Nuevamente, y tal como viene aconteciendo desde la sanción de la Ley Nacional Nº 24.314, modificatoria del capítulo IV y los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Nacional Nº 22.431, reglamentada por el Decreto Nº 914/97, se prorrogó la vida útil de las unidades de transporte automotor de pasajeros para demorar, una vez más, su renovación y perjudicando así el derecho al transporte gratuito de las personas con discapacidad motriz y el acceso al transporte de ancianos y mujeres embarazadas.

La Resolución Nº 1025/05 de la Secretaría de Transportes de la Nación, a cargo del Ing. Ricardo Jaime, revela que, antes de acceder a las legítimas demandas de los usuarios con discapacidad y de aquellos que tienen dificultades físicas por su edad o estado, prefiere seguir subsidiando a los empresarios del transporte automotor, los que perciben un subsidio de 3000 pesos por unidad junto a un precio diferencial de 0,42 pesos por litro de gasoil.

Desde 2001 a la actualidad, se establece sistemáticamente esta prórroga, que esta vez abarca a los modelos 1993, 1994 y 1995, violando los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en aras de beneficiar a empresarios que, en reiteradas ocasiones, al solicitarse, por ejemplo, el pasaje gratuito en recorridos de media y larga distancia deniegan dicha solicitud incumpliendo con lo establecido por el Decreto Nº 38/04 y la Resolución 31/04 de la Secretaría de Transportes de la Nación y que aducen, de acuerdo a las declaraciones del Presidente de la Cámara de Empresarios del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Sr. Daniel Millaci, el retraso tarifario y la insuficiencia de los subsidios para eximirse de la obligación de renovar las unidades (1).

Aducen crisis mientras cobran ingentes subsidios y exageran los costos, tal como declara el Presidente del Grupo Plaza, Mario Cirigliano, al manifestar que el sueldo de un conductor está en los 2.400 pesos y que un chasis cuesta 210.000 pesos en la actualidad, en una entrevista realizada por el Diario La Nación (2).

La realidad es que, desde hace muchos años, siempre están con la excusa del atraso en las tarifas o de los subsidios insuficientes para exigir las prebendas estatales y aprovechando la existencia de sanciones insuficientes para los incumplimientos empresarios, de la mano de una CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) demasiado ligada a los intereses empresarios y poco afecta a la protección de los intereses de los usuarios.

Por otro lado, resulta evidente que la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad) tampoco ha intervenido en la medida suficiente, al igual que numerosas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, para modificar esta triste realidad que impide la inserción socioeconómica de las personas con discapacidad motriz.

¿Dónde están los Derechos Humanos? ¿solamente son los del pasado? ¿y los del presente y del futuro?. Tres interrogantes que, según el discurso oficial, solamente están en la verba inflamada sobre los hechos del pasado reciente de la Argentina mientras las personas con discapacidad siguen esperando que el Estado cumpla con su verdadero rol: el de moderar las tensiones sociales y económicas.

En tanto se prosiga construyendo el 'capitalismo en serio', no habrá posibilidades de construir un Estado de los Derechos Humanos, el que brinde la igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos y habitantes sin exclusiones, si se sigue sosteniendo el ideario neoliberal acuñado desde la dictadura y perfeccionado por el menemismo.

Prórrogas eternas. Es lo único que se ofrece frente a la postergación indefinida de un colectivo que, tan sólo, pretende sumarse a la vida política, económica y social de la Argentina y ninguneando a nuestros ancianos como a las mujeres embarazadas. Parece ser que la voluntad política, otra vez, prefirió ceder al poder económico de empresarios como Cirigliano, cuyo grupo posee 11 líneas de colectivos, participa de Cometrans (integrante de Trenes de Buenos Aires que opera las líneas Mitre y Sarmiento) y explota el subterráneo de Río de Janeiro (Brasil).

Lo que olvida el Gobierno Nacional es que la vida de las personas con discapacidad es improrrogable y ello habla, muy a las claras, de la falta de voluntad para con este colectivo salvo, claro, que se sometan a los designios del nepotismo, clientelismo y amiguismo tal como vienen acostumbrados desde la gestión de Eduardo Duhalde. A lo mejor, esperarán a que la denuncia por discriminación del Grupo Quiero Vivir Hoy, que reposa en los escritorios de los Tribunales Federales, llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cumplir y hacer cumplir la normativa vigente.

Prórrogas eternas y derechos conculcados, para beneficio de unos pocos y para perjuicio de muchos...