Argentina: La lucha continúa

Dicen que López se perdió, lo embargó la locura del horror y el lunes 18 de septiembre, cuando debía presentarse en el Palacio Municipal de La Plata como testigo y querellante contra Etchecolatz, desapareció. Dicen, como hipótesis benévola, que solo se extravió, que anda por ahí, escondido, burlando la recompensa de 200 mil pesos y la búsqueda de la Side y otros aparatos. Dicen que se esfumó sin dejar rastros, a pesar de que no hubo una sola llamada efectuada desde el barrio de Los Hornos, donde vivía, que no haya sido rastreada desde el mismo día de su desaparición. En la zona hay tres torres de telefonía celular, por lo que el rastreo oficial involucró a 1.200 personas. Arslanián resolvió que cada una de ellas sea interrogada.

A los dos días, Nilda Eloy recibió un llamado donde le decían que el cuerpo de López estaba en Quilmes. Más tarde apareció un cadáver calcinado en Punta Lara con un tiro en el pecho, un lugar donde aparecían cuerpos baleados y calcinados en los tiempos de las Triple A y la dictadura de Videla. Los muchachos de la Dirección de Investigaciones llamaron al diario platense Hoy y dijeron que era el cadáver de López. Horas después estimaron que había 85 por ciento (sic) de posibilidades de que no fuera. Los muchachos de la bonaerense lo habían confundido con un hombre veinte años menor. Suele pasar. No son proclives a las sutilezas.

El pasado como sujeto
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, maneja la hipótesis de un posible "shock emocional" y cree probable que López se haya perdido. Para el funcionario un secuestro no es posible porque son prácticas represivas del pasado "oscuro" de nuestra historia, que en este gobierno no ocurren. Otros funcionarios del gobierno, como el propio Kirchner, sostienen, en cambio, que "el pasado no se resigna". Pero Juanjo Alvarez no es pasado. Fue información filtrada desde el propio gobierno la que permitió saber que Alvarez fue miembro de la SIDE en épocas de la dictadura. Lo que se dice, un pasado con vigencia: varias veces intendente y secretario de Estado, Ministro de Seguridad bonaerense y principal conductor político e institucional del operativo represivo dirigido contra los desocupados en el Puente Pueyrredón. Después "Juanjo" ocupó el mismo cargo a nivel nacional. Más tarde, sumó la cartera de Justicia y Derechos Humanos (sic). Fue él quien se encargó de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires para poner "orden" después de la Masacre de Cromagnon. Ibarra lo fue a buscar por indicación explícita de Kirchner. Como se sabe, Juanjo perdió una interna y le sacaron a relucir una carpeta con su pasado tenebroso, algo que la gente del gobierno nunca ignoró. Organismos de derechos humanos pidieron que se hagan públicos todos los archivos de la SIDE. Pero solo recibieron por respuesta el silencio: parece que esos archivos son moneda de cambio en la "lucha política democrática".

Que el pasado no se fue lo atestigua el hecho de que la tortura es un instrumento policial y penitenciario cotidiano. Se tortura todos los días y con naturalidad, y esa práctica sistemática cuenta con el aval de muchos jueces, fiscales y legisladores. Un periodista le preguntó al Fiscal Carlos Dulau Dumm si era verosimil la hipótesis del secuestro de López. El Fiscal respondió que no descarta ninguna hipótesis y recordó que hace dos años.. el mismo fue secuestrado para que deje la causa Echecolatz. Antes de que López desapareciera, el fantasma de la bonaerense revoloteaba sobre testigos y jueces. Y eso no es el pasado. Solá pidió una prórroga de la ley de emergencia policial que le permita depurarla y al mismo tiempo entregó parte de la capacitación de sus técnicos en criminalística y seguridad a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), una organización confesional que colaboró con altos jefes de la dictadura y que hoy apoya a los grupos que resisten el avance de los juicios por el genocidio.

En la misma línea, el gobierno de Kirchner aseguró que va a "depurar" la Bonaerense. Pero no se trata precisamente de una institución que se haya corrompido en los últimos años por influencia de los "malos" policías. Hace mucho tiempo, la vieja oligarquía puso el control penal del territorio bonaerense en manos policiales, a quienes exigió incondicionalidad. Al mismo tiempo, ahorró sueldos y recursos, y la obligó a obtenerlos mediante actividades ilegales, como ocurre hoy. Seleccionó a sus miembros entre los estratos más sumergidos que, como institución, debía controlar.

A los sucesivos gobiernos les fue cómodo canjear corrupción por orden, unas tantas muertes por paz social. Así se construía gobernabilidad. El propio Camps cambió homicidios y desapariciones por "botines de guerra". Precisamente, fue durante los años de plomo que la Bonaerense cimentó su rencor con los militares, aunque por motivos muy poco generosos: en las operaciones conjuntas, los hombres del Ejército no repartían con ellos los botines de guerra conquistados en las casas de desaparecidos. Así, la Bonaerense se resignó a explotar negocios menores, como el juego clandestino, la prostitución y el comercio irregular. Poco después hallaron una actividad más lucrativa: los secuestros extorsivos, y comenzaron a reproducir en pequeña escala lo que el Estado terrorista hacía en grande. Así llegaron negocios nuevos, más dinero, y los punteros políticos locales entraron al reparto, decidiendo destinos y ascensos. En algunos momentos la cúpula perdió el control y ciertos segmentos extraviados de la fuerza lanzaron al mercado un nuevo menú de servicios. El desbande tuvo efectos indeseados. Allí están, como muestra, el atentado a la AMIA y el asesinato de Cabezas. Desde hace décadas, la Bonaerense sostiene y explota una impenetrable trama de negocios que incluyen la casi totalidad de las actividades prohibidas por el Código Penal. El "gatillo fácil" es casi el único crimen que la Bonaerense comete por pura vocación.

Reformismo
En medio de una creciente descomposición, Duhalde intentó "disolver" la bonaerense en 1998, cuando designó como ministro de Justicia y Seguridad a Carlos Arslanián, quien encabezó un nuevo intento "depurador". Los reformadores pronto descubrieron que las mayores resistencias se producían en los municipios. En un solo día recibieron 74 llamados de jueces e intendentes que pedían que no se expulsara a ciertos policías. También comprobaron que los punteros del PJ en el conurbano financiaban sus actividades políticas con el tráfico de drogas, en complicidad con la policía. "Cuando tocamos el sistema recaudatorio de los intendentes aparecieron las presiones. Pero no nos torcieron la mano", dijo Arslanián, pocos días antes de que se la torcieran. Los enfrentamientos con los aparatos justicialistas del conurbano lo consumieron rápidamente.

Néstor Kirchner conoce bien a esa gente. A principios de 2003, cuando desembarcó en el conurbano de la mano de Eduardo Duhalde, estableció lazos con los hombres fuertes del territorio. Les pidió apoyo, compartió escenarios, prometió algunas cosas. El entramado mafioso-policial que hoy aparece sospechado de desaparición de López es parte del mismo aparato que aseguró el triunfo del presidente en las elecciones de abril de 2003. De esa tropa era el actual ministro del Interior, Aníbal Fernández. Como hace tres años, el único objetivo y el único temor del gobierno nacional es la posibilidad de que la descomposición de los aparatos bonaerenses de poder haga ingobernable la Argentina. Las viejas relaciones entre los actores (gobierno y aparatos represivos) sigue vigente, no quedó en el pasado, y facilita la enorme presión puesta, una vez más, sobre el Estado para llegar a un nuevo punto final en el juicio a los genocidas.  

Fuente: lafogata.org