El diputado de izquierda Carlos Tinnirello, de Red de Encuentro Social (RdES) votó abstención en la discusión sobre el Consejo de la Magistratura, 'porque cualquiera de sus dos versiones, la que quiere Kirchner y la que existe, forman parte de un Poder Judicial desacreditado históricamente, que de manera sistemática ha actuado en contra de los intereses de la población'.

Para Tinnirrello, 'el voto negativo hubiese convalidado el Consejo de la Magistratura actual; por eso rechazamos la manera cómo el diario Clarín y otros medios registraron nuestra intervención, calificándola de 'sorprendente', cuando no hay sorpresa: la abstención es la posición más clara para demostrar que estos mecanismos corporativos continúan impidiendo que la población decida sobre los asuntos públicos', señaló.

Para Tinnirello, uno de los dirigentes que rompió con Luis Zamora cuando este secuestró el proyecto de AyL, cuestionó las dos posiciones planteadas en la Cámara de Diputados de la Nación, 'ambas dirigidas a sostener el poder de las corporaciones políticas, económicas y financieras, ambas antipopulares porque desprecian el derecho democrático de la población, a decidir qué Justicia y qué jueces deben juzgar', adelantó.

Carlos Tinnirello, fue delegado sindical varias veces en metalúrgicas del oeste del Gran Buenos Aires, militó en el desaparecido Partido Socialista de los Trabajadores y desde hace dos años mantiene las banderas del socialismo en la Cámara de Diputados, a pesar de ser 'El último diputado de izquierda', como tituló Página 12 en una entrevista que le hiciera a mediados de enero.

El diputado dijo en la Cámara que 'Esta es la forma en que el gobierno nacional intenta sumar poder y tener mayor ingerencia en otras instituciones, persiguiendo por supuesto el mismo objetivo de sancionar leyes que generan una desigualdad social cada vez más marcada...'

Sin embargo, aclaró que eso no significa defender la que existe: 'Pero no por eso vamos a reivindicar lo que fue el Consejo de la Magistratura, que surge del pacto de Olivos, tan cuestionado por la sociedad en su momento. Ese pacto, llevado a cabo entre Alfonsín y Menem, entre otras cosas persiguió el objetivo de mantener el poder de uno de los presidentes que más funcionalidad tuvo ante el poder financiero y el económico, nacional e internacional.

Agregó que es grave 'ponernos a discutir si el Consejo de la Magistratura estará integrado por trece o veinte miembros. ¿Por qué? Porque el problema central es el carácter clasista, discriminatorio de esta Justicia en todos sus niveles. No convalidaremos esta puja de poder entre distintos sectores que hoy se expresan tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Nadie, en definitiva, se plantea cómo se resuelve el problema de fondo que existe en la Justicia y su relación con los otros poderes del Estado, cada uno integrado al otro para servir al poder económico local y al poder internacional', afirmó.

También recordó que 'La Argentina vivió procesos muy fuertes en los que estaba cuestionada toda la Justicia. Quizás las movilizaciones más fuertes que hubo en el país en los años 2001 y 2002 fueron justamente para que se terminara con una Justicia corrupta que estaba puesta al servicio de los intereses del poder económico y del poder político, del cual este Congreso es parte. Este problema todavía no se ha solucionado. No crean que algunas modificaciones que se hicieron lograron aumentar la confianza de la población en la Justicia.'

Luego citó una encuesta hecha en enero de 2006 por 'Página 12', donde Zuleta Puceiro sostiene que se mantiene claramente la desconfianza que tiene la sociedad respecto de la Justicia. 'Dice el diario que un 75,7 por ciento de los encuestados tiene baja a mediana confianza en la Justicia federal; que el 73,4 por ciento -un número apenas inferior- tiene el mismo nivel de confianza en la Justicia provincial, y se registra un 75,9 por ciento respecto de la Corte Suprema. O sea que hay una Justicia que sigue siendo absolutamente cuestionada por la población, y las razones existen y están a la vista' Tinnirello reclamó que la discusión sobre la Magistratura 'discute una serie de acomodos de tipo político para controlar determinados sectores de poder, pero en definitiva no se está planteando el problema de fondo.'

Para el legislador, 'El problema de la Justicia en Argentina no surge a partir del Consejo de la Magistratura de 1994 o de esta reforma que se pretende sino que lleva muchos años, a tal punto que en 1930 la Corte avaló el golpe de Uriburu; se apoyó en la teoría de Lowenstein, un constitucionalista canadiense que planteaba el problema de la fortaleza del gobierno para mantener las instituciones. Lógicamente, había que mantener instituciones para mantener la desigualdad social, y éstas tenían que ser fuertes; de lo contrario, no podían'.

Más adelante atacó la Corte alfonsinista, 'Por la que ahora ustedes se desgarran las vestiduras, pero fue ella la que convalidó la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. También -continuo- podemos hablar de la Corte menemista, con todas sus irregularidades y actos de corrupción denunciados tanto aquí como en la población , que han llevado al hartazgo y a distintas movilizaciones en contra de esa Justicia, que incluso llegó a avalar la privatización de Aeropuertos Argentina 2000, que se hizo por decreto'.

