El ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta tendrán 25 años tras las rejas para reflexionar sobre su actuación criminal del 26 de junio de 2002. Ese día sus escopetas 12.70 con munición de plomo asesinaron sin miramientos a Maximiliano Kosteki (25) y Darío Santillán (21). Al primero lo balearon en la calle, cuando los piqueteros ya se habían retirado del Puente Pueyrredón. Al segundo lo fusilaron dentro de la estación Avellaneda.

Como no hay crimen perfecto, y menos éstos, cometidos de día y a la vista de numerosos fotógrafos, los dos uniformados terminaron presos. La historia de supuesto heroísmo del comisario duró unas horas, las suficientes para que el gobernador Felipe Solá lo felicitara por su "valor" y quedara como un reverendo imbécil.

El juicio se estiró desde mayo de 2005 hasta el 9 de enero de 2006, cuando el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora condenó a reclusión perpetua a los dos policías y a penas menores a otros uniformados y a un ex policía que en la trágica jornada se reincorporó de hecho a la fuerza, con saudades de la mejor maldita policía del mundo.

El fallo de la justicia es un buen motivo para contrastar los personajes. De un lado el comisario y su chofer, que tiraron del gatillo a dos metros de sus desarmadas víctimas. Del otro, jóvenes desempleados pero llenos de ocupaciones útiles, como el trabajo de Darío en la bloquera y el de alfabetización y dibujo artístico de Maxi.

En estos casos la vida va por la calle y los oropeles a contramano. Fanchiotti había ingresado a la institución en 1977, cuando la dirigía el genocida Ramón Camps. Y estaba lleno de condecoraciones. La más apreciada le fue entregada por la Cámara de Diputados en reconocimiento a su labor en la represión a los ocupantes del regimiento de la Tablada. En esa ocasión, además de los 18 muertos en combate, diez militantes del MTP fueron fusilados después de rendirse y otros tres desaparecidos.

El rol directo de los ejecutores materiales de los crímenes de Avellaneda era un asunto que debía dirimir el tribunal, que lamentablemente no sentó en el banquillo a integrantes de la Policía Federal y Prefectura, que también vomitaron plomo contra la multitud.

Los argentinos tenemos que aprender de la historia reciente y ver la conducta política de los grandes medios de comunicación. Estos no tuvieron el mismo papel que Fanchiotti y su banda de pistoleros, pero merecen ser evaluados. Y en mi opinión la mayoría de esos medios mereció un aplazo, aquel 26 de junio de 2002, con honrosas excepciones que relataron, filmaron, retrataron o publicaron la verdad de lo sucedido.

Como ya es recurrente, la peor conducta fue de "La Nación", que en su edición del 27 de junio de 2002 puso como cabecera de su primera plana "Dos muertos al enfrentarse piqueteros con la policía". El pretítulo afirmaba: "La crisis, 90 heridos y 160 detenidos por la violencia en Avellaneda". La bajada de título era ideología pura del establishment: "Grupos radicalizados de izquierda destrozaron negocios y quemaron autos y colectivos".

Sin embargo, numerosos testigos y pruebas documentales incorporadas al expediente dejaron absolutamente claro que las muertes se produjeron de otro modo. Kosteki fue baleado a varias cuadras del Puente Pueyrredón, cuando los manifestantes estaban en retirada tras la brutal represión. Santillán fue fusilado por Acosta adentro de la estación de trenes.

¿Acaso "Gaceta Ganadera" no poseía fotos o registros de los sucesos? Sí que los tenía, porque en su edición del 28 de junio, ya en tren de reacomodarse, admitió que "la pista de la eventual actuación criminal de Franchiotti y de al menos otros tres efectivos bonaerenses a su cargo surgió del análisis de las secuencias de imágenes obtenidas por fotógrafos de varios medios gráficos, entre ellos, La Nación".

Su fotógrafo, Martín Lucesole, obtuvo con su cámara digital imágenes con indicación horaria en el lugar de los crímenes, el 26 de junio de 2002. ¿Por qué la dirección del medio, Bartolomé Mitre-José Claudio Escribano, no se atuvo a esa información de su personal y mintió al día siguiente en tapa con la mentira de que las muertes eran producto de un "enfrentamiento" de los piqueteros con la policía?

