Oscar Amado y Federico Corbière
de la redacción de ARGENPRESS.info

Mucho se ha escrito en estos días sobre la última dictadura militar. Infinidad de artículos, programas radiales y ciclos audiovisuales conmemoraron los 30 años de aquel siniestro golpe que borró a sangre y plomo toda una generación de obreros, estudiantes, profesores universitarios, militantes políticos y dirigentes sociales. No pocas voces insistieron en la vigencia de los reclamos por las atrocidades cometidas: cárcel efectiva a los genocidas, restitución de identidades robadas, aparición de los cuerpos violados, torturados y mutilados. Algunas organizaciones de derechos humanos recordaron la complicidad de la Iglesia Católica y su rol como 'confesora' dentro de los campos clandestinos de concentración. Unos pocos que no temen ingresar en las listas negras del Grupo Clarín, se animaron a mencionar el incestuoso romance de ciertos medios y sectores medios con la dictadura. Sólo contadas excepciones como el caso de la versión castellana de 'Le Monde Diplomatique' analizaron la actual 'deuda con la democracia', el clientelismo político como reverso de la concentración de poder y la cada vez más acentuada inequidad social.

Hacia 1984 el semiólogo Oscar Traversa publicó una singular investigación sobre la especificidad del lenguaje cinematográfico, titulada: 'Cine: el significante negado'. En aquel trabajo, Traversa describió las operaciones dominantes de los films con la intención de 'mostrar las cualidades de aquello que se hace sensible (el significante) y, fantasmagóricamente, hacer emerger las ausencias'. De esas omisiones implícitas, destacó el carácter mercantil de la industria como estatuto necesario para su reproducción y continuidad.

Eran tiempos de transición a la democracia. De renovación política, desocultación y ebullición intelectual. También de enjuiciamiento a las Juntas y de la supuesta clausura de un golpe económico.

Después vinieron la 'teoría de los dos demonios' y las leyes de impunidad. El desguase del Estado. Los indultos. La pregonada reconciliación nacional desde los púlpitos y del ámbito castrense constitucionalista. Los arrepentimientos de Mariano Grondona y la horrorosa confrontación en 'Hora Clave' de un torturador con su torturado, el comisario Miguel Etchecolaz y el dirigente socialista Alfredo Bravo.

¿Por qué esta analogía entre cine, autoritarismo y democracia? En su introducción, Traversa señala que el cine provoca una relación siempre violenta de 'adhesión' o 'rechazo', de la que no escapan capturas inscriptas en la sensibilidad de los espectadores.

Algo similar fue lo ocurrido en los meses previos a la irrupción militar encabezada por Jorge Rafael Videla, tras la escalada de violencia promovida por el 'Brujo' José López Rega, que apresuró una cacería de militantes de izquierda un 20 de septiembre de 1974 con el asesinato de Julio Troxler, en mano de sus esbirros parapoliciales enrolados en la 'Triple A'.

Entre las adhesiones al golpe no faltaron los conservadurismos reaccionarios, ortodoxias clericales y de izquierda antiperonista, con una simple diferencia: no eran espectadores sino protagonistas. Muchos de los cuales pasaron luego a ser capturados y desaparecidos.

Una irregularidad notoria respecto a la comparación inicial es la profusa cantidad de producciones cinematográficas antes, durante y después del retorno la democracia, donde el relato testimonial y el registro documental persistieron por fuera de la cadena de distribución tradicional (aunque su actual circulación no escape a esa lógica de funcionamiento). Sobre el 'cine de base' o 'cine militante' pueden leerse diversos artículos de Mariano E. Mestman en las revistas 'Secuencias' y 'Causas y Azares', y los escritos del co-realizador de 'La hora de los Hornos' (1968), Octavio Getino.

En la actualidad, lo que resulta necesario destacar frente a los discursos sobre un nuevo entendimiento entre la institucionalidad definida según procesos electorales respetuosos de las libertades civiles y políticas, es ese desplazamiento retórico que retacea el presente en fragmentos del pasado y los articula como piezas intercambiables de un mecano para niños.

Por ello, frente a la crisis de los grandes relatos, comprender los nuevos escenarios y las operaciones no sólo políticas sino simbólicas, económicas y culturales que intentan excluir aquellos elementos disfuncionales al modelo dominante, es un asunto pendiente.

