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Argentina: La lucha continúa
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Correpi - Boletín informativo
Número 400 - 5 de noviembre de 2006
SUMARIO
1- Torturador del caso Durán quiere irse a casa
2- Violada y asesinada por policía
3- Oaxaca: El enemigo es interno
4- Los asesinos de Menezes siguen matando
5- Tener principios no es ser sectario: Es tener principios
6- El gobierno "de los DDHH" sigue criminalizando luchadores
7- Próximas Actividades
TORTURADOR DEL CASO DURÁN QUIERE IRSE A CASA
El caso Durán, primero en la historia argentina posterior a 1983 en que se probó
judicialmente el uso de picana eléctrica en una comisaría, sigue mostrando cómo
funciona la "legalidad democrática" cuando de represores actuales se trata.
El ex cabo Raúl Rodolfo Gastelú, uno de los cinco policías que la noche del 6 al
7 de agosto de 1992 torturaron durante más de ocho horas al adolescente Sergio
Durán, deteniéndose sólo cuando el pibe de 17 años entró en agonía por el
agotamiento de sus mecanismos neurológicos ante el dolor, está detenido desde
diciembre de 2004 y condenado a prisión perpetua desde mayo de 2005.
Su detención y condena sólo fueron posibles porque, a contramano de jueces,
fiscales, ministros y policías, CORREPI escuchó a los vecinos de Moreno que nos
señalaron dónde vivía y trabajaba, estando prófugo por segunda vez, el
torturador. No fue sorpresa para nosotros que estuviera de nuevo en su casa, ni
mucho menos que lo protegiera el municipio de Moreno, para el que trabajaba
-insistimos, estando prófugo- a través de la empresa El Trébol, contratista de
la comuna dirigida por el intendente peronista Arregui, hombre de confianza de
Mariano West, el "dueño" de Moreno.
Después de que el ministro Arslanian hiciera su célebre "blooper" cuando estrenó
la brigada antiprófugos sólo para garantizar que Gastelú se escapara de nuevo, y
tras la campaña de afiches "Si lo ve, NO AVISE A LA POLICÍA" (ver
www.correpi.lahaine.org,
Torturó, huyó y no lo pescaron), finalmente Gastelú fue juzgado y condenado
como coautor del delito de tortura seguida de muerte, siguiendo el camino ya
abierto en las anteriores sentencias contra sus colegas el oficial Jorge Ramón
Fernández en 1995 y Ramón Nicolosi en 2003. Pero resulta que en prisión Gastelú
sufrió una transmutación democrática, y entonces, invocando en su defensa pactos
internacionales de DDHH, pidió a la Cámara Criminal de Morón que lo dejen
cumplir su condena... en casa.
Como Jorge Rafael Videla cuando en 1998 quiso ampararse en normas humanitarias
para resistir la citación en la causa Santucho, Urteaga y Mena, iniciada por sus
familiares para conocer el destino de los cuerpos de los dirigentes del PRT-ERP
después de su asesinato y traslado a Campo de Mayo, los nuevos abogados de
Gastelú trajeron en su apoyo el Pacto de San José de Costa Rica, y hasta la
Convención de Derechos del Niño. Por supuesto que no fue de los derechos de
Sergio Durán, niño de 17 años torturado hasta morir, que hablaron los
distinguidos profesionales (¿de dónde sacan los policías presos el dinero para
pagar defensas particulares de lujo?), sino de los derechos de los hijos del
torturador de crecer al cuidado de su cariñoso padre. Hijos como el jovencito
que en la audiencia del martes le gritó a Olga Castro, la mamá de Durán, lo
mismo que dijo ante las cámaras de TV el día de uno de los frustrados
operativos: "Mi viejo no es un delincuente, mató un chorro". Se puede quedar
tranquilo Gastelú en la Unidad Penitenciaria 39, que ya le enseñó a sus hijos
todo lo que sabe.
