrices. Las petroleras, por ejemplo, dispusieron discrecionalmente hasta el 70 % de las divisas de sus exportaciones. Extraen el petróleo crudo y el gas a simple declaración jurada de las propias empresas, sin medición ni control alguno por parte del Estado Nacional. Establecieron por más de una década las tarifas ( en algunos casos las más altas del país y del MERCOSUR) a valor dólar e indexadas por índices que nada tenían que ver con la economía nacional, así como los precios de los combustibles que han estado en correspondencia con los valores internacionales, sin tener en cuenta los costos y valores internos.

Las tarifas de los combustibles en la Argentina no acompañan ninguna referencia seria: si sube el dólar suben; si baja el dólar, suben; si baja el barril de petróleo en la OPEP, sube; si hay golpe en Venezuela, sube; si Chávez se queda, sube; por la promocionada guerra en Irak, sube. Un país que se autoabastece de energía debe pagar los precios más caros de Latinoamérica gracias a que privatizó casi el 100 por 100 de su energía.

Argentina, país exportador de Energía, no se capitaliza, ni cuando las variables les son favorables, la autonomía legada a las empresas les permite adoptar las decisiones que crean más convenientes para su rentabilidad, a expensas del devenir económico nacional.

Para los trabajadores que nos agrupamos en un modelo sindical que unió a todos aquellos que rechazamos el proceso privatizador es necesario que, en el marco de la articulación social y política más amplia, recuperemos el poder que da el manejo de los recursos económicos, alimentos y energía, que nos permitan salir de la crisis. La energía y la integración en manos de los pueblos (fragmento de la declaración del Foro Energético de los Pueblos, Mar del Plata noviembre de 2005)

Para construir una nueva realidad para los pueblos sometidos del continente necesitamos que los recursos naturales sean nacionales y recuperados por nuestras naciones. Por ello reiteramos que la cuestión central en el tema energético es la propiedad de los mismos. No habrá Nación latinoamericana ni servicios públicos para todos mientras no podamos ser dueños de los mismos, de lo contrario no habrá pueblo que no sea rehén de las decisiones del poder económico concentrado internacional que viola sistemáticamente los derechos humanos esenciales al dejarnos sin agua, sin luz, sin gas cuando ellos quieren.

Nuestro continente se agita por las luchas sociales y políticas de nuestros pueblos, que no se resignan a ser objetos de la explotación. Parte de ello ha resultado en la elección de gobiernos de fuerzas políticas calificadas de progresistas a los que exigimos marchar por la senda de la integración latinoamericana sobre la base del respeto y defensa de los derechos de cada nación y pueblo al bienestar y al desarrollo, por lo que rechazamos las formas adoptadas hasta ahora, que privilegian la libre circulación de capitales, materias primas y recursos energéticos para beneficio de las transnacionales, cuyo último ejemplo es el llamado Anillo Energético del Cono Sur.

1. Recuperar para los Estados Nacionales la propiedad de los recursos energéticos, así como un nuevo modelo superador, de gestión democrática y con control popular en la dirección de las empresas de servicios públicos. Luchar por servicios públicos estatales, con control de organizaciones de usuarios, ambientalistas y de trabajadores, es fundamental para lograr una energía al servicio de la gente

2. Elaborar una matriz energética, consecuente con el desarrollo de los pueblos del continente.

3. Tener servicios públicos estatales accesibles, universales, para todos nuestros habitantes. Que no se vean desvirtuados por tercerizaciones, gerenciamientos, concesiones y otras formas de privatización encubiertas.

4. Exigir que se respete la voluntad soberana de los pueblos, que a través de vías plebiscitarias presionen para que sus recursos naturales y servicios básicos sean patrimonio de sus respectivas naciones.

5. Construir la alternativa latinoamericana de un bloque de integración económica, que enfrente los acuerdos de sometimiento, que expresa el ALCA y los Tratados Bilaterales de Inversión.

Los objetivos de la lucha:

Bases del Proyecto Nacional Energético Alternativo para la República Argentina

La reestructuración alternativa del sector energético argentino, en base a los principios que se esbozan en este proyecto debe contener los objetivos siguientes.

Lo Estratégico: 1. Nacionalizar las fuentes energéticas sobre la base que su dirección y control deben estar en manos del pueblo, lo que significa establecer el control social del sector.

