En los últimos meses se intensificaron los desalojos y amenazas a los locales que se encuentran ocupados en la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de la casa de Independencia 947, donde viven seis familias de la cooperativa del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), la ofensiva política oficial se agrava ya que el gobierno infringe de forma directa las leyes que regulan el tema habitacional. Este edificio fue comprado por el gobierno luego de un acuerdo con el movimiento para conformar un Programa de Vivienda Transitoria. Pero hoy se proponen utilizarlo para otros fines.

Uno de los programas de vivienda que regula la Ley 341 se conoce como PVT (Programa de Vivienda Transitoria) y, junto a la creación de un banco de inmuebles (Ley 1255), tiene como objetivo la compra o el alquiler de casas para contener a las familias que están en emergencia y para realizar procesos colectivos, en donde se alcance una vivienda colectiva.

Desde hace tres años, 30 familias integrantes del MOI se vienen reuniendo, buscando un inmueble y negociando con el dueño. En diciembre de 2003 presentaron el pedido de la compra del inmueble de la calle Independencia, la procuración general elevó un dictamen favorable en donde definía explícitamente que el objetivo del inmueble eran las familias de la cooperativa y recién se compró en marzo de 2006. El Instituto de la Vivienda de la ciudad, al comprar el inmueble también confirmó el destino del mismo. Desde entonces, el gobierno de la Ciudad congeló la gestión con el MOI y hace 15 días, a principios de noviembre, la ministra de Derechos Humanos Gabriela Cerruti informó que habían decidido utilizar ese edificio para otros fines.

Leonor, integrante del MOI, explicó: "El gobierno exigió la inmediata desocupación del lugar y dijeron que no nos podían dar a las organizaciones un lugar de tanto valor. La ministra así desconoció la gestión que venimos llevando adelante hace tres años y que como organización venimos luchando hace 16 años". Escuchar testimonio al respecto. Desde los inicios de la gestión, la organización tiene la llave del lugar, dada por el primer dueño del edificio, a partir de la seguridad que existía del cumplimiento del acuerdo con el gobierno. Durante varios meses el MOI sostuvo el sueldo del sereno para que cuidara el predio y cuando ya no pudo pagarlo más, en marzo de este año, seis familias se instalaron para vigilar el lugar.

En esa casa el MOI se propone una base de vivienda transitoria para 30 familias, que facilite el proceso de cooperativas que no tienen techo y viven en duras condiciones, pero también un emprendimiento productivo, que sería un bar cultural, para generar además fuentes de trabajo para las familias que habitan la casa y recursos para garantizar el pago de la cuota y el mantenimiento del lugar, dentro de un proceso cooperativo. Leonor agregó que pensaban en un programa de atención de salud primaria: "Creemos que hay que contemplar la salud básica de los compañeros y se sus hijos. Para nosotros la vivienda no es una cosa techista, se debe articular con trabajo, con salud y educación". Para esto, vienen realizando un censo y articulando con varios centros de salud y hospitales. Construimos lazos con el tema de la salud.

La actitud del gobierno con el tema de la vivienda se ha ido endureciendo en los últimos meses. Uno de los inmuebles que compraron, de acuerdo a la Ley 1251 para generar el banco de inmuebles, que estaba destinado para una cooperativa, en la calle Curapaligüe, terminó siendo utilizado para una oficina del programa Ciudadanía Porteña. El alquiler de otro de los Programas de Vivienda Transitoria, realizado con el MOI en la calle Ramón Carrillo 578, que era el pago del alquiler hasta lograr la vivienda definitiva no lo pagan hace cinco meses. En efecto, esta ha sido la actitud con las distintas organizaciones que conforman el Encuentro de Coordinación de Cooperativas Autogestionadas (ECCA).