Argentina: La lucha continúa

Gustavo Lahoud
Idicso

La decisión adoptada por el gobierno del Presidente Kirchner –el pago integral de la deuda vigente con el Fondo Monetario Internacional el pasado jueves 15 de diciembre de 2005- ha generado expectativas, opiniones y debates en los que han participado economistas, políticos, dirigentes sindicales y empresariales y ese conjunto entre amorfo e inasible, conocido con el nombre de opinión pública.

Uno de los primeros señalamientos que es pertinente realizar, está vinculado con la complejidad del escenario internacional, regional y nacional que sirve de contexto socio-político y económico-financiero en la presente coyuntura, surcada, entre otras cosas, por la fluidez, instantaneidad y sobreabundancia de la información que, bajo la égida de la globalización –entendida como proceso tautológico, que se explica en sí y por sí mismo- termina reforzando, sin solución de continuidad, una cadena de confusiones, desinformaciones y equívocos que llevan a que sea virtualmente imposible comprender esa misma complejidad que está detrás de la decisión tomada por el Ejecutivo argentino.

En efecto, comenzando por una somera referencia al contexto internacional en el que esta medida ha sido adoptada, es pertinente recordar, en primer lugar, que la mismísima Administración estadounidense del Presidente Bush ha manifestado en reiteradas ocasiones que los organismos internacionales de crédito, debían adoptar políticas más duras y enérgicas con los países subdesarrollados que tuvieran su crédito público fuertemente comprometido con los referidos organismos, cuya naturaleza político-institucional es –cabe recordarlo- intergubernamental, ya que tanto el FMI, como el Banco Mundial y el BID, son organizaciones de carácter público internacional que han surgido como consecuencia de la coyuntura histórica de la segunda posguerra con claros objetivos vinculados a la estabilidad monetaria, financiera, cambiaria y a la promoción del desarrollo económico y social a escala mundial. En tal sentido, la construcción institucional pergeñada en ese momento histórico formó parte de un conjunto complejo de alianzas, organizaciones con vocación universal y regional y sistemas de cooperación regionales en materia económico-comercial y de seguridad que permitieron consolidar un escenario de certidumbre internacional, en un contexto de guerra fría y de lucha interhegemónica global liderada por los Estados Unidos y la ex Unión Soviética.

Pero, transcurrido el período de enfrentamiento territorial-ideológico y en el marco de la así denominada posguerra fría, los organismos de crédito internacional comenzaron a consolidar un tipo de accionar político-institucional que tuvo su origen en fuerte cambios normativos en las estructuras institucionales de los organismos internacionales que, durante los años ’70, incorporaron las denominadas condicionalidades, que se transformaron en auténticos cepos a la decisión económica soberana de los países endeudados con los organismos, ya que básicamente establecían que los créditos podían liberarse a cambio del estricto cumplimiento de un conjunto de medidas de política económica que incidieron, de hecho, en la propia conducción de las economías de los países subdesarrollados.

En este complejo escenario, la actual administración de los Estados Unidos, tal como se afirmó anteriormente, comenzó a presionar con el objetivo de lograr cambios estructurales en el funcionamiento actual del sistema de crédito público internacional encarando, a tales efectos, una muy fuerte ofensiva en pos de remodelar la estructura de las finanzas públicas globales, en un escenario regido por el persistente deterioro de las instituciones internacionales y por la difuminación de la presencia de lo público, de las estructuras de regulación estatales y, fundamentalmente, de la representación política como auténtica estructura de mediación, articulación y combinación de intereses en toda sociedad democrática que se precie de tal. En efecto, en estas manifestaciones de crisis de institucionalidad, parece pergeñarse un tipo de política que estima necesario disminuir el peso específico de estructuras internacionales que, como en el caso del Fondo Monetario, han sido los permanentes interlocutores en todos los escenarios de negociaciones de deuda que se han instrumentado en los últimos treinta años.

