Este jueves 16 de noviembre el presidente Néstor Kirchner, junto a su ministro de educación, Daniel Filmus y el representante de CTERA, Hugo Yasky y los principales referentes de la iglesia católica, realizarán la presentación del proyecto de la 'nueva' Ley de Educación Nacional (LEN) ante la cámara de senadores del Congreso Nacional, buscando su urgente aprobación. Se espera que este proyecto esté sancionado antes de fin de año.

Seguramente serán de la partida los representantes de los principales grupos empresariales nacionales y foráneos, como los Soldati (Comercial del Plata), Techint, Pagani (Grupo Arcor), Clarín, etc. que ya estuvieron presentes en el 'Salón Blanco' de la Casa Rosada cuando se dio a difusión el documento 'bases para el debate... hacia una educación de calidad para una sociedad más justa'. Mientras que en las afueras del congreso los convocantes a la masiva marcha del 15 de septiembre en contra del proyecto volverán a movilizarse, en defensa de la educación pública, laica y gratuita.

La nueva Ley de Educación Nacional (LEN) tiene una relación directa con la ley de financiamiento educativo, sancionada en diciembre de 2005, y es la continuidad y profundización de la repudiada Ley Federal de Educación del menemismo. El gobierno de Kirchner, intenta que la LEN se lea por separado de los anteriores ataques a la educación pública, con el claro objetivo de confundir a la sociedad sobre sus nefastos alcances. Nosotros por el contrario debemos ponerlas en relación, por que todas estas reformas forman parte del mismo plan privatista. Más allá de algunos enunciados demagógicos.

La ley de financiamiento educativo de Filmus-Yasky, fue vendida como la solución de los déficits presupuestarios que hacen que las escuelas se derrumben a diario. Se trata que hacia el 2010, la inversión en educación alcance el 6 % del Producto Bruto Interno (PBI); a valores actuales este supuesto aumento de la inversión rondaría los 8500 millones de pesos. Esta cifra, es menor a las inversiones que el presupuesto nacional destinaba a educación hacia el 2001, si tomamos en cuenta la relación peso-dólar, es decir que el supuesto financiamiento no hace más que ocultar un profundo ajuste. Aún así, es el mismo ministro Filmus, el que puso en duda que pueda realizarse un traspaso del 6% del PBI a educación. 'No es la primera vez que el país se lo propone. Ya en 1993 el Congreso de la Nación había votado una ley (Federal de Educación) que fijaba una meta similar que, como todos sabemos, no se llevó a la práctica.' (Clarín 19/05/05). Razones tiene el ministro, para sembrar de dudas sobre esta opción, sobre todo en momentos en que el kirchnerismo ha decidido retomar las 'relaciones carnales' con los gobiernos de los acreedores, comprometiéndose tanto política como económicamente a una alianza estratégica de pago, a cualquier costo, de las 'obligaciones' con el imperialismo.

No hay superávit fiscal, por abultado que pueda parecer, que resista la exacción de divisas que demandan las fraudulentas deudas contraídas por la burguesía con la banca acreedora.

De todas maneras la bonanza parece acabarse. Un reciente informe del Banco Mundial destaca: 'Las economías de América latina crecerán en un 4,6% este año, 4% en 2007 y 3,7% en 2008, reflejando una significativa desaceleración en la Argentina y Venezuela, los países que reportaron las tasas de crecimiento más altas el año pasado.' (La Nación 7/6/06) Agrega además, 'Los países que dependen en gran medida de las exportaciones agrícolas, como la Argentina, Brasil, y Uruguay, se verán afectados por un crecimiento más lento de los precios de esos productos en los próximos dos años. Y países exportadores de metales, como Chile y Perú, también serán golpeados por un crecimiento más moderado de esos precios' (La Nación 7/6/06). Si estos pronósticos se cumplen y teniendo en cuenta que los porcentajes de PBI destinados a educación, votados por ambas cámaras, son fijos, podemos

suponer que de la evaluación inicial ponderada, ya estaríamos en un 50% menos, en lo que respecta al crecimiento anual.

Otro aspecto importante de la ley de financiamiento es que la misma deberá fijar 'responsabilidades de inversión compartidas' (Clarín 19/05/05) lo que abre las puertas al arancelamiento de la educación; a la inversión del capital privado; al canje de deuda por educación y a un sin número de aventureros privatizadores, interesados en el negocio de la educación pública; esto explica la participación de los paganis, soldatis, burócratas, curas y tutti cuanti, que esté interesado en el 'negocio educativo', en la convocatoria para la presentación de la Ley...para una sociedad más justa.

Alguien, podría refutar que en lo referente al capítulo de 'responsabilidades de inversión compartidas' el ministro se refiere a relaciones entre Nación y provincias y que nada tiene esto que ver con inversiones privadas. Pero hay que señalar dos elementos que nos impiden razonar tan ingenuamente. El primero, las provincias usan el 85% y 95% de sus presupuestos educativos actuales nada más que para pagar los bajísimos sueldos docentes. El segundo, que a pedido del FMI se sancionaron las leyes de Responsabilidad Fiscal y de Financiamiento Ordenado que impide a las provincias aumentar sus gastos corrientes, si no tienen superávit fiscal (previa deducción de las deudas contraídas con la Nación), lo cual las deja sin posibilidades de que compartan ninguna inversión.

