Oscar Amado
de la redacción de Argenpress.info

El reconocimiento del Gobierno nacional sobre los abusos policiales cometidos en Santa Cruz ocurre un día después de que el gobernador Sergio Acevedo renunciara a su cargo, dando término parcial a una crisis política desatada tras la muerte del oficial Jorge Sayago y las persecuciones posteriores en General Las Heras y Pico Truncado.

Recién hoy el presidente Kirchner escucho el eco de las denuncias efectuadas por un párroco local , Luis Bicego, quién desde hace diez días viene alertando en los pocos medios que le dan voz sobre la detención de trabajadores patagónicos y una curiosa simetría con los años de terrorismo de Estado.

'Fue una caza como en la época militar, que incluyó secuestros y torturas", señaló Bicego, en una entrevista publicada por la agencia La Vaca.

A las acusaciones del sacerdote se sumó la del dirigente petrolero Mario Navarro, el cual aseguró que al menos los últimos detenidos son 'presos políticos'. Los cuales fueron apresados y "tratados" con 'métodos dictatoriales", agregó.

En declaraciones radiales, Navarro advirtió que si bien 'alguien mató' a Sayago, 'las detenciones que se han dado últimamente son detenciones direccionales, que afectan exclusivamente a los compañeros de la construcción que tenían un reclamo histórico respecto de la flexibilización laboral'.

Luego de las denuncias por parte del gremio de los petroleros y de la Iglesia, sobre apremios ilegales contra los supuestos autores del crimen, ocurrido el 7 de febrero durante una protesta salarial en la ciudad de Las Heras, el presidente Néstor Kirchner admitió hoy: 'Ante los lamentables hechos que sucedieron en mi provincia, por más culpables que sean, cuando los fueron a detener se excedieron y los golpearon".

"Yo no avalo jamás este tipo de cosas', manifestó Kirchner el mismo día en que logró que el Congreso promulgó un demagógico feriado nacional para rememorar los 30 años de iniciada la última dictadura militar.

'El gobierno tiene una política de derechos humanos amplia y global, pero intransigente con la violación de los derechos humanos. Ni el peor criminal merece la tortura sino que se le apliquen todas las leyes', aclaro el mandatario ante el riesgo de oscurecer su futuro.

Es bueno refrescar la memoria y recordar que el actual Jefe de Policía de la provincia de Santa Cruz se llama Wilfredo Roque.

Que también es quien ocupó el mismo cargo durante toda la gobernación (1991-2003) del hoy presidente de la Nación.

Que cuando el comisario Roque pasa a retiro, inmediatamente ocupa la titularidad de la SIDE santacruceña, hasta el acuartelamiento de los suboficiales en el año 1995, por lo cual fue restituido en la jefatura de la fuerza policial en reemplazó de Hugo Llamazares.

Que desde el pasado 7 de febrero se realizaron innumerables allanamientos, con y sin autorización de la jueza provincial Graciela Ruata de Leone, en uno de los cuales fue detenido un menor de 14 años.

Que quien estuvo al frente de algunos de esos procedimientos fue el propio comisario Wilfredo Roque, vestido con uniforme de infantería.

Que la localidad de Las Heras se vio ocupada, por no menos de 300 efectivos de gendarmería, personal policial de civil de desconocida procedencia y espías de la SIDE.

Que no obstante la presencia de la Jueza Ruata de Leone en parte de los allanamientos, se multiplicaron las denuncias de miembros de la Iglesia, líderes sindicales, organismos de Derechos Humanos no cooptados por el gobierno y medios de comunicación alternativos a la corporación reinante.

Pues las grandes empresas periodísticas callaron los excesos y sólo mostraron casi en cadena nacional el rompimiento del glaciar Perito Moreno en la localidad vecina de El Calafate, con el Grupo Clarín a la vanguardia.

Ante el informal recorrido de noticias que llegó a esa cacerola de indicadores de imagen conocida con la categoría de "opinión pública"; y, previendo la posible repulsa de la misma por la represión en Santa Cruz, el señor presidente luego de treinta días de largo silencio reconoció los excesos de la policía santacruceña. Una fuerza bajo las órdenes de un hombre de su vasto conocimiento y confianza.

Un poco tarde para alegar desconocimiento, sobre todo de quién tiene a su disposición todos los servicios de acceso a la información.

En todo caso este silencio alberga complicidad o vocación para el error. A diferencia de la los brutales asesinatos de campesinos ordenados por el gobierno endeble de Hipólito Yrigoyen, en 1917, la actual gestión gubernamental cuenta con el sí tonto de un Congreso Nacional en el que la mayoría de los legisladores postperonistas giraron sobre su eje semántico.

Tal vez por eso en Santa Cruz hay hoy un Wilfredo Roque y no es necesario reclutar un coronel Varela.

El próximo 24 será entonces un día para reflexionar, no sólo sobre el pasado sino el futuro de la democracia y sus simulacros.

También para recordar los 29 años del secuestro y desaparición del periodista Rodolfo Walsh, y releer la Carta Abierta a la Junta Militar con fecha del 24 de marzo de 1977. Un día antes de que la dictadura del general Videla se lo llevara.