El vocero de la Sociedad Rural justificó la balacera. La columna de Fernando Laborda sentenciaba que "más que una manifestación de la crisis social, el movimiento piquetero es una manifestación fronteriza –y por cierto violenta e inaceptable- de la política".

No vaya a creerse que fue el único en ocultar el primer día las fotos que mostraban en forma irrefutable cómo habían sucedido los hechos. "Clarín" fue otro, pues recién el 28 de junio, cuando Fanchiotti y otros 110 polícías habían sido suspendidos, publicó las imágenes de su reportero Pepe Mateos. Hasta ese momento no había querido disgustar a Eduardo Duhalde, quien lo había favorecido con la devaluación, pesificación y licuación de sus deudas millonarias.

Uno de los pocos que se ajustó a verdad fue Página/12, que hizo blanco en el duhaldismo, Solá y la ferocidad de la Bonaerense. Y, lo esencial, primereó con las fotos más reveladoras, tomadas por Sergio Kowalewski, colaborador de Madres de Plaza de Mayo y varias publicaciones.

Los políticos que tenían altas responsabilidades nacionales y provinciales no fueron molestados a declarar ni como testigos en Lomas de Zamora. No lo fueron Duhalde ni sus ministros Alfredo Atanasof (jefe de Gabinete), Jorge Matzkin (Interior), Jorge Vanossi (Justicia) y Juan J. Alvarez (secretario de Seguridad). Tampoco Solá ni sus funcionarios.

Varias autoridades podrían haber sido imputadas: algunas por haber dado órdenes de represión y otras por crear el clima de demonización contra los piqueteros.

Está comprobado que efectivos de Prefectura también dispararon contra los manifestantes. Estos tuvieron 33 heridos de bala y no todo fue obra de la Bonaerense: Prefectura dependía del ministerio del Interior.

La responsabilidad de Duhalde y los ministros fue enorme en el plano político. Ellos fueron a Santa Rosa el 26 de mayo de 2002 a una reunión de gobernadores justicialistas. El presidente les solicitó la aprobación de las leyes urgidas por el FMI (menor gasto público provincial y derogación de la ley de Subversión Económica). Aceptando esa sumisión nacional, varios jefes del interior urgieron al PEN a adoptar una política de "mano dura" hacia los cortes de rutas. Según las crónicas periodísticas, los más firmes partidarios de la represión fueron el salteño Juan Carlos Romero y el dueño de casa Rubén Marín. Unos y otros se pusieron de acuerdo. Ese pacto determinó lo sucedido en Avellaneda: leyes y pagos a la entidad de Horst Koehler y balas para los desocupados.

El encuentro en La Pampa fue un mes exacto antes de la masacre. Un día antes de los tiros, Atanasof reiteró que "el gobierno no tolerará nuevos cortes de rutas y calles".

Esos políticos tampoco fueron citados por la justicia por lo que hicieron en los días posteriores a los fusilamientos. Es que en vez de decir la verdad y asumir su parte de culpa, acusaron al movimiento piquetero de haberse tiroteado entre sus distintas fracciones y causar las dos muertes; de operar con un plan violento para asaltar el poder; de estar orientado por las FARC de Colombia y su vocero Javier Calderón, etc.

Los más mentirosos fueron Duhalde, Atanasof, Matzkin y Vanossi, que -con el aporte de la Side- presentaron un escrito ante el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra. Le pedían que investigara a los piqueteros por actuar con un plan insurreccional y violar los artículos 181, 182, 183, 184, 190 al 197, 209, 210, 210 bis, 212, 213, 213 bis, 226, 226 bis, 229 y 230 del Código Penal, y la ley 23.077 de Defensa del Orden Constitucional y la Vida Democrática.

Pese a su posible complicidad en los sucesos, el presidente fue premiado como titular del Mercosur hasta el 10 de diciembre último. Atanasof, Alvarez y Vanossi son diputados nacionales, lo mismo que Oscar Rodríguez (ex subjefe de la Side, integra la comisión bicameral de seguimiento a los órganos de inteligencia).