La familia Durán fue acompañada por las organizaciones que integran la
Coordinadora Antirrepresiva Oeste, entre ellas HIJOS, además de CORREPI, entre
cuyos militantes se destacaban las familias Corzo, Bogado, Mansilla, Rivero, Velázquez,
González, Ríos y Da Silva. Fue bien simbólico, para entender de qué lado está
cada uno, que la familia del policía fue ingresada a la sede del tribunal y
autorizada a presenciar la audiencia, mientras que los hermanos y sobrinos de
Sergio debieron permanecer en la calle, impedidos de acceder a la sala. En
su alegato, la compañera Verdú, que desde 1992 representa a Olga Castro, señaló
este desigual trato, y resaltó que Gastelú estuvo prófugo de 1993 a 1996, cuando
fue encontrado por primera vez por CORREPI en su casa del barrio Las Catonas,
contando con amparo oficial al punto que seguía cobrando su sueldo de policía
mientras trabajaba para el municipio de Moreno. Nuevamente escapado cuando esa
misma Cámara lo excarceló escandalosamente en 1999, siguió gozando de esa
protección, que se puso de manifiesto en la audiencia cuando su abogado informó
que su cliente tiene dos ofertas laborales: una de la misma empresa El Trébol,
contratista de la municipalidad, y otra... del Sindicato de Trabajadores
Municipales de Moreno. Así es como el PJ recluta sus batatas.
Esta semana la Sala Segunda de la Cámara de Morón deberá resolver si sigue
haciendo manifiesto el amparo y protección oficial a los torturadores, o si a
contrapelo de la habitual excarcelación de policías asesinos y torturadores,
Gastelú va a seguir cumpliendo su condena.
VIOLADA Y ASESINADA POR POLICIA
El 24 de octubre, Rocío Débora Ubilla (15) salió de su casa rumbo a la escuela y
no se supo más nada de ella hasta que fue encontrada muerta seis días después en
un descampado en las afueras de la ciudad de Catamarca. Un remisero de la zona
recordó haber visto a Rocío subir a la motocicleta del policía Manuel Páez,
vecino de la familia Ubilla, la misma mañana de la desaparición. Según el
remisero, Páez lo habría amenazado para que no declarara ante la justicia lo que
vio.
La familia de la adolescente comenzó a sospechar del policía cuando éste se
acercó y aportó datos falsos sobre la desaparición con el fin de desviar la
investigación. Al testimonio del remisero se suma el de una vecina que vio a
Páez volver con su moto desde la zona en donde posteriormente fue hallado el
cadáver. El jueves 2, con Páez ya detenido, familiares, amigos y allegados de
Rocío esperaron al policía en las inmediaciones de la Unidad Judicial N° 5,
donde el acusado se abstuvo a declarar ante el fiscal Maidana.
Páez fue recibido a pedradas y bien custodiado por un operativo integrado por 70
de sus "compañeros" que la Guardia de Infantería puso a disposición. Los
uniformados reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a los
manifestantes que le gritaban "asesino" al policía. De inmediato, tanto el
gobierno nacional como el provincial comenzaron a moverse para desviar la
atención de la opinión pública y ocultar lo evidente: que un efectivo de sus
fuerzas de seguridad es el asesino de Rocío.
El Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Programa Nacional Anti-Impunidad,
mandó a Gustavo Melmann, el padre de Natalia, la joven de 15 años secuestrada,
violada y asesinada por policías en Miramar en 2001, para "asesorar" y ofrecerle
el apoyo del gobierno nacional en el desarrollo de la investigación. Por su
parte, la Cámara de Diputados de Catamarca condenó el horrendo crimen guardando
un minuto de silencio en el inicio de sus sesiones. A la diputada por el Frente
Cívico y Social, Sara Ludueña de Cadó, la muerte de Evelyn Ferreira, la nena de
8 años asesinada esta semana en Llavallol, le vino como anillo al dedo para
afirmar que "lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires y en Catamarca son los
peores síntomas de que entre nosotros y nuestras sociedades conviven patologías
humanas que deben ser urgentemente erradicadas…" Para la señora Ludueña de Cadó,
el problema radica en una sociedad enferma que todos integramos, omitiendo el
pequeño detalle de que el único sospechoso del asesinato de Rocío es un
integrante de las fuerzas de seguridad del Estado, a los que el mismo Estado tan
bien entrena para reprimir, torturar o matar y violar como en este caso.
