Algún legislador que informó por la primera minoría dijo que determinadas críticas obedecían a cierta memoria selectiva. Al escuchar algunas cosas en esta Cámara pareciera haber ataques de amnesia en algunos dirigentes y representantes que hoy argumentan a favor de lo que ayer argumentaban en contra; pero es justo reconocer que siempre han tenido una profunda coherencia en recomendar medidas inconvenientes para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, emulando al respecto palabras de un importante estadista argentino.

Fijaré mi posición respecto de este decreto a partir del otro decreto en el que se establece la decisión presidencial, que hoy no discutimos porque no es de necesidad y urgencia aunque se relaciona con un tema que es de exclusiva incumbencia de este Parlamento. Sobre la base de ese decreto debemos discutir éste –el 1.599/05 , que modifica la ley de convertibilidad y crea esta categoría de reservas de libre disponibilidad afectadas exclusivamente al pago a los organismos multilaterales de crédito.

En principio, deberíamos evaluar si en realidad no nos están adelantando que esto continuará con la afectación de reservas de libre disponibilidad para cancelar deuda con el Banco Mundial o el BID. Además, como aquí se ha dicho, disponemos de información incompleta como para evaluar con claridad de qué se trata la operación que están proponiendo.

En mi impresión, el momento político por el que atraviesa la Argentina es complejo y contradictorio. Hace poco, supongo que muchos sentimos orgullo a raíz de la posición que sostuvo la Argentina en la IV Cumbre de las Américas, de la mano de los países del Mercosur, asociándose con Venezuela y fijando límites al proyecto ALCA de los Estados Unidos. Sin embargo, hoy tenemos la absoluta certeza de que la decisión a adoptarse resulta inconveniente.

Ese contexto de carácter contradictorio en términos políticos nos muestra dos caras: por un lado, afirmar lo que se hizo en la Cumbre, y por el otro, cuestionar la propuesta que hoy se está formulando. Este contexto contradictorio impacta sobre la sociedad, moviliza conciencias –así como también a dirigentes y militantes y produce alineamientos políticos muy extraños. De esta manera, quienes ayer compartíamos historia, trayecto y propuestas, hoy aparecemos divididos ante este tipo de iniciativas, y nos mezclamos con otros que estaban en posturas totalmente antagónicas a las que siempre defendimos.

Este contexto es el que obliga por un lado a ser muy claros y muy precisos cuando se examina una cuestión de esta naturaleza y además a desplazar de entrada la discusión sobre estas definiciones de prejuicios que puedan colocar la cuestión en un planteo medio panegírico que hable de una supuesta gesta antiimperialista o de un ejercicio de soberanía o de colocar esto en el terreno exclusivo de la traición a la patria.

Me parece que se necesita otro tipo de discusión porque la sociedad argentina reclama un debate que le permita construir un proyecto de unidad de corte popular en torno de una propuesta de sociedad seria, justa, libre y soberana para poder replantear el rumbo que hemos venido teniendo en el marco de esta etapa política que por lo menos desde mi punto de vista no le pertenece ni al oficialismo gobernante ni al presidente Kirchner, sino que es un tiempo político nuevo fijado por las movilizaciones populares de los años 2001 y 2002, que abrió una discusión distinta en la sociedad argentina.

Por lo tanto, este tiempo es de todos y solamente si somos capaces de ir a fondo en la discusión podremos buscar una solución entre todos, que es la única manera de resolver estas las circunstancias en las que se encuentra nuestra sociedad. Digo esto porque creo que la sociedad argentina avanzó y por ello es que a veces es posible decir que el discurso no tiene que ver con la realidad. Avanzó porque fue capaz de romper el consenso neoliberal; avanzó porque cuestionó el genocidio y las prácticas genocidas de nuestras clases dominantes, y avanzó porque cada vez que puede cuestiona el sistema político tradicional.

Además, estoy convencido de que si este gobierno y el Presidente tienen legitimidad política es porque más allá de si hay relación entre discurso y realidad lo cierto es que se cree que camina en este sentido. Por eso es que si hay algo que me preocupa de lo que se plantea es que esta decisión no tiene nada que ver con una estrategia que se aparte de la experiencia neoliberal que se cuestiona ni que esté en la antípoda de aquello que el sistema político tradicional nos ha legado hasta ahora.

Desplazando de entrada toda discusión que ubique esto como una gesta antiimperialista –que no es y evitando ponerlo de entrada en el lugar de la traición a la patria, señalo que necesitaríamos un análisis más detenido y en principio comenzaría diciendo que en términos abstractos una cancelación de deuda no estaría mal.

