Mientras la "soldadesca" anda a sus anchas por la ciudad, la Jueza Ruata de Leone -de triste memoria en el norte santacruceño- continúa librando órdenes de detención. El gobierno nacional, el provincial, el municipal, las empresas petroleras, la burocracia sindical, la policía provincial, todos apuran a la Jueza para que aumente las órdenes de detención y tenga mano firme. En tanto algunos diputados –como el representante local- ya están pidiendo que en la zona se instale en forma permanente un destacamento de Gendarmería para "controlar las rutas". Los trabajadores santacruceños y en otros puntos del país se aprestan a resistir la ofensiva dictada desde los despachos patronales-gubernamentales.

Carlos Antón
Agencia Walsh

"He escuchado algún diputado de la provincia que quieren reforzar Gendarmería acá. ¿Qué quieren crear, una cárcel? Acá tiene que funcionar la justicia. Lo primero que tendría que hacer (el diputado por el pueblo Eduardo Alonso) es pedirle juicio político a la jueza". Esto afirmó en un reportaje radial el cura párroco de Las Heras; Luis Vicego el viernes.
 
El papel de la Iglesia en nuestro país ha sido, en general, un sostén más de los poderosos. Pero cada tanto, aparecen algunos párrocos de pueblos de provincias que por su cercanía con la injusticia levantan la voz y denuncian los atropellos. ¿Podría ser esta una de las razones que impulsan a Vicego a realizar estas denuncias?. No lo sabemos. Pero por lo pronto los familiares informaron "estamos reunidos en asamblea permanente en la Iglesia del pueblo, como único lugar seguro... por ahora".
 
Por su parte la recién asumida ministra de Gobierno Elsa Capuchinelli, afirmó –en relación con las detenciones y las declaraciones de Vicego-: "el párroco como muchas personas de Las Heras tiene que entender que estos son procedimientos lícitos. El párroco debe opinar como lo que es, un enviado de Dios en la tierra y la otra tarea corresponde al juez".
 
En buen romance, Elsa Capuchinelli lo mandó al cura a hablar "del sexo de los ángeles", ya que para el resto está la jueza, el GOE y la Gendarmería.
 
En tanto los detenidos son desparramados por las cárceles de toda la provincia para evitar que se produzcan manifestaciones y puebladas.
 
El curriculum de la jueza

Hasta el viernes sumaban 17 las personas detenidas incluyendo los 5 que ya están procesados y que tienen prisión preventiva, pero se especulaba que iban a continuar los operativos policiales. En tanto, Entre los detenidos figuran varios delegados de los trabajadores.
 
El 24 de junio de 2005 –en medio del conflicto que los trabajadores de las municipalidades del norte de Santa Cruz mantenían con sus patronales- la jueza dio orden de detener a los delegados sindicales Julio Pessolano, David Esteré, Pilar Peralta y Pedro Paillaguala, quienes fueron trasladados hacia los comisarías de las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos respectivamente, en tanto que la única mujer detenida hasta ahora fue alojada en la comisaría segunda de Pico Truncado y el Secretario General de ATE Alejandro Garzón, fue detenido en la localidad de Caleta Olivia y alojado en la Unidad 1º de policía de esa localidad. Ese día la jueza libró 60 órdenes de detención. He inauguró un tipología en el trato a los detenidos. Los desparrama por todas las cárceles de la provincia.
 
El 25 de agosto de 2005, la jueza Ruata de Leone ordenó el desalojo, con intervención de la policía, de un grupo de desocupados que estaban exigiendo trabajo ante la planta deshidratadora de Repsol YPF en Pico Truncado. Treinta policías balearon con proyectiles de goma y garrotearon a los trabajadores y trabajadoras desocupados, "arriándolos" hacia la cárcel. Cuando se hizo presente en la cárcel de Pico Truncado, la "honorable jueza" les decía a las detenidas: ¡Negras de mierda, en vez de estar buscando trabajo están acá pelotudeando!.
 