El diputado citó ejemplos: 'Podemos citar el caso de Bustos en la Corte de Kirchner, que avaló la pesificación de los depósitos bancarios. Asimismo, hay denuncias de enriquecimiento ilícito contra el propio presidente Kirchner; incluso no se sabe cómo se resolvió el problema de los 500 millones de dólares, que todavía andan en danza y la Justicia no define posición. A pesar de que hay denuncias muy precisas sobre este tema, no se avanza.

Agregó que también se puede 'hablar de las denuncias por la contaminación de un recurso estratégico como es el agua que perjudica a zonas enteras de nuestro país. En el caso de la minería, en Catamarca, hay denuncias ante la Justicia por el tema de aguas ricas. Sin embargo, la Justicia no toma posición; ni siquiera llama a paralizar las obras en forma preventiva. Por otro lado, está procesado por contaminación el presidente de uno de los ingenios más importantes de Tucumán y sin embargo el ingenio sigue produciendo.

Así mismo se preguntó por los asesinatos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001: 'Tampoco están aclarados, dijo. En el caso del asesinato de María Soledad Morales, si no hubiera habido movilizaciones muy importantes de la población, la Justicia miraba para otro lado, con los investigadores que había mandado el gobierno en su momento, como Patti, para desviar la investigación.

Los asesinatos de Kosteki y Santillán, se llegó hasta los que cumplieron órdenes pero no se avanza en investigar quiénes dieron esas órdenes. Se hace una criminalización de la protesta por la que se encuentran procesados miles de luchadores populares que quieren defender el derecho a vivir mejor.

De estos hechos, el legislador concluyó que lo que está cuestionado 'es la Justicia toda, una Justicia que tiene resabios tan monárquicos que sólo la voluntad divina puede lograr que terminen su mandato, porque en muy raras oportunidades son destituidos. Son de por vida jueces, de por vida probos, de por vida capaces, de por vida moralmente sanos y de por vida éticamente sanos', denunció.

La verdad es que tenemos una Justicia que nos avergüenza, que nos debería avergonzar a todos, porque cuando un 75 por ciento de la población dice que no confía o le tiene muy poca confianza, justamente es por todo esto y por muchísimo más; por las cosas más pequeñas, no las trascendentales políticamente. Me refiero por ejemplo a los desalojos a los pueblos originarios o a los otros desalojos, los de la gente a la que quitan su vivienda por maniobras políticas y económicas que la justicia avala. Esa es la Justicia que tenemos y eso es lo que creemos que hay que discutir entre la población. El número de integrantes del Consejo de la Magistratura no cambia la Justicia. Es mentira. Es una pelea de poder tan mezquina que muestra en qué lugar se ubica el Congreso de la Nación.

Consideramos que debe haber otro tipo de Justicia y para eso debe haber otro tipo de jueces. Debe haber una Justicia que no esté puesta al servicio de los intereses empresarios. Todos sabemos aunque lo oculten que aquí hay una justicia para ricos y otra para pobres. La injusticia está dada al permitirse un sistema basado en la explotación del conjunto de la población por parte de un sector minoritario. Entonces, no hay Justicia para todos.

Nosotros tenemos otras propuestas. Creemos que los jueces deben ser elegidos en forma directa mediante elecciones populares que no coincidan con los comicios parlamentarios ni presidenciales. Creemos en la democracia directa; confiamos en ella. La democracia representativa ya demostró cuáles son las consecuencias: un 50 por ciento de pobres o un 40 ó 35 por ciento cuando se reduce un poco. No nos gusta ese tipo de democracia porque no da igualdad de derechos. Da una igualdad de derechos supuesta pero no real.

Pensamos que no debe haber jueces cuya remoción sólo esté a cargo de la justicia divina, sino que los magistrados deben tener un mandato limitado, que también podría ser de cuatro años.

También entendemos que debe haber revocabilidad por iniciativa popular y no, como suele ocurrir, por acuerdos políticos. Incluso sostenemos que debe haber equiparación salarial. No estamos de acuerdo con el concepto de que cuanto más se gana menos corrupto se es. Esto es mentira. La Corte Suprema de Justicia permanentemente ha demostrado actos de corrupción en la era menemista, y sus integrantes eran los que más ganaban. ¿Desde cuándo -como se señaló acá cuanto más se gana menos corrupto se es? La Banelco llegó a senadores que ganaban mucho más que la media en este país.

Alguien señaló que en los Estados Unidos quienes más ganan son, primero, el presidente de la Corte, y en segundo lugar, el vicepresidente de ese órgano. Maravilloso; avala toda la política terrorista de Bush, y según parece -o tal vez algunos creen no es corrupto.

Nos preguntamos: ¿por qué tiene que ser juez un abogado? Nosotros tenemos la función de sancionar leyes, pero no todos somos abogados. Sin embargo, el juez tiene que ser abogado, en lo posible, de las corporaciones. Por lo menos en el Consejo de la Magistratura la tendencia indica que es integrado por las corporaciones de los estudios más importantes de abogados.