Ocurre tanto en Argentina como en otros países sudamericanos de reciente renovación gubernamental, con origen en la centro-izquierda y destino aún incierto.

Para muestra sólo resta observar las disputas geopolíticas entre los propios integrantes del MERCOSUR (Brasil, Argentina y Uruguay), por la competencia en la radicación de filiales extranjeras, aunque eso signifique transformar los mencionados países en simples factorías de producción primaria o reservorios para la contaminación ambiental que el viejo continente intenta desterrar.

El diferendo sobre las papeleras europeas en Uruguay, es muestra también de estos intereses cruzados. Todos ellos mezquinos y fragmentarios hacia un proyecto de unidad latinoamericana, que desconocen en el mismo movimiento el esfuerzo cubano tras 40 años de bloqueo, sin el cual muchos de los noveles presidentes progresistas como Lula, Kirchner y Tabaré, no hubieran imaginado siquiera participar en una contienda electoral. Aunque algunos prefieran abstener su voto en las Naciones Unidas sobre la violación o no de los derechos humanos en Cuba, en tanto la administración Bush diseña acciones contra el supuesto 'eje del mal': Chávez-Castro, para justificar el despliegue de futuras acciones preventivas similares a las de Afganistán e Irak.

Este es el caso del llamado 'capitalismo serio' inaugurado por Néstor Kirchner. Una síntesis económica del proceso neoliberal que trajo las dictaduras al cono sur, que reivindica las luchas sociales del pasado mientras reprime protestas populares y de sindicatos no alineados. Persigue adversarios usando el monopolio de la fuerza y concentra los tres poderes en el Ejecutivo, en alianza con los sectores industriales dominantes como es el caso de quienes controlan la renta petrolera, el mercado agroexportador, las licencias en radiodifusión y los monopolios en telecomunicaciones.

Un 'capitalismo serio' que no es 'salvaje' porque ya asesino a sus opositores, y que de liberador sólo mantiene un rótulo en la solapa de algún texto crítico sobre la Doctrina de Seguridad Nacional -hoy de Asuntos Hemisféricos- cuyas enseñanzas continúan siendo impartidas en la ex-Escuela de las Américas y otros institutos estadounidenses. Clases a las que asisten todos los años centenares de militares argentinos, sin duda bien preparados para ocupaciones conjuntas como en Haití.

Del plan sistemático de destrucción de los gauchos, indios y negros, fraguado por la generación de 1880, en la búsqueda de una 'gran nación blanca' al estilo europeo, debieron pasar 30 años para que la élite ilustrada incluyera en los libros de historia los relatos épicos de la época revolucionaria.

Fue en 1910 cuando el librepensador Joaquín V. González dio por cerrado un ciclo, e intentó rescatar en 'El Juicio del Siglo' las virtudes de las culturas originales de América y de la 'mezcla de razas'. Claro está, todas ellas habían sido aniquiladas durante la etapa post-revolucionaria, incluso, mediante modernos ataques bacteriológicos contra los indios sobrevivientes de la Campaña del Desierto, a los que Roca obsequió con frazadas infectadas de viruela, en señal de paz.

Casi han pasado 100 años de aquella operatoria de construcción 'nacional' dirigida por las aristocracias provinciales en decadencia y comerciantes porteños, y nuevamente 30 años de otro plan sistemático de desaparición de personas orquestado por un Estado terrorista. Uno fue el epílogo del llamado 'Periodo de organización nacional', el otro no por casualidad se autoproclamó 'Proceso de reorganización nacional'. En los dos casos el primer tamiz fueron las armas y, el segundo, la implantación de una matriz pedagógica ligada siempre al poder que la autoriza.

Lo llamativo del caso argentino es que a diferencia de aquella generación ilustrada que alternó entre el positivismo romántico y el paternalismo político, quien ejerce hoy el monopolio de la fuerza ya no necesita apropiarse de la voz y el cuerpo del otro para escribir la historia oficial, sino que apela a los mismos sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos para promover sus políticas de Estado.

Se trata de un estilo dirigista controlado y desmovilizante, apenas surgen prácticas de resistencia o voces disonantes que afecten los intereses dominantes en la esfera gubernamental, hoy carente de voluntad transformadora en la planificación cambios que reviertan las desigualdades inscriptas en la estructura de clases.