El miércoles, la policía que detuvo a los trabajadores de INDUS actuó sin mostrar las órdenes de detención. Por su parte, la abogada laboralista Raquel Coronel, que se encuentra en la zona para ayudar en la defensa de los trabajadores detenidos, relató que el viernes se libraron nuevos allanamientos en la localidad de Sarmiento y criticó duramente a la jueza Ruata de Leone porque no entrega información a las familias al punto que el viernes, los familiares no sabían dónde se encontraban alojadas las personas detenidas por la policía. Sin embargo marcó la diferencia que existe con el tío del oficial Sayago, de quien dijo que escuchó en una radio de Las Heras que leían información de una página (OPI) donde se mencionaba que Alvarez manejaba información "muy precisa" de la causa lo que asoció directamente a que la propia justicia le facilita datos mientras que a los familiares de los detenidos se lo niega y a ella como letrada le impide obtener información al respecto.
 
Por su parte el abogado Marcelo Fernández, defensor de dos de los procesados por la muerte de Sayago (Ramón Cortez y Alexis Pérez) afirmó el viernes que recusará a la jueza Graciela Ruata de Leone por "violaciones a los derechos de defensa en juicio". El abogado denunció: "Nosotros nos enteramos del procesamiento por intermedio de los medios periodísticos, recién en el día de la fecha y después de haber sido notificados nos dieron el auto procesamiento alrededor de las once y media de la mañana"
 
Más adelante Fernández explicó: "La asignación fue el día lunes y yo acepté el cargo por escrito el día martes a la una del mediodía y el día miércoles cuando llego a Puerto Deseado a entrevistarme con mis defendidos, me notifican que habían sido trasladados durante la madrugada a tribunales de Pico Truncado para hacer el careo" – y en relación con el resto de los detenidos agregó- "También estuvimos hablando con muchos de los familiares de los detenidos (los últimos once), los cuales fueron trasladados a distintos lugares como San Julián, Perito Moreno y Los Antiguos y alrededor de las dos de la tarde preguntamos si iban a declarar y nos informaron que la Jueza estaba fuera de la zona. Con lo cual si esta gente quiere tomar un abogado defensor no tienen la posibilidad en este momento de hacerlo, o sea que se siguen cometiendo violaciones a los derechos de defensa en juicio",
 
Los familiares de los detenidos sospechan que la mayoría de las detenciones se produjeron luego de la detención y posteriores declaraciones del delegado municipal Cortés. Sin embargo el Marcelo Fernández afirmó: "Según la declaración de Cortés fue presionado y por medio de esta presión y del miedo, fue obligado a declarar. Según Cortés se trató de una declaración inducida".
 
El viernes a las 21 horas un comando de la policía provincial de Santa Cruz rodeó la Iglesia parroquial de Las Heras, donde se encontraban más de cien pobladores, en su mayoría mujeres y niños, para exigir que se entregaran dos de los delegados petroleros que también se encontraban allí, Ante la amenaza policial de asaltar la Iglesia colmada de pobladores, los petroleros Avelino Andrade -delegado de la contratista Indus y uno los principales referentes del conflicto- y Juan Barriento -delegado de otra contratista-, se entregaron a las fuerzas represivas
 
En los primeros días posteriores al 7 de febrero, la tríada Jueza-GOE-Gendarmería se dedicaron a apretar y patotear a los trabajadores con el fin de conseguir declaraciones. La metodología continúa siendo la misma.
 
La Gendarmería se queda

Distintas fuentes oficiosas de la Santa Cruz han afirmado que la decisión del gobierno provincial y nacional es instalar un destacamento permanente de Gendarmería Nacional en Las Heras. La ministra de Gobierno Elsa Capuchinelli, afirmó el viernes: ""Gendarmería va a seguir en Las Heras".
 
Las declaraciones de la ministra van en sintonía con la presentación que realizó el diputado por Las Heras, Eduardo Alonso, en la Legislatura provincial para que Gendarmería se instale definitivamente. Los fundamentos del diputado son irrisorios pero, en verdad lo que menos importa son los fundamentos. Alonso declaró:" presenté un proyecto de resolución pidiéndole al Ministerio de Interior de Nación que ponga un puesto efectivo de Gendarmería Nacional en Las Heras y en los fundamentos yo digo que la ruta 40 que conecta Puerto Deseado con Los Antiguos que pasa a Chile, el tránsito fluido que tenemos en esa zona de gente que pasa para el país vecinos y también la gran cantidad de carga líquidas, poder realizar un control efectivo en relación con gendarmería que es el caso que ocupa y también nosotros tenemos gran cantidad de caminos debido a la explotación petrolera que son en definitiva caminos que van haciendo las empresas pero que tienen conexión con rutas provinciales y nacionales y sobre los cuales creemos que tiene que haber un control más efectivo de G.N. en cuando a garantizar tanto el tránsito de personas como de vehículos ". Cuando le preguntaron si su propuesta no era en realidad para controlar conflictos sociales expresó " Sin duda que cuando surgen estos conflictos es cuando surgen estos reclamos de la sociedad pero en el proyecto yo lo aclaro bien, es específicamente control sobre rutas. No tendría que ver específicamente sobre los conflictos porque en ese caso los contingentes que vienen de Gendarmería son de otros sectores no son de la misma zona inclusive".
 
