Elena Luz González Bazán
Argenpress

En la provincia de Corrientes, en la ciudad Capital, comisaría séptima murieron ya, dos jóvenes recluidos y dos están peleando por sobrevivir. Se trata de dos adolescentes y dos jóvenes, Hugo Escobar de 25 años trasladado a Buenos Aires, al Instituto del Quemado. Matías Martínez, de 16 años, que murió el 22 de enero, luego de diez días de agonía, y Ricardo Edgar Pared, de 17 que sigue grave, el otro joven muerto es Daniel Romero, de 23 años.

El incendio se originó en la madrugada del viernes 13, en la comisaría séptima, donde se alojaban chicos menores de 18 años, la misma está ubicada en el populoso barrio Mil Viviendas de esa Capital. En un primer momento las causas fueron muy confusas y no hay explicaciones concluyentes, tanto de los efectivos policiales como de las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia sobre los hechos ocurridos.

Las autoridades de la comisaría fueron relevadas y lo que sostienen los familiares y adolescentes detenidos, que luego declararon, es que no sólo no avisaron de inmediato a los familiares de las víctimas, sino que los cuatro adolescentes y jóvenes estaban esposados a las rejas mientras se incendiaba la misma. Fueron internados en los hospitales Escuela y Vidal y sus familiares no supieron hasta tarde de lo sucedido. La que estaba presente era la madre de Daniel Romero, quien se encontraba esperando la libertad de su hijo detenido la tarde anterior por averiguación de antecedentes. La mujer fue uno de los testigos del incendio y prácticamente vio como su hijo se quemaba pidiendo auxilio sin que los policías hicieran nada para ayudarlo, según relató a un medio local.

Por otra parte, el comisario Ortigoza informó que en el marco de las investigaciones, ya declararon tres chicos menores que estaban alojados en la Séptima, Jonathan Niz, Cristian Villalba y Ariel Velozo, todos patrocinados por la jueza de Menores Nº 4 que actualmente se encuentra en feria judicial. Asimismo estos jóvenes fueron trasladados a la cárcel de procesados en San Cayetano, luego de haber prestado declaración testimonial.

En la Argentina no se respetan las convenciones internacionales sobre los Derechos del Niño, Juan Carlos Blumberg militó para que los adolescentes menores de 18 años pagaran con la cárcel el simple hecho de presunción de alguna infracción. No importa que la ley determine que se es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Que la Constitución Nacional lo sostenga en su articulado.

Estos adolescentes debieran estar en libertad, porque según la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989 y suscripta por la Argentina, que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49, dice que se es menor hasta los 18 años y que en su Artículo 1º sostiene que: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Podemos decir que las convenciones internacionales sobre los Derechos del Niño no se cumplen, por más que se ratifican, los niños y adolescentes hasta los 18 años sufren como los adultos a la hora de ser encarcelados, o puestos en situación de ¨responsables¨ por algún hecho delictivo. Eso sí, estamos hablando de los sectores populares.

El incendio de la Séptima fue como siempre provocado por los reclusos, como siempre las fuentes gubernamentales y policiales deslindaron responsabilidades.

Si bien, El Litoral anuncia una reunión de los familiares de tres de los damnificados con funcionarios correntinos, esta reunión se llevó a cabo luego de una semana del suceso. El ministro de Gobierno y Justicia Walter Insaurralde recibió a los familiares: Catalina Pérez de Romero -madre del fallecido Daniel Romero-, Silvia Paredes y Gladys Pared, madre y hermana de dos de los heridos, en ese momento, Matías Martínez y Ricardo Pared, respectivamente y sus abogados expusieron varias consideraciones ante las autoridades; en el encuentro estuvieron presentes los referentes de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia, el Jefe de la Policía de Corrientes, Rodolfo Fernández y el jefe de Emergencia Médica, Salud Pública, Julio Picón.

Según la información de los diarios locales se comprometieron para tratar que los heridos reciban adecuada asistencia médica y mejorar el sistema carcelario.

