Ante el rechazo por parte de la Corte Suprema del Habeas Corpus presentado en beneficio de las personas arbitrariamente detenidas en Las Heras por la jueza Graciela Ruata de Leone, seis organizaciones antirrepresivas y de DDHH insistirán con una nueva presentación en la que exigen la inmediata avocación del máximo tribunal en la causa a fin de poner fin a la "gravísima situación de indefensión en que se encuentran tanto las personas detenidas en el marco de dichas actuaciones como el conjunto de la población de Las Heras, dado que la jueza (...) está actuando al margen de toda legalidad, transgrediendo todas las garantías procesales imaginables, y manteniendo privadas de su libertad con afectación de su integridad física a veinte personas, además de haber generado en la zona una situación de verdadera suspensión de facto de todas las garantías y derechos constitucionales"

El escrito, firmado por representantes de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional); APEL (Asociación Profesionales en Lucha); CEPRODH (Centro de Profesionales por los DDHH), LIBERPUEBLO, LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre) y MTL (Movimiento Territorial Liberación), denuncia que las personas detenidas, arbitrariamente seleccionadas entre el casi millar de manifestantes que la noche del 6 al 7 de febrero pasado reclamaron la liberación de un referente sindical detenido en la alcaidía policial de Las Heras, están siendo indagadas con una descripción de los hechos genérica e imprecisa, sin indicar la conducta específica que se imputa a cada uno, lo que impide materialmente ejercer el derecho de defensa en juicio.

Según los organismos, "La descripción efectuada en las indagatorias, que son por ello nulas de nulidad absoluta, contiene una serie de hechos que se imputan en general cual dogma de fe, constitutivos de varios momentos sucesivos acaecidos en un espacio temporal extenso, omitiendo todo análisis que vincule la producción de tales hechos con conductas puntualmente desarrolladas por cada imputado", ya que "la magistrada se refiere a hechos que atribuye sin distinción alguna del grado de participación a SETECIENTAS personas, entre las cuales ha seleccionado arbitrariamente a una veintena para ser detenidas, e indagadas". Por ello, hacen reserva de recurrir ante la Comisión Interamericana de DDHH y subsecuentemente la Corte IDH en procura de una medida cautelar urgente que reponga las garantías salvajemente violentadas.

La Corte Suprema, dice el escrito que será presentado el viernes por la mañana, debe "hacer cesar en forma inmediata la gravísima situación denunciada, que pone en crisis la existencia misma del estado de derecho en Argentina precisamente a días de cumplirse 30 años del peor y más sangriento quiebre de la institucionalidad de nuestro país. La eventual inacción de V. E., en caso de rechazarse esta solicitud, implicará sin dudas que estos 30 años han transcurrido en vano, y que el Estado Argentino y sus órganos jurisdiccionales nada han aprendido de las terribles experiencias que hoy se repiten en un marco de presunta y aparente legalidad."

Finalmente, exhortan a los jueces de la Corte a elegir entre avalar la situación de inusitada gravedad instucional y violación a los DDHH que se vive en Santa Cruz, o a "priorizar la vida, la libertad y la integridad física de las personas, así como su legítimo derecho al debido proceso y a la vigencia plena de sus garantías constitucionales".