Según el corrosivo sociólogo polaco Zygmunt Bauman, autor de 'Legisladores e interpretes' (1995), estas 'cruzadas culturales' desactivan el conflicto en lugar de eliminarlo y cancelan los particularismos con brocha gorda y una pátina de 'pintura universal de ciudadanía'.

Este es el poco noble papel que asumió la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, luego de sorprender con un llamamiento de apoyo al presidente Néstor Kirchner y el anuncio de la realización de la última Marcha de la Resistencia, a mediados de enero (véase 'El giro político de Hebe se confirma').

Y el aún más triste intento de lavar la imagen del jefe de policía y mano dura oficial, Wilfredo Roque, durante la represión y persecución política en Santa Cruz. Hechos que tuvieron trascendencia mediática sólo tras la renuncia del gobernador Sergio Acevedo (véase 'Renunció el gobernador Acevedo' y 'Represión en la puerta de tu casa').

Una circular titulada 'Informe sobre la situación en Las Heras', con fecha del 20 de marzo y firma de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se ocupa exclusivamente de deslindar de toda responsabilidad al jefe de policía y el entorno kirchnerista. Entiéndase, todos los funcionarios públicos de la provincia patagónica y los secretarios de Estado federales; a excepción de la jueza Ruata de Leone denunciada como única responsable de las detenciones y abusos generalizados.

¿Acaso tal informe no debería haber salido de la Casa de Gobierno y llevar la rúbrica del vocero presidencial Miguel Núñez? ¿Ese es el destino final de una de las organizaciones más respetadas en el ámbito nacional e internacional, probablemente, por su heroísmo durante la dictadura y la perseverancia en los reclamos de Justicia?

A comienzos de 2001, la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida abrió un nuevo capítulo:

Con celeridad, el 5 septiembre de 2003 el presidente Kirchner ordenó por decreto un Consejo de Guerra para que se juzgue y detenga a los represores Reynaldo Bignone, Ramón Díaz Bessone y Albano Harguindeguy, por reivindicar las torturas y reconocer su responsabilidad en las desapariciones, luego de una serie de entrevistas cedidas a la televisión francesa.

Lo mismo ocurrió ese mes en Córdoba con el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejercito, Luciano Benjamín Menéndez, arrestado por los crímenes cometidos en el campo de concentración La Perla.

En octubre de ese año, Antonio Domingo Bussi fue detenido en Tucumán por el secuestro y homicidio de un senador.

Otra treintena de represores corrió igual suerte. Entre ellos, el antes mencionado comisario Etchecolatz, mano derecha del general Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires y detenido por la causa que lleva ese nombre, en septiembre de 2004.

Pero el sistema necesita nuevos mártires. La revista 'Billiken' y el caballo blanco del general San Martín ya no venden en los kioscos.

Bartolomé Mitre como militar fue un hábil estadista y, sin embargo, pasó a la historia triunfal de los 'universales de la patria' -categoría empleada por Beatriz Sarlo- luego de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros.

Néstor Kirchner, como militante insurgente en los 70 fue un hábil abogado que supo aprovechar los dividendos de la usuraria Circular 1050, pero ya que está en el poder, unos laureles para la foto en un manual escolar no opacarían su semblante.

Por eso, durante estas conmemoraciones del Golpe se ha preferido narrar legendariamente lo ocurrido, y pasar al archivo de la memoria los reclamos de justicia social por los que murieron miles de argentinos.

Negar que las políticas en materia de derechos humanos hayan sido progresivas en el juzgamiento a los represores es una actitud obtusa. No obstante ello, también resulta inconducente el eterno clientelismo político, la intacta estructura feudal en las provincias, el comportamiento atolondrado que votó un feriado nacional por este trigésimo aniversario y, en la misma jornada, rechazó tratar sobre tablas la anulación de los indultos dictados por Carlos Menem, votación de la que hasta se abstuvo el diputado transversal Remo Carlotto, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Este cambio político ha llevado a dirigentes vinculados con la militancia en los 70 como el profesor Eduardo Luis Duhalde -compañero inseparable del diputado Rodolfo Ortega Peña, asesinado en julio de 1974- a que aceptara la conducción de la secretaría de Derechos Humanos. Un caso similar es el del ex ministro del Interior de Cámpora y ahora Procurador General de la Nación, Estaban Righi. Lo mismo ocurre con un gran número de hombres ligados a la cultura que creen encontrar en esta gestión una luz de racionalidad democrática.