Entonces, ante la conmocionante y ensordecedora vocinglería que ha acompañado el anuncio realizado por la administración del Presidente Kirchner, es necesario detenerse un instante y plantear algunas preguntas vinculadas con el contexto internacional que se ha descrito sucintamente en los párrafos precedentes. En primer lugar, ¿se está asistiendo a un cambio de paradigma organizativo a escala global no sólo de las finanzas mundiales sino de la arquitectura del sistema internacional y de las mismas relaciones económicas internacionales? Es siempre pertinente plantearse interrogantes que permitan explicar, de la manera más compleja posible, el por qué y el para qué de un conjunto de decisiones políticas y económicas que ocurren en un contexto histórico temporal y espacialmente delimitado.

En segundo lugar, las decisiones efectivamente tomadas tanto por la Argentina como por Brasil, ¿implican sin más un gesto político fuertemente ligado a la reafirmación de un espacio propio de decisión en términos de soberanía política y económica o son, en sí mismas, el producto de una compleja trama de presiones y modificaciones mundiales cuya finalidad, objetivos y configuraciones de fuerzas e intereses no pueden ser todavía convenientemente visualizados?

En cualquier caso, lo cierto es que ambos gobiernos se han encargado de difundir una lectura notablemente optimista de la decisión política adoptada, en un contexto en que, no sólo en Brasil y Argentina, sino en el conjunto de América Latina, el sesgo estructural de las políticas económicas implementadas desde el denominado Consenso de Washington permanece incólume e intocado en sus fundamentos políticos e ideológicos, lo cual no hace más que devolver –cual imagen vista a través de un espejo difuso- un escenario político-institucional en el que el diseño de las políticas económicas en los planos fiscal, monetario, cambiario, financiero y comercial parecen reforzar las ya devaluadas capacidades de poder –cristalizadas en pérdida creciente de autoridad, control ciudadano y legitimidad de los sistemas democráticos representativos- de los sistemas políticos de la región. Entonces, los propios esquemas de poder internos muestran –en un contexto de permisividad muy acotado- que la "desaparición formal" de la tutela financiera del Fondo Monetario en materia de decisiones de política económica, no necesariamente se traduce en ganancias de márgenes de maniobra en términos de capacidad de acción autónoma, más aún cuando son las mismas administraciones argentinas y brasileñas las que están adoptando, sin más trámite ni debate público, las decisiones estratégicas que terminan por condicionar las capacidades de poder de los Estados. Es por ello que, cuando se logra detener, aunque sea por un momento, la fluidez de la sobreabundancia informativa que todo lo confunde, lo que aparece en el terreno público y que por ello se hace visible, es el entramado complejo de procesos tanto internos como externos que deben ser puestos en análisis dinámico con el mismo sino de desorden creativo y desafiante que tiene la misma realidad política, económica y social.

Aquí es pertinente citar una sugerentes palabras del analista internacional Oscar Raúl Cardoso, quien refiriéndose al carácter de la decisión adoptada por los gobiernos de Brasil y Argentina, decía que "No son pocos los ángulos críticos y, por cierto escépticos, que es posible concebir para cuestionar estos pagos, pero todos ellos parecen pasar por alto el central. Las decisiones de Lula y Kirchner no parecen explicarse en sí mismas; precisarán de otras, futuras, para salvarse o condenarse en la historia." Es decir, no es posible realizar afirmaciones profundamente asertivas sin tener en cuenta el pasado reciente que condiciona respuestas en función de las políticas adoptadas y, menos aún, sin tener presente la configuración de un escenario a corto y mediano plazo que si bien podría reconocer en este gesto político adoptado por ambos países el comienzo de una "primavera de reivindicación de soberanía política y autonomía económica", chocaría ineluctablemente con la realidad estructural de sociedades divididas, duales y fragmentadas si es que no se toman medidas que permitan ensanchar los grados de libertad estratégicos de las administraciones a partir de una línea coherente de continuidad en materia de políticas públicas que persigan como eje estructurante la consolidación de un espacio nacional y regional relativamente autónomo.

