Número 359 - Enero 22/28 de 2006

SUMARIO

1- Vaya novedad: Fernández es un mentiroso

2- Burguesía nacional

3- "Trabajadores" para la represión

4- Dos muertes más en Corrientes

5- Yanquis: tortura tercerizada y pena de muerte en prisiones militares

6- Represión en Ecuador, donde el Congreso sirve de calabozo

7- Próximas Actividades

VAYA NOVEDAD: FERNÁNDEZ ES UN MENTIROSO

No vamos a decir algo novedoso: el ministro del interior Aníbal Fernández es un mentiroso. Bajo el título "Entregaron 354 nuevos vehículos a la Policía Federal", los diarios del 16 de enero informaron que, en el acto de entrega a la Policía Federal esos patrulleros y autombombas, Fetrnández dijo que fue la renovación de parque automotor para la PFA más importante en los últimos treinta años, y que "la última compra más importante fue de 22 vehículos y se hizo en 1973". También sostuvo que "el Estado tiene que estar haciendo todos los años" estas adquisiciones, lo que permite anticipar aumentos importantes en el presupuesto para las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, es absolutamente falso que la última compra para la PFA haya sido de 22 vehículos en 1973, salvo que se refiriera sólo a las autobombas, de las que efectivamente se incorporó una docena en la última década. En 1994 se compraron más de 400 patrulleros Chrysler Spirit, a los que siguieron las compras de camionetas Ford Ranger y en mucho mayor número (varios cientos) patrulleros Ford Escort por los sucesivos gobiernos a partir de Menem, seguidos de Ford Siena y Peugeot Partner.

A esos vehículos hay que sumar los Peugeot 504 no identificables, 405 y 206 (tanto patrulleros y como no identificables), más un Renault 18 por Comisaría de hace no más de 8 años, y, por supuesto, los centenares de Ford Falcon comprados hasta alrededor de 1981. Todo ello sin tener en cuenta la treintena de Renault Megane, los Toyota Corona u otros automóviles no identificables incorporados en cantidad, así como las Renault Trafic, Iveco Turbo Daily, Mercedes Benz Sprinter, Ford F.100 y tantos otros modelos usados por decenas por la PFA. En nuestra página web (www.correpi.lahaine.org) está disponible el listado de carros de asalto adquiridos en los últimos cinco o seis años, y en los Boletines hemos ido informando de cada compra.

BURGUESIA NACIONAL

El lunes 2 de enero la India inauguró el 2006 con represión. Seis personas fueron fusiladas por la Policía del Estado de Orissa en el marco de una multitudinaria manifestación contra la construcción de una planta siderúrgica. Alrededor de 400 policías abrieron fuego contra los manifestantes, integrantes de una tribu local, que habían comenzado a lanzar piedras y flechas contra los agentes, que protegían los intereses de la empresa nacional india Tata.

Casi un millar de manifestantes protestaban contra la decisión del Gobierno de permitir a una compañía privada la construcción de la planta siderúrgica, que les arrebatará sus ancestrales tierras. El enfrentamiento estalló cuando los manifestantes intentaron impedir que los trabajadores del grupo Tata erigieran un muro de separación en el lugar en que estará la fábrica. Las protestas se remontan al mes de noviembre pasado cuando los lugareños bloquearon un intento anterior de los trabajadores de Tata.

Orissa es uno de las regiones más pobres y atrasadas de la India. Ubicada en el golfo de Bengala, al sur de Calcuta y al oeste de Bangla Desh, año tras año es asolada por los monzones, las inundaciones y la hambruna. En un país con mil millones de habitantes, Orissa tiene la característica de estar habitada por numerosas tribus milenarias que no se han asimilado ni siquiera al asombroso mundo indio y mucho menos al pretendido occidental importado.

Entre los diversos grupos tribales se encuentran las víctimas de la represión policial, los Konbh, que hasta étnicamente son diferentes de los indios, pues no son de origen ario. Simplemente, los Konbh pretenden que el megagrupo indio Tata no altere su modo de vida pastoril.

