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Argentina: La lucha continúa
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Las conexiones de la firma automotriz y la represión en tiempos de la dictadura
Ford Falcon, modelo 76
El jefe de seguridad de la planta de Pacheco era un militar contratado, como
todo el personal a su mando. Tras el secuestro de 25 delegados y la tortura de
dos, fue ascendido a teniente coronel. Y luego fue contratado en la misma línea
de trabajo por la Embajada de EE.UU. Se jubiló en 2004.
Alejandra Dandan
Página 12
En
la Embajada de Estados Unidos leyeron la noticia en los diarios del viernes. La
vieja causa por la desaparición forzada de 25 ex delegados de la Ford Motors
Argentina, en los primeros meses del golpe militar de 1976, volvió a cobrar
fuerza a partir de una denuncia a dos puntas. A la denuncia penal de hace tres
años, los sobrevivientes acaban de sumar una demanda civil que incluye a la Ford
Motor Company e incorporaron un pedido de indagatoria y de prisión para cuatro
ex directivos de la empresa. Entre ellos hay un teniente coronel retirado que
–de acuerdo a la nueva presentación judicial– luego de la Ford trabajó como
personal de seguridad de la embajada estadounidense en Argentina hasta el 27 de
febrero de 2004. El reclamo judicial sumó además una serie de nuevos documentos
desclasificados del Departamento de Estado, entre ellos una pieza clave para
entender la "alianza" entre las compañías privadas y las fuerzas de seguridad
durante la dictadura. Página/12 revela parte de los documentos y el perfil del
militar de la Ford contratado por la embajada. "No hacemos comentarios sobre la
cuestión de los contratos del personal", respondió una fuente diplomática ante
una consulta de este diario.
La historia con mayúsculas de Ford Argentina comenzó el día de la primavera de
1961 en que se cortaron las cintas celestes y blancas de la gigantesca planta de
Pacheco, recuerda un viejo artículo que compila la vida de la filial local de la
multinacional norteamericana. Dos años más tarde, el 15 de julio de 1963,
Pacheco daba origen al primer Falcon producido completamente en el país, ante la
mirada del nieto del mismísimo Henry Ford, convocado especialmente para la
ceremonia. "Fui bien de familia, fui taxi, fui campeón de Turismo Carretera, fui
todo. Duro, fuerte, incansable: un titán", dice un Falcon en el artículo
reseñado. Se olvida que fue más que eso, fue uno de los símbolos menos
celebrados de la dictadura militar.
Con el correr de los años, a la planta de Pacheco le sucedió lo mismo que a su
auto modelo. Ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)
un grupo de ex delegados de la Ford denunció en 1983 que el campo de deportes de
esa fábrica funcionó como "cuartel militar": dentro de la Ford, dijeron,
"operaba un asentamiento o comando militar integrado por distintas fuerzas de
seguridad". Las fuerzas militares se instalaron en Pacheco con un campamento,
ocuparon las canchas de fútbol y rodearon con un cerco de lona uno de los dos
quinchos, desde entonces convertido en centro de alojamiento transitorio para
los obreros detenidos y denunciado con el paso del tiempo como centro
clandestino de detención.
Los obreros de la fábrica sabían que los tiempos se habían puesto duros después
del golpe. Pedro Troiani, uno de los ex delegados de la planta, secuestrado que
sobrevivió, aún recuerda una reunión convocada por la empresa para anunciar la
suspensión de la actividad gremial. Los militares rápidamente hicieron el resto
del trabajo. Montados en una F-100 con la que recorrían la planta, el 24 de
marzo se llevaron a tres compañeros de Troiani y el 14 de abril se lo llevaron a
él. De marzo a mayo, los secuestros en la Ford sumaron en total 25 delegados;
todos pertenecían a la comisión interna formada por 200 delegados de una planta
con 5000 trabajadores. Los 25 estuvieron técnicamente desaparecidos durante un
promedio de 30 a 60 días, a la mitad los secuestraron en sus casas y los
llevaron a la comisaría de Tigre, dispuesta como centro clandestino. A la otra
mitad los levantaron en sus lugares de trabajo, dice en este caso Tomás Ojea
Quintana, abogado y representante de los querellantes.
En general, los obreros permanecieron horas o unos pocos días en el quincho del
campo de deportes de la Ford. Luego eran trasladados a Tigre o a una comisaría
de Mas-chwitz. Treinta, cuarenta o sesenta días más tarde, abandonaban la
calidad de "desaparecido" y pasaban a las cárceles de Devoto o Sierra Chica,
legalizados y detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo
general, al cabo de un año eran trasladados a La Plata, desde donde recuperaban
la libertad.
¿Por qué los detuvieron? ¿Por qué sobrevivieron? ¿Por qué los levantaron a cielo
abierto con un despliegue ostentoso dentro de la fábrica? Los delegados aún no
saben gracias a quién sobrevivieron, pero están convencidos de que la empresa
autorizaba los movimientos de los militares, la ostentación de armas y el
amedrentamiento, para desactivar el gremialismo dentro de la fábrica. Llamaron a
esa metodología terrorismo de Empresa y señalaron a cuatro directivos y a un
militar como responsables.
