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Argentina: La lucha continúa
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El gobierno argentino que distrae
Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y
equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados;
retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual
tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la
producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido
arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y
democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Constitución de la Nación Argentina
por Hugo Alberto de Pedro
Una vez más las decisiones del gobierno nacional argentino, en materia del
flagelo que significan la miseria y el desempleo que afecta a la mitad de la
población, se imponen en la ruta de las equivocaciones y los errores
premeditados. Salvo, claro está, que los mismos no sean analizados dentro de las
prácticas de distracción y clientelismo reinantes.
Si las autoridades ejecutivas, que ejercen la representatividad otorgada por la
democracia, piensan que el futuro de la Nación y el bienestar de sus habitantes
podrán ser sostenidas con "planes asistenciales" estamos frente a una nueva
reiteración del esquema diseñado por el modelo neoliberal capitalista instalado
desde hace décadas y maximizado hasta el hartazgo.
La cuestión de la exclusión social y laboral lejos de tener una simple solución,
ya que justamente para haber llegado al actual estado de situación necesito de
la corresponsabilidad de varias administraciones, entra en una etapa distractiva
si lo que se pretende es conseguir la inclusión de los sectores apartados del
estado de bienestar y del campo del trabajo.
Si el gobierno nacional pretendiera encontrar una solución definitiva del
desempleo, la pobreza e indigencia debería diseñar políticas de recuperación de
las empresas cerradas, quebradas y abandonadas que pululan a lo largo y ancho
del país y que cualquiera puede observar; así como la explotación, producción y
actividad comercial en los vastos espacios de tierras en manos de los
latifundios improductivos y de las inmensas extensiones en manos fiscales que se
encuentran totalmente libres de ocupación y de mejoras.
Los planes asistenciales -únicamente justificables en períodos de crisis- no
pueden seguir formando parte de las políticas del Estado, ya que en consecuencia
nos seguiremos encontrando frente a la confirmación de que es necesario que
existan dos argentinas. La del hambre y la exclusión; y la que permite a
determinados sectores ser beneficiarios del crecimiento económico y la bonanza
de las cuentas nacionales que informan sobre aumento de la recaudación y
acumulación de reservas junto al crecimiento del producto bruto nacional.
Mientras que la distribución de la riqueza sea desechada de las políticas
económicas seguiremos transitando por el camino de las equivocaciones. Éstas
equivocaciones que ya a nadie le caben dudas por más que aparezcan los líderes
de determinados sectores del sindicalismo y del empresariado aplaudiendo las
políticas que por supuesto no les interesan, más allá de la participación activa
en los actos oficiales, tienen por única finalidad alargar los tiempos de las
soluciones de fondo y poder llegar sin mayores inconvenientes a las próximas
elecciones.
Mientras que desde los despachos del poder, alejados como siempre de la realidad
y de las necesidades de la población, se vuelven a establecer políticas en temas
de ayuda social por parte del Estado y entregando a los municipios el control y
administración de las mismas; se mantiene la falta de participación de las
organizaciones de desocupados y de las organizaciones no gubernamentales que
podrían corregirlas en sus excesos de arbitrariedad y enriquecerlas.
El establecimiento de programas universales de asistencia social, donde queden
ajenos a ellos los dedos de la politiquería, considerando la conformación de
cada familia y sus necesidades, un seguro de desempleo que permita no caer en la
desesperación de los que pierden sus fuentes de trabajo, la seria y orientada
capacitación de los grandes sectores de jóvenes que nunca han ingresado al campo
del trabajo y la seguridad de vida de aquellos que deben jubilarse son la única
salida al problema imperante.
La recuperación de las empresas nacionales entregadas al capital especulativo
extranjero y a los sectores más retrógrados del empresariado nacional, el
establecimiento de políticas de obras públicas en todo el territorio que no
terminen en las manos de los socios del poder para beneficio de sus "cajeros" de
turno, la distribución ajustada a las leyes de la coparticipación federal y de
una política equitativa de fomento regional alejado de las conveniencias y
aprietes políticos que día a día aumentan a extremos alarmantes, junto a la
definición estratégica para el desarrollo del superávit fiscal son algunas de
las cuestiones que el gobierno nacional tiene la obligación institucional de
garantizar. Los legisladores deben ser fieles custodios del cumplimiento de los
presupuestos nacionales, provinciales y municipales que aprobaron; y la justicia
garante tanto de su cumplimiento como de la acción correctiva frente a los
excesos del poder y del funcionariato.
La construcción de las millones de viviendas que hacen falta para terminar con
el problema habitacional que arroja a nuestros ciudadanos a vivir en zonas
marginales o depender de alquileres imposibles de pagar o dependientes de la
dádiva política, la realización de las obras públicas de infraestructura y
extensión de los servicios públicos elementales e inexistentes en muchas
comunidades del territorio, la asistencia crediticia y de fomento -en costos y
plazos- para aquellos pequeños y medianos emprendimientos productivos y
comerciales que son hoy por hoy inalcanzables son algunas de la políticas
activas que el Estado tiene la obligación de llevar adelante.
Claro está que los políticos saben muy bien que sus resultados son verificables
a mediano y largo plazo, que eso no les sirve para alzarse con el botín que las
reglas democráticas otorgan cada dos o cuatro años para mantenerse y perpetuarse
en sus sitiales.
Lo que no pueden ni deben hacer los administradores de la cosa pública es
eximirse de la responsabilidad institucional que les cabe, y menos aún realizar
estrategias políticas que distraen, alejan, apartan y desvían la atención del
tema central que es: la vida, el progreso y bienestar de todos los ciudadanos
sin exclusiones de ningún tipo ni naturaleza.
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