Por su parte, la empresa Tata es el monstruo capitalista de la India. Nacido a principios del siglo pasado en el seno de una familia de minoría racial y religiosa (de origen iraní y adoradores de Zoroastro) el parsi Tata construyó un imperio industrial que genera el 25 % del producto bruto del país. Con sede en la occidental Mumbai (Bombai) la burguesía nacional encarnada en Tata aprovecha el enorme mercado interno de manera monopólica, apoyada en sus fantásticos lazos tanto con el actual oficialista Partido del Congreso (de Indira Gandhi y del Pandit Nerú) como del protofascista partido BJP.

Desde luego nada puede oponerse al "progreso" encarnado por el poder detrás de Shiva, la mega Tata. Y como en todos lados, mucho menos unos "aborígenes que viven casi en la edad de piedra", como descalifican los progresistas indios. Aunque los Konbh estén allí desde antes de Alejandro Magno, desde antes que los rajás, desde antes que Vasco da Gama, antes que Gandhi y, por supuesto, antes que Tata.

"TRABAJADORES" PARA LA REPRESIÓN

Muchas veces hemos expuesto nuestro punto de vista sobre las cada vez más frecuentes iniciativas de conformación de sindicatos de policías u otras fuerzas represivas. Esta semana las noticias se vinculan, por una parte, con el anuncio en Córdoba de la inminente creación de un sindicato de militares, gendarmes y policías retirados; por la otra, con el reclamo del sindicato policial santafesino Apropol por la cesantía de algunos policías provinciales, decretada por el gobernador Obeid por razones disciplinarias.

Algunos sectores del campo popular entienden que esas iniciativas no sólo deben ser saludadas con entusiasmo, porque son trabajadores que se agremian en defensa de sus derechos, sino que hasta se involucran directamente en su apoyo. El fondo de esta cuestión remite directamente a la caracterización de las fuerzas de seguridad del estado, y en definitiva, del estado mismo.

CORREPI se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la sindicalización policial. Hemos afirmado que, más temprano que tarde, el reclamo de más impunidad se suma a los aparentementes gremiales. Hemos sostenido que no es el derecho a agremiarse lo que se discute en estos casos, sino las internas de la corporación policial y su disputa con los administradores de turno del poder (ver Antirrepresivo de marzo de 2004, o Boletín 338, por ejemplo). Los impulsores de la sindicalización policial no son "policías de izquierda", comprometidos con la idea de una sociedad sin clases. Ni siquiera son socialdemócratas. Nos parece oportuno repetir al respecto lo que dijéramos el pasado 9 de diciembre sobre el tema en el acto en Plaza de Mayo:

"... existe la tesis, sostenida por algunos sectores del campo popular, de que esas fuerzas podrían cambiar de actitud y ponerse del lado del pueblo. Creen que eso es posible apelando a argumentos humanistas, o a la ilusión de que en un proceso de construcción de conciencia para sí descubran que mayoritariamente pertenecen a la misma clase a la que reprimen.

Nuestra experiencia basada en lo concreto nos enseña que esta idea no sólo es errónea, sino peligrosa y dañina para el pueblo que sufre día a día la represión. En primer lugar, objetivamente, en la Argentina del año 2005 no hay analogía con otras situaciones históricas y geográficas. Las FFSS no están entre la espada y la pared, entre ir a morir a manos de un enemigo poderoso en la guerra o pasarse a las filas del pueblo que lucha por la paz como nos enseña la historia.

Acá responden a un Estado, que quizás no les pague los sueldos que quieren, pero que les paga un sueldo en un país donde la desocupación ha sido la fuerza disciplinadora más poderosa de los últimos años, y donde ellos son los únicos empleados estatales con tres o cuatro aumentos sustanciales a lo largo de este año; un Estado empleador que les permite toda clase de negocios y changas particulares, simpre que no se zarpen mucho y pongan en riesgo la gobernabilidad, con la explotación del juego, la prostitución, los secuestros extorsivos, el tráfico de drogas, de autopartes, etc.; un Estado patronal que les garantiza herramientas para estos curros a través de la averiguación de antecedentes, el código contravencional y los códigos de faltas.

Es entre ese estado que tienen que elegir, y un pueblo indefenso, que sólo cuenta con la fuerza del reclamo justo y que a lo sumo se defiende con palos y piedras. ¿De qué lado se pondrán las fuerzas de seguridad?