La Coyuntura: 2. Proceder a la revisión de todas las privatizaciones realizadas, especialmente las que hayan sido ejecutadas mediante decretos inconstitucionales y/o leyes especiales sancionadas con manipulación de los quórum, violentando la soberanía, a precios de liquidación, comprometiendo la misma o limitando el ejercicio del poder de futuros gobiernos. Y anular todas las privatizaciones realizadas, que no hayan respetado las leyes y procedimientos vigentes; tendiendo a la recuperación por parte del Estado de dichas empresas.

3. También nos oponemos a los proyectos de privatización de las empresas del área de energía en algunas provincias que quieren repetir la fracasada política energética nacional o impulsar una restatización sin futuro y a los contratos de iniciativa privada dibujados para beneficio de empresas permanentemente 'amigas del poder'.

4. Anular la 'libre disponibilidad de crudos y gas' impuesta por decretos por exigencias de los monopolios y oligopolios petroleros que operan en el país. Intervenir las empresas privatizadas energéticas para que la voluntad popular libremente manifestada establezca su condición futura. Detener las exportaciones de petróleo crudo y gas, excepto aquellas que no ponen en crisis las reservas nacionales y la demanda interna a largo plazo, y siempre que se realicen con acuerdos previos de integración auténtica con países hermanos limítrofes. Anular el insólito beneficio otorgado en la década de los años noventa por el cual las compañías que exportan nuestro petróleo y gas natural dejan en los mercados financieros internacionales el 70 por ciento de las divisas de sus exportaciones.

5. Prohibir la remisión de las ganancias de las empresas energéticas al exterior estableciendo cuotas obligatorias de inversión para mantener los niveles de reservas. La decisión sobre las reservas, los volúmenes de producción y niveles de generación, como la formación de precios de comercialización corresponden al Estado nacional.

6. Restablecer una política de exploración y explotación petrolera, asumiendo el Estado Nacional una acción directa, a través de ENARSA, que rescate el acervo tecnológico nacional que lograra Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado, organizando a trabajadores y técnicos en una empresa federal moderna y controlada socialmente. La gestión de las reservas, los volúmenes de producción y las formas y precios de comercialización, deben ser determinados por el Estado Nacional. Las tarifas y los precios mayoristas del crudo y del gas natural deben basarse en los costos internos que responden al carácter social y económico del país, y no en los precios internacionales, que responden a motivos políticos y a la fijación de precios por los poderes económicos oligopólicos.

7. La Nación Argentina debe declarar que los bienes energéticos son estratégicos y esenciales, y que las actividades petroleras, gasíferas y de la energía eléctrica son servicios públicos. La Ley de Hidrocarburos N° 17.319, en lugar de las modificaciones propuestas por empresas privadas y algunos funcionarios provinciales para blanquear de los Decretos 1055, 1212 y 1589 del año 1989 y por los cuales se definió al petróleo y al gas natural como simples mercancías, debe ser reemplazada por una nueva Ley que restablezca su carácter de bienes sociales y estratégicos para la Nación, anulando la libre disponibilidad de los hidrocarburos. .

8. Detener toda venta de empresas petroleras y de acciones de empresas públicas que aún queden en propiedad pública con la intención de recuperar los recursos petroleros para la Nación. Se debe mantener, como hasta ahora, la defensa de las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Salto Grande, como las centrales nucleares Atucha I y Embalse. En Salto Grande deberá asegurarse la propiedad y gestión de carácter binacional, más allá de la participación provincial en la renta. Se debe restaurar la CNEA en su antiguo nivel de excelencia en ciencias básicas y aplicadas, en una entidad única e indivisible, y garantizar la finalización de Atucha II. En función del bajo costo y de la gran reserva de agua turbinable disponible en el país, se debe promover el estudio y la construcción de centrales hidroeléctricas, apoyados en estudios que minimicen los impactos ecológicos. Respecto a la energía nuclear, se debe dar impulso a su desarrollo y crecimiento, y enfatizar la prevención acerca de los residuos nucleares y su tratamiento que aseguren los derechos de las nuevas generaciones.

9. Terminar con la dilapidación del gas natural a través de las exportaciones al exterior sin planificación alguna, al mismo tiempo que la falta de gas y electricidad, mantienen una permanente crisis de oferta energética. Esta falta de planificación y de ineficiencia también se manifiesta cuando se permite que se genere electricidad en base de turbinas de ciclo combinado, relegando el potencial de recursos renovables que tiene nuestro país. Debe establecerse una regulación de estos proyectos por el Estado y autorizar solo aquellos realmente justificados. Se debe crear un ente federal planificador e integrador de la energía nacional con participación activa de los sectores involucrados.