Es por ello que, al observar críticamente la realidad compleja y muchas veces caótica de los países latinoamericanos, la cuestión de la deuda pública aparece permanentemente cruzada por descripciones y explicaciones que, amén de ser incompletas, adolecen de serios defectos argumentales que tienen la poco apreciable aunque eficiente "virtud" de no hacer visible jamás la cadena de acontecimientos y hechos que han jalonado los procesos de endeudamiento de los países de la región, entre ellos, el caso más que alarmante de la República Argentina. En ese contexto argumental profundamente ahistórico y, como tal, atemporal, el papel desempeñado por el Fondo Monetario Internacional en la Argentina ha sido, con todo, uno de los fenómenos socio-políticos y económicos menos estudiados con la profundidad que el momento crítico de la Nación argentina merece. En razón de la síntesis que este artículo pretende salvaguardar, es necesario hacer referencia a un hecho histórico reciente que señaló –con una contundencia precisa- el carácter del "tutelaje" que el FMI ha desarrollado en su accionar político-institucional en la Argentina.

En efecto, uno de los aspectos que no aparecen prácticamente en ningún análisis sobre la decisión adoptada por el gobierno argentino, es el que refiere al origen más que dudoso que ha tenido el endeudamiento contraído por la Argentina ante el FMI, cuyo momento culminante acaeció en los meses previos a la implosión de la convertibilidad y el tipo de cambio fijo como patrón de relaciones financieras, monetaria y cambiaria dominantes durante los años ’90. En tal situación, el país recibió del FMI una suma de 12.500 millones de dólares, que fueron parte del denominado mecanismo de "blindaje" que fue aprobado por el FMI para asistir financieramente al gobierno de Fernando de la Rúa en un contexto de crecientes vulnerabilidades fiscales, comerciales y financieras que terminaron en un derrumbe socio-político y económico a fines del año 2001. En verdad, esa suma debió emplearse para dotar de solvencia al sistema monetario a fin de frenar el proceso de crisis, pero, en realidad, las sumas recibidas por la Argentina permitieron "financiar" un enorme proceso de fuga masiva de capitales que terminó por desmoronar el sistema bancario argentino, dejando a miles y miles de pequeños y medianos ahorristas en una situación de despojo institucionalizada. Los economistas Eric Calcagno y Alfredo Eric Calcagno manifestaban, en esta línea argumental, que "Ese préstamo fue otorgado en violación de la Carta Constitutiva del FMI, que prohíbe los préstamos que financien la evasión de capitales (art. VI, sec. 1); y precisamente esa fuga fue la única aplicación que tuvo ese préstamo."

Esta situación, como parte de una cadena de acontecimientos que, con una metodología profundamente histórica, permiten explicar mejor el conjunto del proceso y comprender, así, el actual escenario en el que se ha tomado la decisión de pago al FMI, no sólo está ausente del debate público, sino, además, no aparece ya en los análisis políticos, económicos y sociales cuya matriz de explicación está básicamente afincada en un perpetuo presente que oscurece y obtura la necesaria claridad político-estratégica que un decisor debe tener en función de la reconstrucción del proceso en su pasado reciente y su mejor y más aguda comprensión en el dinámico y fluido presente en orden a proyectar una decisión política que esté en condiciones de dar cuenta de la compleja trama de intereses y fuerzas que están detrás de los acontecimientos y fenómenos sociales, políticos y económicos.

Entonces, ¿qué es lo que ha desaparecido irremediablemente del contexto explicativo en el vínculo FMI- Argentina?. Justamente, la posibilidad de alegar la profunda ilegitimidad de la deuda contraída con el FMI en las circunstancias históricas que han sido descritas. Ciertamente, esa factibilidad se esfumó en el mismo momento en que la estrategia argentina para la renegociación de la deuda con los acreedores privados se recostó tácticamente en la decisión de privilegiar la relación con las instituciones internacionales de crédito, que, así las cosas, sirvieron -en ese momento- para ensanchar el margen de maniobra argentino utilizando al FMI como interlocutor para establecer el vínculo con los negociadores privados. Obviamente, es justo decir que, en la estrategia del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el rol desempeñado por las instituciones de crédito fue concebido como un espacio de negociación que permitió operar en un contexto de profunda atomización del universo de los acreedores, aunque ello no invalida, de ningún modo, el carácter ilegítimo del endeudamiento contraído con el FMI en función de los sucesos antes explicados.