En segundo lugar, el hecho de que las fuerzas de seguridad tengan una numerosa composición de clase, de la misma clase a la que reprimen, no los vuelve solidarios, sino todo lo contrario. El odio y el resentimiento que tienen de no ser rubios empresarios o prósperos comisarios, lo vuelcan sobre sus pares casi en venganza contra lo que son y no quieren ser. Eso les da la ilusión de no pertenecer a la misma clase que la sociedad desprecia, sino de ser los sacrificados guardianes de sus amos, de los que como perros esperan una mirada de respeto que no llegará jamás. En tercer lugar están los hechos, la constatación empírica. No se trata de un problema de educación, de falta de información, remediable con cursos de derechos humanos o con "control ciudadano". (...) Tampoco se trata de un problema de purgas, reformas o reestructuración. (...)

Finalmente, aún si imagináramos a estas fuerzas de seguridad como sujetas a la ley, la constitución y la democracia, ¿para qué propósito servirían? Para conservar el orden.

El orden establecido, las famosas reglas de juego que permiten que mientras millones de argentinos viven en la miseria, otros pocos vivan como reyes y conversen sobre los destinos del país tomando tragos en Puerto Madero. (...) Fuerzas de seguridad para asegurar el orden establecido por un poder ejecutivo, un congreso y una justicia que ni son independientes entre sí ni lo son del poder económico nacional e internacional.

"No es un policía, es toda la institución" no es una consigna abstracta, ni voluntarista, como sí lo es la idea de que las fuerzas de seguridad pueden cambiar su accionar sobre la base de palabras de convencimiento, del llamamiento a la conciencia basado en la piedad y la identificación. (...)".

DOS MUERTES MÁS EN CORRIENTES

El incendio en la comisaría 7ª de Corrientes, del que diéramos cuenta en el último Boletín, cobró esta semana dos nuevas víctimas. El 22 de enero, falleció Matías Martinez, de 16 años. Igual que la primera víctima, Daniel Romero (22), estaba demorado en "averiguación de antecedentes" y esperando ser entregado a su madre.

Dos días después, el 24 de enero, falleció Ricardo Pared, de 17 años. Según el relato de los familiares, Ricardo fue quien ingirió una bombilla metálica antes del inicio del incendio en protesta por la negativa -no queda claro si judicial o simplemente policial- de permitirle estar presente en el nacimiento de su primer hijo ese viernes 13. Sus compañeros de detención comenzaron a reclamar que fuera atendido, pedido que los policías respondieron con una golpiza para que se callaran. A partir de esa represión se originó la quema de colchones como protesta.

Hugo Escobar, de 25 años, es el único sobreviviente del incendio, y se encuentra internado con pronóstico reservado en el Instituto del Quemado de la Capital Federal.

Los familiares de las víctimas, apoyados por organismos de DDHH locales y nacionales, están promoviendo una acción urgente reclamando juicio y castigo a todos los responsables directos y políticos de la masacre.

YANQUIS: TORTURA TERCERIZADA Y PENA DE MUERTE EN PRISIONES MILITARES

El Consejo de Europa ordenó hace un par de meses una investigación sobre las denuncias reflejadas en los medios de comunicación acerca de la existencia de cárceles de la CIA en terceros países, y de vuelos secretos que trasladaban personas secuestradas por EEUU con destino a esos centros clandestinos de detención. Esta semana el encargado de la investigación, un senador suizo, emitió un informe en el que considera probadoos ambos extremos.

Con el habitual lenguaje diplomático (y más al estilo suizo), dice el informe de Dick Marty "Hay numerosos indicios coherentes y convergentes sobre la existencia de un sistema de «deslocalización» o «subcontratación» de la tortura. (...) Se realizan actos de tortura o violación grave de la dignidad de los detenidos por medio de un tratamiento inhumano o degradante fuera del territorio nacional y de la autoridad de los servicios de inteligencia nacionales".