Otros diputados provinciales, como Oscar Vera del PJ o Ciro Aguirre del Frente
para la Victoria, aprovecharon la ocasión para exigir, paradójicamente, "mayor
seguridad ante la sucesión de hechos aberrantes que han recrudecido en los
últimos tiempos". Desde todos los frentes posibles, tanto el gobierno nacional
como el provincial intentan adscribir lo sucedido a la teoría del "loquito
suelto" o la "sociedad patológicamente enferma".
De ninguna manera van a cuestionar el accionar de los integrantes de sus
aparatos represivos; ni remotamente compararían el asesinato de Rocío Ubilla con
tantos otros perpetrados por los agentes de la seguridad como por ejemplo las
casi 60 mujeres asesinadas en el Partido de la Costa, o las prostitutas
asesinadas en Rosario, o la misma Natalia Melmann, asesinada por policías
empleados del mismo Estado para el que ahora trabaja su padre.
EL ENEMIGO ES INTERNO
En estos momentos, y desde hace una semana, la población de la ciudad mexicana
de Oaxaca, está sufriendo el avance de la Policía Federal Preventiva sobre las
barricadas y las zonas de resistencia organizadas por la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Tras un conflicto gremial y salarial iniciado hace 5 meses por los maestros del
estado oaxaqueño, el gobernador Ulises Ruiz responde con sucesivas represiones a
las manifestaciones docentes, y con la desaparición y asesinato de numerosos
referentes combativos, en manos de fuerzas para-militares que operan en la
región.
Ante semejante escalada represiva, el conflicto se extiende al conjunto de la
población, y el gobierno del presidente Fox interviene profundizando la acción
de las fuerzas represivas. En las ultimas semanas, aumenta la cantidad de
muertos, desaparecidos y torturas, y es asesinado el periodista Brad Will, del
sitio de contrainformación Indymedia .
Como garantes de la expansión de capitales imperiales, los Estados de los países
dependientes no pueden tener otro rol que el que necesitan para asegurarse la
explotación económica: disciplinar a la población interna. De esa forma, las
imágenes de la Policía Federal Preventiva ingresando a Oaxaca con helicópteros y
tanquetas, tranquilamente podrían ser utilizadas para graficar una invasión
imperialista, claro que en este caso, es el Estado local el que invade su propio
territorio.
Un territorio, una ciudad, un pueblo, que por reclamar la renuncia de su
Gobernador, y poder enfrentarse a las permanentes fuerzas para-policiales,
sufren las represalias de la clase dominante, esta vez por parte de sus
instituciones más poderosas: las fuerzas de represión legales.
Oaxaca, nos remite 37 años atrás a Cordoba, 10 a Cutral-Có, o tan solo 9 meses a
Las Heras, demostrándonos que tras la insumisión de toda la población civil, el
Estado necesitará para su propia supervivencia, la movilización de todas sus
fuerzas del orden y de todo el peso de la ley (que sólo sirve para aplastar aun
más al pueblo).
LOS ASESINOS DE MENEZES SIGUEN MATANDO
Hace un año y medio la policía inglesa fusiló al joven brasileño Jean Charles de
Menezes una estación de subterráneo. No sólo lo acribillaron con siete balazos,
sino que armaron la escena como cualquier gatillo fácil vernáculo, inventando
que se escapó al ver a los policías, que llevaba una mochila sospechosa, que
saltó los molinetes, y una sarta de mentiras que se fueron cayendo de a poco.
