El tono que ha tomado la controversia entra Argentina y Uruguay por el tema de las plantas celulósicas que se están levantando en Fray Bentos, pareciera el que se nota en todos los ámbitos en vísperas de una guerra. Algún amigo memorioso lo comparaba, salvando las distancias, con el clima que se vivió cuando nuestro país parecía a punto de ir al combate con Chile, por el conflicto del Canal de Beagle.

Por cierto que no habrá enfrentamiento bélico con Uruguay, pero la guerra diplomática, política, mediática y de movilización popular, está alcanzando un nivel de escalada que, sin duda, no es bueno para los intereses de ninguno de los dos países y, menos aún, para los de la imprescindible unidad sudamericana.

Quizás alguien piense que nos quedamos en la época de la guerra fría, si sospechamos que el conflicto está siendo incentivado por los intereses norteamericanos.

Sin embargo, hay coincidencias temporales que huelen muy mal. En momentos en que el mantenimiento y desarrollo del MERCOSUR, con la participación de Venezuela, a la que la administración Bush busca aislar y la aspiración de integrar a Bolivia, que también está bajo la lupa, el conflicto rioplatense le viene a los jefes del imperio como caramelo en la boca.

Es inexplicable, por ejemplo, que un viejo militante, que sufrió las cárceles de la dictadura de su país, como Pepe Mujica, hoy ministro de Agricultura, diga que "el MERCOSUR no sirve para un carajo".

Y así es en verdad, si se lo vé desde el punto de vista de un nacionalismo estrecho que se está desarrollando en las dos orillas del Plata y que no sirve a los intereses históricos de ninguno de los dos protagonistas.

Porque el MERCOSUR nació como un proyecto político, pero en la práctica ha sido un acuerdo comercial y no mucho más que eso. Y cuando hablamos de comercio, en el sistema capitalista, hablamos de economías complementarias. Y las economías de los cuatro países que lo integran no son complementarias. En distinta escala y variedad, todos producen lo mismo.

El principal ganador es, sin duda, Brasil, que ha comenzado a aflojar un poco la soga antes de que se corte. Y en las frecuentes discusiones entre los dos socios mayores, los menores ni siquiera son invitados.

Por eso el ministro de Economía uruguayo, Danilo Astori, que sin duda juega el papel que jugó Palocci en el gobierno de Lula, o sea de punta de lanza del neoliberalismo en un gobierno de raíz popular, propone un acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, que, en los hechos, significa la salida de Uruguay del MERCOSUR.

Ya Paraguay ha compensado los desaires de los vecinos, firmando un acuerdo militar, que permite la presencia de tropas yankis a la puerta de la Triple Frontera. Y ahora, más allá de que la denuncia tenga una base muy real, no es casual que este país eche leña al fuego de la guerra del papel, disparando un torpedo contra la línea de flotación de la política argentina en la materia.

Su ministro de Medio Ambiente, Silvio Molinas Maldonado, acaba de denunciar que la planta de producción de pasta celulósica instalada en Puerto Piray, Misiones, usa la tecnología de cloro elemental, prohibida en todo el mundo, causando grave daño a la localidad paraguaya de Carlos Antonio López, en el Departamento de Itapúa.

Esta denuncia es absolutamente veraz, pero la planta de Puerto Piray, perteneciente a la firma Benfide S.A. existe desde 1999 y ha sido denunciada, sin mucho eco mediático, por sus empleados, por cooperativistas misioneros que participaron originalmente en la firma y salieron de ella, por el gobierno de Entre Ríos, provincia que sufre la contaminación aguas abajo en el Paraná y hasta por la Prefectura Naval.

¿Por qué el ministro paraguayo descubre recién ahora los daños a la localidad de Carlos Antonio López? ¿Por qué tardó siete años en hacer la denuncia? ¿Hay mano negra o no hay mano negra en todo este asunto?

Recapitulemos un poco. El problema no empezó, sin duda, por una operación de los Estados Unidos, sino por la voracidad de ganancia de las empresas capitalistas y por las prohibiciones que empiezan a imponerse en Europa, a partir de la toma de conciencia sobre el medio ambiente que van realizando allí los pueblos.

