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Argentina: La lucha continúa

Juicio al Plan Cóndor

Martín Lozada,
Rio Negro On Line*

El llamado Plan Cóndor unió en forma coordinada a las cúpulas dictatoriales de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, en sus operaciones de persecución y eliminación de disidentes políticos.

Fue creado en 1975 bajo el auspicio de Augusto Pinochet y el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el por entonces coronel Manuel Contreras, e incluyó también a la Triple A y a la SIDE argentinas.

Entre las personas asesinadas durante su desarrollo, figuran el general Carlos Prats y el canciller Orlando Letelier, funcionarios chilenos del gobierno socialista de Salvador Allende. Al primero lo mató una bomba en Buenos Aires y al segundo otra detonada en Washington. En ese marco se ejecutó, además, el atentado contra Bernardo Leigthon, en Roma, en 1975. También figuran los dirigentes uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez Ruiz asesinados en la Argentina.

En nuestro días, la causa penal seguida contra el Plan Cóndor se aproxima rápidamente a su elevación a juicio oral. En efecto, al confirmar el procesamiento y la prisión preventiva de los imputados por el delito de asociación ilícita, la Cámara Federal sostuvo que la sola concertación de un plan destinado a perpetrar asesinatos, torturas y desapariciones forzadas es en sí mismo un crimen de lesa humanidad, con independencia de que estos delitos se cometan posteriormente.

En función de ello, confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de algunos relevantes protagonistas de ese verdadero consorcio multinacional del asesinato y la desaparición forzada. Entre otros, de Jorge R. Videla, Albano Harguindeguy, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi.

Durante el trámite de la causa, también se libró orden de captura internacional contra Pinochet, Contreras y Espinoza (Chile), Hugo Banzer (Bolivia), Adolfo Stroessner y sus jefes de Inteligencia Militar y de Policía (Paraguay), y del entonces comandante del ejército uruguayo, general Vadora. Pero también de sus subordinados que, asignados a perseguir compatriotas refugiados en territorio argentino, tuvieron como base de operaciones el centro clandestino de detención 'Automotores Orletti'.

El proceso al Plan Cóndor resulta muy esclarecedor, entre otros puntos, en razón de las pruebas agregadas a la causa. Una de ellas ilustra acerca de la participación de los Estados Unidos en su elaboración. Se trata de una manifestación formulada por Henry Kissinger tres meses antes del golpe de Estado contra Salvador Allende, la cual fue posteriormente editada en sus memorias: 'La nueva doctrina establece el derecho de los Estados Unidos a intervenir en cualquier país del mundo, amigo o enemigo, para cambiar su gobierno'.

Otras de las pruebas reunidas es una comunicación autenticada por el Departamento de Justicia norteamericano a requerimiento del juez argentino, del agregado militar del FBI a la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, de fecha 26 de septiembre de l976, en la que informa al director General del FBI la concertación del Plan Cóndor.

Este proceso penal es el único, tanto en la experiencia nacional como internacional, debido a que ex jefes de varios estados son investigados por un tribunal de un sólo país, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de cualquiera de dichos Estados.

El proceso encuentra fundamento en una norma internacional regional: la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, cuya aplicabilidad en el caso fue confirmada en primera y segunda instancia, pese a ser casi veinte años posterior a la concertación del Plan.

La causa fue iniciada en setiembre de l999, cuando aún estaban plenamente vigentes las leyes de Obediencia debida y Punto final. No obstante ello, y bajo la vigencia de estas, se decretaron los procesamientos y prisiones preventivas, y se libraron las órdenes de captura. Ello, en razón del territorio –pluriestatalidad- en que se cometieron los delitos y de la sujeción del proceso a una convención internacional.

* Martín Lozada es Juez Penal en la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

/ La Fogata