Mientras la justicia decidió no acusar a los policías responsables y Scotland
Yard los ratificó en sus funciones, el gobierno británico ha demostrado que está
bien orgulloso de todos ellos. La comandante Cressida Dick, que supervisó la
operación, fue ascendida a subcomisaria hace unos meses. Otro de los policías,
que no fue identificado, está instruyendo los agentes de seguridad aérea
antiterroristas. El diario Daily Mirror informó que se lo seleccionó "por sus
habilidades para actuar con decisión y rapidez en casos de emergencia", es
decir, en situaciones como la que costó la vida al brasileño.
Finalmente, un tercer policía del grupo volvió a matar en la tarde del miércoles
pasado en la localidad de New Romney, dentro del condado de Kent. Ante el alerta
por un robo a un banco, además de un equipo especial de Scotland Yard (Flying
Squad), fueron convocados miembros del grupo CO19, especializado en el uso de
armas. Uno de ellos abatió a un hombre de 42 años, aparentemente uno de los
ladrones, que murió camino al hospital. La Comisión Independiente de Quejas
contra la Policía emitió un comunicado en el que además de prometer que
investigarán "hasta las últimas consecuencias" (como en el caso Menezes,
suponemos), y explicaron que el CO19 participó en 2.359 "incidentes" el pasado
año, dando a entender que "estas cosas pasan".
Y agregaron "un hondo lamento porque alguien muera como resultado de la acción
de la Policía". Qué sensibles.
TENER PRINCIPIOS NO ES SER SECTARIO: ES TENER PRINCIPIOS
En el n° 440 de su periódico Alternativa Socialista, el MST-Unite describe
una "polémica en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia", calificando de
"sectarios" a quienes, en el marco de la preparación de la marcha del pasado 18
de octubre por la aparición de Jorge Julio López, se opusieron rotundamente a
hacer una movilización conjunta con las agrupaciones kirchneristas como Libres
del Sur y MUP, y los organismos que apoyan al gobierno, como Madres, Abuelas e
H.I.J.O.S.
Agrega la nota firmada por Gustavo Giménez que "se retrocedió así del
importante acierto de haber acompañado la marcha anterior, llamada por los
organismos históricos y avalada por el propio Kirchner". También dice el
artículo que una clara política de unidad de acción ... es fundamental
para enfrentar esta ofensiva de los genocidas; llama a impedir que se
permita al gobierno y a aquellos que lo sostienen eludir sus
responsabilidades políticas, y termina instándonos a reflexionar, para exigirle
a Kirchner que si realmente quiere derrotar a los genocidas ponga toda la
plata y recursos, como sí lo hizo para su acto del 25 de Mayo, al servicio de
una movilización masiva por la aparición de López.
Aunque su crítica está dirigida con nombre y apellido a otros partidos, y no
menciona a CORREPI, nos vemos obligados a comentar este desatino, ya que el
debate de fondo es sobre la política de DDHH de las organizaciones populares, y
por ende nos compete, aunque se trate de una publicación partidaria. Por otra
parte, la voz de CORREPI fue de las que con más fuerza rechazó todo tipo de
actividad conjunta con el gobierno y/o sus aliados, del mismo modo que en el
anterior debate, sobre si el Encuentro debía ir o no a la marcha de los
intendentes del PJ del 6 de octubre, no sólo nos opusimos con vehemencia, sino
que cuando el espacio resolvió ir, nos abstuvimos de participar porque como lo
hemos dicho tantas veces, CORREPI NO MARCHA CON QUIENES REPRIMEN AL PUEBLO.
Los compañeros del MST-Unite se preguntan, esperamos que retóricamente, si
Kirchner "realmente quiere derrotar a los genocidas", y plantean que hay que
exigirle que asuma "sus responsabilidades políticas". La responsabilidad
política de Kirchner, como gerente del estado burgués, es garantizar la
dominación y la explotación, y bien que lo hace, fabricando consenso todo lo que
puede, y reprimiendo todo lo que debe.