Precisamente el próximo lunes estará en Buenos Aires y Gualeguaychú el ambientalista Antón Masa, presidente de la Asociación de Defensa de la Ría de Pontevedra, donde una planta de ENCE ha destruido gravemente el medio ambiente. Esta firma española es una de las que levantará las gigantescas plantas de Fray Bentos.

Pero el tema comenzó hace mucho tiempo. Con visión de futuro, distintas empresas monopólicas comenzaron a plantar eucaliptus en la zona, hasta alcanzar en la actualidad 700.000 hectáreas. Botnia, la empresa finlandesa que levanta la otra planta cuestionada, mayor aún que la de ENCE, es dueña de 130.000 hectáreas. Una firma norteamericana tiene 100.000. Estados Unidos será el destino de alrededor del 35 por ciento de la pasta producida, que se transformarán allí en papel.

Esto sucedió durante veinte años, con la complacencia de gobiernos civiles y militares, blanquicolorados y ahora del Frente Amplio. "Y ahora viene la cosecha", dijo en este programa nuestro colega y militante ambientalista Sergio Rinaldi. En efecto, si no se levantan plantas productoras de celulosa ¿qué otra cosa se puede hacer con 700.000 hectáreas de eucaliptus y algunos pinos?.

Los ambientalistas uruguayos tardaron mucho tiempo advertir el destino final de esta siembra. La cosecha, sólo podían ser las plantas de Fray Bentos. Recién ahora empiezan a levantarse algunas voces y a sumarse uruguayos a las protestas que surgieron de este lado del río.

Predomina entre los orientales la idea de que las plantas generarán muchas fuentes de trabajo. Una zanahoria delante del burro, completamente falsa. Durante el período de construcción hay y habrá, sí, gran demanda de mano de obra. Pero cuando comiencen a funcionar, estas empresas, de elevado nivel tecnológico, emplearán muy poca gente.

Los argentinos empezaron mucho antes, pero tal vez tardíamente. Recién en 2003 comenzó a gestarse el movimiento que hoy es la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú.

El gobierno no tomó nota de las denuncias de estos vecinos hasta que el conflicto le explotó en las manos.

Y así está hoy la situación. Los ciudadanos de Gualeguaychú vienen cortando sistemáticamente el puente internacional, con grave daño para la economía uruguaya, particularmente en materia de turismo. Y con rebote diplomático en Chile, de donde provenían los camiones con materiales que no pudieron pasar.

El gobierno de Tabaré Vázquez dobla la apuesta, con reuniones de gabinete en Fray Bentos, acompañados por las autoridades de todos los departamentos del país y sale a buscar aliados en Sudamérica y en el mundo. Brasil manifiesta su preocupación.

El presidente Kirchner ha enviado al Congreso el proyecto de concurrir en demanda al Tribunal Internacional de La Haya, que ya tiene aprobación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Carlos Reutemann. Pero el vicepresidente de la misma, Rodolfo Terragno afirma que no es solución, que la medida cautelar podría resolverse en el 2007 y la cuestión de fondo, en el 2010. Por otra parte, agrega el ex ministro radical, es difícil que la Argentina gane el pleito puesto que en la Corte de la Haya están representados algunos de los principales países papeleros del mundo, Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Francia.

Greenpeace afirma que el gobierno uruguayo estaría en condiciones técnicas y políticas de obligar a las empresas a utilizar una tecnología no contaminante, basada en el ozono en lugar del dióxido de cloro.

Pretender desde esta columna plantear soluciones a problema tan complejo sería una tontería arrogante. Pero de lo que estamos seguros es que es urgente y necesario que los gobiernos y los pueblos vayan desescalando el conflicto, que se busquen formas de acuerdo y soluciones técnicas y políticas.

Que se salvaguarde el MERCOSUR y se lo afiance como herramienta de primerísima importancia para defendernos de los constantes avances del imperio sobre nuestra soberanía y los intereses profundos de nuestros pueblos.