Prensa de frente
Boletín quincenal Nº54 -

¿Puede haber justicia, en la Salta de Juan Carlos Romero, para el ex gobernador Miguel Ragone, secuestrado y desaparecido por una patota parapolicial el 11 de marzo de 1976? ¿Puede haber justicia para Ragone en la Argentina de Néstor Kirchner, la de la segunda desaparición de Julio López; la de la brutal represión contra las organizaciones sociales que en reclamo por la aparición con vida de López fueron a escrachar en La Plata, hace seis días, al genocida Rodolfo González Conti? La pregunta parece clave cuando implica una situación límite para uno de los ejes del discurso "progre" del gobierno de Kirchner, el de la reivindicación de la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura.

Ragone, uno de los gobernadores combativos del período 1973-1976, saboteado por la burocracia sindical hasta el golpe de palacio que lo destituyó con el visto bueno de Isabel Martínez y José López Rega –algo parecido a lo que les sucedió con Perón en vida a Ricardo Obregón Cano, en Córdoba; a Oscar Bidegain, en la provincia de Buenos Aires, y a Alberto Martínez Baca, en Mendoza-, había sido un consecuente enemigo de la familia Romero, la del actual gobernador y la de su padre, Roberto Romero, dueños del diario El Tribuno.

En el juicio por la desaparición de Ragone –realimentado por declaraciones de uno de los represores participantes, el ex policía Víctor Hugo Viltes- declaró el pasado viernes como testigo Armando Jaime, el líder de la CGT clasista de Salta, uno de los principales apoyos con los que contó el gobernador durante su gestión. Jaime recordó las sospechas de Ragone sobre la responsabilidad de Roberto Romero en la muerte del dirigente canillita Gerardo Barrionuevo, en 1968, cuando su gremio enfrentó a los dueños del poderoso El Tribuno.

Roberto Romero murió en Río de Janeiro a principios de los ´90, en un sospechoso accidente automovilístico que muchos atribuyeron a un enfrentamiento mafioso. En septiembre pasado, una modesta trabajadora de Salvador Mazza –frontera con Bolivia-, Liliana Ledesma, fue muerta a golpes de cuchillo y apareció con la boca cosida, tras denunciar por narcotraficante a Ernesto "El Gordo" Aparicio, diputado provincial tan romerista con Juan Carlos como lo había sido con Roberto.

Por lo que se sabe, y fue incluso relatado en medios nacionales, el "arrepentido" Viltes contó detalles sobre el secuestro y desaparición de Ragone a cambio de dinero. Unos días después de su encuentro con algunos conspicuos colaboradores de Romero, casualmente el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dispuso una "recompensa" de 50 mil pesos a quien diera información ante la Justicia sobre el caso.

Fernández es el mismo que el viernes anterior a la represión en La Plata contra quienes se movilizaron para pedir aparición con vida de Julio López se negó a recibir a los integrantes del espacio Memoria, Verdad y Justicia que pretendían hablar sobre la desaparición del trabajador que ayudó como testigo a condenar a Miguel Ángel Etchecolatz.

¿Habrá justicia para Ragone, para Liliana Ledesma, o para Julio López, en la Argentina de Romero, Fernández y Kirchner?