Pero corresponde aclarar algo. Dada la lógica monetaria vigente la Argentina es un país que no ha declarado como parte de su estrategia de política económica que las reservas son un bien de utilidad pública, que tampoco ha asumido que no tiene moneda porque el garante y la reserva de valor siguen siendo una moneda externa, que no ha replanteado el marco de su política económica centralizando las operaciones en divisas en el Banco Central y restringiendo el movimiento de capital es para poder construir un patrón monetario que rompa la relación fija entre la reserva externa y el peso local. Dado que en esta lógica las reservas son de carácter privado y ajenas. Dado que la lógica monetaria no se cambió, y que es la resultante de la transnacionalización, corresponde efectuar algunos exámenes ¿Efectivamente estamos ante una cancelación de deuda? La verdad que no. En el mejor de los casos, y más allá de los límites que se señalaron por la ley de administración financiera, estamos ante un canje de deuda.

La verdad que tampoco nos han dicho de qué canje se trata. Ni siquiera lo podemos mensurar adecuadamente. Es decir, que estamos discutiendo una operación que desconocemos en lo que tiene que ver con sus últimas características. Ciertamente, la cuenta que comenzó a efectuar el señor diputado Iglesias y que continuó el señor diputado Sarghini, supone considerar que el ahorro de intereses que uno hace por pagar al Fondo Monetario Internacional implica descontar la pérdida de intereses que nos daban las reservas, como también la pérdida por la diferencia de tasa de interés del bono que se emita para darle algo al Banco Central.

Como la tasa va a ser muy distinta y mayor, es muy probable que no haya ahorro. Existen más posibilidades de que haya pérdida. Lo que sí es cierto es que ante un canje por canje o ante una situación de acreedor por acreedor, alguien podría decir que en realidad –obviamente violando la Carta Orgánica del Banco Central- vamos a tener tasas más altas. Tendremos que ver cuál es el plazo y al no haber condicionalidad podremos renovar el capital de manera automática. Quizás nos planteen esto.

Hecha esa consideración general, me gustaría plantear algo que me parece más importante. Para examinar si lo que estamos haciendo en materia económica es acertado o no, la mejor forma que tenemos es preguntarnos cuál es el problema central de nuestra Argentina. Entiendo que el problema central de nuestro país tiene que ver con la profunda desigualdad, que se expresa en la tasa de desempleo, en el nivel de pobreza, en el hambre, y en la falta de inversión y desarrollo.

Si nosotros cancelamos anticipadamente toda la deuda con el FMI, y como resultado obtenemos mayores grados de libertad en la política económica y mayores recursos para resolver estos problemas, esto podría estar bien. Pero para que eso ocurra hay que tener en cuenta cuatro cosas: en qué diseño de política económica está inscripto esto, en qué contexto lo estamos resolviendo, cuál es la oportunidad y a qué tipo de acreedor le estamos cancelando la deuda.

Sobre el diseño de política que hoy tenemos, debo referirme a algo que planteé en el mismo momento en que estábamos tratando el presupuesto para el año que viene. Sostuve que si era cierto lo que se estaba diciendo como definición presidencial, el presupuesto para el año 2006 iba a tener liberados supuestamente cerca de 6 mil millones de pesos, que estaban imputados para el pago al FMI. Se me contestó que eso no era así. Después se dijo con claridad que iban a ser destinados a un fondo anticíclico para futuros pagos y para continuar acumulando reservas, que efectivamente van a caer de manera significativa, porque el régimen monetario no ha sido replanteado y entonces es dependiente de esas reservas.

Por ende, yo decía que si disponía de 6 mil millones de pesos más en el presupuesto del año que viene, podía poner en marcha un plan que implicara el pago de 55 pesos por hijo para garantizar el ataque al fenómeno central que tenemos de 8 millones de pibes en situación de pobreza en la República Argentina

Ahora bien, si el pago anticipado de la deuda me obliga a un mayor ajuste en las cuentas públicas, y a inmovilizar los recursos corrientes que se me liberan por ingresos impositivos que no deberían imputarse a la cancelación de deuda, en realidad estamos saliendo de la deuda con el Fondo para sostener una estrategia ortodoxa de austeridad fiscal similar o mayor a la que podría exigirnos el Fondo. Y en verdad allí no se aprecia cuál es la ganancia de anticipar el pago de la deuda.

El segundo tema es el contexto. Si de buenas a primeras descubrimos que teníamos reservas de libre disponibilidad por 9.800 millones de dólares, cabe preguntar si no podríamos haber discutido un poco más democráticamente cuáles son las prioridades en materia de inversiones en la Argentina. ¿Semejante stock de reservas no merecía alguna consideración sobre el destino de las inversiones?

Quiero recordar que en la Argentina hay 2 millones 700 mil hogares con déficit de vivienda, que el 31 por ciento de la población no tiene agua potable ni cuenta con desagües pluviales, que el 52,8 por ciento carece de cloacas y que 11 millones de argentinos usan garrafa por no disponer de gas natural. Podríamos haber pensado un conjunto muy relevante de inversiones para resolver problemas serios que padece el país, o en la posibilidad de recuperar la renta petrolera recomprando YPF o inyectándole recursos a ENARSA para ampliar la oferta energética de recursos en la Argentina.