Pero si el ministro manifestaba más arriba serias dudas con respecto a la concreción de los fondos destinados a financiamiento de la educación, donde no existen dudas es a la hora de evaluar los aspectos relacionados a condiciones laborales de los docentes (Estatuto Docente). Filmus sostiene que para alcanzar una 'educación de calidad' es condición sine qua non pulverizar el Estatuto del docente. Para el ministro 'más progresista en la historia de la educación argentina'-según Hugo Yasky- será 'imprescindible compensar en más horas de clases las desigualdades de origen...' y para esto, las condiciones salariales, de trabajo y profesionalización 'estarán vinculadas al desempeño' del docente; 'respecto a las condiciones de trabajo, es necesario abordar la elaboración de pautas acerca de la función docente en concertación con las organizaciones gremiales docentes y los ministerios de las distintas jurisdicciones, como parte de los aspectos considerados en el acuerdo marco, tal como lo prevé el artículo 10° de la Ley 26.075'. Es decir, declara que se programa una tarea docente flexibilizada, convenientemente acordada con los gremios del sector y las patronales de las escuelas privadas; sean confesionales o laicas, donde el futuro salarial de los maestros estará condicionando a la productividad (salario por mérito). La Ley se contrapone de esta manera a la existencia de un Nomenclador Unico Nacional, que fije igual salario por igual trabajo en todo el país. Más que esto, intenta atomizar la existencia de un mismo salario en la propia escuela, con el objetivo de generar condiciones de competencia entre los trabajadores, cuyos salarios estarían subordinados a los caprichos evaluativos del personal jerárquico de los diferentes ministerios educativos provinciales y no al establecimiento de un estatuto escalafón.

La nueva ley plantea además el establecimiento de diversos mecanismos de controles privados de la función docente, tales como: 'consejos consultivos para la actualización curricular, acuerdos entre los responsables de los medios de comunicación y los responsables de la educación, mecanismos de concertación con los sectores gremiales docentes y no docentes, consejos técnicos para definir cómo, cuando y qué medir en las evaluaciones del sistema educativo'. Además de implementar, un régimen de pasantías para los nuevos docentes que ingresan al sistema, transformando las condiciones laborales en las escuelas en similares a las que encontramos en Wal Mart, Mac Donald´s o los call centers. 'En este sentido, sería necesario discutir la posibilidad de que la incorporación de los docentes a la escuela se realice con el apoyo y acompañamiento de docentes experimentados, de manera tal de crear un puente entre la formación inicial y los aprendizajes realizados a lo largo de una vida de trabajo profesional'.

Esta violación a las normas laborales se disfraza con el argumento de que 'Será necesario diseñar una carrera que permita ascender ejerciendo funciones de monitoreo o tutorías de los nuevos docentes '. 'Para ello, la formación deberá promover una identidad docente basada en la autonomía profesional'. Ya volveremos sobre este punto.

La CTERA y Yasky se desvelan, desde hace años por diferenciar a Kirchner y Filmus del neoliberalismo, pero no les sale bien. Esta ley constituye una nueva estafa política a los docentes y a la sociedad en general.

La propuesta de financiamiento educativo votada en 2005, no es presupuestaria, ni refiere al gasto estatal en educación. Simplemente toma en cuenta, al conjunto de inversiones en el área, con lo cual facilita el ingreso a créditos bancarios de capital privado, al financiamiento de la escuela pública por parte del Banco Mundial, al canje de deuda por educación, al arancelamiento de la enseñanza en todos sus niveles, etc. En definitiva la Ley de financiamiento educativo es el antecedente de un proceso de privatización encubierta que la nueva Ley de Educación, que se presentará este jueves en el congreso, viene a consolidar.

CTERA insiste en que la lucha docente en la coyuntura actual no debe ser salarial, sino de apoyo al gobierno de Kirchner, el que 'que nos coloca frente a una oportunidad histórica' (Clarín 20/5) de dejar atrás el modelo menemista (neoliberal). Pero, la realidad indica que el kirchnerismo no hace más que profundizar las políticas económicas del 'modelo'. Y esto es así, porque de lo que se trata no es de oponer un modelo de capitalismo bueno a un modelo de capitalismo malo, sino debatir sobre la necesidad de que la educación esté bajo el control de los trabajadores docentes y que junto al resto de los trabajadores impongan al Estado una triplicación del presupuesto educativo de la Nación y las provincias, que este presupuesto surja de la ruptura con el FMI, del no pago de la deuda externa, de decretar el fin del financiamiento de la educación privada con fondos públicos y de la derogación definitiva de la Ley Federal de Educación.