10. Establecer una recomposición salarial para los trabajadores activos y pasivos del sector, que les permita acceder a una canasta alimentaria y de bienes y servicios dignos y adecuados para la época actual. Reafirmar los convenios colectivos de trabajo homologados ante el Ministerio del área, en cada rama de la energía, para su aplicación efectiva en defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores. En ese contexto rechazar la mano de obra contratista, que busca confirmar estructuras paralelas de servicios donde la variable es el trabajador contratado con sueldos depreciados y bajo regímenes de otra actividad ajena al servicio. Oponerse a la tercerización de la mano de obra calificada, formada, técnica y profesionalmente en el ejercicio de la función, para evitar la prevaricación de los servicios. Exigimos la elevación del mínimo no imponible, el correcto encuadramiento convencional de los trabajadores y salarios básicos ajustables por encima de la línea de pobreza

11. Desarrollar una política de aprovechamiento de los recursos carboníferos en función de las nuevas tecnologías. El Estado recientemente debió retomar la conducción estratégica de esta actividad ante el fracaso y huida del grupo Taselli que tomó la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales con el objeto de hacer negocios en base a los subsidios que recibe este material como fuente de energía eléctrica. Ahora el Estado debe modernizar y repotenciar el sector y la empresa mineras, garantizando la producción carbonífera a fin de lograr el equilibrio armónico con las exportaciones y el consumo de los recursos energéticos.

12. La política sectorial, y particularmente la prestación de los servicios públicos energéticos, entendida en el concepto más amplio, debe asegurar que todos los habitantes puedan acceder al consumo de los bienes energéticos en el presente y en el futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en su nivel socioeconómico o lugar de residencia, en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economía del servicio, la racionalidad en el uso y la conveniencia para el medio ambiente.

13. Prohibición del corte de los servicios públicos por falta de pago de los usuarios, debiéndose establecer la tarifa de interés social. Si antes de 1989 éramos usuarios y nos convirtieron posteriormente en clientes cautivos, nuestro objetivo debe ser rescatar nuestra condición de usuarios y de trabajadores de empresas productivas y no de aventuras financieras que grupos privatistas las convirtieron al renegar del concepto social y estratégico de la energía.

14. Declaramos que la recuperación de Aguas Argentinas, constituye una iniciativa superadora de la situación de privatización. Pese a ello, las luchas realizadas durante años, por distintos sectores gremiales, políticos y sociales, entre los que se encuentran la CTA y la FeTERA, no se ve plenamente satisfecha, por varios motivos, entre los que señalamos:

a) Se llega a la restatización luego de varios intentos fracasados de hallar empresas privadas para reemplazar a Suez.

b) La presidencia de la nueva empresa AYSA, se pone en manos de los sectores sindicales que apoyaron la privatización, en un inconcebible escenario de reciclaje político.

Hacia una acción común

Se debe cambiar el Modelo, no corregirlo para mejorarlo o empeorarlo. Se debe nacionalizar, no reprivatizar. Se debe denunciar el acuerdo tácito entre privatizadores de ayer y reprivatizadores de hoy. Los grupos que proponen mantener o recrear estas políticas, oficialistas u opositores, integran la misma filosofía de entrega y dependencia que nos sumieron en la situación actual. No se puede aceptar que se revivan los contratos de concesión o se adecuen en contratos nuevos donde el Estado no asuma la gestión de los recursos naturales de la energía. Los contratos se anulan o abrogan, pero no se los debe renegociar para mantener el espíritu básico con el que se los estableció.

El poder del capital es inmenso en la actualidad y su impulso parece incontenible y espantoso: adquiere, a cualquier costa, las reservas de agua dulce y la renta de los recursos energéticos estratégicos en cualquier lugar del planeta; posee el dominio de las comunicaciones en el mundo; e impone su ideología y su cultura en todos los rincones del universo y lo somete a su avasallamiento y depredación.

Pero la potencia del trabajo es, en el mundo, aún mayor. No solo por constituir el trabajo la condición esencial humana, sino porque el trabajo tiene por único destinatario al propio hombre y no simplemente al lucro, y la especulación. El camino a recorrer está lleno de amenazas y sufrimientos, pero la crisis actual, que pone a la vista el fracaso neoliberal, se resolverá finalmente dando lugar a una nueva era de Justicia y de Solidaridad.