Y agrega que "hasta el momento no hay pruebas formales e irrefutables sobre la existencia de estos centros de detención en Rumania o Polonia", aunque, aclara, "no tengo los medios de investigación especiales y dispongo de una logística rudimentaria", señaló. ¿Será que el Consejo de Europa anda con problemas presupuestarios? ¿No le sobra a alguien una computadora para ayudarlos?

A pesar de los eufemismos el informe tiene que reconocer que "Esto abarca al continente entero. Es bastante improbable que los gobiernos europeos, o al menos sus servicios de inteligencia, no supieran de las «entregas» de estas personas. ¿Es posible que 25 agentes de un país extranjero lleguen a un país europeo, detengan a alguien y lo trasladen sin que nadie sepa nada?."

Por otra parte, un documento del ejército norteamericano firmado por su jefe de estado mayor, general Peter J. Schoomaker, con fecha del 17 de enero, autoriza la ejecución de prisioneros en aplicación de condenas a muerte impuestas por cortes marciales o tribunales militares. Hasta ahora, el único sitio militar donde se podían ejecutar condenados era Fort Leavenworth (Kansas). Esta "revisión mayor", como se define el documento, habilita toda prisión militar, incluso las ubicadas fuera del territorio yanqui como Guantánamo, a aplicar la pena de muerte.

Con su proverbial corrección política, organizaciones yanquis de oposición a la pena de muerte han denunciado esta iniciativa, resaltando que su objetivo real es permitir la ejecución "legal" de prisioneros en Guantánamo y otras cárceles "extraterritoriales".

REPRESIÓN EN ECUADOR, DONDE EL CONGRESO SIRVE DE CALABOZO

El crecimiento de las luchas sociales en Ecuador ha ubicado a los estudiantes secundarios y universitarios en un lugar central de la escena política, contando ya siete protestas populares consecutivas en el centro de la ciudad de Quito en los últimos días. El reclamo contra el aumento de los pasajes urbanos, en rechazo al Tratado de Libre Comercio con los EEUU (TLC) y por la anulación de los contratos con la petrolera norteamericana OXY fue reprimido por la policía ecuatoriana quien intentó infructuosamente evitar que los estudiantes llegaran a la casa de gobierno.

Las protestas comenzaron el lunes y ya el día martes la represión que comenzó por la mañana se extendió durante el día mientras los manifestantes se reagrupaban y resistían con métodos populares y barricadas. A pesar de la arremetida policial, los estudiantes rompieron el cerco de las fuerzas de seguridad y avanzaron hasta las proximidades de la casa de Gobierno, donde fueron atacados con chorros de agua, gases lacrimógenos y balas de goma. Según el balance de la Cruz Roja, en las manifestaciones 123 personas fueron heridas y más de 20 arrestados (incluidos menores).

El dato más curioso es que, ayudando a clarificar la coherencia entre el poder político y la represión policial, fueron el mismo Congreso Nacional y sus sótanos los que se utilizaron para la detención, golpiza y tortura de los activistas. Aún así, el Ministro de Gobierno Alfredo Castillo, no se sonrojó siquiera al afirmar que la represión consistió en "excesos" policiales, intentando desvincular al decrépito gobierno nacional de sus órdenes represivas.

El conjunto de los movimientos populares, de derechos humanos, gremios de trabajadores y hasta bloques parlamentarios condenaron la represión de las fuerzas antimotines y los dirigentes estudiantiles anunciaron que presentarán una demanda ante la Fiscalía en contra del Ministro y el comandante de Policía, José Vinueza, por la represión en las manifestaciones.

Mientras la crisis social se profundiza y ya están planteadas protestas de trabajadores para esta próxima semana, los estudiantes han decidido que participarán de esas luchas y analizarán este lunes la convocatoria a un paro nacional estudiantil.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 27, 16:00, marcha de Congreso a Plaza de Mayo por la libertad de Chacho Berrozpe, Cristian Ruiz y los compañeros de Haedo, presos políticos del gobierno de Kirchner.

Martes 31 de enero, 18:00, convocamos a todas las organizaciones que sostienen la bandera de la LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS a participar de la reunión en la que haremos el balance de la marcha y continuaremos planificando la campaña nacional e internacional por la libertad de los compañeros, el cese de las persecuciones y la criminalización de la protesta.

CORREPI