Argentina: La lucha continúa

Guillermo Waksman
Brecha

El gobierno uruguayo y la consultora contratada por el Banco Mundial, institución que desde hace veinte años viene promoviendo la construcción de este tipo de plantas en el Sur, consideran que esos riesgos, si bien existen, se pueden atenuar –e incluso evitar– y por consiguiente la inversión es muy conveniente para el país que la recibe y no se corre peligro alguno. El gobierno argentino y las organizaciones ambientalistas de los dos países involucrados sostienen lo contrario, e invocan, en respaldo de su posición, algunas experiencias recientes, como las de las plantas de ence en Pontevedra, España, y de Arauco en Valdivia, Chile.
El segundo aspecto a tener en cuenta es el de la falta de una política forestal y de ordenamiento territorial en Uruguay. La ley aprobada a fines de los ochenta creó un mecanismo de subsidios que fomentaba la forestación en suelos poco aptos para otro tipo de explotaciones agropecuarias; ahora que ya no hay subsidios y que en Uruguay habrá varias plantas de celulosa (las de Botnia y ence son sólo las dos primeras) no hay legislación que impida –o siquiera regule– que se destinen las tierras más fértiles a la plantación de eucaliptos, con sus efectos de deterioro y resecamiento del suelo utilizado y de las zonas aledañas. De hecho ya hay plantaciones en tierras que se cuentan entre las más ricas del país, generalmente adquiridas con ese fin por empresas trasnacionales.
En tercer término, la discusión entre ambos países ha subido de tono por el empeño que caracteriza a algunos funcionarios y dirigentes políticos en formular declaraciones rimbombantes, supuestamente destinadas a demostrar un dudoso ingenio o bien a pudrir el problema, más que a resolverlo. Del lado argentino, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, ha sido el personaje más destacado en esta materia, aunque últimamente ha sido empardado por Raúl Estrada Oyuela, director de Asuntos Ambientales de la cancillería argentina, quien finalmente se vio obligado a rebobinar sus declaraciones. Del lado uruguayo, los laureles en este juego de insulto en estilo ping pong, los lleva el subsecretario de Vivienda, Jaime Igorra. Merece un premio consuelo el senador Eleuterio Fernández Huidobro, cuyos exabruptos no estuvieron dirigidos a los hermanos argentinos, sino a una parte de sus correligionarios uruguayos, a quienes identificó como pertenecientes a "la pintoresca izquierda cholula de Uruguay, que no sólo se parece cada día más a los porteños sino que lisa y llanamente se ha pasado a su bando, como en el estridente y vergonzoso caso de las papeleras" (La República, 22-XII-05). La relación entre los dos países se deteriora y eso repercute inevitablemente en el Mercosur, que ya estaba malherido.
Debe tenerse presente, además, que con independencia de las posiciones de ambos gobiernos en cuanto al fondo de la cuestión, ninguno de ellos asumió con habilidad la defensa de sus propios intereses. El argentino no planteó oportunamente y con la necesaria firmeza sus derechos sobre el río Uruguay, mientras que el uruguayo –cuyas autoridades, de cuatro ministerios, parecían atropellarse para decir algo sobre el tema– centró su argumentación, durante varios meses, en que la otra parte actuaba movida exclusivamente por razones electorales y que una vez pasada la instancia de octubre todo quedaría en la nada. Pasados los comicios, el conflicto, lejos de terminarse, se agravó. Ahora el ministro Mariano Arana admite que el asunto no se manejó bien a nivel oficial y reconoce la importancia de la participación de las organizaciones ambientalistas (véase entrevista en páginas 24-25).
En estas páginas el embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Meyer, desarrolla la posición de su gobierno en esta controversia, y Julio Villalonga, director regional de Greenpeace, explica por qué su organización reclama que se detenga la construcción de las dos plantas de Río Negro.      

Fuente: lafogata.org