Argentina: La lucha contin�a

N�mero 400 -  5 de noviembre de 2006
 
SUMARIO
1- Torturador del caso Dur�n quiere irse a casa
2- Violada y asesinada por polic�a
3- Oaxaca: El enemigo es interno
4- Los asesinos de Menezes siguen matando
5- Tener principios no es ser sectario: Es tener principios
6- El gobierno "de los DDHH" sigue criminalizando luchadores
7- Pr�ximas Actividades
 
TORTURADOR DEL CASO DUR�N QUIERE IRSE A CASA

El caso Dur�n, primero en la historia argentina posterior a 1983 en que se prob� judicialmente el uso de picana el�ctrica en una comisar�a, sigue mostrando c�mo funciona la "legalidad democr�tica" cuando de represores actuales se trata.
 
El ex cabo Ra�l Rodolfo Gastel�, uno de los cinco polic�as que la noche del 6 al 7 de agosto de 1992 torturaron durante m�s de ocho horas al adolescente Sergio Dur�n, deteni�ndose s�lo cuando el pibe de 17 a�os entr� en agon�a por el agotamiento de sus mecanismos neurol�gicos ante el dolor, est� detenido desde diciembre de 2004 y condenado a prisi�n perpetua desde mayo de 2005.
 
Su detenci�n y condena s�lo fueron posibles porque, a contramano de jueces, fiscales, ministros y polic�as, CORREPI escuch� a los vecinos de Moreno que nos se�alaron d�nde viv�a y trabajaba, estando pr�fugo por segunda vez, el torturador. No fue sorpresa para nosotros que estuviera de nuevo en su casa, ni mucho menos que lo protegiera el municipio de Moreno, para el que trabajaba -insistimos, estando pr�fugo- a trav�s de la empresa El Tr�bol, contratista de la comuna dirigida por el intendente peronista Arregui, hombre de confianza de Mariano West, el "due�o" de Moreno.
 
Despu�s de que el ministro Arslanian hiciera su c�lebre "blooper" cuando estren� la brigada antipr�fugos s�lo para garantizar que Gastel� se escapara de nuevo, y tras la campa�a de afiches "Si lo ve, NO AVISE A LA POLIC�A" (ver www.correpi.lahaine.org, Tortur�, huy� y no lo pescaron), finalmente Gastel� fue juzgado y condenado como coautor del delito de tortura seguida de muerte, siguiendo el camino ya abierto en las anteriores sentencias contra sus colegas el oficial Jorge Ram�n Fern�ndez en 1995 y Ram�n Nicolosi en 2003. Pero resulta que en prisi�n Gastel� sufri� una transmutaci�n democr�tica, y entonces, invocando en su defensa pactos internacionales de DDHH, pidi� a la C�mara Criminal de Mor�n que lo dejen cumplir su condena... en casa.
 
Como Jorge Rafael Videla cuando en 1998 quiso ampararse en normas humanitarias para resistir la citaci�n en la causa Santucho, Urteaga y Mena, iniciada por sus familiares para conocer el destino de los cuerpos de los dirigentes del PRT-ERP despu�s de su asesinato y traslado a Campo de Mayo, los nuevos abogados de Gastel� trajeron en su apoyo el Pacto de San Jos� de Costa Rica, y hasta la Convenci�n de Derechos del Ni�o. Por supuesto que no fue de los derechos de Sergio Dur�n, ni�o de 17 a�os torturado hasta morir, que hablaron los distinguidos profesionales (�de d�nde sacan los polic�as presos el dinero para pagar defensas particulares de lujo?), sino de los derechos de los hijos del torturador de crecer al cuidado de su cari�oso padre. Hijos como el jovencito que en la audiencia del martes le grit� a Olga Castro, la mam� de Dur�n, lo mismo que dijo ante las c�maras de TV el d�a de uno de los frustrados operativos: "Mi viejo no es un delincuente, mat� un chorro". Se puede quedar tranquilo Gastel� en la Unidad Penitenciaria 39, que ya le ense�� a sus hijos todo lo que sabe.
 