El viernes 10, la agencia santacruceña OPI reprodujo el diálogo que tuvieron con un "un importantísimo político del partido gobernante". Algunos párrafos que reproducimos a continuación no dejan lugar a dudas como se manipula toda la situación en Las Heras.
 
OPI: Alonso da argumentos que en realidad nadie cree ¿Qué puede haber detrás de eso?
 
-Hay de todo. Presión de las petroleras que quieren seguir haciendo su negocio sin interrupción. Uds mismo pusieron en su página que en Caleta y en Truncado las empresas pagan para estar seguras. Bueno, ahí en Las Heras cortaron por lo sano y la intención de las empresas es mantener militarizada la zona para asegurarse de a poco erradicar definitivamente los conflictos de las rutas. No te olvides que las rutas son lugares incontrolables para las operadoras y por más que produzcan si los vehículos no pueden transitar ni sacan la producción ni puede llegar la gente a las baterías, todo lo que produzcan es inútil. Además el uso de los caminos alternativos para determinadas cuestiones está prohibido porque las ART no cubren los siniestros.
 
-¿Y entonces?
 
-Y entonces está claro que asegurando las rutas lo demás es más "legal" para controlar. Por ejemplo, lo petroleros dicen " si no podemos pararnos en las rutas vamos a tomar las operadoras " pero eso no es tan así. Si los tipos toman los lugares de trabajo son pasibles de sanciones duras, despidos y además pueden ir a la cárcel si algún juez interpreta que pusieron en riesgo la vida de la gente porque los pozos, las baterías o los tanques son lugares estratégicos y por su alta peligrosidad pueden requerir de la intervención de fuerzas y ahí se cambia la historia como en Termap más o menos, en cambio las rutas… es distinto. Es un ámbito público que de última levantan en cualquier momento y no pasa nada.
 
-Ud quiere decir que las petroleras han impulsado este proyecto de Alonso
 
-(risas) Y… las empresas seguro que están de acuerdo y "arriba" les dan una manito. En Las Heras la cosa es distinta. El pueblo está algo dividido. Hay quienes están podridos de los kilombos y si está la gendarmería no les molesta y hasta lo propician pero me animaría a decir que la mayoría la rechaza. Más aún, rechazan a la propia policía, no te olvides que la policía allí está sospechada de corrupción y hay muchísimos casos que no han sido aclarados y en casi todos hay uno o más policías implicados.
 
El Sindicato
En tanto, mientras la empresa INDUS, despidió a 42 trabajadores, entre ellos a un delegado, y el resto de las empresas buscan que se desafueren a los delegados que se rebelaron contra la burocracia, El Sindicato de Petroleros y Gas Privados ya ha enviado las desafiliaciones a quienes participaron en el conflicto que duró alrededor de 20 días y terminó con los incidentes del día 7 de febrero.
 
Conclusión
El delegado Mario Navarro ha declarado innumerables veces, que ellos no son responsables de la muerte del oficial Sayago. Sin embargo toda la actuación de las fuerzas de ocupación y la "justicia" apunta a reprimir a los trabajadores que cuestionaron a la dirección sindical burocrática y mantuvieron 20 días de corte en la ruta reclamando por sus reivndicaciones. De hecho la posibilidad de aumentar el mínimo no imponible comienza a instalarse a partir de este conflicto.
 
A punto de cumplirse 30 años del golpe militar genocida del ´76, en Las Heras con la venia del gobierno nacional y provincial la "dependiente justicia provincial" actúa con la misma impunidad con la que actuaron los jueces de la dictadura. Y le cuidan las espaldas la misma "soldadezca canalla" que durante 7 años asoló nuestro país y tuvo como enemigo principal a la clase trabajadora.
 
Fuentes: OPI santa cruz- Tiempo Sur- Argentina Indymedia