La lógica angustia que ocasiona al pueblo y sus organizaciones la desaparición
de López (y que deberían causar, en igual medida, los gatillos fáciles
cotidianos, la sistemática aplicación de tortura, el hostigamiento constante a
los familiares y militantes barriales antirrepresivos, etc.) no puede obnubilar
al punto de proponer la "más amplia unidad de acción" con el enemigo, con el
represor, con el opresor. Es un principio irrenunciable en nuestra lucha
cotidiana confrontar con el estado, al que entendemos como producto y
manifestación del carácter irreconciliable de la lucha de clases, y por lo
tanto, órgano de dominación de los poderosos sobre los oprimidos, aunque el
gobierno que hoy lo gerencia discursee bonito sobre los derechos humanos, y
ordene pegar en los patrulleros la foto del compañero López.
La contradicción, compañeros, no es Democracia o Fascismo, como justamente
sostiene el partido de gobierno para que lo ayudemos en la interna con sus
eventuales contendientes electorales, que no es por otra cosa que se pelean
ahora entre ellos. Pedirle a Kirchner que encabece y financie la campaña por la
aparición de Julio es legitimar el régimen, es claudicar y ponerse a su
servicio.
EL GOBIERNO DE LOS DDHH SIGUE CRIMINALIZANDO LUCHADORES
Como la irrupción de una patota kirchnerista dirigida desde la jefatura de
gabinete en el Hospital Francés fue demasiado para que el gobierno pudiera
esconderlo debajo de la alfombra, no le quedó más remedio a la justicia que
indagar y procesar a Sergio "Tuta" Mohamad y al resto de sus batatas, así como a
los directivos de la intervención del hospital, como instigadores del ataque.
Pero en una muestra evidente de cómo se reciclan las viejas tesis, en una
aplicación renovada de la teoría de los dos demonios, el juez Javier Anzoátegui,
en la misma resolución que define a Mohamad y compañía como "custodios y grupo
de choque al servicio de la intervención", procesó a seis trabajadores del
hospital.
Los hechos que reprocha a los compañeros, como de costumbre, sólo se basan en
declaraciones de la policía y los empleados de seguridad, y son tan absurdos
como imputarles "atentado y resistencia a la autoridad", por ejemplo, cuando
todo el país vio en vivo y en directo a "la autoridad" atentando contra ellos.
Tampoco se preocupó el juez -el mismo que pidió apartarse de la investigación
del atentado a la embajada de Israel por "violencia moral"- por investigar al
batata que llevaba ostensiblemente un arma en la cintura, ni le preguntó a un
solo policía porqué no la secuestraron.
De lo que sí se ocupó fue de procesar a los trabajadores por "impedir a la
policía y los arrestados salir del lugar", cuando todos pudimos ver, durante
horas, cómo confraternizaban patoteros, policías y funcionarios oficiales en el
primer piso del hospital, mientras no había nadie detenido. CORREPI, APEL,
Liberpueblo y la LADH hemos asumido la defensa de los compañeros procesados, y
ya apelamos la medida.
Por otra parte, el juez federal de La Plata Corazza dio curso a una denuncia por
extorsión e interrupción de un servicio público contra siete trabajadores de una
empresa fantasma que tercerizaba -explotaba- servicios para Transportes
Metropolitanos Gral. Roca, (línea Roca), y que protagonizaron medidas de fuerza
en defensa de sus derechos, exigiendo su pase a planta permanente.
En una muestra cabal de a quién sirve la justicia, no sólo los trabajadores
fueron citados a indagatoria, sino también su abogado, el compañero Rubén Tripi
del CeproDH, que fue indagado el pasado martes 31, y a quien ya hemos acercado
toda nuestra solidaridad y apoyo activo en su defensa. De manera desopilante el
juez trató de justificar la citación del compañero argumentando que no sabía que
era abogado, pero resulta que en la citación dice con claridad "Sres." antes de
los nombres de los trabajadores y "Dr." antes del nombre de Rubén. ¿Será que
creía que era el médico personal de los ferroviarios?
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Sábado 11 de octubre, 16:00, escrache a la comisaría 5ª de Palomar, lugar de
trabajo de los asesinos de Tato Mansilla. Concentramos a las 15:00 en Bradley y
Jufré, Villa Tessei.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
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