La familia Dur�n fue acompa�ada por las organizaciones que integran la Coordinadora Antirrepresiva Oeste, entre ellas HIJOS, adem�s de CORREPI, entre cuyos militantes se destacaban las familias Corzo, Bogado, Mansilla, Rivero, Vel�zquez, Gonz�lez, R�os y Da Silva. Fue bien simb�lico, para entender de qu� lado est� cada uno, que la familia del polic�a fue ingresada a la sede del tribunal y autorizada a presenciar la audiencia, mientras que los hermanos y sobrinos de Sergio debieron permanecer en la calle, impedidos de acceder a la sala. En su alegato, la compa�era Verd�, que desde 1992 representa a Olga Castro, se�al� este desigual trato, y resalt� que Gastel� estuvo pr�fugo de 1993 a 1996, cuando fue encontrado por primera vez por CORREPI en su casa del barrio Las Catonas, contando con amparo oficial al punto que segu�a cobrando su sueldo de polic�a mientras trabajaba para el municipio de Moreno. Nuevamente escapado cuando esa misma C�mara lo excarcel� escandalosamente en 1999, sigui� gozando de esa protecci�n, que se puso de manifiesto en la audiencia cuando su abogado inform� que su cliente tiene dos ofertas laborales: una de la misma empresa El Tr�bol, contratista de la municipalidad, y otra... del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. As� es como el PJ recluta sus batatas.
 
Esta semana la Sala Segunda de la C�mara de Mor�n deber� resolver si sigue haciendo manifiesto el amparo y protecci�n oficial a los torturadores, o si a contrapelo de la habitual excarcelaci�n de polic�as asesinos y torturadores, Gastel� va a seguir cumpliendo su condena.
 
VIOLADA Y ASESINADA POR POLICIA

El 24 de octubre, Roc�o D�bora Ubilla (15) sali� de su casa rumbo a la escuela y no se supo m�s nada de ella hasta que fue encontrada muerta seis d�as despu�s en un descampado en las afueras de la ciudad de Catamarca. Un remisero de la zona record� haber visto a Roc�o subir a la motocicleta del polic�a Manuel P�ez, vecino de la familia Ubilla, la misma ma�ana de la desaparici�n. Seg�n el remisero, P�ez lo habr�a amenazado para que no declarara ante la justicia lo que vio.
 
La familia de la adolescente comenz� a sospechar del polic�a cuando �ste se acerc� y aport� datos falsos sobre la desaparici�n con el fin de desviar la investigaci�n. Al testimonio del remisero se suma el de una vecina que vio a P�ez volver con su moto desde la zona en donde posteriormente fue hallado el cad�ver. El jueves 2, con P�ez ya detenido, familiares, amigos y allegados de Roc�o esperaron al polic�a en las inmediaciones de la Unidad Judicial N� 5, donde el acusado se abstuvo a declarar ante el fiscal Maidana.
 
P�ez fue recibido a pedradas y bien custodiado por un operativo integrado por 70 de sus "compa�eros" que la Guardia de Infanter�a puso a disposici�n. Los uniformados reprimieron con gases lacrim�genos y balas de goma  a los manifestantes que le gritaban "asesino" al polic�a. De inmediato, tanto el gobierno nacional como el provincial comenzaron a moverse para desviar la atenci�n de la opini�n p�blica y ocultar lo evidente: que un efectivo de sus fuerzas de seguridad es el asesino de Roc�o.
 
El Ministerio de Justicia de la Naci�n, a trav�s del Programa Nacional Anti-Impunidad, mand� a Gustavo Melmann, el padre de Natalia, la joven de 15 a�os secuestrada, violada y asesinada por polic�as en Miramar en 2001, para "asesorar" y ofrecerle el apoyo del gobierno nacional en el desarrollo de la investigaci�n. Por su parte, la C�mara de Diputados de Catamarca conden� el horrendo crimen guardando un minuto de silencio en el inicio de sus sesiones. A la diputada por el Frente C�vico y Social, Sara Ludue�a de Cad�, la muerte de Evelyn Ferreira, la nena de 8 a�os asesinada esta semana en Llavallol, le vino como anillo al dedo para afirmar que "lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires y en Catamarca son los peores s�ntomas de que entre nosotros y nuestras sociedades conviven patolog�as humanas que deben ser urgentemente erradicadas�" Para la se�ora Ludue�a de Cad�, el problema radica en una sociedad enferma que todos integramos, omitiendo el peque�o detalle de que el �nico sospechoso del asesinato de Roc�o es un integrante de las fuerzas de seguridad del Estado, a los que el mismo Estado tan bien entrena para reprimir, torturar o matar y violar como en este caso.
 