El decreto que hoy nos ocupa en realidad no sólo está inscripto en una decisión que no considera variante alguna sino que a su vez ya nos alerta respecto de que el único uso posible de las reservas de libre disponibilidad es el pago de deuda a los organismos multilaterales de crédito.

El tercer tema es la oportunidad. Aquí se ha expresado que esto permite liberar a la Argentina de condicionalidad. Si seguíamos pagando en forma escalonada cada uno de los vencimientos, en principio no teníamos demasiado que discutir con el Fondo Monetario Internacional. Las presiones que se mencionan en relación con las empresas privatizadas van a seguir existiendo y deberemos sortearlas con otro tipo de estrategias porque van a venir incluidas en las relaciones comerciales, financieras y de inversión que existen con los países que integran el Grupo de los 7. Además, van a seguir existiendo las condicionalidades cruzadas que tienen que ver con el Banco Mundial y el BID, que piden el aval del Fondo para la entrega de créditos.

Me parece que en realidad no se trataba de comprar tan cara la libertad sino en todo caso de tener capacidad de ejercer la soberanía nacional diciendo "no" a condicionalidades que incluso están en contra y violentan los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional.

Debo agregar también que en el marco del esquema monetario vigente en la Argentina la realización de este pago deja la relación entre reservas y el conjunto de los activos monetarios en el mismo nivel que teníamos en diciembre del 2001. En aquel momento la relación entre el conjunto de los activos monetarios y las reservas era de 3,8 y luego de los pagos será del 3,4 por ciento. Obviamente se trata de un contexto distinto, con diferente situación internacional, en un marco de mayor actividad, superávit fiscal y comercial, pero la fragilidad que esto supone es lo que, en tanto no se replantee el esquema de política vigente, obliga a niveles de ajuste mayores y a la reconstitución inmediata de reservas, y pospone cualquier estrategia seria de redistribución del ingreso y de desarrollo para la Argentina.

El cuarto tema es el referido al acreedor. El FMI no es cualquier acreedor. Ha sido el asesor, el auditor y el prestamista de la Argentina de los ’90. Se trata de un cómplice de la crisis que incluso ha prestado en las postrimerías de la convertibilidad, violando sus propios estatutos porque tiene impedido prestar a países que fugan capitales.

Se trata de un acreedor al cual la Argentina podría demandar internacionalmente, y al cual hemos decidido premiar con una cancelación anticipada. Desde todo punto de vista esta decisión que consuma al extremo la política de desendeudamiento iniciada a mediados de 2004, supone un retroceso respecto de las definiciones originales del gobierno del presidente Kirchner.

Originalmente se planteó la tesis de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad entre el Fondo y los gobiernos argentinos en torno a la crisis de la deuda supone compartir costos. Acá el Fondo no tiene ningún costo; tiene sólo premio y los únicos que pagamos somos nosotros.

Es cierto que esto empalma con requerimientos históricos que viene haciendo el Fondo Monetario Internacional a instancias del Tesoro norteamericano porque no quieren invertir en el Fondo recursos para sostener dicho organismo. Por lo tanto, era fácil escuchar a Paul O’Neil en los comienzos de la administración Bush planteando que los organismos multilaterales debían recuperar su cartera de créditos porque habían prestado a países que habían dilapidado los mismos a través de la fuga de capitales, y no estaban dispuestos a sacrificar a sus propios ciudadanos poniendo dinero en esos organismos. Eso lo escuchamos todos.

Efectivamente, esta decisión empalma –mal que nos pese con lo que el Tesoro norteamericano ha venido sosteniendo y con lo que ha venido requiriendo en sus documentos internos el propio Fondo Monetario Internacional.

Y agrego además que para colmo de males ni siquiera estamos haciendo lo único positivo que tiene esto. La verdad es que si fuéramos serios tendríamos que declarar que vamos a reformar en serio la Carta Orgánica del Banco Central, que vamos a terminar con esa rémora neoliberal que supone la autonomía del Banco Central respecto a la política económica. Porque efectivamente la han arrasado, no tiene más nada que ver, y esto hay que decirlo con toda claridad. Yo no tengo problemas en hacer esto porque efectivamente creo que se necesita un Banco Central y una política monetaria subordinada a la estrategia general en materia de política económica. Pero ni siquiera esto es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo poner la moneda en función del producto, el desarrollo y la distribución del ingreso. Estamos tomando una jugada riesgosa en el marco de un esquema que no cambia, que no incorpora ninguna estrategia distributiva ni de desarrollo, y que en todo caso agrega fragilidad y vulnerabilidad al dispositivo de política económica vigente.