Después de la movilización popular del pasado 24 de marzo convocada por el "Encuentro 30 años, Memoria, Verdad y Justicia" de la que participaron más de 100.000 personas, ha quedado un sabor amargo con las desuniones, los insultos y las declaraciones públicas y mediáticas algunas organizaciones de Derechos Humanos y partidos políticos. Una cuestión no menor, sin dudas, pero que necesariamente deberá ser conciliado entre quienes desde siempre han tomado a su cargo la iniciativa de las convocatorias, las que históricamente han sido abonadas con una trayectoria inclaudicable en la lucha por la verdad y la justicia.

Sin embargo, el actual gobierno -"neoderechohumanista" por cierto- lejos de mantenerse al margen ha tomado posiciones antes, durante y después del masivo acto. Antes pretendiendo convertir a la movilización en un acto de gobierno, durante enviando a sus sectores cooptados a romper con la armonía que siempre ha caracterizado a este tipo de movilizaciones y después haciendo declaraciones, análisis y señalando con el dedo tan temerario como acusador y condenador.

El jefe de gabinete, Alberto Fernández, se arroga el derecho de hablar del "respeto por los muertos y desaparecidos" como también manifestar "deberían sentir vergüenza de decir lo que dijeron" con referencia al documento consensuado por más de 300 organizaciones, a lo que sumó la crítica al considerar todo como "un espantoso uso del dolor colectivo".

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, fue un poco más allá al manifestar que "la izquierda siniestra pretendió agarrar de tontos a quienes han padecido este dolor durante 30 años" y que abundó diciendo "mostraron lo que son". Digno de una apreciación maccartista.

Estos dos funcionarios que tienen tras de sí una trayectoria política indudablemente muy alejada, por comportamiento y pertenencias, al tema de los derechos humanos no tienen autoridad alguna para hacer cuestionamientos de éste tipo, y menos aún cuando han sido ellos mismos los promotores de los problemas suscitados. Ellos forman parte de un gobierno donde la gran mayoría de sus representantes, con el presidente Néstor Kirchner a la cabeza, se han enterado, preocupado y han encontrado en este tema tan caro para nuestra memoria y nuestras luchas, una veta de indudable posicionamiento político que cualquiera puede comprobar y asegurar que no está sostenida por ninguna acción anterior. Ninguna, absolutamente ninguna.

Eso no es una cuestión menor porque la historia argentina está plagada de acciones y actos de los gobiernos que lejos de pretender hacer aquello de lo que están convencidos realizan puestas en escena tendientes a mimetizarse con el sentimiento popular. En este caso, un sentimiento que jamás pidió permiso a poder alguno y menos toleró las tentaciones hechas por él para coaptar voluntades y tampoco que le establezcan los discursos y los contenidos de las declaraciones consensuadas.

Cualquiera que haya participado de las movilizaciones populares relacionadas con la lucha por los Derechos Humanos sabe perfectamente bien que las consignas siempre han superado el tema por el cual se realizó la convocatoria. Sencillamente porque así debe ser y porque los Derechos Humanos no están relacionados solamente con la condena a la genocida dictadura y al terrorismo de Estado, a sus personeros y a sus móviles políticos, económicos, culturales y sociales. Los Derechos Humanos, que tienen su razón de ser en la defensa de la dignidad y la integridad de la persona humana, están y deben estar presentes cuando los gobiernos democráticos con sus acciones u omisiones violentan y transgreden estos elementales principios con muertes, persecuciones, procesamientos y judicialización de la protesta social; como así también los más elementales y obligatorios criterios de solidaridad con quienes en cualquier lugar del mundo ven vilipendiados sus derechos. También corresponde acompañar a los pueblos que luchan por su independencia, dignidad y autodeterminación contra el imperialismo y el terrorismo de cualquier calaña.

Sabemos muy bien que los gobiernos pasan, que sus representantes ejecutivos y legislativos terminan siempre haciendo aquello que satisface a sus intereses personales y de las facciones políticas de las que se sirvieron, se sirven y se servirán y que dejan tras de sí todo sin resolver -en el mejor de los casos- y agudizando los padecimientos de las mayorías como una constante política.

En consecuencia, debemos estar alertas de esta nueva forma de accionar del poder de turno. Sabemos que pueden existir personas y organizaciones que puedan sacar algún partido u obtener algunas prebendas que necesariamente terminarán por socavar los principios y los históricos años de sostenida lucha con dignidad.

En las cuestiones de los Derechos Humanos no necesitamos que ningún grupúsculo de advenedizos nos marque el camino y mucho menos que nos pretendan establecer las miradas, formas, modos y comportamientos a seguir.

Quienes ayer, hoy y mañana defendimos, defendemos y defenderemos la vida; que nos opusimos a cualquier artilugio político-legal para perdonar a los genocidas y sus cómplices no necesitamos más que reconocernos en las calles, en las plazas y en los actos públicos y cotidianos. Vemos que con determinación y fuerza como se incorporan los jóvenes para compartir desde la memoria y la historia las luchas con ese fervor tan puro como inusitado. Sabemos por el convencimiento de la lucha militante que será una quimera cualquier acción por dividirnos y pretender crear discordias entre nosotros.