Otros diputados provinciales, como Oscar Vera del PJ o Ciro Aguirre del Frente para la Victoria, aprovecharon la ocasi�n para exigir, parad�jicamente, "mayor seguridad ante la sucesi�n de hechos aberrantes que han recrudecido en los �ltimos tiempos". Desde todos los frentes posibles, tanto el gobierno nacional como el provincial intentan adscribir lo sucedido a la teor�a del "loquito suelto" o la "sociedad patol�gicamente enferma".
 
De ninguna manera van a cuestionar el accionar de los integrantes de sus aparatos represivos; ni remotamente comparar�an el asesinato de Roc�o Ubilla con tantos otros perpetrados por los agentes de la seguridad como por ejemplo las casi 60 mujeres asesinadas en el Partido de la Costa, o las prostitutas asesinadas en Rosario, o la misma Natalia Melmann, asesinada por polic�as empleados del mismo Estado para el que ahora trabaja su padre.
 
EL ENEMIGO ES INTERNO

En estos momentos, y desde hace una semana, la poblaci�n de la ciudad mexicana de Oaxaca, est� sufriendo el avance de la Polic�a Federal Preventiva sobre las barricadas y las zonas de resistencia organizadas por  la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
 
Tras un conflicto gremial y salarial iniciado hace 5 meses por los maestros del estado oaxaque�o, el gobernador Ulises Ruiz responde con sucesivas represiones a las manifestaciones docentes, y con la desaparici�n y asesinato de numerosos referentes combativos, en manos de fuerzas para-militares que operan en la regi�n. 
Ante semejante escalada represiva, el conflicto se extiende al conjunto de la poblaci�n, y el gobierno del presidente Fox interviene profundizando la acci�n de las fuerzas represivas. En las ultimas semanas, aumenta la cantidad de muertos, desaparecidos y torturas, y es asesinado el periodista Brad Will, del sitio de contrainformaci�n Indymedia .

Como garantes de la expansi�n de capitales imperiales, los Estados de los pa�ses dependientes no pueden tener otro rol que el que necesitan para asegurarse la explotaci�n econ�mica: disciplinar a la poblaci�n interna. De esa forma, las im�genes de la Polic�a Federal Preventiva ingresando a Oaxaca con helic�pteros y tanquetas, tranquilamente podr�an ser utilizadas para graficar una invasi�n imperialista, claro que en este caso, es el Estado local el que invade su propio territorio.
 Un territorio, una ciudad, un pueblo, que por reclamar la renuncia de su Gobernador, y poder enfrentarse a las permanentes fuerzas para-policiales, sufren las represalias de la clase dominante, esta vez por parte de  sus instituciones m�s poderosas: las fuerzas de represi�n legales. 
   
Oaxaca, nos remite 37 a�os atr�s a Cordoba, 10 a Cutral-C�, o tan solo 9 meses a Las Heras, demostr�ndonos que tras la insumisi�n de toda la poblaci�n civil, el Estado necesitar� para su propia supervivencia, la movilizaci�n de todas sus fuerzas del orden y de todo el peso de la ley (que s�lo sirve para aplastar aun m�s al pueblo).
 
LOS ASESINOS DE MENEZES SIGUEN MATANDO

Hace un a�o y medio la polic�a inglesa fusil� al joven brasile�o Jean Charles de Menezes una estaci�n de subterr�neo. No s�lo lo acribillaron con siete balazos, sino que armaron la escena como cualquier gatillo f�cil vern�culo, inventando que se escap� al ver a los polic�as, que llevaba una mochila sospechosa, que salt� los molinetes, y una sarta de mentiras que se fueron cayendo de a poco.

Mientras la justicia decidi� no acusar a los polic�as responsables y Scotland Yard los ratific� en sus funciones, el gobierno brit�nico ha demostrado que est� bien orgulloso de todos ellos. La comandante Cressida Dick, que supervis� la operaci�n, fue ascendida a subcomisaria hace unos meses. Otro de los polic�as, que no fue identificado, est� instruyendo los agentes de seguridad a�rea antiterroristas. El diario Daily Mirror inform� que se lo seleccion� "por sus habilidades para actuar con decisi�n y rapidez en casos de emergencia", es decir, en situaciones como la que cost� la vida al brasile�o.