Por cierto, podrá decirse que se tomó la mejor decisión posible en una coyuntura crítica de la Argentina, pero, el devenir de los acontecimientos, devuelve, otra vez una imagen borrosa, difusa, en la que las descripciones y explicaciones adolecen nuevamente de defectos que, a la vez que la convierten en un poderoso instrumento de comunicación de un gesto político sin más, la vacían literalmente de contenido, ya que, una vez más, la idea central –si es que hay alguna en pie- es sobreactuar, sobreinformar y, de paso, bloquear nuevamente las instituciones de la República como instancias de control y participación ineluctables en una democracia que se precie de tal. Aquí se hace referencia, "in totum", al Congreso Nacional, a los alicaídos partidos políticos y a las organizaciones de cuño diverso que son manifestaciones de intereses, valores y creencias en una comunidad política , todos ellos elementos de mediación que brillan por su ausencia.

Asimismo, las explicaciones de orden técnico-económico, si bien son importantes en toda comprensión de un fenómeno de estas características, no parecen poner el foco en una cuestión que, sin bien puede ser controlable en el corto y el mediano plazo, abre una angustiante perspectiva en lo que respecta a la volatilidad y fragilidad implicadas en la decisión de tomar casi 10.000 millones de dólares de reservas del Banco Central y disponerlas para el pago de la deuda con el FMI. Si bien "…el BCRA cedió dólares que le rendían 3% anual y a cambio recibirá un bono que le devengará una tasa de no menos del 9% anual" , con lo cual podría pensarse en una excelente operación, teniendo en cuenta que las reservas que constituyen el respaldo integral al dinero circulante –en el orden de los 18.000 millones de dólares- no han sido tocadas, también debe decirse que, en su política sistemática de compra de dólares, el Banco Central ha intentado neutralizar la excesiva cantidad de pesos en el mercado a través de la colocación de Letras, pases y otros instrumentos constituyendo así un stock de letras que ya supera los 25.000 millones de pesos que significan endeudamiento permanente para sostener la dinámica monetaria y financiera actual. Y, a su vez, lo que debe evaluarse con cuidado, son las condiciones de todo este endeudamiento no sólo para el Banco Central, sino para el mismo Tesoro nacional, teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento que Argentina deberá seguir garantizando hacia el futuro para el cumplimiento de los pagos de la deuda con acreedores privados en un contexto de aumento de inflación.

En definitiva, la consecuencia de todo este proceso de desquicio institucional y de explicaciones a medias se observa, una vez más, en el episodio que ha sido motivo del presente artículo.

Finalmente, algunos interrogantes:

¿Estaremos en condiciones de observar, alguna vez, todos los aspectos de un fenómeno político, social o económico?

¿Podremos, como sociedad consumida por el individualismo autorreferencial, manifestar públicamente que debe ponerse un límite al abuso criminal de las instituciones y a la destrucción en fase continuada de la República?

¿Estamos asistiendo a una progresiva desinstitucionalización de las organizaciones intergubernamentales que han servido de pilares financieros, comerciales y monetarios en los pasados cincuenta años?

Y la pregunta más inquietante:

¿Qué está ocurriendo con la democracia, el principio de representación política, los controles republicanos y la participación ciudadana en un contexto de cristalización de una sociedad desigual, fragmentada y polarizada?

Las respuestas no son monopolio de nadie, pero el compromiso institucional es asunto de todos los ciudadanos.

* Gustavo Lahoud es Licenciado en Relaciones Internacionales de la U. del Salvador. Investigador del área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del IDICSO; colaborador del MORENO.