El caso de las Madres es paradigmático. La asociación de la que Hebe es presidenta siempre estuvo del lado más radicalizado y crítico contra las políticas de hambre, mísera y exclusión.

Muchos jóvenes desencantados de los aparatos y estructuras partidarias, año tras año, se acercan a la Plaza para marchar hacia un lado u otro de la Pirámide de Mayo, sea el de la Asociación Madres de Plaza de Mayo o de la Línea Fundadora. Esto ocurre principalmente durante las anuales Marchas de la Resistencia.

Por lo que puede entenderse, este llamamiento no avalado por la Línea Fundadora y otras organizaciones, intenta desmovilizar lo poco que aún resiste en la manifestación popular, dando por clausurada un etapa que niega, en su búsqueda de consenso con el partido de gobierno, las contradicciones y fracturas que persisten en esta sociedad, y por la que sus hijos lucharon, estuvieran algunos de ellos errados o no en los métodos.

Por eso es de temer que frente a la ausencia real de los detenidos-desaparecidos y la presencia viva las víctimas directas de esa dictadura, una dirigente señale que 'no podemos volver a perder' y, aproveche la oportunidad para promover una alianza simbólica con el poder de turno, dando cátedra desde los medios oficialistas (casi todos) y desde una Universidad a la que califica de 'popular'. Cuando en todo caso quienes son los principales autorizados y con derecho a decidir sobre ese tácito perdón son los sobrevivientes, injuriados y violados, que experimentaron el horror en carne propia.

El politólogo Guillermo O'Donnell ha reconocido en los procesos de institucionalización en América Latina, la presencia de particularismos inherentes a su constante zigzagueo entre autoritarimos y democracias. Según explica en 'Otra institucionalización' (1996), la consolidación de estas tiene repercusiones directas en cuanto a los principios de responsabilidad horizontal -colectiva- y de responsabilidad vertical -gubernamental-.

A los atributos esenciales de transparencia electoral y sobre las libertades concomitantes a lo político y social, O'Donnell agrega el reconocimiento de prácticas no universalistas que pueden ser consideradas corruptas, pero que sin embargo resultan funcionales a los procesos de consolidación democrática.

Lejos de justificar el clientelismo, el patronazgo y el nepotismo sugiere (en lugar de concluir) que la convivencia con estos particularismos es la resultante de 'un poderoso denominador común': el informe 'Nunca Más'.

Esta es la encrucijada en la que nos dejan, a 30 años del Golpe, los cambios de dominio propio en los reclamos de organizaciones como la liderada por Hebe.

El peligro, por supuesto, es el despotismo de quienes intentan perpetuarse en el poder sin medir las consecuencias sobre una población marginada, segmentada en lo económico y fragmentada en lo social.

Como ya se señaló, una consecuencia directa es la desmovilización, la despolitización y la cancelación del conflicto, que se suma a la propaladora multimediática que repite a coro la pedagogía oficial, con tal de no perder sus privilegios; y, de paso, asumir una actitud políticamente correcta de repudio, como disfraz de un pasado oscuro.

En los estudios realizados por E. P. Thompson sobre la cultura plebeya y su potencialidad rebelde, el autor advierte que: 'La oportunidad se aprovecha cuando se presenta, pensando poco en las consecuencias, del mismo modo que la multitud impone su poder en los momentos de acción directa insurgente, a sabiendas que su momento de triunfo durará solamente una semana o un día'.

Si bien el campo analizado por Thompson en 'Costumbres en común' (1993) corresponde al de la clase obrera británica en otra coordenada temporal, los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, en Argentina, no escapan a esta realidad.

Tal vez por tales motivos la lucha continúa, mientras los máximos operadores del gobierno siguen en la tarea de convencer con subsidios u otros favores, a dirigentes de organizaciones políticas, gremiales, piqueteras o defensoras de los derechos humanos, para lograr el apoyo a sus políticas de Estado.

Las 100 mil caricias por los 30 mil desaparecidos y el repudio a 30 años de injusticia este 24 de marzo, terminó con las contradicciones propias de una democracia fisurada. Un acto oficialista en la vigilia y otro sorpresivamente crítico que produjo un revuelo inesperado en el escenario y en la Plaza de Mayo.

Pedir a los autores intelectuales de discursos vacíos de contenido y a los gestores de este nuevo orden conservador que no dejen huérfana a esta sociedad, seguramente, consiste en un pedido en vano.