Finalmente, un tercer polic�a del grupo volvi� a matar en la tarde del mi�rcoles pasado en la localidad de New Romney, dentro del condado de Kent. Ante el alerta por un robo a un banco, adem�s de un equipo especial de Scotland Yard (Flying Squad), fueron convocados miembros del grupo CO19, especializado en el uso de armas. Uno de ellos abati� a un hombre de 42 a�os, aparentemente uno de los ladrones, que muri� camino al hospital. La Comisi�n Independiente de Quejas contra la Polic�a emiti� un comunicado en el que adem�s de prometer que investigar�n "hasta las �ltimas consecuencias" (como en el caso Menezes, suponemos), y explicaron que el CO19 particip� en 2.359 "incidentes" el pasado a�o, dando a entender que "estas cosas pasan".

Y agregaron "un hondo lamento porque alguien muera como resultado de la acci�n de la Polic�a". Qu� sensibles.
 
TENER PRINCIPIOS NO ES SER SECTARIO: ES TENER PRINCIPIOS

En el n� 440 de su peri�dico Alternativa Socialista, el MST-Unite describe una "pol�mica en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia", calificando de "sectarios" a quienes, en el marco de la preparaci�n de la marcha del pasado 18 de octubre por la aparici�n de Jorge Julio L�pez, se opusieron rotundamente a hacer una movilizaci�n conjunta con las agrupaciones kirchneristas como Libres del Sur y MUP, y los organismos que apoyan al gobierno, como Madres, Abuelas e H.I.J.O.S.
 
Agrega la nota firmada por Gustavo Gim�nez que "se retrocedi� as� del importante acierto de haber acompa�ado la marcha anterior, llamada por los organismos hist�ricos y avalada por el propio Kirchner". Tambi�n dice el art�culo que una clara pol�tica de unidad de acci�n ... es fundamental para enfrentar esta ofensiva de los genocidas; llama a impedir que se permita al gobierno y a aquellos que lo sostienen eludir sus responsabilidades pol�ticas, y termina inst�ndonos a reflexionar, para exigirle a Kirchner que si realmente quiere derrotar a los genocidas ponga toda la plata y recursos, como s� lo hizo para su acto del 25 de Mayo, al servicio de una movilizaci�n masiva por la aparici�n de L�pez.
 
Aunque su cr�tica est� dirigida con nombre y apellido a otros partidos, y no menciona a CORREPI, nos vemos obligados a comentar este desatino, ya que el debate de fondo es sobre la pol�tica de DDHH de las organizaciones populares, y por ende nos compete, aunque se trate de una publicaci�n partidaria. Por otra parte, la voz de CORREPI fue de las que con m�s fuerza rechaz� todo tipo de actividad conjunta con el gobierno y/o sus aliados, del mismo modo que en el anterior debate, sobre si el Encuentro deb�a ir o no a la marcha de los intendentes del PJ del 6 de octubre, no s�lo nos opusimos con vehemencia, sino que cuando el espacio resolvi� ir, nos abstuvimos de participar porque como lo hemos dicho tantas veces, CORREPI NO MARCHA CON QUIENES REPRIMEN AL PUEBLO.
 
Los compa�eros del MST-Unite se preguntan, esperamos que ret�ricamente, si Kirchner "realmente quiere derrotar a los genocidas", y plantean que hay que exigirle que asuma "sus responsabilidades pol�ticas". La responsabilidad pol�tica de Kirchner, como gerente del estado burgu�s, es garantizar la dominaci�n y la explotaci�n, y bien que lo hace, fabricando consenso todo lo que puede, y reprimiendo todo lo que debe.
 