El otro terrorismo
A partir de la documentación recogida durante los tres años de investigación
en el Juzgado Federal Nº 3, de los testimonios de las víctimas y de numerosos
testigos, los ex delegados de la Ford lograron construir una hipótesis sobre la
lógica de los secuestros. Aquella época era una de las más prósperas de la
fábrica, con obreros politizados que exigían aumento de sus ingresos y
reclamaban mejoras en las condiciones insalubres de trabajo. Eso, según Troiani,
molestaba. En la presentación judicial explicó: "La empresa urdió y ejecutó un
plan preciso y concreto para deshacerse en forma violenta de la actividad
gremial y sindical (...) valiéndose del aparato engendrado por el terrorismo de
Estado, aunque proveyendo también, como nunca antes había ocurrido,
instalaciones propias para el funcionamiento de un Centro Clandestino de
Detención y para el mantenimiento del personal militar y de seguridad".
En ese contexto, los directivos de la empresa habrían jugado un rol esencial en
la ejecución de ese plan. Para los empleados, los responsables son Nicolás
Enrique Courard, presidente y representante legal de la compañía Ford Motor
Argentina SA; Pedro Muller, gerente de manufactura; Guillermo Galárraga, a cargo
de la gerencia de Relaciones Industriales, y Héctor Francisco Sibilla, el
militar retirado del Ejército contratado tiempo después por la Embajada de
Estados Unidos, jefe de Seguridad en la Planta de Pacheco y ascendido el 26 de
julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel.
De acuerdo a la causa, Sibilla, "tenía el control de toda la planta y lo mantuvo
aún en época que las fuerzas militares habían ocupado el campo de deportes, lo
que le hacía tener conocimiento de los secuestros y del traslado de los
secuestrados desde el Centro Clandestino de Detención hasta la Comisaría de
Tigre". Según los testimonios, Sibilla era una de las personas de la empresa que
participó en los interrogatorios de los delegados detenidos "para extraer
información vinculada a la actividad gremial dentro de la planta". Y Sibilla no
era el único personal de las fuerzas de seguridad contratado por la compañía.
Los testimonios señalan el mismo origen para todas las personas que se
desempeñaban como personal de seguridad de la Ford, un dato que abona la
hipótesis de que existía, según los abogados, una "coordinación logística entre
la empresa Ford y las fuerzas militares".
Francisco Guillermo Perrotta no era operario sino uno de los 2500 empleados
administrativos de la planta que hasta mediados de los ’70 no tenían
representación gremial. Como empleado de la Oficina de Análisis de Costo
Material e Inventario, Perrotta poseía manejo de información detallada y
abultada de las cuestiones internas de la fábrica. Junto a otro delegado del
área financiera, fueron los dos únicos torturados con picana. En el caso de
Perrotta, dice la causa, "la empresa decidió participar en forma directa de su
interrogatorio a través del jefe de Seguridad de la planta".
Perrotta relató su paso por la tortura en su declaración testimonial para la
causa. "Preguntado para que diga si reconoció a Sibilla como uno de sus
torturadores en la Comisaría 1ª de Tigre, respondió que no reconoció a Sibilla
como quien lo interrogara" sino que lo ubicó como la "segunda persona que le
sugería a quien lo estaba interrogando que le preguntara tal o cual cosa". Le
"pareció que la voz de la persona que lo interrogaba se correspondía con la de
Sibilla, pero como se encontraba con el rostro vendado y con las dolencias
propias de las torturas nunca pudo ver la cara del interrogador". Sus
interrogadores mencionaron datos y nombres internos de la Ford como si supieran
de qué hablaban. Durante todo ese tiempo, Perrotta era torturado con picana: "Lo
desnudaban y lo amarraban a una especie de catre de hierro y le colocaban un
anillo en el dedo del pie.
Luego lo mojaban con agua y le aplicaban descargas eléctricas en los genitales,
en el pecho y en la boca". En su declaración, recordó que "le aplicaron dicho
método alrededor de cuatro o cinco sesiones".
A la querella no le sorprendió la participación de Sibilla en la sesión de
tortura. "No debe sorprender que haya participado en este interrogatorio y en
otras acciones –indicaron–, ya que pertenecía a las Fuerzas Armadas, habiendo
sido ascendido a teniente coronel después de la erradicación del gremialismo y
el disciplinamiento en la empresa Ford".
La Embajada de Estados Unidos hizo honor a sus méritos. Luego de su paso por
Ford, Sibilla quedó contratado como personal de seguridad de la sede diplomática
en un cargo que ocupó hasta 2004. Fue la propia embajada la que suministró la
información cuando las partes lo solicitaron. Página/12 preguntó a un vocero de
la embajada el motivo de la contratación del militar al que los delegados
señalan como uno de sus represores. "En general la Embajada de los Estados
Unidos no hace comentarios sobre las decisiones internas sobre sus empleados",
explicaron discretamente.
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