Por otro lado, la fiscal a cargo de la causa, Gladys Ujhelly, tuvo una reunión con los familiares e Hilda Presman, militante de los derechos humanos, la funcionaria judicial señaló que hay importantes avances como para ser optimistas en el esclarecimiento del hecho.

En este encuentro los familiares le pidieron a la fiscal que investigue la responsabilidad de los agentes policiales, no exclusivamente el origen del incendio.

¨La magistrada aceptó el pedido pero pidió a los peticionantes que volcaran elementos para crear un expediente adjunto con las irregularidades policiales¨. Sostiene Momarandu.com.

Ahora bien, la información que dan todos los medios locales dice que los testigos sostienen que: la policía no actuó con rigor y eso llevó a la tragedia. Mientras la Secretaría de Derechos Humanos nacional ha pedido un informe, la fiscal sostuvo que en la presente semana cerraría la investigación para elevar el caso al titular de Instrucción Nº 2, Manuel Segovia, en esta se pedirían pericias médicas a los heridos y la verificación del sistema de seguridad de la comisaría, entre ellos, los candados y las puertas de las celdas para determinar si, como aseguran testigos, se tardó en abrirlas.

Otro de los aspectos a relevar será el origen del incendio, como sucedieron los hechos y las demoras en el salvataje de las víctimas.

Por otro lado, los familiares pidieron que se investigue, específicamente, las condiciones de detención en ese centro carcelario, ya que desde 1999 es la octava quema de colchones por parte de los internos, que reclaman por el mal trato que reciben.

En el Artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño, sostiene que los Estados Partes velarán porque:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

Los jóvenes y adolescentes estaban sujetos por esposas a las rejas del calabozo, según toda la información vertida.

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño, se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

En el caso del adolescente Matías Martínez de 16 años estaba en la Séptima porque no escuchó cuando lo llamaban en la calle y fue a parar con sus huesos por averiguación de antecedentes.

El fallecido Romero estaba por salir y, a la madre de Matías, Silvia Paredes que lo fue a buscar, el jueves 12, le dicen que vaya el viernes 13, cuando volvió a ver a su hijo, ya tenía más del 70 por ciento de cuerpo quemado.

En el mismo artículo en el parágrafo c) dice que: Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad no estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

Estos aspectos de la Convención no fueron respetados, los dos adolescentes internados no tuvieron ninguna de estas premisas, ni garantías, fueron alojados en una celda con dos adultos, los otros jóvenes víctimas de este incendio.

Las malas condiciones en las cárceles correntinas y por las sucesivas quejas y reclamos que hacen los encausados en todas las cárceles argentinas es una situación archi conocida. Pueden estar mirando un presupuesto para más cáceles, refacciones y otras, como ahora lleva adelante el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, pero lo cierto es que esto no se soluciona con más cárceles, sino con una política verdadera y contundente de reinserción social para aquellos que han sido arrojados de la sociedad.

Una organización en el orden internacional, que vela por las condiciones de detención y alojamiento de presos y detenidos tomó conocimiento de los sucesos y pidió información al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Vassel, quien se encuentra de licencia.

En la Séptima no se respetaron los derechos de estos seres humanos. Se incumplen, reiteradamente, las condiciones humanas en que deben ser alojados quienes, supuestamente, son responsables de algún delito. Sin embargo, esto sucede para los adolescentes y jóvenes pobres, no hay derechos humanos, eso no existe, es un pedido extravagante, los derechos de los niños existen para algunos, y a pesar de que se sostiene que la justicia es para todos igual, estos sucesos prueban qué tan alejado está de la realidad.

El respeto de los derechos humanos es una exigencia que debieran cumplir los Estados partes, pero que en su esencia se violan, reiteradamente, dichas normativas. La principal violación está en la firma de tratados que no se cumplen y que, a pesar de ser avalados por un conjunto de países de todos los continentes, a la hora de infligir sus normativas se expresan por las divisorias entre las clases sociales en pugna.