La l�gica angustia que ocasiona al pueblo y sus organizaciones la desaparici�n de L�pez (y que deber�an causar, en igual medida, los gatillos f�ciles cotidianos, la sistem�tica aplicaci�n de tortura, el hostigamiento constante a los familiares y militantes barriales antirrepresivos, etc.) no puede obnubilar al punto de proponer la "m�s amplia unidad de acci�n" con el enemigo, con el represor, con el opresor. Es un principio irrenunciable en nuestra lucha cotidiana confrontar con el estado, al que entendemos como producto y manifestaci�n del car�cter irreconciliable de la lucha de clases, y por lo tanto, �rgano de dominaci�n de los poderosos sobre los oprimidos, aunque el gobierno que hoy lo gerencia discursee bonito sobre los derechos humanos, y ordene pegar en los patrulleros la foto del compa�ero L�pez.
 
La contradicci�n, compa�eros, no es Democracia o Fascismo, como justamente sostiene el partido de gobierno para que lo ayudemos en la interna con sus eventuales contendientes electorales, que no es por otra cosa que se pelean ahora entre ellos. Pedirle a Kirchner que encabece y financie la campa�a por la aparici�n de Julio es legitimar el r�gimen, es claudicar y ponerse a su servicio.
 
EL GOBIERNO DE LOS DDHH SIGUE CRIMINALIZANDO LUCHADORES

Como la irrupci�n de una patota kirchnerista dirigida desde la jefatura de gabinete en el Hospital Franc�s fue demasiado para que el gobierno pudiera esconderlo debajo de la alfombra, no le qued� m�s remedio a la justicia que indagar y procesar a Sergio "Tuta" Mohamad y al resto de sus batatas, as� como a los directivos de la intervenci�n del hospital, como instigadores del ataque.

Pero en una muestra evidente de c�mo se reciclan las viejas tesis, en una aplicaci�n renovada de la teor�a de los dos demonios, el juez Javier Anzo�tegui, en la misma resoluci�n que define a Mohamad y compa��a como "custodios y grupo de choque al servicio de la intervenci�n", proces� a seis trabajadores del hospital.

Los hechos que reprocha a los compa�eros, como de costumbre, s�lo se basan en declaraciones de la polic�a y los empleados de seguridad, y son tan absurdos como imputarles "atentado y resistencia a la autoridad", por ejemplo, cuando todo el pa�s vio en vivo y en directo a "la autoridad" atentando contra ellos. Tampoco se preocup� el juez -el mismo que pidi� apartarse de la investigaci�n del atentado a la embajada de Israel por "violencia moral"- por investigar al batata que llevaba ostensiblemente un arma en la cintura, ni le pregunt� a un solo polic�a porqu� no la secuestraron.
De lo que s� se ocup� fue de procesar a los trabajadores por "impedir a la polic�a y los arrestados salir del lugar", cuando todos pudimos ver, durante horas, c�mo confraternizaban patoteros, polic�as y funcionarios oficiales en el primer piso del hospital, mientras no hab�a nadie detenido. CORREPI, APEL, Liberpueblo y la LADH hemos asumido la defensa de los compa�eros procesados, y ya apelamos la medida.

Por otra parte, el juez federal de La Plata Corazza dio curso a una denuncia por extorsi�n e interrupci�n de un servicio p�blico contra siete trabajadores de una empresa fantasma que tercerizaba -explotaba- servicios para Transportes Metropolitanos Gral. Roca, (l�nea Roca), y que protagonizaron medidas de fuerza en defensa de sus derechos, exigiendo su pase a planta permanente.
 
En una muestra cabal de a qui�n sirve la justicia, no s�lo los trabajadores fueron citados a indagatoria, sino tambi�n su abogado, el compa�ero Rub�n Tripi del CeproDH, que fue indagado el pasado martes 31, y a quien ya hemos acercado toda nuestra solidaridad y apoyo activo en su defensa. De manera desopilante el juez trat� de justificar la citaci�n del compa�ero argumentando que no sab�a que era abogado, pero resulta que en la citaci�n dice con claridad "Sres." antes de los nombres de los trabajadores y "Dr." antes del nombre de Rub�n. �Ser� que cre�a que era el m�dico personal de los ferroviarios?
 
PR�XIMAS ACTIVIDADES
 
S�bado 11 de octubre, 16:00, escrache a la comisar�a 5� de Palomar, lugar de trabajo de los asesinos de Tato Mansilla. Concentramos a las 15:00 en Bradley y Jufr�, Villa Tessei.
 
CORREPI
Coordinadora contra la Represi�n Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires � Argentina  

Fuente: lafogata.org

������